La sociedad colombiana vive un interesante proceso de transformaciones que pueden llevarnos a un orden de mayor democracia, justicia y equidad, iniciando la superación de un orden de exclusiones, autoritarismos y violencias organizadas que nos han dejado una nación desgarrada y con enormes violaciones a los derechos humanos, luego de más de seis décadas de permanentes ejercicios de confrontaciones armadas, con la lógica de consolidar un modelo autoritario y concentrador de la riqueza y una rebelión armada luchando por salir de la antidemocracia y construir una democracia de mayor calidad.
Nuestro viejo alzamiento armado surgido de una sociedad de exclusiones y falta de garantías para la competencia política, poco a poco se ha venido tramitando vía diálogos, negociaciones, acuerdos y pactos políticos parcialmente cumplidos o por cumplir, es un ciclo iniciado por la decisión del M-19 de salir de la rebelión armada y considerar que el uso de las armas para empujar una agenda política se había agotado y se debía ir a la competencia política institucional y seguir buscando por ese conducto las transformaciones anheladas.
Han sido treinta y tres años de este proceso de lucha política que se articuló con la izquierda y el mundo social más organizado y que hoy se expresa en el gobierno que lidera el presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez, y que resume la alianza política entre la paz de los años noventa, la tradición política de la izquierda colombiana y la articulación con los movimientos sociales, en esta caso del relegado mundo afrocolombiano, simbolizado en el liderazgo de Francia y todo ese mundo social de campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y trabajadores que dieron fuerza a la campaña presidencial del año pasado y que han logrado el triunfo del Pacto Histórico y las fuerzas sociales y políticas que acompañaron este propósito político.
En este trasegar desde el año 1990 con el acuerdo de paz con el M-19, el proceso constituyente de 1991, la incorporación a la dinámica de paz política del Ejército Popular de Liberación (Epl) y el Partido Comunista-Marxista Leninista (PC –ML–), del Movimiento Armado Quintin Lame, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt) y cerrado por la Corriente de Renovación Socialista (Crs) –agrupación proveniente del Eln y separada de ellos en 1991– se ha venido configurando una lucha política por transformar a Colombia de manera democrática y en el marco de un ordenamiento legal e institucional con dinámicas hibridas en las que se entremezclan las viejas formas de hacer la política con clientelismo y corrupción, con los ingentes recursos que entran a la competencia política provenientes del narcotráfico y el uso corrupto de los recursos públicos, con la búsqueda de transparencia y apelando a la voluntad ciudadana de cambio y propósito de colocar la acción política al servicio de ordenes sociales, políticos y económicos, donde prevalezcan los intereses colectivos y salir de este orden de elites que han concentrado la riqueza, los recursos de la nación para su provecho particular y una complicidad e involucramiento con muchas dinámicas de violencias y autoritarismo a lo largo y ancho de Colombia.
A pesar de la decisión del M-19, el Epl, el Prt y la Crs, de salir de la rebelión armada, en ella continuaron las Farc y el Eln, en la década de los noventa el conflicto se volvió más agudo y llegó a más territorios, y se abrió un nuevo ciclo de confrontación violenta con la participación de una extendida red de organizaciones paramilitares, agrupadas en las Autodefensas Unidas de Colombia, las Auc, que como no los ha recordado recientemente Salvatore Mancuso, uno de sus más importantes liderazgos, contaron con el apoyo y respaldo de sectores de las fuerzas armadas, de elites políticas regionales, de intereses económicos, todos con la lógica de fortalecer sus intereses regionales y fueron claves en la elección de Alvaro Uribe en el año 2002, todo lo cual hacia parte de la vieja lucha entre mantener un orden de antidemocracia y los anhelos por tener una Colombia de derechos universales, oportunidades, posibilidades de usufructuar la riqueza nacional para el conjunto de la sociedad y no solo para grupos minoritarios, como ha sido la tradición colombiana, lo cual nos ha dejado un modelo de sociedad y de desarrollo “Pro-rico”, como muy bien lo ha descrito la economista y exministra Cecilia López.
Con el parcial desmonte del paramilitarismo entre los años 2002 y 2006, tema aún por resolver de manera definitiva en la sociedad colombiana y las importantes negociaciones de paz con las Farc, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el acuerdo de paz firmado en el año 2016, con los importantes temas de reforma rural y transformación de la política, que junto al tema del tratamiento a los cultivos ligados al narcotráfico, constituyen una importante agenda de transformaciones, pendientes y de especial importancia para la sociedad colombiana, ese acuerdo de paz viene a ser parte de estas tres décadas de negociaciones políticas, quedando solo pendiente la construcción de un acuerdo de paz con el Eln.
Esta agrupación insurgente, está involucrado en un proceso de paz con el actual gobierno, en un proceso que lo guía una agenda centrada en participación de la sociedad y la búsqueda de unas transformaciones que hagan viable una visión compartida de una Colombia en paz.
Estas negociaciones de paz hacen parte de este complejo proceso de transición política de un modelo autoritario, excluyente y de precaria democracia o inexistente para muchos territorios y comunidades, a un modelo social, político y económico que haga realidad el proyecto de la constitución del 91, que nos habla de que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, propósito aún por hacer realidad para las mayorías nacionales.
Estamos con un proceso de paz Gobierno-Eln, que tiene un derrotero de participación social, ciudadana, gremial e institucional, que ha marcado una ruta de trabajo para los próximos dos años, tiempo durante el cual deben forjarse un conjunto de transformaciones en la política y los territorios, temas centrales de país, como parte de una agenda pertinente y que nos puede dejar el cumplimiento de tareas postergadas por siempre, para lograr que muchas comunidades y territorios tengan mejores condiciones sociales, institucionales y de infraestructura económica para llevar adelante sus vidas de manera digna y dejar atrás las mil violencias que han atropellado a muchos territorios y los grupos humanos que los habitan, en estas largas violencias por superar.
Hay un proceso de paz abierto con el Eln, que requiere el más amplio involucramiento, para tratar las causas que han dado soporte a esta enorme desconfianza, para darle protagonismo y escuchar las voces de una Colombia atropellada y postergada, esa es una deuda a pagar y en estos dos años de participación por desarrollar vamos a poder acercarnos a realidades que muchos desconocen y donde se ha permitido que muchos colombianas y colombianos vivan en medio de la zozobra y de mil atropellos, algo que debe ser superado, para garantizar ordenes democráticos y de convivencia de calidad para todos los territorios y comunidades, esa debe ser una prioridad de este proceso en curso.
La paz con el Eln, trabajando por la más amplia y diversa participación de la sociedad es posible y una necesidad, asumiendo que hay causas profundas a transformar, que la paz política debe estar sustentada en importantes transformaciones sociales y económicas, culturales e institucionales, no son pequeñas tareas, pero en ese camino hay un acumulado de décadas que hoy se expresan en el gobierno del Presidente Petro y la Vicepresidenta Márquez; somos parte de una larga tradición de luchas por el cambio democrático y una vida digna.
Colombia vive un momento entre cambio democrático y tradición excluyente y autoritaria, en esa lucha política se inscribe el proceso de paz con el Eln y no es pequeño el desafío, pero tanto en el gobierno colombiano, como en el Eln –y la sociedad que anhela transformaciones y una vida en paz– hay compromiso y liderazgo para llevar a buen puerto esta transición política, que debe consolidarse con un régimen democrático que supere las formas excluyentes y violentas de llevar adelante la lucha política, así como con modelos de desarrollo incluyentes y con derechos y oportunidades para el conjunto de la sociedad, y no solo para pequeños grupos de elites como ha sido la tradición colombiana.
* Estudió sociología en la Universidad, es analista de las violencias organizadas y sus perspectivas de superación, integrante de la Fundación Paz y Reconciliación.
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