Prosigue en ascenso el conflicto armado en el país, como también el modelo socioeconómico y político que le dio origen, una realidad que va más allá de las promesas y acciones reformistas pretendidas por el actual gobierno. La violación de derechos humanos en Colombia es un problema crónico y estructural en lo político, económico, jurídico, social y cultural; es consustancial al proceso de modernización del país iniciado a mediados del siglo XX. La situación humanitaria siguió deteriorándose en 2024, según recientes informes de organismos multilaterales e internacionales.
Lo dicen funcionarios de Naciones Unidas: el desplazamiento interno, los confinamientos y factores climáticos afectaron a 935 mil colombianos, en sucesos ocurridos durante los primero 11 meses del 20241. En su informe precisan: “Estas afectaciones se concentran principalmente en las regiones del Pacífico, Noroccidente y el Caribe, donde las comunidades enfrentan una creciente vulnerabilidad debido a la interacción de estos factores”.
El foco del informe se cierra: “[…] durante este periodo, más de 313.600 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento. De estas, 176.500 corresponden a aquellos que han tenido que irse de sus regiones –un promedio de 22 cada hora–, lo que supone más del doble tanto de la cifra del mismo lapso del 2023, cuando el organismo reportó 77.800, como de la del cierre de ese año (81.000). Asimismo, al revisar el número de personas desplazadas en los primeros once meses de 2022, cuando hubo 62.400, se observa que en los dos últimos años casi se triplicó el dato”.
De otro lado, el organismo reporta que “cerca de 137.100 personas enfrentaron confinamiento, lo que agrava las condiciones de vida y bienestar. […] Este indicador se incrementó en 35,2 por ciento en un año, toda vez que en el mismo periodo de 2023 se registraron 101.400 personas confinadas. En ese lapso de 2022 el dato se ubicó sobre los 86.450.
Si bien el documento de marras recoge afectaciones por factores climáticos, lo sustancial de su observación descansa en el conflicto armado y sus impactos, un conflicto que cada día cubre más departamentos, evidencia realzada en otro informe del mismo organismo multilateral en el cual precisan que, “Si en 2021 la violencia afectaba a 156 municipios del país, actualmente se siente en 206 municipios de 28 de los 32 departamentos”2.
Es una realidad que no es ocasional y sí estructural, como permite verificarlo el último medio siglo de historia nacional, más allá del gobierno de turno y de las diversas doctrinas políticas que profesen que haya conocido y padecido el país nacional, sumiéndolo en una cultura de barbarie, deshumanización e injusticia.
Entre el trapo azul y el rojo, y algo más
Las últimas cinco décadas han significado para Colombia su ingreso acelerado en la modernización capitalista, a sangre y fuego, dejando atrás las formalidades democráticas: violación de los derechos humanos de millones de personas, arrasamiento violento de formas precapitalistas de producción y vida, expoliación de recursos, despojo de tierras productivas, desplazamientos forzosos y el ahondamiento del conflicto armado, resaltan en ello.
La acción política, económica y militar que da paso a esta crónica de la infamia tiene origen en 1970 bajo el gobierno del abogado huilense y miembro del Partido Conservador, Misael Pastrana Borrero, último presidente del Frente Nacional (1958-1974), pacto entre la oligarquía representante de los partidos del establecimiento, liberal y conservador el cual fue suscrito con el fin de perpetuarse en el poder y excluir cualquier otra fuerza política alternativa democrática, cuyo gobierno debió afrontar serios problemas de orden público a causa del fraude electoral que en contubernio con la administración de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y las directivas del partido liberal y del conservador le hicieron a la Anapo (Alianza Nacional Popular) en 19703.
El gobierno de Misael Pastrana (1970-1974), da cuerpo al Plan de Desarrollo “Las cuatro estrategias” diseñado, con la asesoría de una Misión del Banco Mundial, el cual tuvo como objetivo acelerar la ampliación de las lógicas económicas y sociales capitalistas a todo el territorio nacional, a la vez que promovió la desaparición sistemática de las formas precapitalistas de producción y de las comunidades tradicionales o premodernas mediante: i) la concentración del poder económico bajo el liderazgo del capital financiero; ii) la modernización del campo, acabando con la pequeña producción campesina y propiciando la expulsión de la población rural excedente a las zonas urbanas, mediante acciones públicas en favor del “desarrollo urbano”; iii) el incremento de la productividad agraria y fomento de la agroindustria capitalista de exportación; iv) la aprobación de políticas públicas asistencialistas dirigidas a las capas más pobres de la población.
Desde sus inicios, su administración reveló la naturaleza fundamentalmente elitista, violenta y represiva del Estado. En ejercicio de sus facultades, el Presidente dictó “medidas relacionadas con la conservación del orden público y su restablecimiento en el territorio nacional”, a través del Decreto 253 de 1971, permitiéndole al Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S) elaborar listas de la población civil para someterla a vigilancia policiva, teniendo esta última que informar permanentemente cualquier actividad, relación o desplazamientos; de no hacerlo “serán sancionados con arresto inconmutable”. Con el fin de mantener el statu quo, se volvió costumbre en Colombia que los aparatos de seguridad del Estado encarcelen, torturen o desaparezcan a todo disidente o quien “atente contra la paz pública o el orden institucional”, tal como lo establece el decreto mencionado.
Adicionalmente, Misael Pastrana promovió el Pacto de Chicoral, acuerdo firmado entre su gobierno, congresistas y terratenientes o latifundistas, el 9 de enero de 1972 en el centro poblado Chicoral en el municipio de El Espinal (Tolima), con el fin de frenar el intento de reforma agraria promovida en los gobiernos anteriores. En paralelo, orientó la violencia estatal en contra del movimiento campesino que aupaba la reforma agraria, logrando debilitar su organización y lucha. Entre 1949 y 1991 Colombia vivió más de 30 años bajo estado de sitio.
Esta excluyente modernización promovida por la oligarquía criolla, respaldada por los organismos multilaterales neocoloniales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), el gobierno estadounidense y las corporaciones transnacionales, se ha mantenido a lo largo del tiempo hasta la actualidad, y para hacerla efectiva no importan formas, estilos, desconocimiento de derechos, todo ello actuaciones poco sacras por parte del establecimiento. Sus efectos, tras 56 años de terror, están ante los ojos del país nacional.
En efecto, en el lapso de tiempo analizado, el número de víctimas ocasionado por los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado suma 10,6 millones de personas o civiles no beligerantes (cada individuo cuenta una sola vez, independiente de ser víctima de varios hechos simultáneos o en el tiempo). Según la RNI –Red Nacional de Información–, los hechos victimizantes está clasificados en 15 categorías: Abandono o Despojo Forzado de Tierras; Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos; Amenaza; Confinamiento; Delitos contra la libertad y la integridad sexual; Desaparición forzada; Desplazamiento forzado; Homicidio; Lesiones Personales Físicas y/o Psicológicas; Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo; Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles; Secuestro; Tortura; y Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes (gráfico).
La evolución de la “variable número de víctimas por el conjunto de hechos victimizantes en relación con el volumen de población” presenta un comportamiento diferencial al registrar su frecuencias y dinámicas según el nivel nacional o el departamental: a nivel nacional, una de cada cinco personas ha sido víctima directa del conflicto armado; en zonas de explotación minero-energética o con presencia de cultivos de uso ilícito se eleva significativamente esta proporción, en Arauca, por ejemplo, el 58,9 por ciento de la población ha sido afectada personalmente por la guerra.
Durante el periodo histórico analizado, el promedio anual de víctimas del conflicto armado en el país es de 605 personas por cada cien mil habitantes (una guerra que ha costado la vida de al menos 300.000 connacionales, desplazado a cerca de siete millones y el despojo violento de 8 millones de hectáreas productivas a campesinos y pueblos originarios).
No obstante, la variación de este promedio de víctimas anuales por intervalos de períodos presidenciales es muy alta: el coeficiente de dispersión o de variación es de 85,5 por ciento (relación entre la desviación estándar y la media estadística). En consecuencia, el rango de variación anual es de 2.042 víctimas por cada cien mil habitantes, con un valor mínimo de 81 personas durante el gobierno del abogado antioqueño Belisario Betancur (1982-1986) quien intento hacer un acuerdo de paz entre el gobierno y los grupos insurgentes basado en reformas democráticas y sociales, proceso que fue saboteado por las fuerzas militares, terratenientes, paramilitares y las élites de la clase dominante; el valor más alto alcanza una cifra de 2.123 víctimas por cada cien mil habitantes en el año 2002, durante los gobiernos derechistas, guerreristas y pro paramilitares del abogado bogotano Andrés Pastrana (1998-2002, hijo de Misael Pastrana) y del abogado y terrateniente antioqueño Álvaro Uribe (dos gobiernos consecutivos: 2002-2010).
La barbarie y la deshumanización provocada por este conflicto alcanzó niveles delirantes durante estos dos gobiernos representantes de la oligarquía, la extrema derecha y los latifundistas colombianos: el promedio anual de víctimas fue de 1.300 por cada cien mil habitantes. Durante los años 1998-2010, bajo la sombrilla del Plan Colombia (una estrategia, diseñada y financiada por el gobierno estadounidense, consistente en fortalecer el terrorismo de Estado y profundizar la guerra en contra de la población popular y los grupos insurgentes) y la asesoría e involucramiento directo del imperio del Norte, se impuso desde el Estado un ambiente de angustia y hostilidad que afectó a las clases trabajadoras y populares; cualesquiera que sean las manifestaciones de la angustia, siempre están presentes dos factores: i) un peligro abrumador, ii) la indefensión frente al mismo. Lo más execrable de este período histórico lo constituyeron los “falsos positivos” o “ejecuciones extrajudiciales” realizados principalmente por miembros del Ejército Nacional por orden emitida del alto gobierno; estos hechos consistían en bombardeos indiscriminados y el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno, principalmente entre 2002 y 2008; según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el número de víctimas suma 6.402, en su mayoría personas jóvenes (entre 14 y 28 años de edad), que vivían bajo condiciones de pobreza extrema, desempleo, exclusión y vulnerabilidad.
Durante las dos administraciones del economista bogotano Juan Manuel Santos (2010-2018) se realizaron esfuerzos por acabar con el conflicto armado que acumulaba cerca de ocho décadas (realmente se trató de un proceso de pacificación, desarme y desmovilización de las Farc-Ep). Santos había sido el ministro de defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe en los años cúspide de los falsos positivos. Después de cuatro años de negociaciones, Santos logró un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (Farc), el que sin embargo fue rechazado, si bien por un estrecho margen, en un plebiscito impulsado por el gobierno. Mientras la guerra sea más rentable que la paz, habrá conflicto armado en Colombia. Pese a todo, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se firmó en 2016. En los años 2016-2017, el promedio anual de víctimas generadas por la guerra civil en Colombia descendió a 224 por cada cien mil habitantes.
A partir de 2018, el número de víctimas por el conflicto armado retornó a su tendencia ascendente. La administración del abogado bogotano Iván Duque (2018-2022), un presidente pusilánime y genuflexo ante el caudillo Álvaro Uribe que lo impuso, socavó el Acuerdo de Paz y obstaculizó su implementación. Los cuatro años de su gobierno se caracterizaron por el incumplimiento de los programas pactados, el distanciamientos de las comunidades más afectadas por la guerra, la falta de voluntad para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y exguerrilleros en proceso de reincorporación a la vida legal, la violación flagrante de derechos humanos y la persecución criminal de la oposición y de toda manifestación en contra de su administración. El promedio del número de víctimas del conflicto armado se elevó a 334 por cada cien mil habitantes en su último año de gobierno.
Para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, el PND 2022-2026 propuesto por el presidente Petro está compuesto por cinco grandes transformaciones: Derecho Humano a la Alimentación, Ordenamiento del territorio alrededor del agua, Seguridad Humana, Economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático y Convergencia regional. El primer eje transversal del PND es la Paz Total, entendida como una apuesta participativa, amplia, incluyente e integral para el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; con estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. No obstante, la realidad es muy testaruda, se resiste a cambiar. En los dos años transcurridos del gobierno de la coalición política Pacto Histórico, la violencia, la guerra civil y la violación de derechos humanos mantienen su inercia: en 2023 el número de víctimas del conflicto armado por cada cien mil habitantes fue de 398 y en 2024 superó la cifra de quinientos.
En los orígenes
Regresando a la década de 1970, los dos gobiernos que sucedieron a Misael Pastrana: el del abogado bogotano Alfonso López Michelsen (1974-1978, hijo del expresidente Alfonso López Pumarejo) y el del autodidacta bogotano Julio César Turbay Ayala de ascendencia libanesa, (1978-1982) continuaron con la política y los programas de modernización violenta, deshumanizadora y excluyente. Durante el gobierno del primero, la inflación y la financiarización de la economía llevaron a la miseria al pueblo trabajador quienes se expresaron en un histórico paro cívico que fue reprimido salvajemente por el Estado, persiguiendo, desapareciendo y asesinando a los líderes populares; el segundo dictó el Estatuto de Seguridad, expresión máxima del estado de sitio, en ejercicio del artículo 121 de la Constitución Nacional que institucionalizó la persecución y el encarcelamiento de los opositores, además del desconocimiento, violación y pérdida de garantías de los derechos humanos. El Estatuto de Seguridad y su aplicación sobresale como un momento de desconcierto, dolor y zozobra dentro de los sectores sociales organizados y comprometidos con el avance social. La promulgación del Estatuto de Seguridad el 6 de septiembre de 1978, a un mes de posesionado el nuevo gobierno, desencadenó un repertorio de actuaciones alarmantes de las fuerzas militares y de policía: allanamientos de domicilio sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada, consejos verbales de guerra para juzgar a civiles, hechos que constituyeron una falta de garantías y libertades constitucionales flagrantes, en resumen, de violación sistémica de derechos humanos.
La década de 1970 también se caracteriza por la irrupción de los carteles del narcotráfico y de los ejércitos paramilitares como actores político, social, cultural y económico, que ingresan activamente a la guerra contrainsurgente y a la alianza orgánica con la oligarquía colombiana y su proyecto político-económico-cultural modernizante, excluyente, mafioso y forzoso.
El “modelo paramilitar” es funcional y estratégico en la imposición autoritaria de esta modernización violenta y excluyente. Este modelo surge de la alianza entre grupos armados legales e ilegales con empresarios, ganaderos, agroindustriales y transnacionales, que buscan su expansión territorial y el control poblacional con fines económicos, sociales, políticos, ideológicos y hasta religiosos. Desde entonces, todas las campañas políticas, de derecha, centro e izquierda, son permeadas por el financiamiento e influencia del narcotráfico y los paramilitares institucionalizados.
Para las primeras décadas del siglo XXI, el proyecto paramilitar, narcotraficante y modernizador de la extrema derecha alcanza el cenit al permear toda la institucionalidad pública, desde la Presidencia de la República hasta los ámbitos de poder local, tomarse las alcaldías y gobernaciones, controlar amplios territorios del país y ser dueños de importantes empresas de agroindustria, servicios de seguridad y del sector minero-energético. La institucionalidad colombiana quedó cobijada bajo la denominación de “Narco-Estado” o “Estado mafioso” al servicio de una oligarquía lumpen, gansteril y controlada por organizaciones políticas de perfil criminal y corrupto.
En paralelo la globalización neoliberal se convirtió en política general durante la década de 1980 y se fortaleció a partir de la década de 1990. Los gobiernos del ingeniero y empresario cucuteño Virgilio Barco (1986-1990) y del economista pereirano César Gaviria (1990-1994) se caracterizan por la privatización del Estado y por dar el mayor impulso a la materialización de la doctrina neoliberal iniciando un periodo de tránsito y ajuste dentro del periodo previo y el nuevo marco constitucional, razón por la cual durante sus gobiernos se hicieron notables reformas legislativas, laborales, económicas y de seguridad, con el ánimo de modernizar el país desde una perspectiva capitalista radical y excluyente a nivel estructural. Sin duda, la apertura económica fue una de las propuestas de mayor impacto.
No obstante, al finalizar la década de 1990, Colombia era considerada un Estado fallido, término empleado para describir un Estado soberano que, se considera, ha fallado en: controlar la totalidad del territorio, garantizar el funcionamiento normal de la administración general, estabilizar la economía, asegurar el acceso a servicios básicos a su población, avalar el ejercicio universal de los derechos humanos y eliminar la criminalidad y/o terrorismo, entre otros.
En el año 1990, en el marco del proceso de las elecciones presidenciales fueron asesinados, de una parte, Bernardo Jaramillo Ossa, dirigente agrario en el Urabá antioqueño y candidato presidencial de la Unión Patriótica y, de otra, Carlos Pizarro León Gómez, candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, primer movimiento que surgió del M-19 tras su desmovilización. Las elecciones presidenciales de Colombia de 1994 llevaron al abogado y economista bogotano Ernesto Samper a ocupar la presidencia de la república (1994-1998); el triunfo se vería opacado y deslegitimado por el escándalo del proceso 8.000 que revelaría que las campañas presidenciales de Samper y Pastrana fueron financiadas e influídas políticamente por los carteles del narcotráfico y organizaciones paramilitares. Desde entonces, hasta ahora, es cínicamente abierto el contubernio entre narcotráfico, paramilitares, mafia, empresarios, banqueros y política en Colombia; sin importar si son gobiernos de derecha como el de Iván Duque (2018-2022) o de izquierda como el de Gustavo Petro (2022-2026), en las dos recientes campañas los carteles del narcotráfico realizaron abiertamente sus “inversiones” y fueron “apalancadores” estratégicos en el triunfo de uno u otro.
Pese a todo, la Carta Constitucional de 1991 propició, por lo menos formalmente, la transición hacia el Estado social y democrático de derecho. La nueva estructura jurídica y la declaración de nación multiétnica y pluricultural dieron origen a las políticas públicas poblacionales y al reconocimiento de los nuevos sujetos políticos (jóvenes, mujeres, ambientalistas, pueblos originarios, etc.). La Constitución de 1991 posibilitó el empoderamiento político de la ciudadanía. Sin embargo, el Estado y la clase dominante no dieron una respuesta integral, universal y democrática a las demandas-derechos de las nuevas ciudadanías. El modelo de desarrollo tampoco buscó distribuir equitativamente sus beneficios. El desencuentro entre las ciudadanías empoderadas por una Carta Política que proclama los derechos humanos, la democracia participativa y el reconocimiento de las diferencias, de una parte, y las conservadoras, mafiosas y lumpenizadas instituciones públicas y privadas, de otra, frustró las expectativas nacidas en la nueva era. Al contrario, la guerra civil tomó mayor ímpetu y potencia.
Entre 2019 y 2021 el país vivió el estallido social más importante de su historia, activado inicialmente por la presentación de una reforma tributaria y a la educación superior y acentuado por la pandemia del covid-19. Este levantamiento social fue manifestación de esta paradoja (modernización violenta y excluyente sin modernidad ni garantía de derechos humanos) y evidenció las falencias acumuladas por décadas y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones, conciencia social, democracia participativa, acceso al poder y modelos de desarrollo.
De acuerdo con las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia de la Cidh”, en junio de 2021, las manifestaciones sociales que comenzaron el 28 de abril de 2021 se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda iniquidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la indigencia, y el insuficiente acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de corrupción, violencia, terrorismo, lumpenización del Estado e impunidad, así como la discriminación étnico-racial-regional y de género.
La evidencia empírica
A continuación veamos un resumen del comportamiento de los principales indicadores socio-económicos, evidencia empírica histórica de la argumentación. El coeficiente de Gini se utiliza para medir la distribución del ingreso. Es un índice que toma valores en el rango [0,1], donde el valor cero corresponde a la equidad absoluta y el uno a la inequidad absoluta. Durante el período 1970-2024, el Índice de Gini de concentración del ingreso en Colombia registra un valor promedio de 0,53. De acuerdo a estudios de Naciones Unidas, un valor superior a 0,50 se correlaciona con sociedades altamente conflictivas, violentas y excluyentes. La desigualdad en Colombia es bastante estructural, en el tiempo registra pocas variaciones y tiende cada vez más a una iniquidad absoluta: el coeficiente de variación es de sólo el 7,2 por ciento. El rango de variación del Gini durante estos 55 años tiene un valor de 0,14, con una cifra mínima de 0,46 en 1982 (durante la administración Betancur) y una máxima de 0,60 en 1973 (durante la administración de Misael Pastrana).
Desempleo, aquel que es involuntario a quienes lo padecen, es una característica del capitalismo. Una economía de carácter principalmente extractivista y rentista genera poco empleo productivo y digno. En Colombia, las instituciones políticas y económicas extractivas de los conquistadores españoles han perdurado, condenando a la región a la pobreza, al desempleo, la desigualdad, el atraso y la violencia. Durante el período 1970-2024, el promedio de la tasa de desempleo involuntario es de 11,4 por ciento y el índice de variación es de 22,7 por ciento. El rango de variación es de 12,1 puntos porcentuales, con un valor mínimo de 7,6 por ciento en 1994 y un valor máximo de 19,7 en el año 2000. El nivel de la tasa de desempleo es del doble en la población joven respecto al promedio nacional. La tasa promedio de desempleo en Colombia durante 2024 es de 10,3 por ciento.
Es necesario conectar la desigualdad a la pobreza. Hay una conexión estrecha entre la evaluación de la pobreza y la estimación de la desigualdad (incluida la desigualdad entre los pobres). Con el incremento de la desigualdad en el mundo, también aumenta la pobreza, la cual implica un ingreso insuficiente para cubrir las necesidades básicas. La pobreza extrema es definida como la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas de alimentación. En el año 1970, la pobreza por ingresos afectaba a dos tercios de la población colombiana; en 2024 una tercera parte de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En pobreza extrema, una quinta parte de la población sufría este flagelo en 1970; en 2024 afecta a 11,4 por ciento de las personas. Detrás de la disminución de ambos indicadores en Colombia hay cinco factores: el crecimiento económico, la difusión de la educación, un nuevo enfoque de la asistencia social, la violencia homicida y el creciente volumen de emigración de población en edad de trabajar.
El primero tuvo como consecuencia salarios más altos y mayores oportunidades de empleo. El segundo se refiere a la rápida expansión de la educación. El tercero hace referencia a la transferencia condicionada de recursos (TCR). El cuarto, el promedio de víctimas de la violencia homicida general en Colombia es de 13 mil personas asesinadas cada año (el conflicto armado, en particular, ha costado la vida de al menos 300 mil connacionales), principalmente en población que vive bajo condiciones de pobreza. El quinto, Colombia realza como la segunda nación con la mayor cantidad de emigrantes, detrás de Venezuela (emigración que quita presión a los índices de pobreza y desempleo).
Hay que tener en cuenta, además, que durante el período 1970-2024, la población total de Colombia aumentó de 20,8 millones (56,7% urbana y 43,3% rural) a 52,7 millones (76,2% urbana y 23,8% rural). En estos 55 años, mientras la población se multiplicó 2,5 veces, el valor del Producto Interno Bruto (PIB) creció 7,1 veces; en consecuencia, el PIB per cápita se multiplicó 2,8 veces.
Considerando únicamente el período 2020-2024, alrededor de 1,7 millones de connacionales abandonaron el país, para no volver, en busca de mayores oportunidades, mejor nivel de vida y seguridad económica, social y política. Consecuencia de ésta dinámica, en Colombia, durante los últimos años, las remesas enviadas por los migrantes a sus familias mantienen su importancia creciente para la economía; estos flujos benefician a millones de familias de recursos bajos, sin los cuales caerían a niveles de pobreza o indigencia aún más dramáticos.
El sistema capitalista colombiano es paradójico. En una perspectiva global del desarrollo económico a largo plazo, el aumento del PIB y de los niveles de vida es un rasgo característico. Paralelamente, la historia registra la persistente desigualdad, pobreza, desempleo y vulnerabilidad que afecta a tres cuartas partes de la población, imbricadas en las recurrentes crisis económicas y financieras, el crónico conflicto armado, la violación de derechos humanos y la destrucción del ámbito biofísico natural
En este paradójico devenir como país, la juventud se mantiene en el centro de la crisis social que pervive en Colombia. En 2024, los jóvenes desempleados suman alrededor de 1,2 millones; los “ninis”, quienes se encuentran por fuera de los sistemas laboral y educativo, agrupan a 3 millones. En total, 4.190.000 hombres y mujeres con edades entre los 14 y los 28 años se encuentran en condición de desempleados o “ninis”, esto es, una tercera parte del total de población adolescente y joven del país. En promedio, el 46,7 por ciento de los adolescentes (14 a 17 años de edad), el 41,2 de los jóvenes tempranos (18 a 24 años) y el 38,2 de los jóvenes tardíos (25 a 28 años) hacen parte del estrato socioeconómico bajo-bajo. Uno de los temas preocupantes en el país es la baja movilidad social ascendente a través de las generaciones, sin que importe mucho el nivel educativo alcanzado. De hecho, la mitad de la fuerza de trabajo que ha alcanzado niveles profesional o técnica se dedica a actividades que nada tienen que ver con su campo de formación. No sin razón Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, en visita realizada al país en septiembre anterior, sentenció la imposibilidad de la paz en el país “[…] si persiste la segregación social”4.
La pregunta a que da paso la sentencia del funcionario internacional es elemental: ¿podrá la sociedad colombiana cerrar el extenso ciclo de violencia, violación de derechos humanos y confrontación armada que la marca sin contraponer y superar de manera radical el modelo socioeconómico, político, social y cultural que la determina?
3 Esta trapacería de la oligarquía colombiana, dio origen al M-19 (Movimiento 19 de abril), nombre referente al día en que se realizaron las elecciones presidenciales y ejecutaron la adulteración de los votos ciudadanos. Cinco décadas después, un militante del M-19, Gustavo Petro Urrego, economista nacido en Ciénega de Oro, ganó las elecciones que le otorgaron la presidencia de Colombia para el período 2022-2026 a nombre de la coalición política “Pacto Histórico”.
4 https://news.un.org/es/story/2024/09/1532506#:~:text=San%20Juan%2C%20Colombia.-,No%20habr%C3%A1%20paz%20en%20Colombia%20mientras%20exista%20segregaci%C3%B3n%20social,un%20experto%20de%20la%20ONU&text=El%20experto%20en%20pobreza%20se%C3%B1ala,pobreza%20y%20el%20conflicto%20continuar%C3%A1.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia y desdeabajo.
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