La enseñanza mexicana

Desde el 30 de julio, las fuerzas sociales desplegaron una activa y pacífica resistencia civil, con un masivo y constante plantón por todo el centro de ciudad de México, y el Paseo de la Reforma. Las denuncias y exigencias no faltaron. Se demandó de las autoridades correspondientes un recuento de los votos emitidos –voto por voto– para demostrar que sí había fraude. Sin embargo el Tribunal Electoral no aceptó hacerlo, a pesar de la demostración de manipulación de las casillas electorales, como no poco de ellas violadas, papeletas electorales marcadas arrojadas en canecas de basura, el testimonio de la Universidad Autónoma de México que certificó fraude electrónico, o las mismas palabras de los magistrados del tribunal electoral que precisaron que el proceso, “era cuestionado y cuestionable, manchado por la sospecha y por irregularidades del Poder Ejecutivo”.

Durante el mes y medio de resistencia civil (30 de julio – 15 de septiembre, cuando salieron del Zócalo) dirigido por el candidato presidencial Manuel López Obrador, se realizaron debates públicos abiertos, manifestaciones, bloqueos en los peajes que dan acceso a la ciudad, sabotajes al interior del Congreso para impedir que el actual Presidente, Vicente Fox –por inmoral– entregue sus informes, celebración paralela del día de la independencia, e inmensas concentraciones que permiten ver con toda nitidez el tamaño de la polarización en que ha caído el vecino de los Estados Unidos, producto de la usurpación del voto triunfador. Como en otros países de América, México daba el giro que tanto temen quienes se han beneficiado del control del poder por décadas…

El punto más intenso de esta radicalización fue la Convención Nacional Democrática de los partidos aliados, ahora multiplicados por diversidad de movimientos sociales, que con la plaza central de la ciudad capital (Zócalo) atestada por delegados provenientes de todo el país (un millón 25 mil 724 delegados), declaró a su candidato Presidente de los mexicanos.

De lo anterior y sin mucho esfuerzo se puede deducir que lo que ha tomado cuerpo en el país de Emiliano Zapata, es una clara y manifiesta dualidad de poderes, que tendrá su momento “formal” el 20 de noviembre (aniversario de la revolución de 1910), cuando López Obrador sea ungido Presidente por el pueblo.

Por ahora y durante las anteriores semanas, una asamblea permanente del pueblo ha sesionado a puertas abiertas, a manera de Congreso Popular, haciendo de la democracia, como debe ser, un ejercicio público para todos. Sus últimas decisiones u orientaciones para profundizar la desobediencia civil, tocan con el llamado a todo el pueblo para no consumir en las cadenas de almacenes que apoyaron al candidato del PAN (Partido Acción Nacional), al igual que no ver ni escuchar los canales de televisión y emisoras que ocultan y tergiversan la información.

Pero lo más importante de todo, es el contacto directo, permanente, con la población. Ni una sola determinación se ha tomado sin consultar con los electores usurpados, ni con los militantes de los partidos integrantes de la coalición.

Retomando el mejor estilo zapatista, en inmensas concentraciones, el candidato y ahora Presidente legítimo de los mexicanos, consulta con los miles de concurrentes las medidas por tomar. Todas y cada una de ellas han sido votadas, en la mayoría de los casos por unanimidad. Lo que permite ver con toda claridad qué se puede ir más allá de la militancia de los partidos, y hacer sentir los procesos de izquierda, los procesos de cambio, a todos los habitantes del país que se identifican, en este caso,  en la lucha por la legalidad, por la dignidad, por la soberanía. No se puede ser contrapoder sin ejercer resistencia. No se puede ser alternativa sin romper con las prácticas políticas heredadas.

Más aún cuando el programa de la Coalición por el bien de todos, retoma la confrontación con el modelo neoliberal, es decir, promete parar las privatizaciones y recuperar la dignidad nacional.

Es así como en la Convención Democrática Nacional, llevada a cabo en la semana del 15 de septiembre, se aprobó un plan de resistencia que arrancará el 27 de septiembre contra la usurpación del poder, pero también contra la privatización de los recursos energéticos y por la disminución de las tarifas eléctricas; continuando del 2 al 12 de octubre con una jornada contra la usurpación, en defensa de la educación pública laica, las libertades democráticas y la no discriminación; para terminar el primero de diciembre con acciones para impedir que Calderón asuma la Presidencia ante el Congreso.

Vendrá, además, un proceso por una constituyente, que restrinja los poderes del Presidente, que permita someterlo a juicio político, y que garantice que las instituciones políticas sean del pueblo y para el pueblo. Pero que de igual manera, haga realidad muchas de las conquistas de la revolución de 1910, ahora negadas.

Claramente, la experiencia del pueblo mexicano, que arrancó el siglo XX con una inmensa revolución agraria, se deja ver aquí a todas luces. El dilema es para todo el continente, el presidencialismo está en crisis, la institucionalidad liberal hace agua por todos sus costados. Estamos ante las luces de un nuevo aparato estatal o social, que sin duda tendrá que ser popular para poder estar a la altura de las demandas de nuestras sociedades.