Reforma a la salud: soñada, demandada, pensada durante años

La reforma al sistema de salud ha sido demandada, pensada y propuesta desde hace muchos años en el país, a través de procesos de movilización social y confluencias organizativas, que sin duda han madurado las propuestas. Es hora de retomarlas, discutirlas y ampliarlas generosamente con la gente, para legitimarla socialmente y concretarla y defenderla a través de la movilización.

El anhelo por contar con otro tipo de sistema de salud en Colombia viene de tiempo atrás, no es un asunto que surja con el actual gobierno nacional.

Han sido muchas las demandas, las denuncias, las resistencias, los sacrificios, las luchas, las movilizaciones y las propuestas alternas desarrolladas en las últimas décadas. En este sentido, la necesaria reforma del sistema de salud ha sido soñada, demandada y pensada durante años por amplios sectores en el país.

Lo que hace el gobierno actual, es recoger el acumulado de las demandas y propuestas que han movilizado muchos sectores proclives a la salud como derecho humano y no como mercancía, incorporadas inicialmente en la plan de gobierno y que ahora ya en ejercicio se empiezan a impulsar con políticas y programas específicos –como el de atención primaria salud (APS)–, y con una propuesta de reforma al sistema de salud para que sea garante del derecho a la salud de acuerdo a lo establecido en su Ley Estatutaria.

Entonces, sin duda, es necesario revisar los acumulados de movilización social por la salud en el país y las propuestas derivadas de ella, para que esto sea recogido y potenciado en un proceso colectivo que reactive confluencias y movilizaciones de los múltiples sectores sociales, sindicales, populares, académicos y gremiales, para hacer realidad la reforma y, sobre todo, que se dé el respaldo de amplios sectores de la sociedad para su efectiva implementación.

Movilización social constante y propuestas por la salud

La movilización social por este derecho fundamental ha sido una constante en la historia del país; ha incluido demandas de la gente por condiciones salubres en su vida y trabajo, por saneamiento básico y ambiental, por centros de salud y hospitales y acceso oportuno y con calidad a ellos, condiciones laborales dignas en el sector salud, atención a las personas con enfermedades no atendidas o de alto riesgo, entre otras muchas demandas1.

La propuesta de reforma del sistema de salud de base neoliberal, que se impulsó en el año 1991 y se concretó a través de la Ley 100 de 1993, inició un nuevo ciclo de protestas en el campo de la salud, en contra de un modelo privatizador de la seguridad social y los servicios de salud, que impuso demostrar capacidad de pago para recibir los bienes de salud necesarios y que con una política de focalización de subsidios, generó accesos diferenciados a los servicios entre quienes pertenecen al régimen subsidiado y contributivo, o con los que pertenecen a los regímenes especiales.

Esta política neoliberal en el campo de la salud, aunque mejoró la cobertura de aseguramiento y aumentó los recursos financieros para este sector, no generó una mejora en el acceso a este derecho fundamental, ni mejoró la equidad y eficiencia del sistema de salud, ni mucho menos la calidad de los servicios. Lo que sí ocurrió fue un incremento de la participación del sector privado en la prestación de servicios, un deterioro de las políticas y programas de salud pública y una flexibilización de las formas de contratación pública llevando a una precarización de las condiciones de trabajo de los empleados del sector, entre otros efectos negativos2.

Las movilizaciones y luchas por la salud en contra de esos efectos negativos, han pasado por diversos periodos, que han creado diversas formas de articulación y organización, generando amplias propuestas de reforma3:

Primer periodo –de carácter reivindicativo–: arranca con los primeros años de implementación de la Ley 100, movilización que desde luego no estaba desligada del proceso de lucha por la salud que se daba antes de 1993. Acá los actores de manera independiente exigen reivindicaciones específicas de acuerdo a su origen: los trabajadores demandan garantía de derechos laborales, los estudiantes presupuesto para la educación y la salud pública y preservación de los sitios de formación profesional, los usuarios mejor calidad en la prestación de los servicios de salud, los gremios de profesionales de la salud el reconocimiento de su estatus social y laboral, entre otros.

Segundo periodo: lo caracteriza el debate público, la articulación y politización de la lucha por la salud, que inició en el año 2000 con el proceso preparatorio y realización del Primer Congreso Nacional por la Salud y la Seguridad Social, un paso en la acción colectiva para abrir un debate público amplio por el derecho a la salud; la articulación social que generó confluyó en el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social.

Este segundo periodo concatenó la realización de eventos públicos de deliberación, entre ellos congresos nacionales por la salud, campamentos humanitarios por la salud, asambleas territoriales por el derecho a la salud y audiencias públicas entre otros repertorios de acción colectivas, que configuraron propuestas de transformación del modelo de ley 100 por un sistema de salud garante del derecho.

Este periodo dio pasos en la politización de la acción colectiva en salud, en el sentido que se empezaba a entender que había un elemento estructural responsable de la situación colectiva ligado a la política de Estado en salud, por lo cual era necesario dar una pelea más colectiva y menos particular.

Tercer periodo: toma cuerpo a comienzos del 2010 y puede considerarse que va hasta hoy; se caracteriza por un avance en la configuración de una identidad colectiva y de maduración de la propuesta política. El proceso de articulación con el paso de los años fue posibilitando una redefinición de los vínculos colectivos, llevando a que las posturas de los diferentes actores sociales se acerquen, a superar la dispersión, generando una identidad colectiva alrededor de la idea de la salud como un derecho humano. Claro, no puede entenderse como un proceso lineal –de solo avance–, también hay estancamientos, retrocesos y fragmentaciones.

Este avance en la configuración de una identidad colectiva tuvo un momento relevante que fue el periodo de la denominada emergencia social en salud a finales del 2009 y comienzos del 2010, que desató una gran indignación colectiva producto de las medidas que trató de implantar a la fuerza el gobierno de Uribe, con beneficio inocultable para las EPS y en perjuicio del conjunto de la población, y en ella al gremio de los médicos y odontólogos4.

Este contexto posibilitó un gran paso en la alineación de los actores defensores del derecho a la salud y el reconocimiento más claro de aquellos que defienden el modelo de Ley 100, que posibilitó, en un primer momento, la reagrupación de los sectores sociales de la salud en la denominada Alianza Nacional por la Salud, que presentó en el año 2011 al Congreso de la República un proyecto de reforma estructural de la Ley 100. Esta Alianza parió una instancia organizativa más amplia, la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, que jugó un papel importante para el establecimiento de una Ley Estatutaria en Salud –Ley 1751 de 2013–, que incorporó en la estructura jurídica nacional la salud como derecho humano fundamental, asunto que constitucionalmente no existía5.

En este periodo, pero ya en el marco de la pandemia, se dieron otros procesos organizativos y de movilización de propuestas, procesos liderados entre otras instancias por el Pacto por la Vida y la Salud y la Cumbre Social y Política, entre otros procesos, que también elaboraron propuestas de reforma al sistema de salud.

Líneas gruesas de la reforma

A lo largo de estos años se han perfilado las líneas gruesas que deben enmarcar el nuevo sistema de salud, consignados en al menos dos proyectos de ley presentados al Congreso y que fueron hundidos por las mayorías favorables al negocio con este derecho fundamental. Como parte de los elementos centrales de la propuesta, destacan6:

i.     entender la salud como un derecho humano en relación con el bienestar y la calidad de vida;

ii.    configurar un sistema de salud universal, público, equitativo, solidario y que reconozca las diversidades (culturales, de género, de edad, territoriales, etc.);

iii.   administrarse con la lógica de lo público, lo que implicaba la supresión de la intermediación financiera de las EPS;

iv.   ser financiado por el presupuesto nacional, mediante un fondo público nacional unificado y con fondos regionales;

v.    priorizar la promoción, la prevención, la educación y el fomento de la salud;

vi.   establecer formas de trabajo en el sector salud dignas y decentes;

vii.  implementar un sistema nacional y único de información en salud;

viii. responder a las necesidades de salud de la gente de manera concreta, en sus propios territorios;

ix.   incorporar los patrimonios culturales e intelectuales de los saberes y prácticas tradicionales en salud;

x.    configurar una real autoridad estatal en salud, que controle la corrupción presente en el sector; y

xi.   desarrollar procesos de vigilancia y control social con alta participación de la ciudadanía.

Como se observa, la propuesta va más allá de que se acaben las EPS, pero desde luego lo incluye, porque allí está la matriz estructural que explica en gran medida la mercantilización de este bien común que es la salud.

Y claro, existen suficientes razones para eliminar las EPS7: se quedan –y apropian de manera indebida– de una parte de los recursos públicos del sector, y los usan para asuntos distintos para los que son aprobados; se constituyen en una barrera de acceso a los servicios de atención a la salud; tienen como centro el lucro y no el cuidado y mantenimiento de esta necesidad humana, asunto claramente demostrado en su comportamiento en el tiempo de la pandemia; han llevado a un deterioro de la red pública hospitalaria por la vía de la integración vertical, entendida como la contratación que hacen las EPS con su propia red prestadora de servicios y no con la red pública; han deteriorado las condiciones laborales en el sector; y desaparecido la autonomía médica y de los profesionales de la salud. Razones más que suficientes para que se eliminen.

La movilización social debe mantenerse e intensificarse

Tenemos un momento político sui generis en el país, y de acuerdo a como se actúe, tanto por parte de la sociedad, como desde el gobierno nacional, puede concretarse el sueño de una reforma de este sector que configure un sistema de salud humano, destinado al cuidado y atención y no al lucro, que le dé el valor que merecen a los y las profesionales del sector, que cuide los recursos públicos y los destine de mejor manera afectando las determinaciones sociales de la salud.

Pero esto le exige a los sectores y organizaciones sociales actuar. La forma como los gobiernos progresistas pueden avanzar en la línea deseada, es producto de la movilización y presión de los diversos sectores sociales, para que las decisiones que orienten y tomen, salden deudas históricas de injusticia social y en este caso de injusticia sanitaria.

Ahora es el momento de concretar este sueño y deseo gritado por años, para contar con una mejor respuesta institucional a las problemáticas de salud, para esto no se puede recular, hoy más que nunca se debe intensificar la movilización social que conduzca a que se apruebe e implemente la necesaria reforma del sistema de salud. 

1   Torres-Tovar, Mauricio. (2013). Lucha social contra la privatización de la salud. Bogotá: Cinep.

2   Torres-Tovar, Mauricio. (2015). “Resistencias y luchas sociales en Latinoamérica por la garantía de la universalización del derecho a la salud. El caso colombiano”. En: Por el derecho universal a la salud. Buenos Aires, Clacso.

3   Ídem.

4   Torres-Tovar, Mauricio (febrero, 2010). “Colombia: declaratoria de emergencia social. Salvavidas para el negocio de la salud”. En: Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº86, Bogotá.

5   Torres-Tovar, Mauricio (marzo, 2015). “Los alcances reales de la Ley Estatutaria en Salud”. Periódico desdedbajo. Edición Nº 210.

6   Torres-Tovar, Mauricio (2013). Lucha social contra la privatización de la salud, Bogotá, Cinep.

7   Torres-Tovar Mauricio (3 de febrero, 2012). “Clamor general: ¡NO MÁS EPS!”, Semanario Virtual Caja de Herramientas. Edición Nº289.

*    M.D., PhD, Profesor Asociado Universidad Nacional

Información adicional

Autor/a: Mauricio Torres-Tovar
País: Colombia
Región: Sudamérica
Fuente: Periódico desdeabajo Edición Noviembre 18 - Diciembre 18 - 2022

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