¿Por qué nos asesinan? 

La primera mitad de 2025 ha dejado cifras alarmantes de violencia contra las disidencias sexuales y de género en Colombia. Hasta el 11 de julio se han reportado 47¹ asesinatos motivados por homo-bi-transfobia, sin contar otros tipos de agresiones. Esta situación cuestiona el alcance real de los llamados “avances civiles” obtenidos a través del Estado, ya sean políticas públicas, medidas sectoriales o sentencias de la Corte Constitucional, y evidencia su incapacidad para garantizar nuestra vida e integridad.

Mientras el aparato estatal construye una ficción de garantía de derechos, en las calles y los hogares persisten el odio, el pánico moral y los prejuicios. Estos son alimentados por una derecha fascista que defiende un modelo capitalista e imperialista basado en el despojo y la acumulación, sustentado en discursos patriarcales cisheteronormativos, racistas y xenófobos. Esta derecha, encarnada en figuras como Trump, Milei, los líderes de VOX, y organizaciones como Núcleo Nacional o Patriot Front, legitima y ejerce violencia contra quienes desafiamos las estructuras patriarcales de poder.

Algunos grupos como el partido AfD en Alemania promueven una aparente tolerancia hacia gays y lesbianas, blancos y de clases acomodadas, siempre que se ajusten a estructuras rígidas de género que perpetúan el mito de una diferencia y jerarquía sexo-género “natural”. Esta tolerancia condicionada excluye y pone en riesgo a personas trans, travestis, marikas, locas y marimachas de sectores populares, quienes nos negamos a someternos a los valores de la respetabilidad blanca, la lógica de la familia nuclear cisheterosexual, el cuerpo “útil” y la legibilidad binaria.

En Colombia, el asesinato de Sara Millerey, mujer trans de Bello (Antioquia), el 4 de abril, es una manifestación clara de esta ola de terror. La brutalidad transodiante de su asesinato, con fracturas múltiples y su cuerpo arrojado a la quebrada Las García, evidencia un fascismo sádico y moralizante que nos remite a las tácticas de control sobre cuerpos y territorios durante el conflicto armado y la expansión del paramilitarismo de décadas pasadas.

Aunque se realizaron dos capturas por el crimen, señalando al grupo “La Mesa” como responsable, una investigación de la Revista Raya (20 de abril de 2025) indica que el control social en la zona lo ejerce el grupo paramilitar “Los Pachelly”, dirigido por la familia Henao Acevedo, vinculada al Clan del Golfo. Denuncias comunitarias sugieren que esta relación podría explicar por qué sus agresores impidieron que recibiera auxilio.

¿Por qué nos asesinan?

El argumento de la “intolerancia” es insuficiente para explicar la sistematicidad y el aumento de los homicidios por odio. Desde FATTAL proponemos tres elementos claves para un análisis más profundo:

1. La perpetuación de relaciones sociales patriarcales, coloniales y capitalistas.

Estas relaciones, así como la arquitectura institucional que las legitima, se sostienen mediante la violencia, que impone a los sectores precarizados y oprimidos la aceptación de la explotación, el despojo, la privatización y la depredación de la naturaleza. La historia de los Estados modernos se ha edificado sobre procesos sociales genocidas que buscan “domesticar” a las clases trabajadoras y a los grupos marginados mediante instituciones como las iglesias, el aparato judicial, los medios de comunicación, las redes sociales, la ciencia y el sistema educativo.

Dichas instituciones despliegan mecanismos de homogeneización orientados a suprimir la diferencia, ya sea mediante la eliminación directa o la asimilación forzada a través del miedo². Así se producen cuerpos binarios y cisheterosexuales, moldeados para encajar en estructuras serviles como el matrimonio o la familia nuclear.

Esta última constituye un pilar del sistema patriarcal y del orden capitalista: impone roles de género rígidos para garantizar la reproducción social mediante la explotación de cuerpos gestantes, asegura la continuidad de la propiedad privada a través de la herencia y aísla a estas unidades sociales, dificultando vínculos comunitarios a mayor escala. Al mismo tiempo, disciplina a las clases populares para vigilar y reproducir este modelo patriarcal-capitalista-colonial, y las convierte en la fuerza de trabajo que sostiene las ganancias del capitalista.

De ahí la importancia del control y la constante vigilancia que las clases capitalistas ejercen sobre los cuerpos y la sexualidad, así como la necesidad de abordar el género como un eje fundamental del análisis anticapitalista.

Las disidencias sexuales y de género rompemos con el orden patriarcal-capitalista. Se nos construye como una diferencia “rara”, “enferma” e “indisciplinada” que debe ser eliminada simbólica y físicamente, ya sea mediante “terapias de conversión”, violencia sexual o asesinatos, formas ampliamente documentadas por observatorios y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

2. La capitalización electoral de la “frustración” masculina.

En las últimas décadas, los movimientos feministas y disidentes sexo-genéricos han transformado las concepciones sobre el género y la masculinidad, al desestabilizar la figura del hombre como centro del poder en los ámbitos público y doméstico. Estos avances, que han ampliado el horizonte de los derechos humanos y la justicia simbólica para sectores históricamente oprimidos, también han generado una sensación de amenaza en muchos varones, quienes, al ver tambalear sus privilegios materiales y culturales, reaccionan aferrándose a mitos que buscan restaurar su lugar de control y autoridad.

La precarización de las clases trabajadoras ha eliminado la eficacia del llamado “salario familiar”, una estrategia del capitalismo industrial del siglo XIX que garantizaba que el ingreso masculino bastara para sostener a todo el hogar. Este modelo permitió el sometimiento de las mujeres a labores de cuidado y reproducción, al depender económicamente de los hombres. Hoy, la devaluación generalizada de la fuerza de trabajo ha debilitado la figura del “hombre proveedor”, confrontando a muchos varones de capas medias con la pérdida de poder y el cuestionamiento de su lugar dominante en el orden social.

Esto ha generado una reacción violenta en sectores conservadores. Las derechas han sabido capitalizar el malestar de varones cisheterosexuales, promoviendo discursos conspirativos sobre la “pérdida de la virilidad” y exaltando figuras como el “macho alfa”, las “energías masculinas y femeninas” o las “trad-wives” a través de redes sociales y medios de comunicación. Mensajes que buscan reforzar los roles de género patriarcales-capitalistas y el binario sexo-género y nos culpan a cualquiera que no nos ajustemos a su modelo de las crisis económicas, éticas y reproductivas del capitalismo patriarcal. Se incita a estos hombres a usar la violencia como medio para recuperar una posición de poder, disfrazando la represión de “restauración del orden”.

3. Las derechas necesitan de chivos expiatorios. 

Los violentos ciclos de acumulación capitalista nos empujan hacia condiciones de vida brutales: viviendas inasequibles, salarios miserables, colapso ambiental, escasez de agua y condiciones laborales indignas, circunstancias que deberían llevarnos a las clases trabajadoras y populares de todo el mundo a contemplar otras formas de vida.

Para evitar que la frustración social se traduzca en organización y transformación, las élites recurren al fascismo. Este opera desviando la rabia legítima de las clases trabajadoras –alimentada por las promesas incumplidas de un “futuro mejor”– hacia sujetos históricamente marginados: migrantes, mujeres, personas trans. Así se fabrican enemigos ficticios y se fomenta el odio fratricida entre sectores populares, mientras se encubren y protegen los privilegios y los mecanismos de despojo de la verdadera responsable de la explotación: la clase capitalista.

Las dinámicas descritas son visibles en diversos proyectos políticos. Partidos como el Centro Democrático y Colombia Justa Libres, en alianza con iglesias cristianas, han bloqueado leyes que buscan prohibir las “terapias de conversión” o garantizar el acceso a la salud para personas trans. Actualmente, están en curso dos proyectos de ley anti-derechos: “Con los niños no te metas” (001 de 2024), que pretende limitar el apoyo a personas trans menores de edad, y el proyecto “XY” (181 de 2024), que busca excluir a mujeres trans del deporte femenino³. Ambos proyectos son ecos de políticas que han tomado impulso en el Norte Global.

Estas voces del poder no solo legitiman, sino que incitan la violencia que enfrentamos cotidianamente en el espacio público, ya sea ejercida por civiles, agentes del Estado o estructuras paraestatales.

Es fundamental comprender que los asesinatos de nuestrxs hermanxs y el peligro constante que enfrentamos no son resultado de la “ignorancia” o el prejuicio individual. Son, en realidad, síntomas de un momento político en el que las relaciones sociales se reconfiguran ante una crisis generalizada: de los cuidados, de las formas de producción y consumo, y del vínculo con el medio natural. En este escenario, nuestras vidas son sacrificadas para preservar las estructuras que sostienen los privilegios de quienes detentan el poder.

¿Qué hacer?

El Estado ha fallado sistemáticamente en protegernos, ya sea por acción o por omisión. Paralelamente, desde los años ochenta, instituciones públicas y capitales privados han cooptado el potencial político y revolucionario de nuestras organizaciones, mercantilizando nuestros símbolos y convirtiendo consignas, referentes y acciones colectivas en relatos digeribles y funcionales al orden neoliberal.

Un ejemplo evidente es la transformación de las marchas del orgullo en desfiles institucionalizados y turísticos. Lo que fue una movilización social autónoma se ha convertido en una vitrina para proyectar ciudades “inclusivas” y “tolerantes”, mientras las clases populares siguen enfrentando condiciones estructurales de desigualdad. Esta institucionalización explica por qué sujetos políticos como mujeres, víctimas del conflicto, afrodescendientes e indígenas se han incorporado tardía y marginalmente a estos espacios.

Frente a esta realidad, urge construir una organización trans-marika popular que articule de manera amplia a los sectores sociales para desmontar los discursos de odio, impulsar redes de cuidado para quienes enfrentan mayor vulnerabilidad y generar espacios de movilización colectiva contra las violencias y la inacción estatal. Son acciones fundamentales para resistir y derrotar la ofensiva que busca exterminar nuestras existencias. 

También es imprescindible sostener procesos de formación política que nos consoliden como sujeto político y revolucionario autónomo. Desde ahí, debemos construir poder desde abajo, en colectivo, más allá del individualismo o de las políticas identitarias que buscan validación estatal para existir. No aspiramos a asimilarnos a un sistema de despojo, explotación y desigualdad: queremos abolirlo.  

1. Cifras del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo.

2. Al respecto vale la pena revisar el concepto de “Prácticas Sociales Genocidas”, acuñado por el sociólogo argentino Daniel Eduardo Feierstein.

3. Para más información revise el artículo “Diversidad sexual y de género en la agenda legislativa 2025 en Colombia”, publicado por Caribe Afirmativo en su portal web en marzo del 2025.

* Frente de Acción Trans-lesbo-bi-marikón para la Transformación, el Apañe y la Liberación, Bogotá, Colombia.

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