El caso colectivo 82

Por más de sesenta años de conflicto armado la doctrina del enemigo interno ha sido la brújula político-militar que orienta a las fuerzas armadas  y de policía en Colombia. Esta doctrina, también llamada doctrina de seguridad nacional (DSN), surge en el marco de la Guerra Fría y plantea que las amenazas contra la libertad y la soberanía nacional no provienen de un enemigo externo sino de uno que se ‘camufla’ entre la sociedad civil y desde allí intenta agitar un proceso de desestabilización del Estado y del orden social…

Estas estrategias de control se han dado ya sea a través de medios oficiales –como lo es la inteligencia militar dedicada a encontrar y “controlar” cualquier germen de lo que consideraron posibles agentes de desestabilización social– empleando estrategias de tortura, desaparición, amedrentamiento y demás, como lo expone el manual de inteligencia de combate de las fuerzas militares de 1978, o por medio de alianzas con grupos armados de carácter privado (paramilitares) como mercenarios a favor de los intereses del gobierno de turno.

Ese enemigo interno puede estar en cualquier lugar, entre ellos las universidades, pero más que la institucion en sí, los actores sociales que la misma alberga (estudiantil, profesoral y de trabajadores), todos los cuales sufrieron una fuerte represión que puede rastrearse varios años atrás pero que tiene como punto de referencia el Caso Colectivo 82, fundado por razón de la detención y desaparición de 13 estudiantes entre los meses de marzo y septiembre de 1982, detenidas, torturadas y desaparecidas por la División de Información, Policía Judicial y Estadística Criminal (Dipec) que se encontraba al mando del coronel Nacin Yanine Diaz y en complicidad con el MAS.

La génesis de estas desapariciones puede rastrearse en la infiltración a las universidades públicas que estigmatizó, hostigó y silenció al movimiento universitario por medio del perfilamiento de lideres y lideresas de procesos organizativos. Plataformas políticas y espacios de formación constituidos en función de la defensa de la educación pública y la relación universidad-sociedad. Estas personas, comprometidas con su acción social, se preocupaban por los otros y eran caracterizadas (como comentan sus familiares) por un profundo sentir humano. Sin duda, por ello, se convirtieron en una amenaza latente para el gobierno nacional.

Un actuar cotidiano que los llevó a ser objeto de perfilamiento por parte de la inteligencia del Estado, que en relacionaba Universidad y M-19. En este escenario solo faltaba una excusa para actuar en contra de su humanidad, y el momento llegó en el marco de la investigación del secuestro y asesinato de los tres hijos de Jader Álvarez, un reconocido narcotraficante aliado de la fuerza pública.

En tal contexto, una vez los medios de comunicación, el Estado y otras instituciones empiezan a exigir resultados por el caso del referido secuestro, la Policía, la fiscalía y los cuerpos de inteligencia del Estado echan mano de los perfilamientos adelantados

Es así como, amparados en el Estatuto de Seguridad por entonces vigente, deciden detener y desaparecer a los 13 estudiantes y líderes sociales (ver recuadro), inculpados de lo sucedido a Álvarez.

Desaparición forzada

Como queda evidente, esta desaparición forzada de lideres estudiantiles y sociales se dio en dos momentos: el primero, presionado por la necesidad de una respuesta eficaz en las investigaciones por el caso de los hermanos Álvarez en marzo de 1982 y una segunda oleada, con mucha más fuerza, una vez se realiza el cambio de gobierno de Turbay Ayala a Belisario Betancourt en agosto de 1982, cuando el caso se convierte en un asunto de Estado.

La cercanía de Álvarez con Betancourt, a quien financió en su campaña electoral, termina por estrechar los lazos de cooperación del MAS y el F-2, ejecutando el primer caso de desaparición forzada de estudiantes de Colombia.

A partir de esto y dado la masividad de las desapariciones, los periodos de tiempo tan cortos entre las mismas y su sistematicidad, motivan los primeros gérmenes de organización de los familiares de cada uno de los detenidos desaparecidos ya que, como según ellos mismos cuentan, las labores de búsqueda empezaron por la visita de los hospitales, las estaciones de policía, los anfiteatros, los cementerios, las brigadas militares  y todos aquellos lugares que se consideraran propios para la búsqueda, lo que llevó a que las personas que indagaban por los suyos se encontraran en repetidas ocasiones, empezando a compartir sus historias y, al encontrarse en condiciones similares, acordar estrategias colectivas para masificar y ampliar la búsqueda en que estaban empeñados.

De esta juntanza nace el Caso Colectivo 82, como la forma en el espacio articulador de las familias para la búsqueda de quienes fueron detenidos desapreciados en 1982. Para estos primeros meses de su acción fue fundamental la participación del padre Javier Giraldo quien volvía de Argentina y encontró la posibilidad de replicar la experiencia de las madres de la Plaza de Mayo con la de las familiares del Caso Colectivo 82 por lo que se empezaron a realizar varias movilizaciones entre las que destaca la ‘Marchas de los claveles blancos’, realizaba cada jueves a medio día en la ciudad de Bogotá y que reunia cientos de personas, encabezadas por las familiares de las 13 desaparecidas en exigencia de verdad sobre el paradero de sus familiares.

Posterior a estas movilizaciones, y en articulación con más casos de desaparición que empezaron a ser recurrentes durante toda la década del 80, frente a la insensibilidad Estatal, la ausencia de respuestas y la negación de este crimen por parte del Estado, las familias de las personas detenidas desaparecidas deciden organizarse como Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y salen en una gran movilización el 4 febrero de 1983 dando a conocer la Asociación, exigiendo respuestas ante lo sucedido y llevando cada una las fotos, nombres y fechas de las desapariciones de cada uno de sus familiares.

A la par de esta organización, desde el momento de la desaparición inició una lucha jurídica para dar con los responsables y la verdad de lo sucedido que aún sigue en curso.

Tras la imposibilidad de encontrar una respuesta satisfactoria en el sistema penal colombiano, en 1990 se decide elevar la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh– quien en 1992 declaró en el Informe de Fondo 1/92 que el gobierno colombiano era responsable de no respetar y garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal, la libertad y la protección judicial de los desaparecidos. De tal forma, consideró que el gobierno colombiano, primero, fue el responsable por el secuestro y la desaparición de las víctimas del caso Colectivo 82, segundo, debía indemnizar a los familiares de las víctimas y, tercero, estaba en la obligación de reabrir las investigaciones para sancionar a los oficiales y miembros de la Policía comprometidos en el crimen.

Aún así, pese a la decisión de la Cidh, solo fue hasta el año 2008 cuando la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación pidió la revisión del caso ante la Corte Suprema de Justicia, quien hasta junio de 2011 (19 años después de la declaración de la Cidh y 29 años después de sucedidas las desapariciones) por medio de su Sala Penal decretó la nulidad de lo actuado y ordenó a la Fiscalía General de la Nación que reabriera la indagación contra los uniformados.

El año pasado y en el marco de los 40 años del Caso Colectivo 82, la Fiscalía 52 especializada en Derechos Humanos declaró el mismo como crimen de lesa humanidad estableciendo así, conforme al artículo 7^mo del Estatuto de Roma.

Junto con los logros alcanzados hasta el momento, es importante resaltar que el año anterior fue titulado Alfredo Rafael SanJuan como Ingeniero Catastral de la Universidad Distrital. Asimismo, fue creada la Cátedra Pensamiento Crítico, Universidad y Represión Estatal: Caso Colectivo 82, llevada a cabo el segundo semestre del 2022 –y primer semestre de 2023 en la Facultad de Ciencias Humanas  de la Universidad Nacional de Colombia, la cual se organiza, coordina, dirige y evaluan los familiares del Caso. En este espacio académico se enfocaron en realizar las semblanzas de sus familiares para dar cuenta de sus vidas, historias, gustos, aficiones y recuerdos^*.

Aún así, el camino aún es largo por recorrer. En este momento es necesario que el reconocimiento de Grado Simbólico recibido por Alfredo Sanjuán sea replicado por parte de la Universidad Nacional de Colombia para con los estudiantes de esta institución que en defensa de una sociedad más justa ofrendaron sus vidas. Así mismo, es necesario exigir la celeridad en el proceso judicial contra todas las personas involucradas en este crimen y, por ultimo, es necesario generar garantías para que esto no vuelva a suceder con ninguna persona en el territorio colombiano.

En este 2023, a 41 años de uno de los casos que mayor impacto ha tenido en la comunidad universitaria, es necesario reconocer que todas las victorias han sido impulsadas por la dignidad de las familias que aún resisten en este proceso por hacer memoria para que sus historias, voces y demandas no queden silenciadas. La lucha contra la desaparición debe contemplar tanto el acompañamiento institucional (como debe ser el de la Ubpd y otras instituciones relacionadas) como el acompañamiento por las organizaciones sociales que no pueden hacer oídos sordos a un dolor que sigue igual desde el primer día de la desaparición. Y como se decía en 1982, y se escuchó durante el estallido social de 2021, y debe seguir retumbando hasta encontrarlos: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

*  Esta catedra puede ser consultada en: https://youtube.com/playlist?list=PLJsJsl-OLTixtN8QXjqgWC3CJqdL-2DOp

**  Universidad Nacional de Colombia

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