Ecuador: el uso del conflicto internacional como estrategia política nacional

El allanamiento por parte de la Policía Nacional ecuatoriana de la embajada de México en Quito, hecho sucedido en la noche del pasado viernes, 5 de abril, implica una acción sin precedentes conocidos en el subcontinente.

Las imágenes de los uniformados entrando a la fuerza en el edificio de plena soberanía mexicana, sometiendo de forma violenta al jefe de Cancillería de dicha embajada y llevándose a la fuerza al ex vicepresidente del país Jorge Glas –quien desde el pasado 17 de diciembre se encontraba refugiado en esta legación diplomática– recorrieron el planeta circulando ampliamente en redes sociales y medios de comunicación internacionales.

El día siguiente amanecía con las imágenes del presidente de México, Andrés López Obrador, ordenando la suspensión de las relaciones diplomáticas con el país andino y su intención de recurrir a la Corte Internacional de Justicia. “Se trata de una violación flagrante al Derecho Internacional y a la soberanía de México”, indicaba el mandatario mexicano. De hecho, el asalto armado a la embajada de México supone una grave violación de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, cuyo Artículo 22 establece respecto a las misiones diplomáticas bajo el argumento de “[…] los locales de la misión son inviolables. Lo agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”.

Por su parte y con escaso éxito, los voceros del gobierno ecuatoriano intentan justificar el brutal ingreso a la embajada mexicana y la captura de Jorge Glas amparándose en el Artículo 3 de la Convención de Caracas, donde se indica que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas”.

La balanza, en el ámbito de la comunidad internacional, se declinó unánimemente hacía lado mexicano. Tras ambas declaraciones, uno tras otro, el conjunto de país del continente; los organismos de integración regional y los multilaterales; la Unión Europea y el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos hicieron públicas sus respectivas declaraciones de rechazo, repudio y condena al accionar del gobierno ecuatoriano. Días después, la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificaría esta condena, eso sí, de forma tibia dado el control que el gobierno de Estados Unidos ejerce sobre esta organización multilateral. Mientras al momento, el país queda pendiente de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, instancia donde el gobierno mexicano a demandado al Ecuador y que podría significar su expulsión del sistema de Naciones Unidas.

En definitiva, más allá de que el ex vicepresidente Jorge Glas fuese procesado en el marco de la ley por la justicia ecuatoriana y más allá también de la dudosa legitimidad de alguna las sentencias que recaen sobre dicho personaje, el gobierno del Ecuador debió acudir a todos los recursos diplomáticos disponibles para resolución de este conflicto y nunca al injustificable ingreso armado y violento a la embajada de México.

Pero hagamos historia…

Las relaciones entre México y Ecuador venían enrarecidas desde el año 2019, momento en el que el gobierno de López Obrador otorgó asilo político a siete ex altos funcionarios de la década de gobierno de Rafael Correa, dos de ellos con controvertidas condenas judiciales.

Posteriormente y enmarcado en ese clima de tensión, tras una larga negociación de cuatro años entre ambos países, en enero de 2023 México condicionó la firma de un acuerdo de libre comercio con Ecuador a la exclusión de beneficios arancelarios sobre los dos productos claves de exportación del país andino tras el petróleo: el camarón y el banano. Desde entonces dicha negociación quedaron rotas, lo que implicó que se desestimase la solicitud ecuatoriana de adhesión a la Alianza del Pacífico. Para las autoridades ecuatorianas y su sector empresarial, que el país ingresara como miembro de pleno a la Alianza del Pacífico era contemplado por el como un pilar estratégico para que los productos ecuatorianos accedieran a mercados asiáticos.

Tras meses de tensa clama en las relaciones diplomáticas entre ambos países y dos días después de que ser liberado por un hábeas corpus, el 17 de diciembre del pasado año Jorge Glas accedía a las instalaciones de la misión diplomática mexicana en Quito, solicitando formalmente el asilo político.

En el marco de esta nueva escalada de tensiones entre autoridades políticas y diplomáticas de ambos países, el gobierno mexicano, siguiendo su tradición histórica como país de acogida y entendiendo que Jorge Glas es un perseguido político, le otorgaría el asilo político el pasado 5 de abril. En paralelo, el gobierno ecuatoriano declaraba persona non grata a la embajadora de México en el país.

Horas más tarde, ya en la noche, irrumpían de forma violenta en la Embajada de México en Ecuador los cuerpos especiales de la Policía Nacional, llevándose por la fuerza a dicho asilado político.

Contexto político ecuatoriano

Estos hechos se dan apenas tres meses y medio después de que Daniel Noboa haya sido investido como presidente de la República, tras su victoria electoral en unos anómalos comicios electorales transversalizados por la violencia estructural que en este momento sufre el país. Dicha campaña se vio notoriamente afectada por el asesinato de varias autoridades locales, algunos candidatos a legisladores e incluso el magnicidio de un candidato presidencial.

Tras más de década y media donde eje central de la política nacional se ha caracterizado por la polarización entre “correísmo vs anticorreísmo”, el gobierno de Daniel Noboa articuló un pacto de poder y consenso legislativo con el correísmo –principal grupo de oposición– que le permitió gobernabilidad durante el breve periodo tiempo hasta ahora transcurrido de su gestión.

Sin embargo y pese a un arranque con alta popularidad del mandatario, los escasos logros en materia de seguridad en el país –principal tema de preocupación en la sociedad ecuatoriana– y la aprobación por consenso con las fuerzas opositoras parlamentarias de leyes económicas impopulares, la notoriedad del mandatario había caído de forma sustancial durante el último mes y medio. Es en ese contexto en el que se enmarca la acción violatoria de la misión diplomática mexicana, utilizando el viejo recurso político de activar el sentimiento patriótico nacional en aras a confrontar un enemigo externo que actúa contra la soberanía nacional y los intereses de la nación.

Noboa afronta un referéndum y consulta popular impulsada desde su Ejecutivo el próximo 21 de abril. Esta consulta, compuesta por once preguntas de las cuales nueve tienen que ver con políticas de militarización social y populismo penal, así como dos de ámbito económico –vuelta al arbitraje internacional para la resolución de controversias con empresas extrajeras y flexibilización del mercado laboral a través del contrato por horas–, comenzaba a perder apoyo en marco de la campaña en contra de dichas consulta que sostienen en este momento varias organizaciones sociales encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Tras la débil resolución de condena por parte de la OEA, considerada por el gobierno ecuatoriano como el mejor resultado posible en una disputa internacional que no se puede ganar, la estrategia impulsada por el Ejecutivo de Noboa parece dar frutos al menos en el corto plazo. Mientras el correísmo, especialmente la figura de su líder Rafael Correa, es estigmatizado por los medios de comunicación tradicionales por su presencia en foros internacionales pidiendo sanciones económicas al país, amplios sectores de la población avalan la actitud de mano firme del gobierno de Daniel Noboa en aras a un supuesto combate contra la corrupción y la impunidad imperante en Ecuador. En paralelo, mientras Glas se mantienen encarcelado en un penal de máxima seguridad, incomunidado y en huelga de hambre; la estrategia narrativa del correísmo parece quedar limitada al ámbito endogámico de sus propias huestes,

La ruptura del consenso legislativo por parte de la Revolución Ciudadana, implicará la rearticulación de la política de alianzas del gobierno con los sectores más radicales del conservadurismo instalados en la Asamblea Nacional (parlamento ecuatoriano). Aquellos que días atrás censuraban a Noboa por sus pactos de gobierno con la bancada de la Revolución Ciudadana liderada por el ex presidente Rafael Correa. Lo anterior, implica una vuelta a la polarización del país en torno al clivaje “correísmo vs anticorreísmo”, lo que a la postre no deja de ser un retroceso en la política nacional ecuatoriana, pues limita el ámbito de debate y acción en torno a temáticas reivindicadas desde las agendas sociales y que difieren de los ámbitos de acuerdo institucional entre ambos grupos políticos. En especial, lo concerniente a la necesidad de una política diferenciada en materia de seguridad interna y la superación del extractivismo como eje principal de desarrollo económico nacional.

En todo caso, la estretagia política gubernamental conlleva un factor de alto riesgo. Si bien en principio parece que podría apuntar de forma positiva en lo referente a los resultados de la inminente consulta popular que tendrá lugar en el país, la posible reelección presidencial de Daniel Noboa –las elecciones tendrán lugar el próximo 9 de febrero– queda condicionada a los tiempos y el nivel de afectación de las sanciones que pudiera imponer Corte Internacional de Justicia sobre el Ecuador.

* Investigador y analista internacional

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Información adicional

Autor/a: Decio Machado
País: Ecuador
Región: Latinoamérica
Fuente: Periódico desdeabajo N°312, 18 de abril - 18 de mayo de 2024

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