El impacto de la violencia y el control social

Putumayo. Una mirada en contexto

Por: Equipo desdeabajo

Un fantasma recorre el Putumayo, impone sus reglas y se enraíza como parte del paisaje. De vez en cuando aparece para que nadie ignore su presencia, y escarmienta a quien se oponga.

¿Usted sí vio ese video que circula por ahí?, es la pregunta recurrente en los corrillos de veredas para referirse a un mensaje que circuló en las redes locales. Al parecer, los hechos que perturban la mirada de los pobladores corresponden al asesinato de Idelber Gómez el pasado 31 de julio en la vereda el Bagre del municipio de Puerto Caicedo¹. La prensa reportó el homicidio de un desmovilizado porque dos personas quedaron heridas. En palabras oficiales no fue una masacre.

Al mismo tiempo, se difundieron mensajes que buscan generan terror en la población: “[…] Enciérrense –aconseja un hombre de voz asustada– porque a San Pedro salieron más de cien manes (sic) armados y aquí en Caicedo andan en unas motos de alto cilindraje ahorita”; “anda una gente rara, pilas […]”, se escucha en otro audio de WhatsApp.

En otro mensaje, una madre contó que fueron encerrados en Puerto Caicedo por “una gente armada” y sugería que no enviaran a sus hijos al colegio por seguridad. En el Putumayo ya no es necesario un hecho de violencia de alto impacto para amedrentar a la población: basta con mostrar los dientes.

¿Es ésta una nueva estrategia de los grupos armados o las nuevas tecnologías los obligan a adaptar sus métodos de terror? Antes era el panfleto debajo de la puerta o los golpecitos con la culata del fusil en las tablas de las casas. Ahora las redes sociales facilitan la difusión del pánico, que se multiplica con mayor poder que el de la ubicuidad en un departamento donde cuatro de cada diez personas fueron afectadas por el conflicto armado, y donde el impacto psicosocial de la violencia aún es difícil de dimensionar².

En el Putumayo la violencia más aguda se vivió en la década de los 90 durante la implementación del Plan Colombia, cuando la arremetida paramilitar tomó fuerza a partir de cruentas masacres. Esta fase de atrocidades y horror aún perturba a los sobrevivientes de aquellos crímenes.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, en lo corrido del 2022 han sido asesinados cinco excombatientes de las Farc y doce líderes comunales en el departamento³.

Los registros de Indepaz excluyen a las víctimas que no son consideradas líderes, así como a las heridas en los hechos de violencia. De no ser por ello las cifras aumentarían. Por ejemplo, en el ataque contra Jorge Santofimio Yepes el 24 de abril fueron heridos un menor de edad, una bebé de cinco meses de nacida, otro excombatiente y cinco escoltas⁴: un total de 9 personas víctimas de esta acción criminal que pudo configurarse en una masacre y de quienes se desconoce su estado de salud, en especial de la bebé y el menor de edad. Este grave atentado criminal fue minimizado por los medios, pero ¿cuál fue el impacto para la población de Puerto Guzmán? Una vez más, la ley que se impone es la del silencio.

En el caso de la masacre del 28 de marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, Indepaz solo registra los asesinatos considerados como políticos, esto es, los de Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal y Pablo Panduro Coquinche, gobernador Kichwa del resguardo; y excluye a su esposa en estado de embarazo, al menor de edad indígena y al resto de personas que fueron asesinadas y/o desaparecidas.

Una masacre de esa magnitud trae a la memoria de los putumayenses las de El Tigre y El Placer, en 1999. En el Alto Remanso los medios primero reportaron la versión de un operativo del Ejército contra las disidencias del Frente 48 de las Farc, pero con el pasar de las horas las denuncias de la comunidad permitieron revelar la crueldad infligida a los habitantes de esta vereda.

La matanza en Alto Remanso⁵ –el hecho más grave de violencia de los últimos años en el departamento– generó importantes reacciones mediáticas, judiciales y políticas que a la postre no terminaron en nada. Tal fue el escándalo que la bancada de oposición promovió infructuosamente una moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, y las instituciones de control hicieron sus ya desgastados y poco creíbles anuncios de investigaciones exhaustivas que, hasta la fecha, no han arrojado resultado alguno.

Cuatro meses después del show, el gobierno de Gustavo Petro ascendió al mayor general Juan Carlos Correa Consuegra, quien en su calidad de comandante de la división de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército estuvo al frente de la operación en la que fueron asesinadas un total de once personas. Correa entró a la cúpula militar como jefe de la Inspección General, lo que constituye un pésimo mensaje para la población del Putumayo que confió en un cambio de rumbo hacia la paz con base en la política de Seguridad Humana pregonada por el nuevo mandatario.

El sándwich de violencia que encierra a los excombatientes en el Putumayo

En este Departamento hay tres facciones en confrontación que surgieron de la desmovilización de las Farc en 2016: los que se desmovilizaron y se acogieron al proceso de paz pese a los incumplimientos del gobierno nacional; el sector de alias Sinaloa que continuó con sus actividades y se unió a La Constru, actualmente Comandos de Frontera, adscritos a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez; y, por último, las disidencias del Frente Primero Carolina Ramírez que comanda Iván Mordisco⁶. Resulta apenas lógico que los excombatientes de las Farc empeñados en mantenerse fuera de las armas y enfocarse en el trabajo social y político sean los más vulnerables dentro de este complejo sándwich, factor que explica la constancia de los asesinatos contra ese grupo de la población.

Ahora bien, la disputa se desarrolla especialmente en los centros de producción y mercado del narcotráfico. Los Comandos de Frontera controlan los principales centros urbanos del medio y bajo Putumayo, incluidos corregimientos e inspecciones claves en la comercialización de la cocaína, donde imponen sus reglas y el precio de compra de la pasta base.

Por su parte, el Frente Primero Carolina Ramírez concentra sus esfuerzos en las zonas selváticas de Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo, corredor en el que se han incrementado las acciones armadas de los dos últimos años⁷. El dominio sobre los ríos Apaporis y Bajo Caquetá se configura como retaguardia estratégica de ese grupo disidente.

Desde el mes de julio empezó a circular un comunicado de la Columna Móvil Jhoiner Toro de las Farc, adscrita al Comando Conjunto de Occidente, grupo que al parecer ha llegado a reforzar las acciones del Carolina Ramírez en su guerra con Los Comandos de Frontera⁸. El panfleto ordena restricciones a la movilidad y toques de queda nocturnos por las carreteras rurales de Puerto Caicedo, Villagarzón, Orito y el corregimiento de Jardines de Sucumbíos.

Meses antes, los Comandos de Frontera habían prohibido, vía mensajes de WhatsApp, la entrada de personas extrañas a la comunidad. En otras palabras, la disputa territorial de los grupos armados se expandió a este corredor.

A finales de agosto se presentó la desaparición y posterior tortura y ejecución de seis indígenas⁹ en zona rural de Jardines de Sucumbíos, hecho que consternó a la población. El 26 de agosto la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 022 de 2022, en la que advirtió del riesgo de violaciones masivas a los derechos humanos, en especial contra las comunidades indígenas y negras que habitan ese territorio.

Es de anotar que los Cofanes, los Awá, Los Ingas, los Murui y los Embera,  hacen parte de los pueblos indígenas declarados por la Corte Constitucional, en su auto 004 de 2009, en peligro de extinción física y cultural por causa del conflicto armado. Jardines de Sucumbíos hace parte del territorio ancestral de los Cofanes, y es pilar de la ciencia del yagé.

Todos estos hechos denotan un control de la población por medio de la violencia sociopolítica, lo que el jurista Raúl Zaffaroni llamaría un “fascismo por goteo”, del que la comunidad sigue siendo víctima y el cual se agrava dada la ausencia histórica del Estado, realidad que a su vez alimenta la proliferación de los grupos armados. 

La “Paz total” en el Putumayo

El conflicto armado en esta región del país escala de manera constante, en la medida que la implementación de los Acuerdos de La Habana continúa siendo letra muerta, en particular en lo referente al Programa Integral de Sustitución de Cultivos (Pnis), pues el principal músculo financiero de las agrupaciones criminales es la renta de los cultivos de uso ilícito.

De hecho, desde 2019 el corredor Jardines de Sucumbíos – La Cofania es considerado como un enclave productivo del narcotráfico por la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc):

    […] para este año se consolidó el nuevo enclave Orito-Vides, localizado en la intersección entre los municipios de Orito, Villagarzón y Puerto Caicedo entre los ríos San Juan y Vides. Los centros poblados con mayor relación son Buenos Aires, El Paraíso y la Cabecera municipal de Puerto Caicedo. Este enclave concentra el 5% del total regional y cerca del 1% del total nacional. (Informe Unodc) 2020).

Aunque la propuesta de la Paz total abre la esperanza de la desactivación de todos los grupos criminales a través de un proceso de diálogo acompañado de beneficios judiciales, lo cierto es que la realidad es mucho más compleja que el simple negocio del narcotráfico, pues las rutas en disputa también son epicentros de otros comercios ilegales que se nutren y son dominados por los mismos grupos armados que trafican cocaína: la trata de mujeres con fines de explotación sexual, el tráfico de migrantes, el contrabando de armas, la piratería ilegal, el contrabando y lavado de dólares, entre otros. Los expertos en temas de crimen organizado han analizado durante años la manera como el narcotráfico ha acabado convirtiéndose en un amplio sistema vinculado al mercado de bienes y servicios que no sólo mueve enormes cantidades de dinero, sino que tiene estrechos vínculos con los poderes económico, político, militar y hasta religioso en algunas zonas del país. 

La pregunta que surge desde la región es, ¿cómo logrará el gobierno nacional desmontar estas organizaciones criminales y, a su vez, impulsar un plan integral de sustitución de cultivos de uso ilícito?

El reto no es menor, toda vez que avanzar tras tal propósito implica un cambio efectivo en la doctrina militar, garantizando así que los liderazgos sociales y ambientales no sean vistos como el enemigo a combatir. Bien lo dijo el presidente Petro en su discurso de posesión: ‘el esfuerzo de la inteligencia militar debe concentrarse en perseguir la corrupción’. En este sentido se requiere una depuración de la fuerza pública para desmantelar los nexos con la narco criminalidad. Es de recordar que alias Gárgola era custodiado por su cuñado, un coronel activo del ejército encargado del reclutamiento militar en Putumayo. (ver https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44884-el-nuevo-ciclo-de-violencia-en-putumayo.html) Para nadie son un secreto las relaciones que tejen los grupos armados con los carteles mexicanos y brasileños en el Putumayo.

La política de Paz total es ambiciosa pero necesaria para transitar hacia una democracia efectiva, como lo es la implementación del plan de emergencia planteado por el gobierno nacional para salvar los acuerdos de La Habana, de la mano en su ejecución con la ampliación y fortalecimiento de la política para proteger y resarcir a las víctimas.

También se requiere continuar con los ejercicios de memoria histórica realizados por la Comisión de la Verdad y el Cnmh pues, como decía un campesino de la región “en el Putumayo todo está por rehacer. El conflicto armado resquebrajó el tejido comunitario”.

Por ser de colonización temprana, en esta región existen veredas que fueron reocupadas por familias de otras zonas del departamento. Muchas familias desplazadas del bajo Putumayo se asentaron en barrios y veredas de Mocoa y Villagarzón. Todas sus historias se encuentran en el olvido, aunque son claves para el esclarecimiento histórico del conflicto armado. Hay masacres que no están documentadas, como por ejemplo la ocurrida en la inspección de Siberia en el 2001.

En materia ambiental, otro componente fundamental de los cambios por garantizar, el Putumayo también requiere un pacto de paz con el territorio. Esto implica revisar el modelo de desarrollo acorde con la Amazonía. En palabras de Kristina Lyons:

    Es necesario lograr que la Amazonía sea respetada, entendida como un departamento de no extracción. Hay un problema con el gobierno nacional, los cables cruzados, por un lado están con la sentencia 4360 de 2018, reconociendo la Amazonia como sujeto de derechos. El gobierno está en miles de compromisos para mitigar y frenar la deforestación, en el país y en la Amazonia. Y Obligaciones porque esos compromisos son obligaciones. Pero al mismo tiempo siguen las concesiones y las presiones de las empresas. Es algo totalmente contradictorio para las comunidades locales, donde un campesino puede ser encarcelado por tumbar un árbol, pero por otro lado ve que el gobierno está concesionando a las empresas petroleras y mineras¹⁰.

El 25 de agosto pasado, la ministra de Agricultura, Cecilia López, inició los diálogos regionales con las comunidades campesinas del Putumayo. Pero no se puede olvidar que la conservación del territorio pasa por tener en cuenta las voces de los pueblos indígenas que en cuestión de un siglo pasaron a ser una minoría que poco a poco devora el modelo de desarrollo y su método de control basado en la violencia.

Es urgente la implementación de una política social que realmente logre sacar a miles de familias campesinas, indígenas y afros de los circuitos de la economía del narcotráfico que alimenta la violencia. ¿Qué futuro tiene la juventud de una vereda sin acceso a educación de calidad? ¿Qué alternativa ofrecerle a los niños y niñas que naturalizaron la cantina, el dinero de la coca y la pistola?

Si en los próximos cuatro años el gobierno nacional no logra sentar las bases para construir un verdadero Estado Social de Derecho, es de temer que en la región se seguirá repitiendo la profecía del poeta Gonzalo Arango en su Elegía a Desquite:

    “Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña: ¿no habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia: Desquite resucitará, y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas”.  

1   Esa misma noche, en la vereda San Carlos del municipio de San Miguel, fue asesinado el excombatiente Rigoberto López Vallejo. Los medios registraron los crímenes sin analizar la conexidad de los dos hechos de violencia cuyo patrón común es que el blanco son los firmantes de paz (desmovilizados) de las antiguas Farc.

2   Las cifras son de la Unidad de Víctimas. Para mayor información, leer: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44884-el-nuevo-ciclo-de-violencia-en-putumayo.html

3   Las cifras de Indepaz son nacionales, pero se ha extraído la información referente al Putumayo para este artículo. Consultado el 4 de septiembre de 2022: https://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/

4   Ver: https://www.eltiempo.com/justicia/paz-y-derechos-humanos/asesinan-a-jorge-santofimio-excombatiente-de-farc-en-putumayo-654223

5   https://www.desdeabajo.info/colombia/item/45127-putumayo-las-dudas-de-un-operativo-que-termino-en-masacre.html

6   Para mayor información ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44884-el-nuevo-ciclo-de-violencia-en-putumayo.html

7   Ver https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44884-el-nuevo-ciclo-de-violencia-en-putumayo.html

8   De la aparición de esta nueva estructura de las FARC da cuenta la Alerta Temprana 022 de 2022 de la Defensoría del Pueblo.

9   Para mayor información consultar: https://www.rcnradio.com/colombia/sur/indigenas-awa-entre-las-seis-victimas-de-los-asesinatos-en-putumayo

10 Entrevista realizada el 14 de febrero 2022. El modelo económico y la violencia en el Putumayo es un tema por analizar en un próximo ensayo.