Arrinconado por la pobreza. Nariño

Veamos este lúgubre cuadro que produce desolación y lágrimas por el sufrimiento que padecen miles y miles de seres humildes.

Nariño equivale al 2,9% de la extensión territorial del país, con 64 municipios distribuidos en 5 subregiones, en los cuales habitan 1 millón 720 mil personas, de las cuales 942 mil se localizan en la parte rural, evidenciando su condición campesina y agraria.

La población indígena es de 125, 566 personas, organizadas en 67 resguardos que corresponden a las familias Esperara Sapidara, Awa, Inga, Quillacingas, Pastos y Kofan.

La población afrodescendiente es de 310 mil personas, las cuales habitan en la Costa Pacífica en los municipios de Barbacoas, El Charco, La Tola, Maguí Payan, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Roberto Payan, Santa Bárbara y Tumaco.

En Nariño la pobreza es un verdadero látigo humano. El 55% de la población (946 mil personas) presentan Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el 28% de los nariñenses (481 mil) se debaten en la física miseria.

En el municipio de Florida, las personas con NBI alcanzan la cifra del 91%; en Providencia del 97%; en Rosario del 100%; y en Maguí Payan del 98%.

En la actualidad la debilidad de la economía nariñense, no ofrece espacios favorables para el mejoramiento de las condiciones de vida. La baja tecnología del sector agropecuario, la carencia de un sector industrial propiamente dicho, y la escasa infraestructura básica, entre otros factores, generan alarmantes tasas de desempleo que es del 20%, y el subempleo que se acerca al 50%.

Del total de la población, el 17,6% carece de vivienda adecuada, el 25% no dispone de servicios públicos apropiados, el 35% viven en hacinamientos críticos, el 13% reportan inasistencia escolar.

Las tasas de analfabetismo son de las más altas del país y la cobertura en salud es un desastre.

Es la triste realidad de esta parte de la geografía colombiana, donde un puñado de oligarcas, una minoría latifundista y narcotraficantes, explotan y se aprovechan de la riqueza agropecuaria, minera y ambiental para acumular descomunales fortunas personales que guardan en Quito y Guayaquil.

Las políticas del Estado Comunitario apenas si llegan en miserables migajas que reparte la Oficina de Acción Social de la Presidencia a través de unos exiguos cheques de $60 mil pesos cada tres meses, que indígenas, campesinos y demás pobrecía, recogen luego de 3 o 4 días de colas extenuantes en el Banco Agrario, previa recomendación de los directorios politiqueros uribistas locales. Otra verdadera rémora y pesadilla social para los nariñenses.

Por supuesto que en Nariño existe un importante movimiento popular y revolucionario, tanto en el campo como en la ciudad, que en su momento logrará con su movilización replantear este caos social galopante, propiciado por el dominio de una elite inescrupulosa.