El anuncio del actual gobierno bogotano de retomar bajo su mando un tema trascendental para todo poblado, como el de las basuras, obligó a políticos que por décadas se han beneficiado de las arcas colectivas, y a los negociantes que anidan a su sombra, a evidenciar sus intereses. Los medios oficiosos, sus aliados, avivaron el fuego, evidenciando tropiezos y errores de los funcionarios públicos a la hora de hacer realidad este giro estratégico.
De quién es la culpa de tales tropiezos: ¿improvisación operativa y administrativa para manejar las siete mil toneladas diarias de residuos que se producen en la capital del país? ¿Una ciudadanía poco consciente del problema ambiental en medio del cual vive? ¿Presiones coaligadas de poderes nacionales y locales, adjuntos a los medios de comunicación? Más allá de cuál sea la respuesta, y tras varias décadas de neoliberalismo que han recargado a la comunidad con altas tarifas y dudosa calidad y eficiencia en los servicios, es necesario que el Estado intervenga y controle todos aquellos temas estratégicos que afectan a la sociedad, garantizando en todos y cada uno de ellos la participación, debate y control ciudadano. En este caso es sustancial la presencia de todas aquellas personas dedicas al reciclaje callejero.
El anuncio en agosto pasado del alcalde Gustavo Petro de cambiar el modelo que durante las dos últimas décadas benefició a los empresarios privados con la recolección de la inmensidad de residuos que cada día generan los cerca de 8 millones de habitantes de la urbe capitalina, más la multitud de restaurantes y empresas instaladas en su geografía, cayó como fuego sobre las chequeras, sobre los 120.000 millones de pesos que en el último año recibieron los mismos que por años se han lucrado al prestar un servicio público pero con visión y prioridad privada.
Cuando se conoció la intensión del Alcalde de reemplazar los operadores privados del servicios de aseo, la misma élite bogotana se preguntaba si lograría un modelo más eficiente de recolección que tuviera el favor de la opinión ciudadana. Argumentos para el cambio no faltaban: el costo excesivo de las tarifas –sin el aprovechamiento del material reciclable–, el fallo de la Corte que exige incluir a la población recicladora en el programa de basuras de la ciudad, la necesidad de que los temas estratégicos que afectan a la población sean asumidos por los entes públicos, la problemática medioambiental que pese a su impacto aún no merece la atención del conjunto social, el consumo desaforado causa de la inmensidad de los desechos que se generan en la ciudad, etcétera.
Aspectos, todos estos, de enorme importancia. Consciente de ello, el gobierno distrital quiso retomar el asunto de las basuras como agenda estratégica, bautizada como “Bogotá Basuras Cero”. Pero una cosa es el deseo y otra la realidad. Ante el anuncio oficial de crear una empresa para recoger la basura, dejando a un lado a las empresas privadas que por años se habían encargado de prestar el servicio1, las presiones de todo orden no se hicieron esperar. Los medios de comunciación hicieron eco a los intereses privados, develándose de inmediato la fragilidad de la actual administración capitalina –cuyos funcionarios se enredaron en las explicaciones de lo que se pretendía acometer–, pero sobre todo su débil relacionamiento con las mayorías de la urbe o su alejamiento real de la ciudadanía (la cual no fue concitada a la movilización en ningún momento), y la falta de apropiación que los temas ambientales tienen en la población colombiana.
Ante esta realidad, el plan original de la actual alcaldía comenzó a tambalear, y comenzó a manejarse un conjunto de planes o juego de facetas.
El ciento por ciento
El Plan A, que iniciaría el 18 de diciembre, pretendía concentrar bajo su control toda la operación para la recolección de los residuos que se generan día a día en la ciudad. El mismo partía de la base del convenio interadministrativo entre el Acueducto (EAAB) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). La operación del servicio se prestaría por una empresa filial del Acueducto ya que era imposible hacerlo por él mismo. Los recursos para la compra de vehículos salen del Acueducto, pero la compra debía hacerse por licitación según los órganos de control político. En tiempos de espera la Administración verifica que se podía contratar directamente. Finalmente se adquieren con Daewoo y Navitrans 275 vehículos por un valor de 76.000 millones de pesos entre compactadores de diferentes yardas, volquetas sencillas, de dobletroque y otras con brazo mecánico. Pero ante el imprevisto de una licitación, era imposible contar con la disponibilidad de las máquinas para la fecha estipulada por la finalización de contratos de casi todos los operadores privados del servicio de aseo. Esos vehículos sólo se verán en la ciudad hasta mediados de abril de 2013.
Esta pretensión oficial (que recupera para el estado un servicio que nunca dejó de prestar, y pone en marcha una política ambiental de prevención y educación hasta ahora inexistente), despertó los más diversos intereses desnudando que el capital no está dispuesto a dejar fuera de sus bolsillos los jugosos dividendos que genera una ciudad que congrega millones de personas en su mayoría puntuales al tributar cada que les llega la factura de cobro.
El 52 por ciento
Entonces, ante los imprevistos, presiones e inconvenientes, surge el Plan B: renegociar su continuidad con las actuales empresas prestadoras del servicio (ver La renegociación), garantizando para la ciudad el 52 por ciento del mismo, para lo cual se crea la Unión Temporal Districapital la cual alquila 160 compactadores de Fort Lauderdale en Florida (EE.UU.).
Entre la demora en los muelles Contecar de la Zona Industrial de Mamonal –Cartagena–, y el bombardeo mediático el alcalde reconsidera y reduce a 70 compactadoras el total de vehículos por alquilar. Pero con la impaciente espera de quién ve vencer los plazos por la demora en papeles y trámites de importación, el proceso de limpieza y descontaminación, junto con la revisión tecnomecánica, se entera que los primeros vehículos llegarían a Bogotá sólo hasta el 12 de enero. El tiempo se agotó y la presiones –lucha de poderes– no cesan. El gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría muestra sus cartas, las cuales llegan incluso hasta llamar a indagatoria al mismo jefe del gobierno capitalino, amenazándolo con abrirle causa.
Mientras tanto, el 21 de noviembre cuatro funcionarios de Industria y Comercio se hacen presencia en el Acueducto para una indagación preliminar porque supuestamente se está “violando el principio de la libre competencia”, y logran información física y electrónica confidencial entre gerente y alcalde. Al mismo tiempo el superintendente Pablo Felipe Robledo declara que la Alcaldía estaba negando información o era parcial. Y en entre telones, o sin ellos, Gina Parody, la ficha que ha colocado el santismo para recuperar la alcaldía mayor de Bogotá para las huestes tradicionales, tensiona la opinión pública.
Con arrestos, en un tome y dame digno del momento vivido, el alcalde resiste y se acuerda de los movimientos sociales. El 21 de noviembre se queda en las instalaciones del acueducto y con un discurso desafiante logra una mesa de diálogo directa con el presidente Santos, en la cual se logra que el ejecutivo nacional acepte y apoye el proyecto de basuras en curso. Un proyecto de traslado del Centro Administrativo Nacional, hacia el centro de la ciudad, y el cambio del proyecto de vivienda en el “centro ampliado” queda sobre la mesa. A su vez, la Consejera para Bogotá, por orden de su jefe inmediato, baja el tono a las críticas, dejando la campaña por la alcaldía para otro tiempo.
La renegociación
Pero los acuerdos no solucionaron todo. Las presiones continúan y las improvisaciones no dejan de evidenciarse. De esta manera, en proximidad al 18 de diciembre, en una situación de emergencia llegó el desesperado Plan C: compartir la cobertura con las empresas Lime y Aseo Capital (48% de la ciudad) quienes aceptan reducir en un 4 por ciento el cobro de las tarifas. Y de parte de la nueva empresa de aseo distrital cubrir las 12 localidades que le son adjudicadas, con 479 volquetas, y un personal mermado que recogió en su primer día de labores apenas 1.100 toneladas. Operación que tiene que enfrentar, de inmediato un nuevo ataque, esta vez del Superintendente de Servicios Públicos –César González– que acusa que las volquetas no estaban autorizadas para la recolección, y a renglón seguido el del Personero Distrital, Ricardo Cañón, “preocupado” por la modalidad de contratación y el pago de los empleados de la nueva empresa distrital de basuras.
A la sombra de todos ellos, y como megáfono de las voces que se acumulan en el subfondo de la rica y rancia Bogotá, empieza la agitación por la revocatoria del alcalde. Como vocero del proceso colocan al comodín Miguel Gómez, Representante a la Cámara adscrito al Partido Conservador, el mismo que dirigió su abuelo Laureano Gómez.
Ante este panorama de persecución y “eficiencia” de todas las entidades de control, no sobra preguntar: ¿dónde estaban éstas –y los medios masivos de comunicación– a la hora de hacerle seguimiento a las empresas que hasta ahora prestaron el servicio de aseo, todas ellas con señalamientos y quejas de la comunidad por la precariedad y abusos en el servicio que prestan y tarifas que cobran? Este es un solo lunar, pues, como se sabe, la corrupción campea y el silencio se impone.
¿De dónde sale tanta basura?
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) estableció en un informe a diciembre de 20112, que de las 2.350 toneladas de basura que se producen en las áreas residenciales de la ciudad, la mitad (52%) la componen alimentos no preparados y un 8,50% comida que está cocinada.
Pero no solo allí se derrocha comida. Corabastos comercializa cerca de 12.500 toneladas de alimentos al día, la cantidad de residuos sólidos que bota oscila entre 100 – 120 toneladas diarias3. De toda esa cantidad que sale para el botadero, un 70 por ciento está compuesto por alimentos en frutas, verduras y hortalizas que se pierden. Esa misma masa orgánica degradable en estado de humedad es el principal productor de gases y lixiviados contaminantes debido a los procesos por descomposición. También es alarmante la cantidad de material altamente contaminante en las áreas residenciales (residuos higiénico sanitarios) que representa más de una décima parte el total de la basura (11.62%).
Entonces la administración cree que con una invisible campaña para enseñar que en la bolsita blanca va papel, cartón, vidrio, plástico, empaques y metal, puede cambiar la situación. Es decir, se queda en la superficie del problema sin ir a la fuente del mismo (ver Álvaro Sanabria, p. 6).
Campaña inane, pues en la misma administración hay un manejo deficiente de los residuos. Veamos: de las 39 plazas públicas y privadas de la ciudad, entre minoritarias o mayoritarias cada una genera de 2 a 80 toneladas mensuales de residuos orgánicos, más o menos 32.983 toneladas (año 2010)4. Incluso la mayoría presenta deficiencias en la adecuación de espacios para el manejo adecuada de estos residuos. El programa de aprovechamiento está tan lejos que incluso en las áreas institucionales y oficinas del Distrito, a pesar de los planes de reciclaje como el PIGA, sigue siendo el papel y el cartón los mayores contenidos dentro de las basuras.
En estas circunstancias, tomando en cuenta además el problema de los rellenos sanitarios y el de la población que se rebusca la sobrevivencia en medio de los desechos de los hogares –en su mayoría excluidos del modelo de sociedad dominante–, lo que la población de Bogotá tiene ante sí no es solamente el problema de los desechos, quién los recoge y entierra en un extremo de la ciudad, sino el complejo tema de la cultura del consumo, el modelo de producción, la problemática medioambiental, el modelo de organización y relacionamiento social, la vitalidad estratégica de lo público, la relación público-privado, en fin, el tema que está ante todos es: ¿qué vamos a hacer para que el modelo de producción vigente, y su agresivo sistema de comunicaciones, prosigan de manera ciega hacia la autodestrucción de la humanidad?
1 Las empresas Ciudad Limpia, Aseo Capital, Lime y Atesa.
2 Caracterización de los residuos sólidos residenciales generales a la ciudad de Bogotá. D.C. 2011.
3 Información suministrada por Miguel Gómez, Gerente de la UT Residuos Verdes, firma encargada de los residuos sólidos de CORABASTOS.
4 Programa para la Gestión de los Residuos Sólidos Orgánicos para La ciudad de Bogotá, D. C. Versión 2. Marzo 2010.
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