Si para lograr sus propósitos por parte del actual Gobierno en la elecciones del pasado 9 de marzo fueron necesarios 2,4 billones de contratación pública y el nombramiento de amigos en 1.975 puestos ¿qué está dispuesto a hacer y a repartir Santos para lograr los cuatro años necesarios “para completar su misión”?
Las recientes elecciones legislativas estuvieron pasadas por la mermelada –entrega de contratación a través de puntos indicativos– de la Casa de Nariño. Así permite afirmarlo el cruce de los Computadores de la Secretaria General de la Presidencia –o computadores de la Casa de Nariño denunciados por el Uribismo– pero también el resultado de los comicios.
El dulce hace marear hasta al más goloso: 114 de los 166 congresistas vinculados a la mermelada, y a la entrega de puestos en entidades estatales, tendrán continuidad o consolidan a sus herederos en el Congreso que tomará posesión el 20 de julio.
Se instala así un tenebroso panorama con mayorías relativas en el Senado y mayorías absolutas en la Cámara de Representantes, poder que la Unidad Nacional está dispuesta a defender a toda costa para asegurarse, tanto la reelección presidencial como las maquinarias en el resto de las ramas del poder público. Y esta dinámica no toca solamente a políticos con fuerte influencia regional y nacional.
Asegurar la reelección a toda costa
El panorama político, como señalamos en nuestra edición número 200 (marzo 20-abril 20), quedó abierto con una serie de dilemas que removieron la seguridad de la reelección presidencial. Es así como el país retornó a un escenario donde la disputa electoral está a flor de piel. No es para menos. Por primera vez el candidato presidente no tiene plenamente asegurada su continuidad en el atril de Bolívar, por más que se auto elogie por los supuestos logros en su gestión gubernamental, los que le permiten alardear con frases como: “la economía está bien” o “en estos años hemos creado más puestos de trabajo que ningún otro país”.
Si para lograr sus propósitos por parte del actual Gobierno en las elecciones del pasado 9 de marzo fueron necesarios 2,4 billones de contratación pública y el nombramiento de amigos en 1.975 puestos ¿qué está dispuesto a hacer y a repartir Santos para lograr los cuatro años necesarios “para completar su misión”?
La estrategia electoral ha incluido una serie de modalidades que rozan con lo delictivo, incluyen variables de marketing y denotan negociaciones, todas de un Juan Manuel Santos aún fuerte pero con inocultables heridas en el cuerpo de su control político y gubernamental. Detengámonos para otear el panorama que lo circunda.
El plan de campaña
No hay tiempo para perder ni recurso por desechar. En primera medida, tensionó todos los resortes de propaganda de los 16 ministerios con que cuenta el país, para mostrar país la obra ya cumplida, que es, según ellos, la primera cuota de una presidencia que en el próximo cuatrienio culminaría con la plena realización de los objetivos de la prosperidad democrática. Igual anunció su antecesor en la anterior campaña presidencial. Todo parece indicar que nunca son suficientes cuatro años, pero tampoco lo serán 8 ni 12.
La tensión de estos resortes le cuestan al país 200 mil millones de pesos, e incluyen las polémicas propagandas con las cuales pretenden demostrar lo irreal: como el cumplimiento de lo pactado con los diferentes sectores que participaron en el Paro Nacional Agrario.
Si a esta opulencia ministerial se le suma la que con toda seguridad derrochan las Agencias de la Presidencia de la República, con su intervención directa sobre medios de comunicación regionales, podrá confirmarse que la mayoría del aparato comunicativo nacional está enfilado hacia los intereses de la casa Santos.
La propaganda no para. Durante las últimas semanas, cada día, se entregan viviendas a través de ministros como Juan Carlos Henao, o ponen en función concesiones que, en palabras de la ministra de transporte Cecilia Álvarez, los anteriores “gobiernos retrasaron por su pésima planeación”, como la carretera Bogotá–Girardot y próximamente Bogotá–Tunja.
Segundo. El poder para el gobernante de turno. El uso de la contratación pública para alinear alcaldes y gobernadores. La famosa ley de garantías, supuesto mecanismo de salvaguarda de los dineros públicos, establecida desde 2005, quedó convertida en un mecanismo de coacción directa por parte del Ejecutivo, para asegurarse la influencia sobre la mayoría de los municipios del país.
De pública a particular. La estructura del poder estatal en Colombia convirtió el erario público en botín que moviliza a gamonales, políticos y círculos económicos regionales. No es extraño, por tanto, que para satisfacer intereses de todo tipo, por ejemplo, un día antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, 24 de enero del presente año, muchos funcionarios del ministerio del Interior tuvieran que trabajar a toda máquina, hasta las 12 de la noche, en la firma de 243 convenios con entidades territoriales, faltando por repartir 30 mil millones de pesos según dijo el propio ministro Iragorri.
Tercero. Varón electoral. El incomodo acuerdo con Germán Vargas Lleras, y lo representado por éste, es una concesión necesaria por parte de Juan Manuel Santos para ser apalancado en procura de su reelección. Pasa así el país de Uribe respaldado por Santos en 2010 a Vargas Lleras como barón electoral en 2014.
Esta alianza incomoda, que puede asegurar su continuidad, aminora su poder omnímodo, establecido meticulosamente por Santos durante su gobierno, obligándolo a una renegociación –en caso de reelección– del próximo gabinete presidencial. Queda también el sin sabor en el aire de las denuncias sanadas por Germán Vargas sobre sus vínculos con la parapolítica, “sanadas” con mano de cirujano: de un momento a otro narcotraficante como Néstor Ramón Caro, y 7 testigos más, rectificaron sus acusaciones contra el político bogotano1.
Cuarto. Gobierno de gremios. Relacionar su reelección con los intereses empresariales. Es claro que los otorgamientos de concesiones, las mentadas alianzas público privadas, los títulos mineros y la proposición de planes agro industriales y minero energéticos durante el gobierno Santos han quedado reducidas, en su benefactores, a una casta muy específica del empresariado criollo e internacional.
Este modelo de relación con pocos pero poderosos grupos económicos y financieros, ha impreso la imagen de respaldo de la mayoría de los gremios y poderes económicos del país al Gobierno, con excepción de la Sociedad de Agricultores de Colombia y Fedegan. Sin embargo, Juan Manuel Santos se ha visto en dificultades para conseguir el respaldo unificado de esta casta empresarial. Su reto es tan grande que día a día, en sus declaraciones, intenta destacar a su gobierno como la única posibilidad para que los empresarios satisfagan sus intereses a plenitud.
Quinto. Desatar una campaña sucia para conseguir la reelección. No es coincidencia que tras recibir concejos de publicidad, como los de Ángel Becacino, Juan Manuel Santos –a través del partido de la U– allá optado nuevamente por traer la asesoría del gurú internacional de las campañas negras J.J. Rendón.
Este venezolano le introduce un ritmo específico al manejo de la confrontación con Uribe, y permea las formas de hacer política a nivel regional. La presencia de Rendón fue admitida por el partido de la U para las pasadas elecciones legislativas, pero no las presidenciales, sin embargo según fuentes consultadas el controvertido comunicador ha logrado continuidad en la campaña reeleccionista.
Sexto. Reelección y paz o el mal menor y las farc amarradas. Santos ha posicionado su reelección como la única posibilidad que tiene el país para continuar con el proceso de paz. El discurso imperante en el país durante los últimos meses ha moldeado la concepción fabricada de que el único con el que puede firmarse la paz, en negociación en La Habana, es con el actual presidente. Esta bandera política lo coloca bajo el manto de ser el mal menor que garantiza la necesidad de la paz, factor que en algún sentido es respaldado tácitamente con su silencio por parte de las farc, tanto en la capital cubana como en las montañas de Colombia.
Séptimo. Geopolítica y poder. Santos circunscribe el respaldo internacional al país a un apoyo personal a su reelección. La reimpulsada agenda internacional de este gobierno ha proyectado un protagonismo determinante del país en asuntos regionales, posicionándolo como el filo de la balanza: Unasur y ahora Venezuela resaltan en este escenario. Pero el protagonismo regional y más allá, como país abierto y garantista va mucho más allá: Alianza del Pacífico, Ocde, ONU, y otro más, apareciendo en todas partes como el único que puede materializar las transformaciones políticas –paz– y económicas, imprescindibles para los poderes globales.
Octavo. Control total de las Fuerzas Armadas y de Policía. Tras la salida del General Jaino León Riaño de la Policía Nacional, de los generales Mauricio Zúñiga, jefe de Inteligencia del ejercito y Jorge Zuluaga, director de la Central de investigación técnica del Ejercito, y de la llamada a calificar servicios del director del Inpec –general de policía Adolfo Ricaurte–, el mensaje quedó claro para el conjunto de estas fuerzas: el Presiente es capaz de depurar la cúpula de este factor de poder para tener su total control, con el fin de garantizar su agenda reeleccionista, que incluye la paz, e implica destruir la influencia uribista sobre los cuerpos militares.
Manejo y moldeamiento de la oposición
La pretensión reeleccionista lo obliga a mucho más. Santos trata por todos los medios de moldear la oposición política. Parte de sus jugadas pretenden copar los círculos contrarios al señor de los ocho años, generando una suerte de frente antiuribista que incluye a figuras mediáticas como Daniel Coronell, el cuerpo editorial de revistas como Semana –dirigida por Alejandro Santos, sobrino del Presidente–, e informativos como Noticias Uno.
De manera adicional, en la orientación de su campaña electoral, maneja una línea dura de no negociar sino hasta pasada la primera vuelta presidencial las concesiones que le pudiera dar al centro democrático para garantizar su continuismo.
No hay casualidad. En estos manejos resalta el uso de estos medios de comunicación como centros de producción de la denuncia política en el país para la depuración del Ejército –operación Andrómeda–, de la Policía –contratación interna– y del control permanente sobre figuras de la palestra nacional que temen ser protagonistas de los escándalos difundidos por la portada de la revista Semana.
Su pretensión va más allá. Durante la reunión sostenida el 26 de marzo con la Marcha Patriótica, el Presidente aclaró que busca la mayor cantidad de apoyos para asegurar la reelección en primera vuelta, haciéndoles entrever que necesita de su respaldo para consumar el proceso de paz. A esto le suma sus declaraciones que posponen el proceso de paz con el eln, y que zanjan aguas inmediatas con la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente –ANC–. En esta labor resaltan frases como “recuerden que una ANC es soberana y puede invalidar en el primer día lo que hemos negociado en La Habana”.
A esto hay que agregar su interés por desarmar el paro nacional agrario proyectado por los paperos para el 28 de abril, valiéndose para ello del pacto agrario que otorgó a una centena de municipios más de 300 mil millones de pesos como dadivas asistenciales; así como el respaldo a la denuncia penal interpuesta por el ministro de Agricultura Lizarralde en contra del líder Cesar Pachón. También se prenden altavoces, difundiendo propaganda oficial a través de los medios de comunicación, intentando con ella que las reivindicaciones de los paperos, arroceros y cafeteros sean vistas como simples caprichos con intereses políticos.
1 http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12830831.html
Los operadores políticos y mediáticos
Para realizar la misión reeleccionista, Juan Manuel Santos destacó en funciones no solo a las cabezas visibles de los partidos de la Unidad Nacional, y de la Fundación Buen Gobierno, sino que conformó una capa silenciosa de operadores políticos que van desde periodistas hasta abogados y consultores de ministerios, encargados todos ellos de mediar apoyos, menoscabar enemigos políticos y articular a sectores empresariales a la campaña electoral santista. Entre ellos destacan Sergio Michelsen, Felipe de Viveros Arciniegas y Daniel Coronell.
Sergio Michelsen1: Abogado Uniandino, con maestría en derecho comercial en la parisina Sorbonne; poco conocido en los medios de comunicación. Pieza clave en mediar las negociaciones de otorgamiento de la concesión de espacios sin licitación, como obliga la ley, del Canal Uno a CMI y la unión temporal compuesta por RTI, Jorge Barón, Julio Sánchez Cristo, Yamid Amat y Daniel Coronell, convirtiendo esta plataforma informativa casi en un tercer canal de facto, donde se le dan juego a los pequeños del negocio de la comunicación.
Además, como señalan algunas fuentes, Michelsen está convertido en interlocutor de algunos grupos empresariales nacionales, internacionales y mixtos, como Bavaria S.A (Sab Miller) y el grupo tras almacenes Éxito, Casino y Sindicato Antioqueño. Es socio de la firma de abogados Brigard y Urrutia, vinculada al escándalo de otorgamiento de baldíos en la altillanura colombiana. Lo mencionan como uno de los dueños –a través de Brigard y Urrutia– de las dos plantas donde funciona la Agencia nacional de defensa jurídica del Estado.
Felipe de Viveros2: Abogado de la universidad de los Andes, director de la maestría en derecho público en la misma alma mater. Asesor de la Agencia Nacional de Televisión –ANTV– y del Ministerio de Tecnologías de la Información –MINTIC–, encargado de la elaboración jurídica de conceptos para otorgar las concesiones del gigante negocio de la red de internet de alta velocidad, donde además está relacionado con la empresa mexicana TV Azteca, convertida, junto con los negocios de internet 4G y el tercer canal de televisión, en las grandes transacciones que en el terreno de las telecomunicaciones el presidente Santos, a través de su ministro Diego Molano, está dispuesto a mediar en vocación de su carrera reeleccionista.
Daniel Coronell3: uno de los principales moldeadores de la opinión pública nacional a través de la denuncia periodística. Reconocido comunicador social, exdirector de Noticias Uno, vicepresidente de noticias de la cadena internacional Univisión, y columnista de la revista Semana. Fungió durante el gobierno Uribe, y aún hoy, como uno de los principales contradictores del expresidente.
Hoy por hoy es uno de los principales defensores del gobierno Santos. Ha destapado múltiples escándalos que, de una u otra manera, sirven para fortalecer el control de los poderes públicos y de las Fuerzas Armadas por parte del inquilino de la Casa de Nariño. Recientemente resultó beneficiado por el alargamiento de la concesión de espacios televisivos en el Canal Uno, obviando la licitación que requiere este tipo de procedimientos de operación de espacios comunicativos en televisión abierta.
1 http://bu.com.co/es/abogados/sergio-michelsen-jaramillo
2 http://derecho.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1810:-felipe-de-vivero-arciniegas&catid=57&Itemid=318&lang=en
3http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wihzpkaqnWNrRM&tbnid=6HbT2MWOnY9irM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fjimenazuluaga.com%2Fdaniel-coronell-el-duro-de-las-noticias-en-la-intimidad%2F&ei=M5FGU6XgBae0sATrz4DQCA&bvm=bv.64507335,d.dmQ&psig=AFQjCNGW2b_KanBZYkGmBIkAYAIwV0Ys-g&ust=1397220009863745
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