Las elecciones del 8 de marzo evidencian un progreso muy modesto en participación y representación efectiva de las mujeres. Es necesario revisar el marco legal –diseño de cuotas, tipos de listas, democracia intrapartidaria, financiamiento de campañas–, así como las barreras socioeconómicas y culturales que enfrentan de modo particular las mujeres de todas las condiciones para desarrollar sus carreras políticas.
Los resultados de las elecciones del pasado 8 de marzo, aunque preliminares, muestran un balance modesto en cuanto al porcentaje de mujeres que resultaron electas. Es importante partir de recordar que, en las elecciones de 2022 los partidos tenían la expectativa de la aprobación de la reforma de la ley electoral que les obligaría a incluir al menos un 50% de mujeres en sus listas y por ello se registró un importante aumento de mujeres candidatas y, por supuesto, de electas al Congreso, que pasó de un 20,5% de 2018 a un 29,2%, es decir, un incremento cercano a 9 puntos porcentuales. Con los actuales resultados ese porcentaje apenas se incrementó un 0.2% al pasar a 29,4%.
Para estas elecciones, la mayor parte de los partidos y movimientos no asumieron la responsabilidad de incluir de manera paritaria mujeres en sus listas, sino que se acogieron a lo establecido en la Ley 1475 de 2011, según la cual las listas no pueden estar conformadas en más del 70% por un sólo género, lo que en la práctica se traduce en que buscan cumplir el mínimo del 30% de mujeres. El único partido que presentó listas paritarias, cerradas y con alternancia fue el Pacto Histórico, lo que aportó de manera significativa a que el porcentaje de electas no fuera incluso menor.
De los 3.144 candidatos para el Congreso, las mujeres representaron aproximadamente el 40% del total de las candidaturas (cerca de 1.257). Para el Senado, alrededor del 39% fueron mujeres; y para la Cámara de Representantes casi el 41%, con variaciones significativas por departamento. Respecto al diseño de la cuota de inclusión de mujeres la única variación importante es que para este año se aplicaba la Ley 2424 de 2024 que reformó la 1475 de 2000, en cuanto a la aplicación de la cuota en listas para circunscripciones donde se eligen menos de cinco curules para corporaciones, que deberán ahora integrar al menos a una mujer.
En este contexto hay tres aspectos que deberían ser analizados con mayor profundidad para comprender por qué el incremento de las mujeres en la participación electoral no va a un ritmo que permita balances optimistas, sino que más bien motiva a seguir investigando estas dinámicas y a mantener la incidencia política para derribar los obstáculos legales, institucionales, materiales y culturales que mantienen a las mujeres marginadas de los escenarios de representación política. A continuación, profundizo en cada uno de ellos.
Panorama heterogéneo
Es necesario partir del reconocimiento que los balances globales o basados sólo en cifras no logran dar cuenta de la complejidad del tema. Es equivocado hacer un balance “nacional” cuando, por ejemplo, en circunscripciones de Cámara como Bogotá, 9 de las 18 curules en disputa serán ocupadas por mujeres (50%); y Antioquia, donde fueron electas 4 mujeres en las 17 curules disponibles (23%). Al mismo tiempo están las circunscripciones de Arauca, Caquetá, Guainía, Guaviare, La Guajira, Quindío, Santander, Vichada, así como las curules para pueblos afrodescendientes e indígenas, que no eligieron mujeres como representantes. Cabe anotar el caso excepcional de Martha Peralta que fue electa para la curul indígena en el Senado.
Esta situación no es nueva, sino que evidencia que históricamente las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, entre otras, enfrentan obstáculos mucho más fuertes, como la desigualdad económica, el racismo y el elitismo del ejercicio político en el país, y que el cambio normativo no es suficiente para garantizar el ejercicio de sus derechos políticos. El aumento de un escaso 0.2% en la proporción de mujeres en el Congreso nos ubica muy lejos de la paridad y de un Congreso que refleje de manera adecuada la composición de género, política, étnica, territorial y social en una de las tres ramas del poder político.
Debilidad en el diseño
institucional
Algunos debates académicos consideran que a estas alturas ya no debería hablarse de cuotas para la inclusión de mujeres, sino que la apuesta es por el logro de la paridad entendida como una composición 50-50 en candidaturas, posiciones, cargos, etc. Esta posición sitúa una lucha necesaria, pero en ocasiones pierde de vista el panorama completo. En Colombia no ha habido ni siquiera una cuota bien diseñada, es decir, desde el 2011 se cumple con el porcentaje del 30%, pero no se ajustaron otras variables que contribuyen a la exclusión política de las mujeres, como las listas abiertas o de voto preferente, la financiación mixta de las campañas, o las prácticas autoritarias y sectarias de los directorios de los partidos que no adoptan mecanismos democráticos para integrar sus listas, etc.
Cualquier cuota es inocua en listas abiertas, básicamente porque no se puede asegurar que las mujeres salgan electas. El mejor diseño sigue siendo la cuota en listas cerradas, con alternancia y con mandato de posición. Además, las listas abiertas y el sistema de financiamiento mixto incrementan los costos de campaña y con los débiles controles en esta materia, solo quienes tienen grandes financiadores logran visibilidad, reconocimiento y votos. Finalmente, aunque los partidos en sus estatutos adopten la igualdad de género como un valor, lo cierto es que no hay medidas concretas para promover a las mujeres como candidatas y, las decisiones no se toman mediante reglas transparentes, sino que cambian de acuerdo con los intereses políticos de la coyuntura.
La dificultad de hacer
carrera electoral
En Colombia, la capacidad que tienen algunas personas para cambiar de plataforma política e ideológica con facilidad, de acuerdo con la mayor conveniencia del momento, es motivo de burla o caricaturización. Figuras políticas con mucho reconocimiento, y en ocasiones, poder; han transitado desde partidos como la U (en su momento uribista), pasando por Cambio Radical (cuando lograba presentarse como partido alternativo) a hoy en día ser parte del Pacto Histórico, o del “bloque de izquierda”, tales como Roy Barreras o Armando Benedetti.
Algunas mujeres en política no se escapan de esa dinámica, transitan, cambian de aliados, cambian de discursos o de opiniones, y eso es duramente cuestionado, y en ocasiones les cuesta la carrera política. A falta de estudios más profundos, podría afirmarse que la pérdida de curules de figuras como Angélica Lozano y Katherine Miranda (Partido Verde) se debe entre otras cosas a la falta de coherencia entre sus discursos y sus prácticas políticas. Más allá de sus posiciones políticas, lo cierto es que el electorado parece haberles cobrado de una manera que en pocas ocasiones les cobran a los varones, quienes suelen ser valorados como hábiles camaleones, mientras que ellas son seriamente cuestionadas.
Otra carrera electoral perdida, por ahora, es la de Sandra Ramírez, cuya votación no le permitió mantener la curul para Comunes, lo que deriva en la pérdida de la personería jurídica del partido. En este caso el análisis debe ir más profundo, para comprender qué representa para el país que el partido surgido de un Acuerdo de Paz sea marginado del juego democrático, entre otras cosas porque uno de los puntos del Acuerdo, relacionado con la democracia, no se ha implementado, en particular el que establece la obligación de implementar una reforma política y asegurar las condiciones de seguridad para el ejercicio político de las personas firmantes de la paz. ¿Qué incentivos tendrán otros grupos insurgentes para firmar la paz si el Estado sigue sin cumplir sus compromisos?
Mujeres con gran trabajo legislativo, como Dorina Hernández Palomino, Jael Quiroga, entre otras, no fueron reelectas. Otras mujeres también valiosas no fueron electas, y aunque la política electoral no es un juego de mérito lo cierto es que el Congreso ganaría mucho con mujeres con el perfil político y humano como el Diana Gómez Correal, que tampoco logró curul.
Cuando los resultados sean definitivos podrá analizarse cuántas mujeres lograron reelección, qué tantas pasaron de Cámara a Senado, y aunque es difícil equipar todos los casos, lo cierto es que la renovación del Congreso casi siempre se da por las mujeres que lo integran.
Para cerrar, vale la pena señalar que aunque muchos lectores puedan estimar que las situaciones analizadas no tienen “género”, sino que hombres y mujeres enfrentan los mismos problemas en la política electoral, es necesario insistir en que persisten relaciones de poder en nuestra sociedad que dificultan que ciertos colectivos sociales puedan ejercer de manera plena sus derechos, por tanto, cuando las mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, de sectores populares, entre otras, enfrentan obstáculos en alguna esfera social, estos se suman a los derivados de la división sexual del trabajo que implica más jornadas de trabajo para ellas y sueldos peores, o la informalidad laboral que afecta más a las mujeres. Ellas enfrentan de manera cotidiana violencias de todo tipo, desde su hogar hasta su lugar de trabajo. Además, aunque la presencia pública y política de las mujeres se remonta muy atrás en el tiempo, todavía hoy hay quién se atreve a hablar de las mujeres como recién llegadas a la política, o afirmar que les falta experiencia o conocimiento.
El camino ha sido largo y aún hay mucho por andar, pero seguramente las nuevas generaciones logren, no sólo llegar a la política sino cambiarla, por el bien de este país.
* Profesora ESAP. Doctora en filosofía, magister en estudios políticos y doctora en filosofía.
Leave a Reply