Pese a la diversidad social, económica, cultural, política, étnica y geográfica, hay entre los países elementos históricos y estructurales comunes en la antigua y nueva América Latina y Caribe (ALC). Se describen en el presente artículo los cambios ocurridos en el actual siglo, y su comparación con Colombia, así como los impactos sinérgicos de la cuádruple crisis que actualmente la afectan: pandémica, económica, política y social.
En su más reciente informe social sobre América Latina y el Caribe (ALC) 2021, la Cepal deja en claro que la pandemia y la recesión económica acentuaron las iniquidades en la región: de los 658,2 millones de personas que la habitan 200 millones fueron arrinconadas a la pobreza, y quienes no tienen recursos ni siquiera para alimentarse (indigentes o pobreza extrema) sumaron 72 millones de personas. Los mayores incrementos de la pobreza tuvieron lugar en Argentina, Colombia y Perú. Un fenómeno potenciado por la pandemia por covid-19 y por el cual se acentuaron las iniquidades en todos sus territorios. En Colombia, a pesar de la alta recuperación de la economía en 2021, la pobreza, el desempleo y la concentración del ingreso y la riqueza superó la tendencia observada en el promedio de países de la región.
Además, debido a la pobreza y vulnerabilidad de las clases trabajadoras unido a la precariedad, burocratización e ineficiencia que caracteriza las instituciones públicas y privadas del sector salud, ALC presenta el mayor número de defunciones informadas por covid-19 en el mundo (1.562.845 hasta el 31 de diciembre de 2021). Estas representan el 28,8 por ciento del total de defunciones por covid-19 informadas en el mundo, pese a que la población de la región apenas asciende al 8,4 por ciento del registro total mundial. Al finalizar 2021, Colombia sumaba 129.942 muertes a causa de la pandemia, esto es, 8,4 por ciento de los fallecimientos ocurridos en ALC, cifra superior a su participación en el total de la población regional: 7,8 por ciento.
Una crisis, también soportada y reflejada en el incremento del desempleo y la caída de ingresos de las clases trabajadoras que según la OIT alcanzó a más de 30 millones de personas. Las mujeres y los jóvenes son los sectores sociales más afectados.
Según los análisis de la Cepal, en el 2021 la tendencia fue hacía la recuperación económica, de puestos de trabajo y de los otros indicadores negativos dejados por la crisis en curso. Es así como en el citado año el crecimiento económico del PIB fue del 6,2 por ciento en el promedio de países de ALC y de 10,6 en Colombia. No obstante, este no ha sido suficiente por sí solo para mitigar los efectos sociolaborales catastróficos de la pandemia y la recesión económica, que son profundos y desiguales, y se encuentran estrechamente vinculados con los problemas estructurales de concentración del ingreso, riqueza y poder, pobreza, exclusión, desempleo, informalidad, vulnerabilidad, violencia y corrupción sistémica.
Estructura histórica
En ALC hay un sello en su continuidad histórica: el conflicto social. El comienzo del siglo XXI fue un momento de inflexión en esa constante que ha permitido, de manera cíclica, periodos progresistas y democráticos de variados signos. No obstante, la búsqueda de la región por alcanzar el doble objetivo de instituciones políticas efectivas, democráticas, equitativas e inclusivas, por un lado, y crecimiento económico sostenido y desarrollo, por el otro, todavía se encuentra en los terrenos de la batalla y la utopía.
El extractivismo es, además, otro de los principales rasgos de las economías y culturas de la región, que también ha determinado el lugar en el mundo de nuestras economías y sociedades. En paralelo, desde la Colonia se instaló un patrón de estratificación social basado en la Hacienda y la minería, y sustentado en la extracción de recursos naturales y minero-energéticos que aún moldea las relaciones sociales. Las élites latinoamericanas, al moldear de este modo el territorio y la cultura, finalmente crearon el sello de su propia identidad: una ética rentista-excluyente y un consumo imitativo y suntuario.
En ALC, según Daron Acemoglu y James Robinson, las instituciones políticas y económicas extractivas de los invasores europeos han perdurado, condenando a la región a la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Las instituciones económicas y políticas “extractivas” están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a las clases dominantes1.
Los dos modelos que han alternado el poder a lo largo del siglo XXI en la región, el neoliberalismo y el neodesarrollismo (también llamado progresismo), han perdido legitimidad al no lograr un desarrollo sostenible, justo, inclusivo y democrático; la crisis multidimensional que enfrenta este conjunto de países unidos por padecimientos e historias similares ha conducido a una tercera: crisis de legitimidad política e institucional producto del fracaso de ambos modelos. El neoliberalismo exacerbó la desigualdad (que no fue reparada aunque sí aliviada por el neodesarrollimo) y, por su parte, este último modelo exacerbó el estatismo y, por tanto, la corrupción, porque las expresiones de intereses se desviaron del mercado al Estado. Pero también con los gobiernos neoliberales, la desregulación y las privatizaciones que auparon fueron la fuente de múltiples procesos de corrupción y concentración fraudulenta de la riqueza.
Los aludidos modelos dominantes en los 22 años transcurridos del siglo XXI no fueron expresiones de proyectos de país consensuados democráticamente, sí políticas de Estado que articularon intereses empresariales nacionales o multinacionales en función de dos caminos de integración en la globalización, algo que fue común a los dos modelos2.
Historia y demografía
La historia de ALC desde los procesos independentistas a inicios del siglo XIX hasta la actualidad ha oscilado entre la esperanza y la desesperación, el progreso y la reacción, la paz y la guerra, la desconexión y la integración, centralismo y federalismo, la ilustración y el oscurantismo, los anhelos de democracia y el autoritarismo, la estabilidad y el desorden, la justicia y la exclusión, la dictadura y la libertad, el humanismo y la barbarie, la tradición y la lucha por la modernización. De manera sintética, cronistas de ALC indican que es más fructífero ver esta historia como una competencia y enfrentamiento entre modernizadores y reaccionarios, entre demócratas y autoritarios, entre los privilegiados y los excluidos3.
En esa disputa oscilante, durante los últimos setenta años ALC y sus pueblos han experimentado dos cambios disruptivos, esto es, que producen un cambio profundo en el desarrollo social, económico, político y cultural para propiciar una renovación radical. De una parte, desde mediados del siglo XX, la región pasó de una predominancia rural a ser principalmente urbana, gradualmente fue aumentando el nivel educativo de la población, la economía se industrializó y los servicios públicos se expandieron, en paralelo se fue consolidando la nueva clase media. De otra, en el transcurso del siglo XXI, ALC se ha incorporado plenamente en el proceso de globalización que domina tanto la economía y los flujos financieros como la cultura, la política, la información y el consumo tecnológico.
Durante el período 1950-2021, la población latinoamericana y caribeña se multiplicó por 3,9 veces y la de Colombia por 4,5. En consecuencia los habitantes de la región aumentaron en millones de 168,8 a 658,2; en Colombia el total de personas creció de 11,3 millones a 51,1. Por tanto, la participación demográfica de la población colombiana en el total regional aumentó de 6,7 por ciento a 7,8 en el lapso de 72 años (gráfico 1). Los períodos más álgidos de violencia reflejados en el aumento de la tasa de homicidios es causa de las caídas en la participación poblacional de Colombia en el total de ALC.
Avances, giros, regresiones, que recuerdan que la que habitamos es una región periférica en la jerarquía del sistema económico-financiero internacional. La dinámica de largo plazo es dependiente y está imbricada en los ciclos globales. El crecimiento promedio del PIB, durante el período 1940-2021, marca un 3,6 por ciento en el conjunto de países de ALC; el de Colombia alcanzó el 4,0 por ciento.
A nivel mundial, durante el período analizado, la economía capitalista mundial presenta tres fluctuaciones cíclicas de largo plazo: la primera se inicia en los años 1940 y va hasta de la década de los setenta; la segunda, desde los años 1980 hasta mediados de la década de los noventa y la tercera entre 1999 y 2022. El sistema productivo y financiero se encuentra en la fase descendente del ciclo. La pandemia planetaria ocasionada por el nuevo coronavirus y el freno a la actividad económica profundizaron la tendencia recesiva que ocasionó una significativa caída del PIB en 2020: la economía regional y la colombiana cayeron en 6,8 por ciento. En 2021 se registró el rebote de las economías: el PIB de ALC creció en 6,2 por ciento y el de Colombia en 10,6 (gráfico 2).
En efecto, de acuerdo con los análisis de la Cepal4, la pandemia por covid-19 trajo aparejada una contracción económica que afectó a todos los países de la región. La caída de la actividad impactó en forma negativa en los hogares, entre otros factores, al disminuir tanto el empleo como los ingresos laborales. Según el balance de las economías de ALC, 2021, la contracción alcanzó el 7,6 por ciento del PIB por habitante para el promedio regional en 2020, con una alta heterogeneidad entre los países. En seis (Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Haití, Brasil y Costa Rica), la caída fue inferior al 5 por ciento del PIB per cápita, en tanto que, en otros seis (Bolivia, Honduras, Argentina, Cuba, Perú y Panamá), el PIB per cápita cayó entre un 10 y un 20. En los restantes siete países, la caída del PIB per cápita se situó entre el 5 y el 10 por ciento. En Colombia la caída fue de 8,7 por ciento.
En 2020, la pandemia aun en curso provocó una crisis sin precedentes en el mercado laboral, reflejado en notorias caídas de la ocupación y la participación laboral, que se tradujeron en aumentos históricos de la desocupación, lo que afectó en mayor medida a las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del sector informal y de bajos ingresos (Cepal, 2021a). Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021), ese año se habría perdido el equivalente a más de 30 millones de empleos debido a la desocupación, a la salida de las personas de la fuerza de trabajo o a la reducción de horas trabajadas, y ALC fue una de las regiones más afectadas. La contundente salida de las mujeres del mercado de trabajo representa un retroceso de 18 años en los niveles de su participación en la fuerza laboral. La contracción generalizada del empleo y la salida de las personas de la fuerza de trabajo impactaron con mayor intensidad en las ocupaciones informales que en las formales; en ALC el 60 por ciento de los empleos son informales.
En los últimos setenta años, la tasa de desempleo en ALC registra dos fases: durante las décadas de 1950-1960, la desocupación es relativamente baja, manteniéndose en el rango del 2 al 8 por ciento; a partir del año 1965 la exclusión laboral se dispara superando los dos dígitos, alcanzando elevados picos durante las recesiones y crisis económicas recurrentes desde la década de 1970. La conjunción entre recesión económica y crisis de la salubridad pública desnudó la fragilidad del mercado laboral y de las economías de ALC. En 2020 la tasa de desempleo alcanzó la cifra de 10,5 por ciento en el promedio regional y de 16,1 en Colombia.
Una realidad que no escapó a los ojos de la Misión de Empleo en Colombia, en funciones desde julio de 2020 con el fin de encontrar una ruta que le permita crear un plan estratégico al gobierno nacional para mejorar las condiciones laborales existentes en el país. El economista mexicano Santiago Levy, jefe de la misma afirmó el pasado 11 de enero al presentar las conclusiones del estudio que “El mercado laboral colombiano está muy mal. Tiene una protección social ineficiente, un empleo precario para las personas y ofrece pocas oportunidades para que estas mejoren sus condiciones laborales, lo cual, a su vez, castiga el crecimiento económico y la productividad, por lo cual no es de extrañar que Colombia presente las tasas de crecimiento de desempleo más altas de Latinoamérica” (gráfico 3).
En resumen, la recuperación económica y el crecimiento del empleo –particularmente el formal– observado en 2021 serán insuficientes para generar oportunidades laborales para quienes perdieron su empleo o abandonaron la fuerza de trabajo durante la pandemia.
De acuerdo con la Cepal, esta situación, sumada a los altos niveles de incertidumbre, pone de manifiesto que el impacto de la pandemia en el mercado de trabajo dista mucho de haber terminado. Por tanto, los seguros de desempleo, que solo se encuentran presentes en una minoría de los países de la región, y las políticas de capacitación, intermediación laboral y fomento del emprendimiento serán clave para sostener los ingresos de los desocupados y facilitar el retorno al mercado laboral de las personas que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo o están desocupadas. La articulación con las políticas de cuidado y de retorno al sistema educativo también apoyará este proceso de reinserción laboral, especialmente en el caso de las mujeres. Más allá de la Cepal, y como parte de una opción para mejorar la redistribución de los ingresos de ALC producidos por su fuerza de trabajo, la implementación de una Renta Básica Universal está al orden del día.
La pandemia y la recesión económica acentuaron las iniquidades en ALC. En Colombia la concentración del ingreso y la riqueza superó la tendencia observada en el promedio de países de la región (gráfico 4). De acuerdo con la Cepal, en 2020, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó en la mayoría de los países de la región. La caída de los ingresos laborales del trabajo asalariado en los quintiles más pobres fue el factor que más incidió en el alza de la desigualdad.
Los ingresos por trabajo independiente se redujeron menos que los ingresos por salarios en los quintiles más pobres, suavizando las pérdidas en el ingreso laboral de estos grupos. Las transferencias de ingreso y, dentro de estas, las implementadas por los gobiernos para atender los efectos de la pandemia, tuvieron un papel muy importante a la hora de evitar un mayor aumento de la desigualdad. En paralelo, el patrimonio de los superricos en la región se incrementó entre 2019 y 2021.
Una realidad facilitada por las políticas de Estado. Como es conocido, el Estado siempre ha sido el núcleo estructurante de las sociedades latinoamericanas, cualquiera que haya sido su autonomía o dependencia con respecto a los grupos económicos, nacionales y extranjeros, y a los agentes sociales movilizados a partir de proyectos de control de los recursos públicos y de las capacidades de intervención del Estado. En este marco, la crisis está revalorizando aún más el papel de tal estructura en al menos tres grandes aspectos: i) su papel activo para limitar la contracción y relanzar la actividad económica; ii) el Estado ha sido llamado por las circunstancias extremas a fungir como garante último del ingreso de las personas; los Estados de la región han ampliado y diversificado las transferencias y los apoyos dirigidos a los sectores afectados, muchas veces rebasando la cobertura de los programas sociales previos e incorporando a sectores medios y de la economía informal con el objetivo de mitigar la caída en el bienestar de la población y el aumento de la pobreza; iii) la pandemia reinstaló en el debate la necesidad de que el Estado garantice servicios sociales públicos universales, contribuyendo sustantivamente a una mayor resiliencia de las sociedades como condición para un desarrollo sostenible y con derechos.
Sin embargo, no se sabe si es peor el remedio que la enfermedad. Durante el siglo XXI el factor perturbador del Estado y la sociedad es la corrupción sistémica del Estado en ALC. Esta caracteriza es común a todos los regímenes políticos y destruye el vínculo de confianza entre ciudadanos y Estado, el fundamento psicológico y cultural en que se basa la legitimidad de la democracia. Además, la corrupción sistémica es consustancial a la expansión de las economías criminales en contubernio con la lumpen oligarquía que controla el poder y las entidades públicas.
Según los estudios de la Cepal, el año 2020 se caracterizó, además, por un aumento generalizado de la pobreza extrema y la pobreza en la región. La primera de ellas alcanzó niveles similares o mayores a los registrados en 2008. Por su parte, la cantidad de personas en situación de pobreza superó los 200 millones por primera vez en más de diez años. El deterioro en estos indicadores se produce como consecuencia de una pronunciada caída de los ingresos laborales, que fue parcialmente compensada por las transferencias de ingresos recibidas por los hogares, sin las cuales las cifras de pobreza habrían alcanzado niveles aún más altos. Los mayores incrementos de la pobreza tuvieron lugar en Argentina, Colombia y Perú, donde alcanzaron o excedieron los 7 puntos porcentuales.
En 2018, la pobreza por ingreso y los niveles de indigencia alcanzaron su valor más bajo en ALC: 29,8 y 10,4 por ciento, respectivamente. En Colombia estas cifras de pobreza e indigencia fueron de 34,7 y 8,2 por ciento. En 2020 el nivel de pobreza por bajos ingresos alcanzó la cifra de 33 por ciento en la región y la población que no tiene recursos ni siquiera para alimentarse (indigencia) llegó a 13,1 por ciento. Colombia sobresale negativamente en cuanto: i) en 2021, los niveles de pobreza (44%) e indigencia (15,9%) están por encima del promedio de ALC; ii) el deterioro en estos dos indicadores ha sido más profundo y acelerado; iii) la recuperación económica en 2021 benefició a los ricos y la pobreza sigue incrementándose (gráfico 5).
Se sabe, por lógica y experiencia histórica que la disminución de la desigualdad y la pobreza será sólida y sostenible sólo si se asienta en la dignidad y calidad del trabajo a que puedan acceder unas y otros, y en niveles óptimos y universales de bienestar social. Además, se requiere dar solución a los retrasos históricos en materia de reformas estructurales como las reestructuraciones agrarias que permitan romper con las economías sustentadas en grandes latifundios improductivos y la mentalidad colonial. En ALC, antiguos actores de las clases trabajadoras y el surgimiento de nuevos movimientos sociales e identidades durante el siglo XXI han resignificado los derechos humanos, la democracia radical, la dignidad humana y la ética en la sociedad y en la política. La región sobrevive en medio de la dialéctica entre quienes desean participar en la construcción de soluciones, principalmente locales, y aquellos que se hunden en la desesperanza aprendida (condición de un ser humano que ha “aprendido” a comportarse pasivamente) y la hiperindividualización.
En las últimas tres décadas ALC ha forjado un amplio consenso a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, la innovación, la ciencia y la tecnología, el desarrollo sostenible, la apertura económica justa, solidaria y cooperativa, en un marco de garantía de derechos e inclusión social (la importancia de eliminar la pobreza y reducir la desigualdad) que le den garantía y contenido real a la dignidad humana. Los países y sociedades que se han desviado de este consenso han fracasado en diversos grados y avivado el crónico conflicto social5.
1 Acemoglu, Daron y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta Colombiana S. A. Colombia, p. 501.
2 Castells, Manuel y Calderón, Fernando. (2019). La Nueva América Latina. Fondo de Cultura Económica, México, p. 267.
3 Red, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S. A. Colombia, pp. 59-60.
4 CEPAL NNUU. (2022). Panorama Social de América Latina 2021. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile.
5 Red, Michael, op. cit., p. 430.
* Economista y filósofo. Integrante de los comités editorial de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.
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