Al tiempo que el Paro Nacional Agrario paralizaba el país, en el calendario de agosto que ya fue, en el Catatumbo se negociaba el rumbo de la región tras más de 50 días de bloqueos. De esta transacción entre el gobierno y la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) poco se sabe, pero a pesar de ello fue usada como argumento por el presidente Santos en su alocución del 29 de agosto, en su intento por bajarle la temperatura a un país que salía a las calles.
La movilización ha sacudido al país durante este año, su protagonismo recae sobre un sujeto que tenía carta de defunción radicada desde la apertura económica del año 90 del siglo XX. El país rural, compuesto por el 22.8% de la población total del país, aquietado durante más de una década de asonada militar y paramilitar, ha saltado al protagonismo nacional, dejando claro que pese a los recambios de la economía colombiana ni la agro industria, ni la minería y mucho menos el libre comercio han logrado agotar la producción agrícola tradicional, así como tampoco se ha permitido clausurar la cuestión agraria.
Dentro de estas movilizaciones y protestas, destacan los 53 días que cercaron al Catatumbo, los mismos que sacaron de la periferia a una región prácticamente olvidada. Sin duda, la ebullición social de esta franja norte santandereana es una amarga fotografía de la complejidad de la estructura agraria en la nación. Convención, El Carmen, Hacarí, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata, La Playa, Ocaña y Teorama son los sustantivos con los que toma cuerpo la región. Municipios todos que pasaron por la rebelión espontánea de raspachines, colonos, habitantes de las cabeceras municipales, convocados por la acción inicial de resistencia desatada en Tibú frente a la erradicación forzosa de la coca. La irreverencia de la protesta social integraba con la lucha catatumbera un arcoíris de intereses sobre los cuales trató de capitanear Ascamcat de manera infructuosa.
En la edición No 193 del periódico desdeabajo sostuvimos algunas ideas que se confirmaron en la negociación que finalmente se llevó a cabo entre las partes. Primera: existe y persiste una diferencia entre las necesidades de los sujetos sociales que se alzaron durante el paro y las peticiones de Ascamcat. Segunda: el gobierno trató de desgastar el movimiento a través de la represión. Además, del manejo del tiempo –prolongándolo como arma–conjugando como una sola respuesta la acción del poder ejecutivo y de las fuerzas armadas. Tercero: Santos sostuvo que el problema del paro en esta parte del país era fruto de la presión de las farc para aumentar su capacidad de negociación en la mesa de La Habana, cuando se aceptó –con hegemonía– que el pliego de la Ascamcat era el que sintetizaba las peticiones del conjunto del movimiento, teniendo en cuenta que este último expresaba la instalación de la Zona de Reserva Campesina como su columna vertebral.
La negociación
El 3 de agosto culminó el último de los bloqueos que se extendía sobre la carretera Tibú-Ocaña, de allí hasta el día 28 se desarrolló una mesa de interlocución entre los voceros de la Mesa de Interlocución y Acuerdo de los campesinos del Catatumbo, liderada por Olga Lucia Quintero –vocera de Ascamcat–, y el poder ejecutivo nacional por medio de Bruce Macmaster, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Base para el sostenimiento económico, asistencia alimentaria, empleo de transición, seguridad alimentaria y nutricional, formulación e implementación del proyecto productivo, son los componentes del acuerdo firmado. Del segundo punto del pliego inicial de los campesinos que consagraba la “Declaración inmediata de la Zona de Reserva del Catatumbo (ZRC), esto en el marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el Incoder, en virtud del artículo 81 de la Ley 160 de 1994 y del Decreto 1777 de 1996, así como los acuerdos suscritos entre la Asociación Campesina del Catatumbo y la institucionalidad local y departamental”, se bajó mucho la vara de negociación; el punto de oro de la confrontación para Ascamcat fue imposible de lograr, quedado una vez más cobijado bajo la plétora de la mesa de La Habana. Contrariamente los asuntos acordados, no distan mucho del eje de una política asistencial propiciada por el Departamento de Prosperidad Social o Familias en Acción.
De la amplia estampida social que conjugó a más de 10 mil campesinos en las barricadas, manifestaciones y bloqueos, la agenda de negociación se redujo a un máximo 400 familias. Pero la decantación no solo fue numérica, además de sacar el tema de la ZRC de los acuerdos, lo pactado carga una gran distancia con el pliego inicial.
¿Logros contradictorios? ¿Debilidad en la correlación de fuerzas? ¿Inexperiencia para negociar? Tal vez de todo un poquito y mucho más. Lo cierto es que las altas expectativas generadas por el pliego de Ascamcat llevaron a la palestra pública el tema de las ZRC, cuando estas ya habían pasado al congelador tras el cierre del primer punto de la agenda de La Habana –el tema agrario. Desde luego, la virtud de la asociación campesina fue remover el tema dejando claro que ello no es solo un petitorio de la guerrilla bolivariana, sino, también un clamor de sectores agrarios.
Sin embargo, y esta es una contradicción particular con el resto del alzamiento social, la explosión social sucedida en Ocaña, uno de los municipios de la región, no tenía como fin la instalación de la ZRC. Esto confirma, de nuevo, la distancia latente entre los sujetos que protestan resultado de la imposición de la economía de libre comercio y los actores organizados radicados en el territorio, que logran establecerse como vocería, mas no conjugan el conjunto de aspiraciones de los rebeldes campesinos: los raspachines y cultivadores de hoja de coca que se sublevaron reclamaban el fin de la sustitución forzada de cultivos ilícitos, no solo en Tibú sino en toda la región; las juntas de acción comunal de las cabeceras municipales solicitaban la mejora de los servicio de alcantarillado, acueducto y gas; muchos labriegos clamaban por el fin de la intervención militar en el Catatumbo, accionar que es desarrollo del Plan Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, –Pncrt.
De ahí la dificultad para encausar de manera adecuada un acuerdo a la altura de la lucha brindada durante los casi dos meses de bloqueos y enfrentamientos con las fuerzas del establecimiento, más aún cuando la dirección del movimiento no logró recoger la pluralidad de liderazgos afincados en la región.
Por ello Olga Quintero firmó un acuerdo en donde se pacta un programa dirigido a máximo 4 centenares de familias, “que comprenden a quienes cuyos cultivos ilícitos fueron objeto de erradicación (asociadas a predios) y los recolectores de hoja de coca, que han sido identificadas inicialmente por Ascamcat”1. Es decir, pacta una política focalizada al estilo neoliberal, la que desenfoca en una transformación estructural sobre el territorio y solo navegaron ayudas asistenciales: $3.300.000 base para el sostenimiento económico; mercados para seis meses; asistencia alimentaria; empleo de transición por 8 meses de un miembro de cada una de las familias beneficiadas; $6.000.000 para el desarrollo de la propuesta productiva por familia.
Como se puede ver, ninguno de los puntos acordados se contrapone con visión del Plan Nacional de Desarrollo de Santos, ninguno de los numerales logra solucionar progresivamente el problema de los estragos del libre comercio en la región, ninguno de los puntos se establece sobre el conjunto del territorio dejando de lado el problema fronterizo y permitiendo el desarrollo de Doctrina de Acción Integral opertaivizada por la fuerza de tarea conjunta Vulcano del ejército. Lo que se ha pactado es el inicio de un supuesto acuerdo por la sustitución de cultivos ilícitos y el logro de una economía lícita, que solo cobija a una minúscula proporción de los colonos catatumberos.
Desde luego, esta derrota del conjunto de la base movilizada del Catatumbo es resultado, entre otras, de la desconexión entre el sujeto social que se aglutinó en la acción de protesta y el actor en el que se convirtió Ascamcat, el cual logra sacar puntos de honor en la negociación, y paradójicamente exhala un vaho triunfalista, aun cuando el gobierno a infringido una profunda derrota sobre el conjunto del campesinado del territorio.
La asociación afirma “El programa de sustitución de los cultivos de coca hará parte del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo e incluye a los municipios que están fuera de la cobertura del Plan de Desarrollo Sostenible”2, cuando el ejecutivo nacional y las instituciones agrarias, como el Incoder, nunca han admitido el desarrollo de la ZRC, estableciéndose una creencia engañosa en la cual la sustitución pactada con el gobierno es el inicio de su reivindicación. El resultado de la concesión de Ascamcat es la apertura a la puerta de la sustitución de cultivos, aceptando casi que cualquier método, cuando la cuestion agrario no ha sido saldado.
El costo de la ruptura del tejido social, del sujeto colectivo en el Catatumbo al que tanto le temían el Comité de Integración del Catatumbo (Cisca) y el Movimiento por la Constituyente Popular, parece estar haciéndose realidad. De esta manera, el largo esfuerzo de múltiples expresiones políticas por sobrevivir y reconstruir los lazos sociales tras el control paramilitar, liderado por Mancuso, comienza a desquebrajarse tras una movilización en la que la espontaneidad no fue atendida sino, y por el contrario, capitalizada. ¿Aprenderemos en la izquierda a ver más allá de nuestras organizaciones? este es uno de los interrogantes para la reinvención de la posibilidad de transformación del conjunto social.
El intento de capitalización de Ascamcat ha sido claro, se evidencia en afirmaciones como: “El programa de sustitución de cultivos de coca en el Catatumbo y el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina se articularán en la propuesta piloto de construcción de paz Catatumbo, tierra de paz”3.
Afirmacion que acepta el nacimiento del posconflicto en la región, cuando no se han abordado con las comunidades los temas profundos del conflicto social, político y armado. Demostrando que algunos actores organizativos en Colombia asumen su subordinación a las inercias de la mesa de La Habana, a su estrechez bilateral, a una lógica que impide el surgimiento de un diálogo trilateral, donde la pata de la mesa social se incorpore, convirtiendo la oportunidad del diálogo entre los armados en un Gran Diálogo Nacional por una Colombia distinta.
Desde luego sin la acción gubernamental no se puede explicar el ahogamiento de la protesta del campesinado catatumbero. El ejecutivo aprovecho el desgaste de 53 días de bloqueos y una pérdida de atención nacional, logrando tan favorable acuerdo. Los permanentes ataques a Ascamcat y a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, que incluyen desde la judicialización de más de 5 líderes durante los últimos años y, claro, la persecución al vocero César Jeréz fueron su artillería pesada para la deslegitimación nacional de la movilización. En síntesis, Santos aplicó la vieja teoría de negociación del régimen: marcartizar, prolongar, reprimir y mostrarse como un neutral demócrata ante la opinión pública.
Al final el relámpago catatumbero se extinguió por agotamiento quedando clausurado mediante una mesa de negociación que ha logrado su primer acuerdo.
1 Acuerdo alcanzado entre los voceros campesinos del Catatumbo y el gobierno nacional (…) En: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article11886
2 Mandato para la sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental de los ingresos derivados del cultivo de coca en el Catatumbo. En http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article11989
3 Ibíd.
Artículos relacionados
Catatumbo es una frontera caliente
Periódico desdeabajo N°194, agosto 20 – septiembre 20 de 2013
Periódico desdeabajo N°193, julio 20 – agosto 20 de 2013
Destellos y luces socialesPeriódico desdeabajo N°193, julio 20 – agosto 20 de 2013
Leave a Reply