Lo más bello que ha generado la propuesta de reforma al actual sistema de salud, vigente en Colombia, es que nos ha permitido conocer la radical disposición del capital para no dejarse quitar el billonario botín que le proporciona la administración de los fondos que destina el Estado para la salud.
No podría ser de otra manera, pues el negocio, la ganancia y la acumulación privada están en la base del capitalismo, y de ahí que hasta con los dientes, con ayuda de los oficiosos medios de comunicación que repiten su “serios argumentos”, avalados por los partidos del establecimiento, por sectores académicos, los gremios propietarios de las EPS y las redes anexas, se niegan a soltar esa mina de oro.
Los más recientes pronunciamientos de algunos líderes políticos, entre ellos quien encabeza el Centro Democrático, alertan por el monopolio estatal que surgirá de ser aprobada la reforma: “La salud pasará de ser un sistema mixto y solidario a otro de control estatal, que en un segundo paso terminará marchitando lo poco que deja de privado y de cooperativo. Al final, se consolidará un monopolio estatal absoluto”. El sistema es tan ‘efectivo’, que los más pudientes pagan sistemas privados, complementarios, para “curarse en salud”; y tan eficiente, que para acceder a lo que les corresponde autorizar los juzgados deben obligar a sus prestadoras, las EPS.
Y suman a su narrativa la clientelización de este derecho, “[los usuarios) quedarán ante el riesgo de que su salud dependa de la orientación política de estos centros”. Por ello, y ante las ineficiencias que cada vez serán más evidentes, según su prevenida argumentación, en vez de acudir a la Acción de Tutela, “[…] habrá que pedir ayuda a los políticos cercanos al gobierno nacional o local”.
En su alegato, indica que la reforma, para el caso de lo rural y poner en marcha un sistema preventivo, como ya lo hizo Gustavo Petro en su tiempo como alcalde en Bogotá, no es necesaria, y también admite la necesidad de mejorar las condiciones de quienes laboran en el sector salud. Es decir, “aceptarían” ciertos cambios siempre y cuando se mantenga lo central, la intermediación de las EPS, la pepa del negocio y organizadora de todos los elementos del sistema de salud. Un “cambio”, para que nada cambie.
En fin, como se puede ver en el artículo “La salud en la propuesta del PND”, firmado por Mauricio Torres –páginas 2-3–, todo lo alegado por los defensores del actual sistema de salud descansa en su negativa a terminar con la intermediación de recursos que realizan las EPS. Lo demás son eufemismos y piruetas verbales.
Pero en esos eufemismos, para no dejarlos pasar sin pena ni gloria, reposan valoraciones sobre el papel del Estado, la forma de garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales y la democracia misma.
Temen a su monstruo
El Estado que hoy conocemos ha sido construido y profundizado según la visión impuesta de modelo social, económico y político de la burguesía. Ese modelo, que en algunos países toma formas menos inhumanas, constituyéndose incluso como Estado de Bienestar, en otros ni se acerca a este y ejerce sus ‘virtudes’ de modo despiadado. Es así como queda a merced de los intereses privados, a los que protege y ante los cuales se inclina. Las redes clientelistas que surgen de ello y para ello son parte de sus bastardos, a la par de lo cual danza, canta y abraza por todos los costados la corrupción, un proceder apropiador y privatizador –en pro del bolsillo de unas pocas familias que aparentan virtudes celestiales.
Se trata de un Estado y un modelo económico y social de supuesta libre competencia, que premia “a los más capaces”, y que recientemente quedó al desnudo con la crisis de la salud pública potenciada por el coronavirus, así como con la crisis financiera ahora mismo en curso. Como queda sin ropa en la guerra que por estos días enfrenta potencias, y al imperio decante, en la frontera euroasiática, con la cual una vez más brilla la apropiación que de ese aparato hacen los grandes grupos de poder, tanto en uno como en otro país, los que logran que las finanzas públicas sean destinadas a defender los intereses geopolíticos de algunos y financiar la industria armamentista, así como los negocios tras bambalinas que alimentan la confrontación armada. Todo ello, amparado en argumentos peregrinos como la cacareada “defensa de la libertad”.
Pues, bien, ese Estado que han creado, profundizado, manipulado y privatizado no es el que requiere una eficiente y cabal reforma a la salud. Para avanzar en su transformación, así sea elemental, estamos urgidos, entre otros muchos cambios, del impulso, el estímulo y la facilitación de todo lo que demande la puesta en marcha de redes dinámicas, extensas y profundizadas, integradas por miles de personas que revitalicen la democracia, hagan real los derechos fundamentales alcanzados por la humanidad en el curso de decenas de combates en pro de mejor vida, y vayan quebrando el propio aparato estatal, dejando de ser algo externo al cuerpo social.
Esas redes, en concreto, del caso que nos ocupa, son las que garantizarían que el derecho a la salud sea realidad cierta, gozado por la totalidad social, más allá de su clase, sin necesidad de tutelar como tampoco de acudir al favor del político de turno. Son ellas las que impedirán el desvío de los dineros públicos, así como la misma ineficacia de los sistemas desplegados para hacer posible uno y otro derecho. Y para así avanzar, resulta indispensable la politización del corpus social, pues no de otra manera las mayorías se dispondrán a luchar y defender lo que es suyo, pero que algunos, a lo largo de décadas, lo han privatizado y figuran como los “señores que te abren cualquier puerta”.
Tales derechos plenos, garantizados a cabalidad, en este caso la salud, educación en otros, como vivienda, transporte, servicios públicos, y muchos más, son el soporte de vida digna con la cual valga la pena vivirla, dejando de ser suplicio y pasando a ser goce. La salud, en este caso, es una columna para la vida en plenitud, que a la vez ha de potenciar la concreción de un modelo social en democracia directa, participativa, radical, plebiscitaria, que debe profundizarse cada día, pues, como el neoliberalismo permite certificarlo en sus décadas de oro, derecho que no se defiende queda en el papel y sufre regresión.
De ser así, tendríamos no monopolio estatal sino soberanía social, la misma que se torna indispensable en todos los campos, como lo evidenció y colocó a la orden del día la crisis de salud pública, pero también social y económica por la emergencia por covid-19, con la que resurgió ante el conjunto de la humanidad una verdad elemental: todo aquello que sea estratégico para la vida con dignidad debe estar bajo control social, que en este caso se erige como Estado. Y la salud –como la energía, el agua, la vivienda y otros varios– es una necesidad vital, estratégica. Para ellas se debe recuperar la soberanía como sustento de la libertad, del mutuo respeto, del control efectivo de lo que es de todas y todos, por todos y todas.
Es nada menos que la soberanía social, popular, la que debe tomar cuerpo en medio de esta disputa entre intereses particulares e intereses y retos públicos, para que los privilegios de unos pocos, hoy evidentes en el tejido de nuestra sociedad, sean un mal recuerdo de tiempos pasados, y esos derechos –a vivir bien, a gozar cada día, a alimentarse de manera adecuada, a ser tratados con todo gusto cuando se acude a cualquier oficina– sean efectiva realidad para los millones que somos.
Un reto mayor, que va más allá de la reforma a la salud y la efectiva puesta en marcha de un modelo que impida que alguien en algún momento padezca la negación de este derecho fundamental.
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