¡Basta ya de mentiras!. A desalambrar por la Madre Tierra

Buenas razones

Es necesario precisar, que esas acciones se llevaron a cabo por la dilación y el incumplimiento que el Gobierno central mantiene con los Acuerdos firmados con nuestra comunidad (reparación integral), producto de la masacre del Nilo en 1991. Pero de igual manera, fue la respuesta al congelamiento de la adquisición de tierras para las comunidades indígenas, por el actual gobierno.

Para cumplir con la reparación integral hace falta la adquisición de más de 6.617 hectáreas, además de la puesta en marcha de varios programas sociales. Sin embargo, la voluntad gubernamental para cumplir es inexistente. Es evidente, desde el año 2002 redujo de manera drástica el presupuesto que se otorgaba al Incora para adquirir tierras para las comunidades indígenas, hasta liquidar el Instituto para la reforma agraria, transformándolo en Incoder, obvio, con menos presupuesto, personal y funciones.

La liberación de la Madre Tierra en la Emperatriz y Guayabal, y las ocurridas en veinte haciendas más del Cauca, entre octubre y noviembre de 2005, fueron, por tanto, la consecuencia de la decisión nacional y departamental de no adquirir tierras, de no hacer reforma agraria, y por tanto, de incumplir con la reparación integral por la masacre del Nilo.

Como resultado de la ocupación de las dos primeras haciendas, se suscribió un Acta de cumplimiento con el Gobierno Nacional, en la cual se comprometió con medidas concretas para, ésta vez sí, cumplir con la reparación integral. Entre ellas, la destinación de diez mil millones de pesos al Ministerio del Interior durante el año 2006 y otro tanto durante el 2007, para adquirir parte de las tierras requeridas para la reparación.

Además, 1.320 millones del presupuesto de 2005, que no fueron pagados, que debían usarse para cancelar 1.047 hectáreas de tierra ya negociadas en el Norte del Cauca. Otros cuatro mil millones del presupuesto del año 2006 debían destinarse para la compra de tierras para diferentes comunidades del Cauca, dentro del marco del Decreto 982 de 1999. También se definieron estudios y programas de fortalecimiento institucional y atención a comunidades indígenas.

Durante el presente año el Gobierno destinó parte de las partidas presupuestales establecidas en los acuerdos, pero hasta el momento no ha comprado el primer centímetro de tierra. En realidad, un frente conformado por las sociedades de agricultores y ganaderos del Valle y Cauca, la gobernación del Cauca, algunas alcaldías y el Ministerio de Agricultura, ha desarrollado una táctica dilatoria para impedir a toda costa la adquisición de tierra.

En febrero del año 2006 el Incoder ya había realizado una primera visita a una lista de predios ofrecidos por los propietarios, determinando conceptos positivos o negativos para su adquisición. De los predios con conceptos positivos, las autoridades indígenas seleccionaron doce, los que están en zonas planas, son aptos para la producción agropecuaria, tienen más de 50 hectáreas y permiten continuidad territorial.

Luego se dio prioridad a seis de estos doce predios, sin que esto signifique que no se puedan comprar los otros, según como continúe el proceso de negociación. Pero la dilación oficial no permite avanzar. Los meses pasan y la palabra del Gobierno vuelve a incumplirse. Sabemos esperar, pero todo tiene un límite.

Ante esta realidad, nuestra decisión de proseguir luchando, no desfallece. Pero ahora surgen nuevos elementos que vinculamos a las demandas en trámite: retirar del proyecto de Ley de desarrollo rural el añadido del Art. 143 que pretende supeditar la constitución y ampliación de resguardos a los Planes de ordenamiento territorial municipales. Que cesen, de igual manera, la persecución política y la estigmatización de nuestras comunidades, las detenciones masivas, las judicializaciones de los comuneros y el respeto de nuestros territorios.