La iniciativa de consulta popular, con la cual el presidente Gustavo Petro logró remover el escenario político nacional, llevar a la defensiva a la oposición y dotar de una bandera de acción social y política al activismo del Pacto Histórico y demás fuerzas políticas que están por el cambio en el país, sigue abierta y sin final claro.
Como sucede en política en general, y mucho más en política gubernamental, la iniciativa es indispensable. Iniciativa que en los días que corren se traduce y refleja en lo inmediato en la capacidad comunicativa y el uso de redes. Nunca en silencio, siempre copando e imponiendo la agenda mediática. Pero también, nunca a la espera, siempre adelante, como boy scout. Y así debe ser para que el gobernante, indiferente del país que se trate, parezca y ejerza como el ser preclaro que dice ser.
En el caso de la consulta popular, se trata de una iniciativa con la que el Presidente, de manera afanosa, logra romper el bloqueo en que estaba ante el hundimiento de todo su paquete reformista y, en especial, de la reforma laboral. Sin aire, respirando con dificultad, con baja credibilidad en el entorno nacional, el timonazo dado acerca al Gobierno a la necesaria pipa de aire que le permite superar el ahogo que comprimía todos sus órganos, reconectar con un sector de la sociedad, recuperar el ritmo cardiaco y arrinconar a la oposición que desde que escuchó la palabra consulta no ocultó su temor por lo que pudiera derivarse de la misma.
Consulta popular, una maniobra que permite ver de nuevo, de igual manera, la pasividad reinante en el actuar de los movimientos sociales afines al Gobierno, todos a la espera de lo que diga y oriente quien dirige el país –Presidente, voz y mando de los movimientos sociales, cabeza del Pacto Histórico…–. Precisamente, el giro en estos activos, pasando de la crítica ardiente y el llamado a la acción que les caracterizó desde siempre, al silencio sobre el qué y cómo proceder para lograr el cambio prometido por el actual gobierno, es una de las primeras consecuencias negativas de la experiencia que estamos viviendo. Movimientos que con este actuar actúan como correas de trasmisión, no de los partidos –como sucedía antes– sino del gobierno, hipotecando de hecho su autonomía y liderazgo, tan necesarios para construir una sociedad en justicia y dignidad, una hipoteca que les pesará en su actuar –y de manera indirecta al país de los de abajo– al momento de estar enfrentando un gobierno de signo contrario.
Como vemos, la iniciativa petrista toma forma al verse agotado, una vez más, el escenario priorizado del acuerdo con los de arriba, la llamada gobernabilidad, concertada y resaltada desde el 7 de agosto de 2022. Al así suceder, no quedaba sino la opción de mirar hacia los de abajo, como último recurso –una vez más– ventilando ante el país la necesidad de pasar de la democracia formal –electoral– a la directa; un decir que llena redes y entusiasma al máximo al activismo social que ven en ello el tan esperado cambio requerido por el país.
Como es característico en el jefe de Estado, con deseos que le pueblan la mente y que considera son cosas que sucederán, entonces, ante el rechazo por parte del Congreso de la propuesta de la consulta popular, vio de manera anticipada, desde su estancia en China, a miles de miles copando calles en exigencia del respeto de la voluntad popular y por lo cual “ordenó” a las fuerzas policiales y armadas en general “no alzar sus armas en contra del pueblo”. Pero no fue necesario que se contuvieran pues todas esas escenas que coparon su mente, no se plasmaron en la cotidianidad nacional. En las calles brilló la ausencia de pueblo inconforme con lo decidido por las mayorías en el legislativo.
Entonces, para no perder la iniciativa, el Presidente esgrime como consigna la huelga nacional, también el paro. Mente febril: huelga en un país con poca industria, y las empresas existentes con sindicatos débiles o mayoritariamente de corte patronal. Pero no solo ello, lo esencial es un país en el que las mayorías trabajan en pequeñas empresas o en la informalidad, por cuenta propia, con el conocido rebusque como el factor predominante. La debilidad del sindicalismo, por tanto, no es casual, y su conexión mediática con el país nacional –en tanto la orgánica no puede ser– tiene límites evidentes –cotidianidad, formas organizativas, reivindicaciones, lenguaje, maneras de actuar, entre otras.
De ahí que el impacto posible del llamado presidencial recayera en los trabajadores del ámbito oficial, en el cual sectores como el magisterio, salud y algunos ministerios, cuentan con estructura sindical de algún relieve. Al así ser la realidad nacional, el llamado presidencial se cerraba sobre sí mismo: ¡paro de los trabajadores del Estado, en apoyo a la agenda reformista gubernamental!, reto que en realidad tampoco logró trascender la tradicional protesta sindical, con marchas hacia los parques centrales de las ciudades capitales.
Más allá de ello, como reflejo de la conexión Presidente-dirigencia sindical y activismo social, resalta la movilización de los activos barriales y su recurso al bloqueo de vías para hacer sentir el paro –poco flujo del transporte público, anormalidad en el comercio barrial–, una expresión de acatamiento al llamado a movilizarse en defensa de la consulta popular que tampoco se concretó en paro, aunque sí en protesta.
Como foto en primer plano de esa escena, en varias de las principales capitales departamentales se presentaron bloqueos y uno que otro enfrentamiento con las fuerzas policiales antimotines, suceso aprovechado por los medios de comunicación para denunciar, hasta la saciedad, “la violencia y desordenes que permite este gobierno”. Una denuncia que va calando en el imaginario popular, en las gentes de a pie, segmentos de las cuales reclama el derecho a no “parar”, a salir de sus barrios al rebusque –pues de otra manera no hay para el diario–. Una evidencia de la desconexión en que entró el actual gobierno con las mayorías nacionales: la gente ya no está dispuesta a dar más, es decir, está descreída de un cambio prometido y que no se dio.
Una cascada de certezas que llaman a releer el país que palpita con ritmo propio y no el que se sueña existe y se cree representar. Certezas de las cuales también hace parte el quite que el Presidente le hizo a su responsabilidad por la citación de la huelga, el paro, la protesta, o lo que haya sido en realidad lo conjugado los días 28-29 de mayo, descargando tal responsabilidad en las centrales obreras, Fecode y otros actores populares. Como tampoco es de su responsabilidad –según lo dicho por
él–, ni refleja nada que tenga que ver con su popularidad, el débil resultado alcanzado.
¡Tiró la piedra y escondió la mano’, dirán por ahí, seguramente respondiendo a su lectura del ambiente social y político, de la cual dedujo el precario resultado que alcanzaría la movilización en contra del Congreso y su no aprobación de la Consulta Popular.
Queriendo revertir en algo esta débil manifestación de fuerza, el Presidente anuncia su presencia en la jornada de protesta citada para el 11 de junio, tomando a Cali como punto para animar, para impulsar la consulta popular, al tiempo que para presionar al Congreso en la aprobación de la reforma laboral en el formato de ley presentado por la bancada del Pacto Histórico.
Una selección territorial nada casual, toda vez que el sur del país funge como el epicentro de la lucha social larvada que se acumula en diversos apartes del territorio nacional, con expresiones sociales robustas, tanto entre indígenas, comunidades negras, como campesinas y barriales. Una realidad que facilita que se desplacen, de ser necesario, miles de personas hacia la capital del Valle provenientes de Nariño, el Cauca, el Pacífico, y así garantizar la masividad de la movilización. Revertir lo sucedido días atrás es fundamental.
Entre tanto, la oposición crea un ambiente mediático de rechazo a la consulta popular, “por ser innecesaria”, “por los miles de millones que exige su realización”, porque “mucho de lo incluido en ella ya está contenido en la normatividad existente”, “porque la consulta ya no procede pues fue negada por el Congreso”. En fin, una suma de decires que deja al Gobierno como artífice de la ruptura del “orden institucional”, es decir, como un gobierno autoritario, ‘embrión de la dictadura que se está fraguando y que se concretaría en caso de ser votada su continuidad en las elecciones presidenciales del 2026’.
Mientras la pugna entre las partes va creciendo, como apertura caldeada de las elecciones que refrendarán o desaprobarán lo realizado por el actual gobierno, tres disparos dan en la humanidad del senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe, una acción diseñada y llevada a cabo con meditados y claros propósitos políticos. Su resultado no se deja esperar: la consulta popular pasa a segundo plano, la “reconciliación nacional” al primero, todo ello acompañado de rezos y palabras que llaman a “distensionar el ambiente político nacional”, a “no maltratar a los contrarios”, un “consejo” a seguir, en primera instancia, por el Presidente, según los voceros de la oposición, el foco de la discordia nacional.
Entre tanto, en la Casa de Nariño las discusiones de qué hacer bullen en oficinas y pasillos, también presionadas por la ofensiva de carros y motobombas, drones cargados con explosivos, ataques a cuarteles, que acabaron con la tranquilidad que pudiera existir en más de media docena de municipios caucanos y cuatro barrios de Cali.
Es un conjunto de acciones, de tiros y explosiones que conjugan un timonazo, en este caso en sentido contrario al dado por el jefe de Estado en el momento que lanzó la consigna de consulta popular, un contratimón que deja la embarcación Colombia a la deriva. ¿Cuál de los timonazos se impondrá?
Junio 10 de 2025
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