La proliferación de incendios forestales a principios de 2024 no obedece, como varias voces lo han manifestado, a hechos aislados, y sí a un momento límite de la humanidad en el cual los gobiernos, en sus distintas escalas, deben tomar decisiones con la gente.
El gobierno de Carlos Fernando Galán debió asumir, por azares de la época, un reto decisivo en cuanto a la promulgación de políticas públicas con destinación presupuestal que permitan la adaptabilidad al cambio climático en Bogotá. Sin embargo, sus decisiones “basadas en la evidencia” han partido de pragmatismos tecnócratas que no tienen en cuenta a la ciudadanía en la toma de decisiones que repercuten en la colectividad, sobre todo en la población más vulnerable.
Actualmente, a propósito de la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura 2024–2027”, Acuerdo 927 de 2024, se previeron una serie de instrumentos que permiten jalonar la discusión sobre el cambio climático en la escala distrital, pero que se quedan cortos en tanto no existen mecanismos que permitan la sinergia entre actores y, además, la sincronización entre políticas públicas vigentes.
Antes de abordar con profundidad el contenido del PDD y de su Plan Plurianual de Inversiones, es importante destacar que en la ciudad existe una política pública de acción climática (documento Conpes distrital 31) que se estructuró sin reconocer la intrínseca relación entre la gestión del riesgo y el cambio climático. De hecho, al no existir esta armonización, se desconoce el artículo 11 de la Ley 1931 de 2018, que establece que:
“La articulación y complementariedad entre los procesos de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres se basará fundamentalmente en lo relacionado con los procesos de conocimiento y reducción de riesgos asociados a los fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos y a las potenciales modificaciones del comportamiento de estos fenómenos atribuidos al cambio climático. Esto aplicará para su incorporación tanto en los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales como en los Planes Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo y demás instrumentos de planeación definidos en el capítulo III de la Ley 1523 de 2012”.
Por lo tanto, es indispensable que la ciudad, en el desarrollo de las metas y artículos del PDD vigente, pueda ir saneando los vacíos de las normas predecesoras. De hecho, con ocasión de la discusión del PDD1 se lograron consolidar algunas metas y artículos en los cuales los sectores de oposición quisieron aportar, y que pueden ser un punto de partida, siempre y cuando se cuente con la participación de distintos actores comunitarios.
En sincronía con lo descrito, el documento anexo a la promulgación del Plan de Desarrollo, denominado Metas de Producto, estableció que se realizarán “1.182 procesos de participación ciudadana para la mitigación de las situaciones ambientales conflictivas y para la gestión comunitaria del riesgo de desastres”. A su vez, se plantea la vinculación de “2.302.200 personas en acciones de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad, el agua y la gestión de riesgos de desastres”, lo que constituye un punto de partida importante para auspiciar una discusión sobre la gobernabilidad en la gestión de riesgos de desastres y su relación directa con el cambio climático.
Lo anterior implica, en términos de la discusión política sobre la ciudad, el fortalecimiento de los distintos actores del SDGR-CC, a partir de la institucionalización de la gestión comunitaria del riesgo. Hay experiencias latinoamericanas exitosas que pueden ser el punto de lanza para la puesta en marcha de un proceso participativo en la ciudad. Ahora, no solo depende de la voluntad política de turno, sino también de la capacidad de iniciativa y de imaginación de las comunidades que sienten en cuerpo propio las afectaciones de la variabilidad climática y la ausencia de instrumentos efectivos para su gestión.
Experiencias como la del barrio El Pacífico, ubicado en la ladera nororiental de la ciudad de Medellín, son la prueba fehaciente de que el diálogo interinstitucional y la visión de lo comunitario desde un enfoque participativo incidente/vinculante son claves para el diseño de planes comunitarios de conocimiento y reducción de desastres. Asimismo, el proceso liderado por Raquel Rolnik en Brasil, a través de un observatorio de desalojos en zonas de remoción en masa, permite que sean las comunidades las directamente encargadas de mapear sus condiciones de vulnerabilidad para actuar de manera acertada.
¿Y cuál es el rol del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en este proceso? En el marco de la discusión del PDD se propuso como meta “Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente”, si bien es una labor loable, le debe corresponder a la entidad tener un rol estratégico en la coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, que implica la disposición de recursos presupuestales que garanticen su efectividad. No obstante, esta prioridad no aparece en lo proyectado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, pese a que en la retórica se manifiesta como una necesidad, en la práctica, tanto en la armonización presupuestal, como en el cupo de endeudamiento propuesto para la ciudad, no hay menciones al respecto.
Por todo lo anterior, es posible afirmar que la emergencia causada por los incendios de los cerros orientales es solo una situación en la amalgama de problemáticas derivadas del cambio climático, y por ello es urgente que se puedan tener en cuenta observaciones que han construido distintos sectores de la ciudad que guardan una estrecha relación con las discusiones sobre la gestión del riesgo desde un enfoque participativo.
Tal como se planteó en su momento por parte de Sintraidiger, se requiere para la ciudad una política pública de gestión del riesgo y cambio climático que garantice superar el paradigma de respuesta a emergencias, hacía un enfoque que auspicie el conocimiento y la gestión, de la mano de las comunidades.
De hecho, en el marco de la emergencia por los incendios, se creó en el Concejo de Bogotá la Subcomisión de vigilancia y control de emergencia ambiental causada por los incendios en los cerros de Bogotá D.C, en la cual, a partir de una deliberación entre actores políticos diversos se sugirieron a la administración la reconfiguración de políticas y la necesaria disposición presupuestal para cumplir con los objetivos de mitigación, gestión del riesgo y adaptabilidad al cambio climático.
Unas de las principales recomendaciones, que pueden nutrir la discusión propositiva de los procesos, organizaciones y ciudadanía, tienen como punto de partida el acuerdo 546 de 2013 que le otorga facultades al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático para su gestión territorial. La posibilidad de construir mecanismos de alertas tempranas – dispositivo dispuesto en la normatividad–, junto a las comunidades, permitiría mitigar o prevenir desastres naturales, crisis humanitarias o emergencias de cualquier tipo.
Sumado a lo anterior, existen serias dificultades para orientar las acciones en la medida en que no se han dispuesto, por parte de la actual administración, recursos solidos para una entidad tan estratégica. El Instituto posee un déficit presupuestal de entre 20 y 30 mil millones, lo que imposibilita en la practica el desarrollo de estrategias de gestión del riesgo, mitificación e involucramiento de las entidades.
En definitiva, la gestión comunitaria del riesgo debe avanzar hacia una mayor participación ciudadana y articulación interinstitucional, como lo ha planteado el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Cambio Climático2 Carlos Carrillo. El enfoque del gobierno nacional es fortalecer la prevención y mitigación a través de la colaboración con las comunidades, lo que resalta la importancia de integrar a los actores locales en la planificación y respuesta ante desastres. Esto es fundamental para abordar los desafíos derivados del cambio climático y la creciente vulnerabilidad de las áreas urbanas.
El Instituto, en línea con este enfoque, está avanzando en la estructuración de propuestas de gestión comunitaria del riesgo en zonas vulnerables como los barrios colindantes a la quebrada Yomasa en Usme, la quebrada Limas en Ciudad Bolívar, y la Isla del Sol en Tunjuelito. Estos proyectos buscan no solo mitigar riesgos, sino también potenciar iniciativa comunitaria a través de la participación de distintos actores. Es fundamental que estas iniciativas cuenten con los recursos y el respaldo adecuado para ser efectivas y garantizar que las políticas de gestión del riesgo se implementen de manera eficiente, a partir de la voz de todas y todos.
1 Plan de Desarrollo Distrital.
2 UNGRD
3 Licenciado en Ciencias Sociales, especialista en gestión y planificación del desarrollo urbano regional, líder juvenil de la localidad quinta de Usme. Secretario de Juventudes de la Federación Comunal de Bogotá. Integrante de Fuerza Común.
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