Sin duda, fue el protagonismo internacional ganado por el Presidente en el esfuerzo por llamar la atención sobre la gravedad de la crisis climática y sobre la seriedad de la amenaza que representa para el planeta y la propia especie humana, lo que permitió acreditar a Colombia como sede para la realización de la decimosexta Conferencia de las Partes de la Convención de la Biodiversidad.
Cambio climático y pérdida de la biodiversidad son problemas estrechamente relacionados insiste ahora nuestro Gobierno del Cambio. Pero no es el nexo conceptual y fáctico lo que más le interesa, es la realización misma del evento que permitirá, según sus cálculos, concentrar la atención del mundo entero, con la visita de más de cien mil personas y el copamiento durante ocho días de los escenarios noticiosos. Esto significaría consolidar su legitimidad democrática ante la comunidad internacional y de rebote un blindaje ante cualquier riesgo interno de golpe de Estado. Además, una probable variación derivada en la correlación doméstica de fuerzas le daría hasta para recuperar la gobernabilidad, forzando un acuerdo nacional.
Posiblemente hay aquí una cierta sobreestimación del acontecimiento, pero es claro que se pueden extraer, de todas maneras, algunas ventajas económicas. Como quien dice, ponerlo al servicio de la reactivación y de una reinserción en el mercado mundial. Con todo, el problema de la pérdida de la biodiversidad sigue siendo grave, y más les valdría tomárselo también en serio.
El verdadero significado del acontecimiento
Solamente tres acuerdos, con características vinculantes, aparte de la consabida Declaración, resultaron de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro, popularizada luego como “Cumbre de la Tierra”: la Convención (o Convenio) sobre Cambio Climático, la Convención para el combate a la Desertificación y la Convención sobre la Diversidad Biológica. La primera, como se sabe, ha dado lugar a abundantes noticias, mientras que las otras tienden a pasar inadvertidas, a tal punto que la mayoría de los periodistas colombianos ignoraba la existencia de la tercera cuyo órgano de gobierno, la Conferencia de las Partes, va a tener lugar la próxima semana en Cali; para disimular su ignorancia se dedicaron a menospreciarla. En cambio, en la medida en que relaciona componentes de la biodiversidad y conocimiento tradicional –ambos siempre en la mira de los biopiratas internacionales–, ha estado siempre en la agenda de las organizaciones de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos.
La Convención sobre la Diversidad, en este caso biológica, se refiere por igual a ecosistemas, especies y recursos genéticos. Desde luego, sabemos que, como se reconoció recientemente (COP-15), existe una estrecha conexión entre ésta y la diversidad cultural. Lo que seguramente nunca se aceptará en estos ámbitos es su relación con territorios concretos, asiento de comunidades específicas cuyo dominio reclaman. Es más –y aquí comienza la discusión de fondo, a la vez filosófica y política– el discurso de la biodiversidad, que sólo toma fuerza en los años ochenta del siglo pasado, no se refiere a la trivialidad de que existe una infinidad de seres vivientes sino a la visión que tenemos de ellos. O sea que tiene de por sí un contenido cultural. Expresa un tipo de relación entre naturaleza y sociedad.
Por eso podemos afirmar que tal discurso surgió, no de una interrogación epistemológica sino precisamente como una preocupación, en un momento dado, por lo que se consideraba una pérdida que estaba afectando el funcionamiento de los ecosistemas y por tanto los “servicios” que éstos prestan en el engranaje económico y para el desarrollo. En contraposición, los movimientos sociales territoriales suelen expresar otras visiones, otro tipo de relación entre naturaleza y sociedad. La biodiversidad es, en consecuencia, un discurso en disputa.1
Lo que está en juego, por lo tanto, es el aprovechamiento de la biodiversidad. De hecho, el Convenio, que entró en vigor en 1993 (para Colombia en 1995) y fue ratificado por 196 Estados (Partes)2 va más allá de la protección y se propone tres objetivos fundamentales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su implementación es por lo tanto, como en las otras convenciones, un asunto complicado. Como es obvio, no basta con las buenas intenciones. Cómo hacer para detener la pérdida de la biodiversidad? Es posible restaurarla? Pero sobre todo: ¿A qué se comprometen los Estados? Las deliberaciones en las Conferencias de las Partes suelen ser insuficientes y sus decisiones poco ambiciosas. Poco a poco el segundo objetivo cobra la mayor importancia. Tan sólo en dos temas delicados y de gran interés económico se ha llegado a acuerdos explícitos y de mayor detalle, formalizados en dos Protocolos. El primero, de Cartagena (1999) sobre seguridad de la biotecnología, que busca conjurar la amenaza que representa la difusión de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que conocemos como “transgénicos”. Y el segundo, de Nagoya (2010) sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización.
Nagoya, 2010: el Convenio al desnudo
Entraba el nuevo siglo y se hacía evidente que lo más importante, en realidad, era el establecimiento de las reglas de juego para la competencia entre las empresas multinacionales (y detrás de ellas las grandes potencias) por la explotación, a través del desarrollo de la biotecnología, de los recursos que nos brinda la biodiversidad. Pese a la pomposa proclamación de la “década de la biodiversidad” (2010 – 2020), luego de reconocer el estruendoso fracaso de los “esfuerzos” realizados hasta entonces en favor de la biodiversidad, la Conferencia de Nagoya (Japón) se aplicó verdaderamente a consolidar el enfoque de la biodiversidad como mercancía y a buscar alternativas de mercado supuestamente para conservarla. Exactamente en el mismo camino que ya venía recorriendo la Convención sobre Cambio Climático.
El punto de partida “científico” fue el estudio, ampliamente celebrado, del “experto” de la India pero al servicio del Deutsche Bank, Pavan Sukhdev, “La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad”, citado siempre como TEEB por sus iniciales en inglés. Según él, había que “poner fin a la invisibilidad económica de la naturaleza”, en el mismo sentido que se habla de “capital natural” o de quienes llaman a “corregir” la teoría del valor. La crisis ambiental se originaría sencillamente en una falla en la asignación del capital. Sólo haciendo visible el valor de la naturaleza para los mercados de capitales, monetarizándolo de tal manera que se pueda contabilizar como costo, se conseguiría una reorientación de las inversiones, que permitiría racionalizar la presión, disminuir el deterioro y financiar la restauración. En otras palabras: vista la imposibilidad de detener a los impulsores de la pérdida de biodiversidad (como la minería, los monocultivos y la ganadería extensiva), mediante intervenciones públicas, es más razonable y efectivo aumentar el costo de destruir.
Se comprenderá de inmediato la enorme dificultad que representa tratar de poner precio a la diversidad biológica o a las funciones de los ecosistemas (“servicios ambientales”) a cuya integridad contribuye. Para ello, por cierto, es indispensable tener conocimiento y claridad sobre sus usos, patrimonio cultural de las comunidades locales. Años llevan los economistas liberales tratando de elaborar modelos aceptables, pero es el propio mercado el que siempre termina dando la última palabra. Sin embargo, la preocupación por la valoración no tiene que ver con la conservación sino con la posibilidad de abrir aquí una nueva oportunidad de negocio. De ahí la importancia que adquirieron los recursos genéticos que son como la expresión y la síntesis de los componentes o aspectos de la biodiversidad. A este tema que ya había sido enunciado desde la aprobación de la Convención, se dedicó el ya mencionado Protocolo de Nagoya.
De la discusión a la confrontación
Cabe aquí referirnos entonces a la naturaleza de las confrontaciones políticas que se escenifican en estas Conferencias. En términos generales, encontramos dos grandes fuerzas, que en la geopolítica corresponden a una de las tantas asimetrías: mientras que los poderosos países llamados desarrollados del centro son la cuna de las grandes empresas, responsables en su mayor parte de la pérdida de la biodiversidad, es precisamente en el mundo periférico llamado en desarrollo en donde ésta se encuentra. Al mismo tiempo, mientras que en este último se cuenta con el conocimiento tradicional que va junto con la biodiversidad, es en los países poderosos en donde se registran los mayores desarrollos en la biotecnología. Y es ésta la que cuenta para la acumulación de capital.
Sobra, pues, explicar la razón por la cual el debate tenía que darse en torno a las reglas para el acceso a los recursos genéticos y –obsérvese bien! – a los conocimientos tradicionales Ambos se constituyen, con un discutible valor agregado biotecnológico, en materia de derechos de propiedad intelectual (patentes y otros) que son la base de los monopolios de grandes empresas como las farmacéuticas y las de alimentos (semillas). Téngase en cuenta que, paralelamente, desde 1994 con la creación de la OMC y los innumerables Tratados de Libre Comercio se venía reforzando la protección de tales derechos en favor del capital.
La transacción finalmente se dio en torno a la “repartición de los beneficios”. ¡Todo es cuestión de plata!, diría un chistoso. Brasil, a la cabeza de un grupo de países de África, América Latina y el Caribe condicionó la aprobación del Plan Estratégico (Objetivos Aichi), el de las metas a 2020, por cierto fundamentado en la mercantilización, al acuerdo sobre una forma de reparto. Pero la confrontación no fue sólo entre los Estados, también libraron la batalla organizaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes de América, y comunidades campesinas también de África y Asia, de un lado, y fuertes grupos de presión de las grandes Corporaciones farmacéuticas y de semillas, del otro. Es claro que finalmente decidieron los gobiernos sin que hubiera un claro apoyo de parte de las organizaciones populares.
Dos aspectos resaltan aquí como lecciones. El primero, que el debate de fondo sobre la noción misma de Biodiversidad que, como sabemos, encierra múltiples valores, incluidos los culturales y espirituales, había sido sepultado por el aparente consenso de la mercantilización. El segundo, que la relación de fuerzas entre Estados no basta para revelar el conflicto social y político que se encuentra debajo. Muestra de ello fue la posición de Brasil, el gobierno de Lula, en la activa promoción de los agrocombustibles, hasta el punto de oponerse a la aplicación en este caso del principio de precacución. Desde antes de la conferencia centenares de organizaciones sociales de Brasil le habían solicitado a su gobierno que, por lo menos, apoyara la incorporación de este principio.
Lo que encuentra y lo que busca el gobierno
Una vez más, al igual que diez años atrás, en 2020, terminando la publicitada “Década de la Biodiversidad”, el balance no podía ser más desastroso. Recogiendo las evidencias ofrecidas por numerosos estudios e informes, en la decimoquinta COP que se llevó a cabo en dos partes, una en Kunming (China) en 2021 y otra en Montreal (Canadá) en diciembre de 2022, se concluía con fundada alarma: “a pesar de las iniciativas en curso, la diversidad biológica se está deteriorando en todo el mundo a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad”. Afirmación que aparece en el Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica3, aprobado allí como un Plan Estratégico 2022 – 2030, periodo que seguramente fue escogido para que su terminación coincidiera con la de la Agenda 2030, los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. También una vez más, para el órgano principal de la Convención, la única respuesta es promulgar un documento especial (Marco), en este caso en lenguaje políticamente correcto, pero circunscrito a reafirmar aspiraciones y proporcionar orientaciones.
El Marco, después de algunas consideraciones, especialmente de derechos humanos, propone cinco objetivos y 23 metas. Poco cambia en relación con el enfoque que se traía, salvo la renovada insistencia en que la responsabilidad no sólo es de los gobiernos sino de la sociedad, identificando en ella las comunidades locales pero también las empresas privadas. Por ejemplo, se habla de los “impulsores” de la pérdida de biodiversidad pero los clasifica en “directos”, como el cambio de uso del suelo pero nada dice de los “indirectos” como los grandes proyectos de monocultivos.
Ahora bien, aunque se habla de “medidas urgentes” se limita a indicar el propósito (aumentar, reducir, etc.), como dejando en manos de los Estados la facultad de hacerlo… o no hacerlo. Curiosamente, en la presentación pide a la Secretaria Ejecutiva que analice los programas de trabajo del Convenio para ponerlos en este nuevo contexto y que, en consecuencia, impulse proyectos de actualizaciones de los mismos. Da la impresión de que se trata de una fase de transición pues de los resultados de este proceso se daría cuenta precisamente en la 16a reunión de la Conferencia de las Partes. Quiere decir entonces que en ésta no habrá discusiones ni decisiones sustantivas sino una verificación de los avances.
Desde este punto de vista, al Gobierno colombiano sólo le queda allí como tarea presentar su Plan Nacional de Biodiversidad, a menos que contemple una intervención disruptiva encaminada a cambiar los fundamentos sobre los que viene avanzando la Convención. Empero, no parece que esa haya sido nunca su intención. Al contrario, tal como se sugirió al principio, tres son sus objetos de interés. El primero, la realización del evento por sí misma, por sus impactos positivos nacionales e internacionales. El segundo, la obtención de financiación de la cooperación internacional. De hecho, el propio Marco propone optimizar “los beneficios colaterales y sinergias de la financiación destinada a la diversidad biológica y a la crisis climática”. Y el tercero, la apertura de nuevas oportunidades de negocios.
En realidad, la motivación de fondo general, tal como lo confirman las declaraciones de la Ministra de Ambiente, está en la línea de la oportunidad de negocios. En primer lugar, por los importantes recursos que llegarían por cuenta de los miles de visitantes y el efecto dinamizador sobre la economía local, e incluso nacional. En el mediano plazo se cuenta con el efecto de atracción que ha de producir la imagen del país de la belleza. Por ejemplo en el incremento del turismo. Y éste es apenas uno de los proyectos de aprovechamiento rentable de los servicios ecosistémicos. También se aspira a atraer importantes inversiones para la explotación “sostenible” de los recursos de la biodiversidad. La Ministra cuenta, por ejemplo, que ya se tienen registradas y estudiadas un número de 2000 plantas de la Amazonia, que podrían ser utilizadas en la industria de cosméticos.4
¿Ingenuidad o realismo político?
Si algo llama la atención en la política y en el manejo que le está dando el Gobierno, tanto a la cuestión de la biodiversidad como a su participación en la COP, es que parece no estar enterado de lo que ha ocurrido en los últimos casi treinta años; las discusiones que ha suscitado y las luchas sociales que ha provocado. Definitivamente, pese a la juventud de muchos de los funcionarios, no es algo que se pueda creer y en todo caso es inaceptable.
Lo más grave es lo referente a las luchas sociales. Como se señaló anteriormente, fueron las organizaciones de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas locales de todo el mundo quienes se opusieron, incluso desde antes de la aprobación de las Convenciones, a las pretensiones de mercantilizar la Madre Tierra, ya fuese en la forma de especies (componentes de la biodiversidad), semillas, recursos genéticos o servicios ecosistémicos. Y a lo más delicado: la mercantilización de su propio conocimiento ancestral gracias al cual los capitalistas habían podido identificar los bienes y servicios objeto de valorización. En principio se veía como puro y simple saqueo. Se oponían a la noción misma de “patentamiento”, así fuese en su favor, lo mismo que a la propuesta de pago por el acceso, así fuese a la comunidad. Ponían en duda hasta la validez de la cesión de una parte de los “beneficios” a los países como tales, es decir a los Estados, en nombre de la soberanía nacional. Importantes fueron las luchas contra la difusión de los transgénicos, y la promoción de los agrocombustibles.
De todo ello dan cuenta numerosos documentos escritos y audiovisuales. En Colombia, por ejemplo, durante la segunda mitad de los años noventa se realizaron varios foros indígenas, de afrodescendientes y académicos sobre esta cuestión. Una muestra de ello es el libro “Diversidad Biológica y Cultural”, preparado por el interinstitucional Grupo Ad ahoc sobre Diversidad Biológica, que recogió las posiciones de algunas organizaciones indígenas y afros y los principales aspectos en debate5. Las denuncias y protestas continuaron durante la primera década del presente siglo. Quizá la manifestación más importante haya sido la expresada en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre cambio climático y derechos de la Madre Tierra realizada en Cochabamba, Bolivia, en abril de 2010. Manifestaciones similares se llevaron a la llamada nueva Cumbre de la Tierra, “Río + 20” en junio de 2012. Allí se advirtió sobre los nuevos y enormes riesgos provenientes de la biología sintética y la ingeniería genética, en el contexto de las falsas soluciones de la “Economía Verde”.6
La resistencia –principalmente contra la propuesta de “pago por servicios ambientales, como compensación”– ha continuado hasta hoy. Frente a la COP – 15 en Montreal, las organizaciones sociales denunciaron la “captura corporativa” de las Conferencias y la farsa de los mecanismos formales de “participación” de la sociedad civil. Impugnaron las tendencias actuales de la biotecnología que representan parte de las amenazas a la biodiversidad tales como la digitalización de secuencias genéricas de organismos y su inclusión en “bancos” digitales, desde luego con miras al patentamiento, y los “impulsores genéticos” o “gene drives”, una biotecnología que lleva a resultados similares a los transgénicos pero con peores efectos sobre la biodiversidad. No fueron, sin embargo, tema de discusión7.
Por eso no es de extrañar que se haya programado, por parte de organizaciones ambientalistas y sociales independientes, realizar en esta ocasión, simultáneamente una “COP Divergente”, ambientalista, ciudadana y autónoma, como epicentro del análisis y la crítica durante dos días de conversatorios (octubre 26 y 27). Se pretende internacional, pero es claro que la limitación en los recursos no lo permitirá8. En todo caso va en el mismo sentido de los centenares de eventos similares que hemos hecho, desde hace décadas, en todo el mundo, alternos a las “Cumbres” de mandatarios y de instituciones multilaterales. El gobierno no lo ha visto con buenos ojos, supone que siendo del pueblo, es injusto que se le trate con desconfianza. Además existe en la COP una zona “Verde” para que la sociedad civil se exprese. Poco a poco se incrementa la sensibilidad. Obviamente, lo angustia una gran preocupación: que se genere un mal ambiente en torno a un evento que considera crucial.
Los tiempos han cambiado, pero cómo no recordar que hace muchos años, en 1971, un evento también internacional en Cali, los “Juegos Panamericanos”, considerado por el Gobierno y la oligarquía caleña, una vitrina ante el mundo, fue el centro de las preocupaciones en momentos en que se desarrollaba un movimiento estudiantil y universitario que a su juicio podía entorpecerlo. La reacción represiva fue desproporcionada; las consecuencias fueron nefastas.
1 Ver Escobar, Arturo, “El final del salvaje” Instituto Colombiano de Antropología – CEREC, Bogotá, 1999.
2 Como de costumbre, Estados Unidos lo firmó pero nunca lo ratificó.
3 Convention on Biological Diversity, https://www.cbd.int › doc › cop-15-l-25-es
4 Se puede consultar en la Multimedia del Ministerio: www.minambiente.gov.co
5 Grupo Ad Hoc, “Diversidad Biológica y Cultural, Retos y propuestas desde América Latina”, ILSA, Bogotá, 1998.
6 El Grupo ETC de Canadá (antes RAFI) ha venido trabajando, desde entonces, de manera muy juiciosa en estos asuntos de gran complejidad. Consultar en www.etcgroup.org
7 https://capiremov.org/es/analisis/la-biodiversidad-se-colapsa-disputas-corporativas-en-la-cop15/
8 Ver Convocatoria e información complementaria en: https//indepaz.org.co/revista-debate/
Suscríbase
https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=susc
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