El último día de marzo de 2022, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) entregó el informe más amplio que haya realizado sobre la situación social y económica de nuestro país. Del mismo, los medios oficiosos de comunicación difundieron aspectos escandalosos, pero ya conocidos producto de estudios juiciosos que sobre nuestra realidad han realizado investigadores independientes y en los cuales queda al desnudo la profunda desigualdad y exclusión social que marca a nuestra sociedad, así como la escandalosa corrupción y concentración de la riqueza que la caracteriza, producto de lo cual salir de la pobreza y pasar a clase media le toma a quien padece tal realidad 11 generaciones, es decir, 3 siglos, tiempo superior en comparación a cualquier otro país en el mundo.
Pese a semejante despropósito, que desnuda la democracia formal –electoral– que predomina en Colombia, los medios oficiosos guardan silencio; la exclusión social y privación de derechos básicos no es tomado como una consecuencia de la negación del derecho humano a vida digna, y todo lo que el mismo implica. Colombia es un país donde no existe la movilidad social, el statu quo está blindado jurídica e ideológicamente y por la tradición y violencia (gráfico 1).
Gráfico 1
Nota: Estas estimaciones se basan en una simulación y pretenden ser ilustrativas. No deben interpretarse como el tiempo exacto que necesitará una persona de un hogar con bajos ingresos para alcanzar la renta media. Se basan en la persistencia de los ingresos (elasticidades) entre padres e hijos y el nivel actual de los ingresos familiares del decil inferior y la media, suponiendo elasticidad constantes, siguiendo a Bowles y Gintis (2002). La familia de bajos ingresos se define como el primer decid de ingresos, es decir, el 10% más bajo de la población. Fuente: Base de datos de distribución de la renta de la Ocde.
El estudio, tanto por su diagnóstico, como por las implicaciones que tendrá para millones de connacionales la concreción de las recomendaciones del “club” en el cual son dominantes los intereses de los países hegemónicos del sistema capitalista, tiene toda la pertinencia y debería ser pieza central de estudio de los movimientos sociales y eje del actual debate electoral.
Un documento, con su diagnóstico y “recomendaciones” que indica a todas luces que vendrán reformas y ajustes estructurales y con ellas el neoliberalismo ganará más espacio en Colombia. Fortalecimiento y ampliación del modelo quellevarán a profundizar las privatizaciones de las instituciones sociales y a una mayor apertura del mercado para la inversión y beneficio del capital global, con menos protección para los trabajadores formales, desmonte de beneficios que aún tienen para su seguridad social, eliminación de obligaciones que la patronal tiene para con los trabajadores –cubrimiento del llamado salario indirecto–, reducción del salario mínimo, ampliación de la obligación de declarar renta para millones que hoy no lo hacen por no contar con ingresos suficientes, etcétera. Son todas ellas medidas que arrasaran con los restos que aún quedan del clásico “contrato socialdemócrata”.
Todas estas medidas, afines al capital, que dan eco a los “profundos” diagnósticos y propuestas de reajuste económico que cada año presentan los gremios del empresariado nacional y los tecnócratas afines al neoliberalismo, una vez más apoyados por sus pares del capital global, serán parlante para presionar al próximo gobierno, con mayor razón si es alternativo.
Por todo ello vale la pena revisar este estudio y contextualizarlo en la condición actual del país respecto a las condiciones de bienestar en el mundo mediante el informe 2022 del Índice Anual de Miseria de Hanke.
Fuente: elaboración del autor con base en datos DANE y FMI
El informe de la Ocde sobre Colombia 2022: hallazgos y recomendaciones
Principales hallazgos del estudio: i) la economía se ha recuperado bien, el crecimiento del PIB colombiano en 2021 estuvo por encima del promedio mundial (gráfico 2); ii) la ampliación de la protección social y la reducción de la informalidad son prioridades clave; iii) persisten los problemas de gobernanza; iv) la lucha contra la deforestación es clave para la sostenibilidad.
Los contenidos específicos de los hallazgos de la Ocde son:
• La deuda pública tendrá un nivel permanentemente más alto que antes de la pandemia, lo que reducirá el margen fiscal para reaccionar ante impactos negativos.
• Aunque la actividad económica ha experimentado un sólido repunte, el empleo sigue estando por debajo de los niveles de 2019.
• Los ingresos fiscales, de tan solo el 20 por ciento del PIB, son bajos incluso en el contexto de la región y resultan insuficientes para financiar las demandas sociales y la inversión pública.
• Colombia registra un problema estructural de concentración del ingreso y la riqueza en el decil más rico de la población; la medida de la desigualdad a través del coeficiente de concentración Gini es uno de los más altos a nivel mundial (gráfico 3).
• Su sistema fiscal contribuye poco a reducir las elevadas desigualdades de ingresos, con un impuesto a la renta de las personas que desempeña un papel menor y una fuerte dependencia del impuesto a la renta de las sociedades. El sistema tributario es excesivamente complejo, con múltiples regímenes especiales y gastos tributarios que provocan importantes pérdidas de ingresos, al tiempo que penalizan el crecimiento y la inversión.
• La corrupción reduce la eficiencia del gasto público, genera un terreno de juego desigual y potencia las desigualdades. Colombia no cuenta con una ley específica de protección de denunciantes, a diferencia de la mayoría de los países de la Ocde.
• La inflación ha comenzado a aumentar a pesar de la considerable capacidad ociosa existente y no está claro hasta qué punto estas presiones inflacionistas serán temporales.
• Los avances en la vacunación han sido continuos, si bien se sitúan por detrás de otros países de la región.
• Un 60 por ciento de los trabajadores están en una situación de informalidad laboral, la cual los excluye del acceso a la seguridad social y reduce la productividad y los ingresos tributarios.
• Las elevadas contribuciones sociales sobre el trabajo frenan la creación de empleo formal y mantienen una elevada informalidad laboral.
• La pandemia ha puesto de manifiesto la existencia de importantes lagunas en el ámbito de la protección social, sobre todo en los trabajadores informales, y los programas de asistencia a los ingresos están muy fragmentados.
• La mitad de la población mayor de 65 años no recibe ningún tipo de pensión –una clara manifestación de un modelo productivo que no garantiza trabajo estable sino para la minoría, modelo cada vez más especulativo y extractivo, con mínima demanda de mano de obra–. Las prestaciones por pensiones contributivas son regresivas y existen distintos regímenes que proporcionan diferentes prestaciones para una misma trayectoria profesional y ofrecen coberturas especialmente bajas para las mujeres.
• Los trabajadores formales cotizan a un seguro de salud, mientras que los informales obtienen prácticamente el mismo paquete de prestaciones en servicios de salud de forma gratuita.
• La deserción escolar ha aumentado considerablemente debido a la pandemia, sobre todo entre alumnos de entornos socioeconómicos desfavorecidos.
• El crecimiento de la productividad se sitúa por detrás del de sus homólogos regionales, y la competencia es débil. Las regulaciones sobre mercados de productos y las barreras administrativas restringen la entrada en el mercado y dificultan la competencia.
• El grado de apertura comercial es bajo. Las barreras no arancelarias han aumentado con fuerza, al tiempo que los elevados aranceles máximos ofrecen una alta protección a algunos productores nacionales, que a menudo se caracterizan por su baja productividad.
• La deforestación ha aumentado y es necesario contenerla para alcanzar los objetivos actuales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
• La existencia de un registro del suelo escasamente uniforme es uno de los motivos de la deforestación, que a menudo se acomete con el objetivo de obtener un título de propiedad en el futuro.
Gráfico 3
Nota: Los coeficientes de GINI se calcula sobre la base de los ingresos disponibles, después de impuestos y transferencias.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial; DANE; base de datos de pobreza de la Ocde.
Comentarios sobre las recomendaciones de la Ocde. En cuatro ámbitos se organizan las recomendaciones: i) Perfeccionar las políticas macroeconómicas y reformar la fiscalidad; ii) fomentar una recuperación más inclusiva; iii) reforzar la productividad y la competencia; iv) alcanzar un crecimiento más sostenible y más verde. El desarrollo específico de cada uno de estos temas es el siguiente:
• Reducir gradualmente la posición fiscal expansiva a partir de 2022 para reconstruir los colchones fiscales, y al mismo tiempo mantener las ayudas excepcionales a los ingresos hasta que se recupere el mercado laboral.
Comentario (C): El país afronta un problema estructural en las finanzas públicas: en la sustentación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 se reconoce que en los próximos años el país “afrontará el reto de asegurar que la financiación de su gasto estatal se cubra sin generar una trayectoria explosiva de la deuda pública”. Déficit fiscal, intereses y deuda pública, ampliación continua de la actividad estatal, gastos improductivos, subsidios a las pensiones de los ricos, corrupción e inflexibilidades en ingresos y gastos blindados jurídicamente por la clase dominante, constituyen los detonantes de esta carga explosiva. La Ocde no profundiza en estos aspectos estructurales ni considera que la naturaleza histórica de la Hacienda pública es el reflejo simple del funcionamiento del sistema político; este, desde la Colonia, está diseñado de tal manera que los pobres y la clase trabajadora pagan y sostienen a los ricos mediante diversos procedimientos tributarios.
• Recaudar más ingresos procedentes del impuesto a la renta de las personas mediante la reducción del umbral de ingresos a partir del cual los contribuyentes empiezan a tributar, eliminando exenciones y reforzando la progresividad de las tasas impositivas. Reducir el alcance de los gastos tributarios en el IVA, compensando al mismo tiempo a los hogares con bajos ingresos mediante prestaciones sociales.
(C): La Ocde recomienda rescatar la Reforma Tributaria Carrasquilla (en referencia al exministro de Hacienda de los gobiernos de Uribe y Duque, economista que postula la ortodoxia neoliberal, actual miembro de la Junta directiva del Banco de la República) que en 2021 provocó la chispa que inició el estallido social en Colombia: el foco puesto en ampliar la carga impositiva para los sectores de ingresos medios, aumento de los impuestos sobre la renta a todos los asariados o personas que ganen un sueldo mensual superior a dos salarios mínimos mensuales (SML), extender el cobro del 19 por ciento del Impuesto a todos los bienes y servicios de la canasta básica familiar y ampliarlo a productos y servicios básicos hasta ahora exentos, como las tarifas de electricidad, gas y agua, entre otros.
• Reducir el gasto por impuestos sobre las empresas al tiempo que se disminuye la presión fiscal y las distorsiones tributarias de las entidades.
(C): La Ocde propone elevar la tasa de ganancia del capital mediante la eliminación de tributos a las empresas y a los propietarios, haciendo que los pobres sostengan a los ricos mediante procedimientos que tienen un efecto redistributivo muy negativo: aumento de los impuestos al trabajo y al consumo.
• Continuar la lucha contra la corrupción por medio de una ley específica de protección de denunciantes y límites más estrictos a las contribuciones privadas a las campañas electorales.
(C): La Ocde no contempla que la organización capitalista de la sociedad actual es unilateral, es un gobierno de ricos y para los ricos. Las diferentes administraciones que han controlado el poder a partir de la década de 1990 hasta la actualidad, se han orientado a consolidar el tradicional proyecto societal de una oligarquía criminal, mafiosa y rentista. Es un país atrapado en un círculo vicioso que genera crónicamente violencia, pobreza, desigualdad, exclusión, corrupción y expoliación. La lumpen burguesía es un fenómeno que resume la época actual y revela el peligro que pesa sobre ella: la lumpen burguesía recluta sus miembros entre los nuevos ricos, pero, a diferencia de la burguesía clásica, estos no dudan ni ante la estafa, ni su asociación con organizaciones mafiosas; bajo esta categoría socioeconómica y política se fusionan terratenientes, narcoparamilitares, delincuencia organizada, partidos de extrema derecha, empresarios, medios de comunicación, miembros de las fuerzas armadas y transnacionales.
• Aumentar gradualmente las tasas de interés, si las presiones inflacionistas se intensifican.
(C): El capital financiero comanda la acumulación en el sistema económico contemporáneo y es hegemónico en las directrices que emanan del poder. Con el encarecimiento del dinero, los bancos acumulan mayores ganancias, se frenan proyectos productivos y se comprime la demanda.
• Acelerar el ritmo de vacunación contra el covid-19.
(C): debido a la pobreza y vulnerabilidad de las clases trabajadoras unido a la precariedad, burocratización e ineficiencia que caracteriza las instituciones públicas y privadas del sector salud, América Latina y el Caribe (ALC) presenta el mayor número de defunciones informadas por covid-19 en el mundo (1.562.845 hasta el 31 de diciembre de 2021). Estas representan el 28,8 por ciento del total de defunciones por covid-19 informadas en el mundo, pese a que la población de la región apenas asciende al 8,4 por ciento del registro total mundial. Al finalizar 2021, Colombia sumaba 129.942 muertes a causa de la pandemia, esto es, 8,4 por ciento de los fallecimientos ocurridos en ALC, cifra superior a su participación en el total de la población regional: 7,8 por ciento.
• Establecer una estrategia comprehensiva para fomentar la formalización, por medio de reducciones en los costos no salariales, una mayor aplicación de las leyes laborales y mejoras en la administración tributaria. Reducir la presión fiscal sobre los ingresos laborales desplazando progresivamente la carga de financiamiento de la protección social hacia los recursos de tributación general.
(C): Esta recomendación de la Ocde sigue los lineamientos propuestos por la Misión de Empleo, creada en 2020 y que este año entregó una conclusión contundente: el mercado laboral en Colombia funciona mal y, como resultado, la mayoría de los trabajadores reciben una protección social deficiente y tienen empleos precarios. No solo eso, Santiago Levy, jefe de la Misión, explicó que aquellas disfuncionalidades generan exclusión social, castigan el crecimiento y la productividad, y llevan a tasas de desempleo persistentemente altas. La Misión señaló que mientras que todas las personas deberían acceder a servicios de salud, pensión, educación y vivienda, las pensiones contributivas complementarias y los seguros de invalidez deberían estar delimitados para todos los trabajadores; y los seguros de desempleo, de accidentes de trabajo y las compensaciones por despido solamente para aquellos trabajadores vinculados a empresas. Una vez que se delimiten los elementos de la protección social, los expertos aseguran que es necesario que se determinen las fuentes de financiación, lo cual evita que se subsidien algunos servicios con recursos que aportan las empresas y los trabajadores. Hay que alinear los usos y fuentes de financiación de la protección social, según estas recomendaciones. Ello implica un debate social: la democracia no existe a menos que la población tenga el control de las decisiones más importantes. La Ocde desconoce, además, que para un buen funcionamiento del mercado de trabajo se requiere industria, tanto fabril como agraria, y el capital que amasan los ricos en Colombia ahora no se orienta hacia estos sectores sino hacia la especulación y las actividades extractivas, a la par de la importación de todo tipo de bienes de consumo, lo cual les renta más rápido (ganancias ampalancadas por el contrabando y lavado de dinero), aunque eso no cree empleo y estimule la informalidad que ya marca a la sociedad.
• Fusionar los distintos programas de transferencias monetarias existentes en un único programa para los hogares más desfavorecidos, al tiempo que se mantienen las condicionalidad de acceso en caso que haya niños en el hogar.
(C): Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en Colombia los subsidios y transferencias no son progresivos, paradójicamente favorece a las clases más ricas. El gasto en subsidios sociales se realiza a través de 65 programas. El 59 por ciento de los subsidios es concentrado por dos sectores: educación (incluye formación para el trabajo) y pensiones (incluye Colombia mayor). El 74,2 por ciento de los subsidios a las pensiones son absorbidos por los quintiles 4 y 5 (los más ricos). De los subsidios a la educación los quintiles 4 y 5 se apropian el 39,5, en servicios públicos el 32,1 y en vivienda el 36,6. En promedio, los quintiles 4 y 5 se quedan con el 39 por ciento del total del gasto en subsidios sociales. El primer quintil, el más pobre, recibe 22,3 por ciento. Según la focalización de subsidios sociales por clase social por hogar, los pobres extremos reciben únicamente 8,4 por ciento del total. Una política de subsidios, que trascienda este concepto, con sus implicaciones de control social y clientelismo estatal, debería dar paso a un programa de Renta Básica Universal que garantice un SML a cada miembro del cuerpo social, sin importar su clase.
• Crear una prestación básica y universal para pensiones no contributivas y fusionar los distintos regímenes de pensiones contributivas existentes en un único régimen contributivo obligatorio que complemente la pensión básica universal.
(C): El sistema de pensiones colombiano es el espejo de una sociedad excluyente, clasista, estratificada, corrupta e injusta. La Ocde y los defensores de los ajustes neoliberales buscan privatizar totalmente el sistema de seguridad social y acabar con la institución estatal de pensiones. El gasto público en pensiones alcanzó $44,1 billones en 2021, equivalentes a 3,7 por ciento del PIB. Colpensiones sufragó $15,7 billones, 35,6 por ciento de ese total. A la extinta Caja Nacional se le asignaron $11,3 billones, las pensiones de las Fuerzas Militares y de Policía alcanzaron $8,4 billones y el magisterio, $6,2 billones. El régimen privado cuenta con el 73 por ciento de los afiliados, casi 18 millones de personas –contra 6,8 millones de Colpensiones–, pero apenas con el 12,8 por ciento de los pensionados, unos 220.000 de un total de 1,7 millones. Esto explica en parte la excelente rentabilidad que obtienen las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP). Los pensionados de las AFP reciben en promedio solo 30 por ciento de su último salario, pero los rendimientos netos (descontando inflación y cobros por comisión) a favor de los fondos privados fueron de 6,7 por ciento anual entre 2001 y 2019, cifra superior a cualquier otro país de la Ocde. Contrario a lo indicado por esta institución, la reforma del sistema pensional debe garantizar una pensión digna para todas las personas que llegan a la edad de retiro. Colpensiones debe atender a una mayor parte de la población, pero reducir los privilegios que capturan los altos funcionarios del estado, magistrados y miembros de las fuerzas armadas. Las AFP serán encargadas de las personas más solventes que opten por ellas.
• Fusionar los dos sistemas públicos de salud en uno, financiado con recursos de tributación general. Proporcionar ayudas específicas a los jóvenes no escolarizados y a los que corren el riesgo de quedarse atrás, mediante la escolarización a jornada completa y el acceso a los comedores escolares, entre otras medidas.
(C): El mundo moderno democrático garante de la dignidad y los derechos humanos tiende hacia la creación de un sistema que garantice el “Ingreso ciudadano Universal” como política pública orientada a preservar la dignidad humana y la inclusión. Además, en el contexto de los derechos humanos, la justicia social y la igualdad, independiente de ideologías y regímenes políticos, las sociedades establecen sistemas universales de salud, educación, vivienda y un básico pensional, gratuitos y financiados con el presupuesto público, que es el resultado del trabajo de todas y todos.
• Reducir las barreras regulatorias nacionales a la iniciativa empresarial y a la entrada en el mercado. Aminorar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional, empezando por aquellos artículos en los que las barreras actuales son más altas.
(C): El capitalismo global está más preocupado por la expansión de las relaciones de mercado y el poder de las transnacionales que por el establecimiento de la democracia, la justicia social y las oportunidades sociales de los menos favorecidos. Para lograr su propósito presiona o condiciona a los gobiernos para que reduzcan la protección del mercado de sus países y así las multinacionales “compitan en igualdad de condiciones” por el control del mercado. Como lo ha explicado Amartya Sen, el problema central no radica en la globalización en sí, sino en la desigualdad que resulta del balance de los acuerdos globales institucionales, serviles a los intereses de los países centrales del sistema mundo capitalista y sus transnacionales, con una distribución bastante desigual de los beneficios de la globalización. La cuestión, por tanto, no se centra en si los pobres del mundo se benefician en algo del proceso de globalización, sino más bien en las condiciones que les hagan participes de oportunidades y beneficios realmente justos y democráticos.
• Aumentar los recursos dedicados a las actividades de aplicación normativa contra la deforestación y efectuar un seguimiento de un mayor número de los casos de deforestación detectados. Acelerar los avances en la ampliación del registro del suelo, sobre todo en zonas remotas.
(C): Tres circunstancias tienen que ver con esta parte del diagnóstico. Una, el desmonte que siguen haciendo los sin tierra en procura de un poco de ésta, lo cual va ampliando más y más la frontera agrícola; dos, el estímulo del narcotráfico para el sembrado de su materia prima, la cual en no pocos casos está asociado a la deforestación; tres, la prolongación del extractivismo, uno de los principales rasgos de la economía y la idiosincrasia colombiana, que también ha determinado el lugar en el mundo de nuestro sistema productivo y sociedad. Desde la Colonia se instaló un patrón de estratificación social basado en la hacienda latifundista y la minería, y sustentados en la ganadería extensiva y la extracción de recursos naturales y minero-energéticos que aún moldea las relaciones sociales. Las élites del país, al moldear de este modo el territorio y la cultura, finalmente crearon el sello de su propia identidad: una ética rentista-excluyente y un consumo imitativo y suntuario.
Sinsabores
Al tiempo que el país conoció el informe de la Ocde, también circularon por los medios de comunicación los resultados de 2022 del Índice Anual de Miseria de Hanke (Hami, por sus siglas en inglés)**, en el cual resaltan indicadores sobre inflación, pobreza, desempleo, tasas de interés de un listado de 156 países clasificados por su bienestar económico, y en el cual Colombia ocupa el puesto 62, con 19,5 puntos.
Esta nueva clasificación significa que el país, contrario a lo que viven y padecen sus pobladores, mejoró 21 puestos en el ranking, luego de ocupar el lugar 41 en el escalafón anterior. La causa de la mejora se relaciona únicamente en el crecimiento del PIB en 2021 de 10,6 por ciento y, en consecuencia, el aumento del PIB per cápita en 9,3. En este índice, la medición es inversa a la que usan otros estudios: el país mejor en el listado es el 156 y el 1 es el peor relacionado, esto es, comparativamente el de mayor miseria.
¿Cómo es esto? El índice entrega una puntuación a cada país luego de sumar la tasa de inflación, de desempleo y de interés nominal, considerados como factores negativos, y restar la tasa de crecimiento del PIB per cápita (el total de ingresos del país o PIB dividido en la población), un factor positivo. Las economías con mayor puntaje se consideran miserables y las de menos puntuación, como países “felices”. Regionalmente, Colombia se encuentra clasificada en una posición mejor que Cuba (puesto 1 en el ranking), Venezuela (2), Argentina (6), Brasil (9); pero está detrás de Perú (73), Guatemala (80), Nicaragua (85), Bolivia (86), México (91), El Salvador (97), Chile (113) y Ecuador (114).
En resumen, el índice que elabora Hanke surge de sumar las tasas de inflación, de desempleo y de interés nominal, consideradas factores “malos”, y restar, por tratarse de un factor “bueno”, la tasa de crecimiento del PBI por habitante, todos datos al cierre del correspondiente año. La inflación es una de las principales causas del aumento de la miseria en Colombia y en el mundo. La inflación en el área de la Ocde subió a 7,7 por ciento en el segundo mes de 2022, frente al 1,7 de 2021, alcanzando su tasa más alta desde diciembre de 1990. En Colombia, el aumento registrado de la inflación en febrero de 2002 fue de 8,01 por ciento.
Si bien las altas tarifas para acceder al “derecho” a la energía siguieron impulsando la inflación en la mayoría de los países de la Ocde, la inflación de los precios de los alimentos viene mostrando aumentos notables. Esta situación es más acelerada y grave en Colombia, los alimentos y los servicios públicos continúan comandando el alza en los precios generales para los consumidores. Para marzo de 2022, según el informe del Dane, la variación anual en los precios (o sea, en comparación con el mismo mes de 2021) se ubicó en 8,53 por ciento. Los alimentos son los principales protagonistas de las alzas porque tuvieron su mayor variación anual (25,37%). Las alzas en la comida tienden a golpear más los bolsillos de las personas con menores ingresos. La inflación es, hoy en día, una de las principales amenazas para el crecimiento económico nacional, por un lado, pero también para el bienestar de millones de colombianos que hoy encuentran más difícil acceder a servicios y bienes básicos de la canasta familiar.
El Banco Mundial asegura que la inflación provocada por la reactivación tras la pandemia y, ahora, por el conflicto entre Rusia y Ucrania, provoca estragos en la población pobre del mundo. Los hogares de ingresos bajos y medios tienden a ser más vulnerables que los hogares ricos por el aumento de los precios, debido a las diferencias en los tipos de ingresos, activos y de la canasta familiar. El Banco Mundial explica que los hogares de ingresos bajos y medianos de los países desarrollados dependen más de sus salarios mensuales, lo que les reduce el poder adquisitivo, ya que la inflación generalmente sube más que el sueldo; sucede lo contrario con las familias ricas debido a que sus ingresos por ganancias aumentan al ritmo de la inflación, además de no depender para sus gastos de los ingresos por salarios y sí de la renta que les producen diversas inversiones.
En Colombia, el índice de pobreza por ingresos insuficientes alcanzó el 55 por ciento en el año 2000; en 2018 llegó al nivel más bajo con 34,7 y en los años siguientes volvió a escalar de manera sostenida: 35,7 por ciento en 2019; 42,5 en 2020; 44,0 en 2021 y en 2022 la mitad de la población, por lo menos, puede llegar a vivir bajo condiciones de pobreza, lo cual se refleja en disminuidas condiciones de existencia: desmejora en su alimentación diaria, deserción escolar, pérdida de la vivienda, desconexión del “derecho” a los servicios públicos, entre otros.
El desempleo es el segundo indicador que integra el Índice Anual de Miseria de Hanke. En Colombia, tras el impacto de la pandemia, el desempleo se ha convertido en una preocupación constante y aunque parece tomar un rumbo positivo, aún no se ha recuperado al nivel que había antes de marzo de 2020. Según los resultados publicados por el Dane respecto a la tasa de desempleo en el mes de febrero de 2022, ésta se ubicó en 12,9 por ciento en el total nacional y representó una caída de 2,6 puntos porcentuales frente a febrero de 2021 cuando registró 15,5. La población desocupada para el segundo mes del año fue de 3,21 millones de personas, cifra que es menor en 496.000 habitantes a la que se dio en el mismo periodo de 2021: durante ese lapso, el dato fue de 3,7 millones.
Estos resultados compensan los 1,18 millones puestos de trabajo que se habían perdido entre febrero de 2020 y febrero de 2021. Entretanto, la población ocupada para febrero 2022 en el total nacional alcanzó los 21,6 millones, cifra que equivale a un incremento de 1,5 millones de puestos adicionales. Esta dinámica se está concentrando sobre todo en las principales ciudades del país y en el trabajo informal, del cual, certifica el informe, Colombia ostenta la mayor tasa dentro de los países periféricos del sistema mundo capitalista (gráfico 4), algo que se traduce en precariedad del régimen pensional, con millones de personas que terminan su ciclo laboral y no cuentan con ingresos mensuales dignos y fijos, además de afectar las condiciones de vida digna de un significativo porcentaje de la población que a pesar de su esfuerzo diario no obtienen ingresos suficientes para llevar una vida con decoro. Cabe agregar que la tasa de desempleo en mujeres se ubicó en 16,5 por ciento, mientras que en hombres cerró en 10,3.
Gráfico 4
Nota: En el caso del empleo informal, el último año de datos disponibles es 2019, excepto para Argentina, Brasil y Perú (2018), México (2017) y Turquía (2015). La OIT define informalidad de trabajadores dependientes como aquellos cuyos empleadores no contribuyen a la seguridad social.
Fuente: Base de datos OIT-ILOSTAT sobre informalidad.
Adicional a las altas tasas de inflación y la precariedad en el mercado laboral, las tasas de interés de los préstamos bancarios en Colombia son de las más altas en América Latina y vienen incrementándose por parte de las autoridades monetarias como política y estrategia para contener la inflación. En su más reciente decisión, el 31 de marzo de 2022, la Junta directiva del Banco de la República elevó las tasas de interés en 100 puntos básicos, llevando el indicador hasta 5 por ciento, el incremento más duro en años.
La evolución de las tasas de interés muestra que a finales de 2020 se encontraba en 1,75 por ciento; el 30 de septiembre de 2021 aumentó a 2 y el 29 de octubre a 2,5. En diciembre de 2021, la Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementarla en 50 puntos básicos llevándola a 3,0 por ciento. En enero de 2022 volvieron a subirla hasta 4 por ciento y para marzo la tasa de interés llegó a 5 por ciento.
El emisor, consecuente con la filosofía neoliberal que lo guía, reiteró que está comprometido con el retorno gradual a una inflación de 3 por ciento anual, “para lo cual seguirá tomando las decisiones que sean necesarias”, sin importar la ralentización que pueda generar en la economía y el alza del desempleo. El capital financiero es el sector que más se beneficia con el dinero “caro”: con corte a diciembre de 2021, los bancos alcanzaron utilidades por $13,9 billones, lo que representó un crecimiento de $2,2 billones frente al acumulado en noviembre del año pasado; estos resultados se deben a que el comportamiento del crédito ha sido muy bueno, afirmó el presidente de Asobancaria.
El PIB per cápita, un factor positivo en el Índice Anual de Miseria de Hanke, para el año 2020 cayó 8,61 en Colombia (el PIB descendió en 6,8%). En 2021 registró un rebote de 10,6 por ciento y, por tanto, el PIB per cápita creció en 9,13 (la población crece a un ritmo anual del 1,35%). Para 2022 se proyecta un crecimiento del PIB en 4,7 por ciento y del PIB per cápita de 3,3.
El antagonismo político en una sociedad polarizada
La sociedad colombiana se encuentra en proceso de elegir al gobierno que regirá los destinos del país para el cuatrienio 2022-2026. El país está polarizado entre las fuerzas políticas y las ideologías de izquierda y derecha. La otra cara de esta confrontación es el antagonismo de clase capital/trabajo, que en Colombia se resume en la dialéctica: clases privilegiadas vs. pueblo.
Cualquiera sea la coalición política ganadora (ante la debilidad individual de los partidos políticos y los movimientos sociales por sí solos, todos confluyen en la “negociación y compra” de alianzas y colaboración), debe emprender las reformas que la crisis del capital y el reacomodo neoliberal exigen: reajuste del modelo de desarrollo, revisión de las relaciones internacionales, mayor flexibilización laboral, reducción de aranceles, reforma pensional, laboral y tributaria, así como ajustes a la matriz energética.
En estas circunstancias, buscando organismos como la Ocde, al igual que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros, favorecer al empresariado y con ello la acumulación de capital, la línea divisoria vuelve a encontrarse, de una parte entre los que propenden –para el caso de Colombia– por la profundización del neoliberalismo y el Estado de naturaleza lumpen oligárquico y, de otra, entre el neodesarrollismo o progresismo fundamentado en un papel más intervencionista del Estado y en la democracia participativa, sin preponder en momento alguno por una ruptura con el modelo capitalista.
En una constante histórica que se prolonga hasta el presente: violencia, opresión, explotación y expoliación conforman la base del poder y la forma de gobernar por parte de las clases hegemónicas en Colombia. Un régimen para proteger y garantizar el predominio del capital sobre el trabajo. Constante que hoy, en la pretendida reforma estructural que se asoma con las citadas “recomendaciones” de la Ocde, alcanza nuevos ribetes. Las tendencias son sombrías: la concentración del ingreso y la riqueza se agudizó con la pandemia y durante el período de rebote de la economía en 2021-22, el índice de pobreza retrocede en dos décadas hasta volver a afectar a la mitad de los hogares colombianos, la violencia homicida retoma su sendero alcista y el mercado laboral es más flexible y precario (gráfico 5). Todo a la sombra amenazante de la estanflación (momento o coyuntura económica en que, dentro de una situación inflacionaria, se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede) la cual empieza a delinearse en el horizonte cercano.
Fuente: elaboración del autor con base en datos y proyecciones DANE y Forensis-Medicina Legal
El gobierno que herede funciones a partir de agosto próximo, por tanto, deberá dar paso a las reformas en cuestión, atizando de esa manera la disputa entre quienes se benefician de estas reformas y quienes deben cargar con los costos.
Una disputa en la cual la correlación de fuerzas es desigual y no favorece a quienes venden su fuerza de trabajo. Pese a ello, el levantamiento social de los últimos años es el preludio de la posibilidad histórica del cambio y del inicio de la marcha colectiva por el sendero que conduce a una nueva sociedad. .
** El Índice de Miseria Económica es elaborado y publicado anualmente por el economista Peter Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, EEUU.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.
La Ocde surgió de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), la cual se creó en 1948 con el apoyo de Estados Unidos y Canadá para coordinar el Plan Marshall y contribuir a la reconstrucción de las economías europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo –formal y supuesto– es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. ¿Será posible o simples ilusiones?
Los 38 países miembros con los que cuenta en la actualidad abarcan todo el mundo, desde América del Norte y del Sur a Europa y Asia-Pacífico. La Ocde se viene acercando a la región de América Latina y el Caribe; son países miembros de la Organización: Chile, Costa Rica, Colombia (desde 2020) y México; el 25 de enero de 2022 el Consejo de la Ocde decidió iniciar las conversaciones de adhesión con Argentina, Brasil y Perú. En febrero de 2022, la Ocde entregó a los entes oficiales el estudio que realizó sobre Colombia.
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