Bogotá creció a espaldas de los Cerros Orientales expandiéndose por décadas por los fértiles suelos de la Sabana. Ahora quiere intervenir sobre ellos bajo la lógica del ecoturismo, sin reconocer las necesidades de quienes los habitan. Las obras que allí pretende adelantar la Secretaria de Ambiente evaden la normatividad de protección forestal y pretende ‘sembrar’ de concreto hectáreas de suelo de páramo bajo. Claudia López muestra su filo peñalosista: prioriza el cemento sobre los espacios forestales.
Los Cerros Orientales de Bogotá tienen una extensión aproximada de 13.142 hectáreas, según cartografía Resolución 463 de 2005. Se elevan desde los 2.650 hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar, e incluyen áreas rurales de las localidades Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén. Fue declarada como Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental mediante el Acuerdo 30 de 1976 por el entonces Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) y aprobada por la Resolución 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura.
Pero en algunas zonas, aquellas más cercanas a la ciudad, parte de ese territorio ya estaba habitado confirmando, incluso, barrios semiurbanos ya consolidados. Eran asentamientos que expresaban el crecimiento urbano de la segunda mitad del siglo XX producto de la migración derivada del conflicto armado desatado por el genocidio del gaitanismo y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.
Desde mediados de los años 50 el repoblamiento del país es evidente, y ciudades como Bogotá reciben parte de los miles que fueron despojados de sus terruños, así como de quienes migraron para proteger su vida y la de los suyos. Aprovechando la demanda de vivienda por ello potenciada, ganaron aire la piratería y el clientelismo burocrático, como motores de la política de vivienda. Escasas y puntuales eran por entonces las invasiones de lotes baldíos.
Es como parte de esta dinámica que cientos de familias se asientan en la parte inferior de los Cerros Orientales, padeciendo por años los efectos de la informalidad urbanística: sin posibilidad de acceso a servicios y obras de adecuación, tachadas de invasores; sin poder mejorar sus viviendas, caminando entre fronteras que niegan el derecho a la ciudad.
La ciudad es expresión de la espacialidad del capital, los procesos de acumulación, según David Harvey, se contraen por intensificación o se expanden, siempre estructuralmente orientados a la lógica centro periferia. Una periferia segregada y explotada en la que el derecho a la ciudad como disfrute de lo público es negado en fronteras no sólo físicas sino también mentales. Cada vez que la ciudad planea sobre los territorios de la periferia procede sin consultar con las comunidades que los habitan. Una referencia histórica en la misma área trae a nuestra memoria el Plan de Desarrollo Integral de la Zona Oriental (Pidozob), articulado con la construcción de la Avenida de los Cerros, proceso que alcanzó a expulsar centenares de familias de los barrios populares cercanos al centro de la ciudad, hasta la desaparición de barrios enteros –como sucedió con el conocido como Santa Barbara. La resistencia de las comunidades entre los años 1982-84 no estuvo ausente, impidiendo la implementación total de aquellos planes, resistencia constituida en hito de las luchas urbanas en el país.
Vivir en la frontera
Con sentencia del 5 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado conservó los Cerros Orientales en la condición de reserva de protección de carácter nacional, pero excluyó 973 hectáreas de la reserva forestal para un área denominada franja de adecuación. Su objetivo: constituir un espacio de consolidación de estructura urbana de amortiguación y contención definitiva de los procesos de urbanización que pudiera vivir esta parte de la ciudad.
La franja está compuesta por dos tipos de áreas a su interior: una de ocupación pública prioritaria adyacente al límite occidental de la Reserva de carácter rural; y otra de consolidación del borde urbano. En el primero consagró la imposibilidad de construir, mandato que es acogido por el plan de uso público para la reserva forestal elaborado por la CAR Cundinamarca en 2018 y que prohíbe planchas de concreto e imposibilidad de construcciones duras, como también lo expresa el Plan de Manejo ambiental de los Cerros de 2016.
En estos intentos de la ciudad por demarcar fronteras, cosa curiosa, la misma administración distrital procede por vía contraria. Dada la claridad de la normatividad, existen en este momento obras a cargo de la Secretaría de Ambiente (Contrato 1977 de 2022), que implican obras en concreto a 3.280 metros sobre el nivel del mar, en área de páramo bajo y que afectan la recuperación y supervivencia de aquellos bosques.
En contravía del Plan de Manejo y de la finalidad de la Reserva Forestal, la entidad ambiental del Distrito pone en riesgo al ecosistema, al endurecer el suelo con concreto, gravilla, ladrillo y diferentes tipos de metalurgia; sin acudir a materiales amigables, renovables, características de permeabilidad para no obstruir el flujo natural del agua, y liviandad para bajar el impacto sobre los ecosistemas, como puede ser madera, caucho natural, guadua, corcho y otros productos vegetales renovables.
En específico, para la localidad de San Cristóbal planean la ejecución de proyectos de alto impacto, sin importar los efectos que puedan tener sobre sus habitantes. Amparados en el ampuloso nombre de ecoturismo, con la intervención en Altos del Zuque tienen planeado adecuar un mirador de la ciudad, ligado con el cable área en construcción, y producto de lo cual están expulsando a dueños de casas sin reconocerles las adecuaciones realizadas a las mismas.
Peticiones de la comunidad
Para ser consecuentes con la normatividad existente, así como no se permite ampliación de las infraestructuras suburbanas preexistentes en estas zonas, tampoco debiera permitírsele a la administración construir nuevas unidades de carácter dotacional en los Cerros bajo pretexto de aulas ambientales. Para los líderes de los sectores comunitarios afectados, esta clase de irregularidades acarrearía la imposición de medidas preventivas y sancionatorias establecidas en la ley 1333 de 2009 como causales de responsabilidad en materia ambiental.
A pesar que estos líderes, en representación de sus comunidades, han insistido sobre la inconveniencia del desarrollo de obras de endurecimiento, la administración no ha querido entender. Es importante aclarar que la comunidad no se opone a las intervenciones, sino que estén ajustadas a la normatividad como reserva forestal. Es así como han solicitado la construcción de aulas con materiales biodegradables o de bajo impacto y la recuperación del ecosistema.
Y así proceden, aún más con el Mapa de riesgos que identifica la probabilidad de un evento de remoción de masa en el suelo rural y urbano sobre la Serranía del Zuque, por lo que las obras de endurecimiento que pretende hacer la Secretaría de Ambiente se encuentran en áreas con amenaza alta. Las obras de mitigación a desarrollarse para proteger a las comunidades no se han emprendido. El componente de obras de mitigación que hace parte de la obra es mínimo, según la distribución de otros rubros. Lo que indigna a las comunidades es que sobre la excusa de dar cumplimiento al fallo del Estado que exigen estas obras de adecuación y mitigación para las comunidades, la administración adelanta estas intervenciones de cemento en páramo.
Por ello, las comunidades le piden a la CAR, por principio de precaución, la adopción de las medidas a que haya lugar para la protección de la Serranía del Zuque, que incluye la suspensión de las obras que se están adelantando. Que den a conocer los soportes técnicos de licencia, permisos o actos administrativos para la intervención en la Serranía del Zuque.
Y como “el que menos corre vuela”, amparados en estas obras reviven apartes del engavetado Sendero de Mariposas, proyecto de Enrique Peñalosa para intervenir esta parte de la ciudad a lo largo de 102 km atravesando las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén, pasando por un 70 por ciento de predios privados y un 30 por ciento públicos, un corredor ecoturístico para el que habían proyectado el ingreso de 13.500 personas diarias con tarifas a cobrar a nacionales y extranjeros(1). Proyecto archivado producto de las denuncias y movilización de las comunidades, así como de la negativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Pese a ello, ahora pretenden desarrollar sobre los Cerros obras puntuales según lo previsto con aquel proyecto. Para algunos conocedores, el Sendero de las Mariposas* contemplaba espacios para que los habitantes participaran expresando sus opiniones, pero ahora, con estas obras puntuales, pretenden desarrollarlas sin consultas, dejando como único camino la movilización.
* https://www.desdeabajo.info/ediciones/edicion-n-266/item/sendero-de-las-sendero-de-las-mariposas-asi-privatizaran-los-cerros-orientales.html
Suscríbase
https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=susc
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