El gobierno Petro impulsó una reforma agraria orientada a revertir la concentración de la tierra y reconstruir la institucionalidad rural desmantelada por el neoliberalismo. No obstante, los indicadores del sector agropecuario muestran que el crecimiento benefició principalmente al sector pecuario y agroindustrial, dejando a los sujetos populares del campo al margen. La reforma avanzó en términos jurídicos e institucionales, pero las estructuras de concentración de tierra, crédito y poder permanecieron casi intactas. La transformación del modelo agrario requiere, en un segundo momento, disputar el proyecto hegemónico que sostiene la posición de las clases dominantes rurales: redistribuir tierra y activos productivos es condición necesaria, pero el cambio sustantivo depende de construir un proyecto de acumulación alternativo capaz de reorientar las selectividades estructurales que hoy filtran las demandas del campesinado y de los trabajadores rurales.
A finalizar el gobierno del presidente Gustavo Petro, son diversas las reflexiones a considerar respecto de la política agraria. La “Revolución Agraria, Revolución por la vida”, ha sido una de las apuestas centrales por la democratización de la propiedad agraria, la transformación productiva del campo y la justicia ambiental (Ley 2294 de 2023). En ese sentido, los esfuerzos se han centralizado en reconstruir esa política redistributiva con el fin de reformar la inequitativa estructura social y agraria en Colombia.
Por tal motivo, esta premisa lleva a que revisemos los resultados en materia agraria, no a modo de evaluación de política pública, sino a partir de lo que ha sido el efecto del primer gobierno progresista –tardío– en Colombia, emergiendo como respuesta a la crisis o agotamiento del modelo neoliberal, y que ha organizado los diferentes estamentos de la (re)producción de la vida social en el campo. Así pues, el énfasis de este texto tendrá una centralidad en ver los efectos en el marco del conflicto redistributivo, recuperando la conversación sobre la lucha de clases y situando algunas implicaciones generadas para la restauración del orden hegemónico capitalista.
Configuraciones de la institucionalidad agraria
El Plan Nacional de Desarrollo –PND– del actual gobierno parte de una constatación que el debate académico y jurídico ya había documentado previamente. Y es que a partir de la Ley 160 de 1994 se inauguró un proceso sostenido de desmantelamiento de las institucionalidades, bajo el ajuste neoliberal, produciendo una reorganización de clase del campo colombiano. Esto, en concreto, estuvo marcado por reformas jurídicas que profundizaron la concentración de la tierra, la liquidación de entidades claves que se encargaron de regulaciones necesarias como precios y abastecimiento alimentario –elementos negativos para el capital agroindustrial– y trasladaron la cuestión agraria al terreno del mercado. En ese sentido, el cambio de modelo expresó la reconfiguración de selectividades estructurales del Estado de modo que ciertas estrategias del capital agrario se volvieron más viables que otras, para la acumulación de capital.
Ahora bien, en el marco de las negociaciones en La Habana y posterior firma del Acuerdo Final de Paz (AFP), se situó un esfuerzo por reordenar ese campo de fuerzas. Así, nacieron entidades centrales como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), acompañadas de un mandato constitucional como la Reforma Rural Integral (RRI) (Punto 1 del acuerdo de paz), introduciendo elementos que rompían con la hegemonía institucional vigente, como el Fondo de Tierras, la provisión de bienes públicos rurales, y las metas concretas de formalización y adjudicación.
No obstante, el Decreto Ley 902 de 2016 no dotó al nuevo arreglo de las herramientas necesarias para ejecutar lo pactado, y lo que pretendía ser una transformación de la estructura agraria quedó atrapada en la inercia administrativa y en la resistencia silenciosa de los intereses que el Acuerdo procuraba afectar. Es por ello que la reforma agraria se convertiría en una bandera central del actual gobierno; no solo por la deuda que hay en los Acuerdos de Paz, sino porque el proyecto progresista articula un proyecto de acumulación centrado en el desarrollo de un capitalismo productivista que exige una reorganización del sistema agrario como condición estructural necesaria.
De esta manera, el PND puso el acento en reactivar el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, siendo el mecanismo articulador de intervención estatal sobre ocho frentes simultáneos: redistribución de la tierra, consolidación de territorialidades campesinas, ordenamiento del territorio alrededor del agua, acceso a servicios sociales básicos e infraestructura, fortalecimiento en investigación y tecnología, estímulo a la economía campesina, fomento al crédito agropecuario y la consolidación de territorios étnicos.
Adicionalmente, este proceso estuvo fortalecido por un plano regulatorio a partir del despliegue de una agenda orientada a destrabar el acceso al fortalecimiento productivo (Decreto 1322 de 2024) y a flexibilizar la reglamentación de las Zonas de Reserva Campesina. Así mismo, aparecieron nuevas figuras territoriales, como los Territorios Campesinos Agroalimentarios y los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios, cómo también figuras de reordenamiento territorial –las Áreas de Protección Especial para la Producción de Alimentos (Appa). Cada una de estas figuras ha representado una disputa específica sobre quién produce, qué se produce y para quién, elementos que el régimen agrario neoliberal había dado por resueltas a favor del agronegocio y los grandes poseedores de la tierra.
Por otra parte, en el frente legislativo se hicieron diversos esfuerzos por buscar arreglos jurídicos con mayor alcance. Por un parte, el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional y la aprobación de la ley estatutaria de jurisdicción agraria, buscando revertir los procesos de descampesinizaciónque la “modernización” del campo habría empujado deliberadamente. Así mismo, deben mencionarse los esfuerzos por proteger en el campo a las mujeres y a las juventudes, como poblaciones históricamente subordinadas dentro de una ruralidad ya excluida. A ello se le suma la Comisión Mixta de Asuntos Campesinos (Decreto 1004 de 2024), que abrió un escenario de interlocución y concertación con el gobierno nacional central, lo cual es una apuesta constituyente por incluir las demandas sociales dentro de la agenda del Estado y disputar el contenido de las políticas agrarias en Colombia.
Finalmente, como hecho político destacable durante este gobierno fue la firma del “Pacto Nacional por la Implementación de la Reforma Agraria y Agropecuaria Estructural Integral y Popular” en la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria entre la Ministra de Agricultura y los sujetos populares del campo (representados por los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, las comunidades campesinas y los pueblos indígenas), con el objetivo de trazar una hoja de ruta común para la profundización de la reforma agraria en los próximos años.
Ahora bien, estos esfuerzos de la agenda progresista por transformar el régimen jurídico agrario, exigen una precisión que la lectura apresurada suele saltarse. Por tal razón, se debe constatar que una intervención estatal condense, en su contenido objetivo, determinadas relaciones de fuerza favorables a las clases subalternas, no implica que dicha intervención constituya una estrategia hegemónica capaz de desplazar estructuralmente el bloque en el poder. El carácter progresivo de una medida no resuelve la pregunta por la transformación de las relaciones de producción que la sustentan, toda vez que los progresismos tardíos en Latinoamérica han remarcado que las agendas reformistas buscan una salida pactada entre la clase trabajadora y los propietarios del capital1.
Ello implica afinar el análisis de estas expresiones de gobierno al decir que en su agenda se encuentra la superación de la pobreza, la desigualdad y las exclusiones sociales –en este caso soportado dentro del sistema agroindustrial–, con el fin de situar esas contradicciones en el marco de la lucha de clases. Por ende, el análisis debe versar a su vez sobre los efectos en la estructura de la propiedad, el mando de la inversión y la lógica general de la acumulación como efectos determinantes de este gobierno. De allí que el verdadero examen del ciclo no esté en el inventario de regulaciones jurídicas o el establecimiento de acuerdos políticos entre el gobierno y los sujetos populares del campo, sino en el conflicto distributivo realmente existente y las relaciones de trabajo que sostienen –o controvierten– el discurso reformista.
Desempeño del sector agropecuario durante este gobierno
La apuesta redistributiva del actual gobierno en el sector rural tuvo como propósito desconcentrar la propiedad de la tierra y poner en el centro de la política agraria a la población campesina. Esto se sustenta en un hecho irrebatible y es la desigualdad agraria en la distribución de la tierra: mientras el 0.8% de los predios rurales –que son latifundios de más de 200 hectáreas de tierra– concentran el 44% del área rural, el 65% de los predios rurales en el país –que son microfundios de 0-3 hectáreas–, apenas ocupan el 4% del área rural2. Con base en ese diagnóstico, durante estos cuatro años de gobierno, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Madr) le apostó a una necesaria política de entrega de tierras. Según los reportes presentados por el Madr durante el Consejo de Ministros del 16 de abril de 2026, en este gobierno han ingresado 763.545 mil hectáreas al fondo de tierras, se han entregado 305.384 mil hectáreas y han sido formalizadas 453.474.
Bajo el entendido que la regularización de los derechos de propiedad y la redistribución de la tierra son el punto de inicio para la implementación de la reforma agraria, también es lógico que se requiere democratizar los activos productivos para que el campesinado pueda trabajar la tierra que le fue entregada y restituida, y para que sus actividades productivas sean viables y sostenibles en el largo plazo. Esa es una de las conclusiones a las que llega el Centro de Pensamiento Vida3 en el informe titulado “El Modelo Económico está Cambiando”, al señalar que la reforma agraria trasciende la mera entrega de tierras y que, con las entregas que se han realizado hasta el momento, aún resulta apresurado establecer una relación causal directa entre la asignación de predios y el aumento de la producción agropecuaria4.
Lo anterior, abre la discusión en torno a la convergencia entre la dimensión redistributiva de la tierra y dimensión productiva de la reforma agraria. En términos generales, los datos presentados durante el Consejo de Ministros muestran que se ha mantenido la tendencia positiva de los últimos años en varios de los indicadores productivos del sector agropecuario, sin embargo, la pregunta obligatoria que debemos hacernos es si este comportamiento también ha cobijado a las actividades productivas de los sujetos populares del campo. Por ejemplo, de las 49’874.226 hectáreas en las que se distribuyen los usos del suelo rural, el 77% se ha destinado a usos pecuarios y solo el 9% a usos agrícolas5. Sobre los usos pecuarios, la población bovina tiene un total de 30.344.182 cabezas de ganado distribuidas en 629.592 predios y para el 2025 hubo un aumento del 3,84% en el número de cabezas de ganado respecto al año anterior, aunque el número de predios destinados a los usos pecuarios se redujo en 1,46%6. Esto arroja como resultado que hay más cabezas de ganado en menos predios rurales, pero con la evidencia disponible no es posible afirmar que el tamaño de los predios también se haya reducido.
Por otra parte, la situación en el sector agrícola también arroja un comportamiento positivo, de acuerdo con los datos aportados por el Madr durante el Consejo de Ministros ya referido, para el 2024 se logró el pico más alto de los últimos veinte años en lo referente a la producción agrícola y área sembrada, logrando 39,5 millones de toneladas producidas y 5.820.849 hectáreas sembradas. Adicionalmente, comparando esta información con los reportes de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)7, encontramos que la mitad de los productos con mayor área sembrada son los agroindustriales, evidenciándose un incremento de las áreas sembradas respecto al 2018, pasando en hectáreas de 2’000.413 a 2’276.613. Finalmente, al desagregar por tipo de cultivos agroindustriales, encontramos que la palma de aceite y la caña de azúcar concentran cerca del 40% de la producción.
Dicho lo anterior, podemos leer de manera crítica un mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro donde destaca como logro de la política de descarbonización de la matriz exportadora en su gobierno que, para el 2025, las exportaciones no minero energéticas –representadas principalmente en el sector agropecuario– fueron mayores que las minero energéticas. De acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria8, el 52% de las exportaciones están concentradas en banano, café y flores, más adelante le siguen el aceite de palma y el azúcar. Entonces, visto en términos generales la manera cómo se ha organizado la producción agropecuaria durante los últimos años –destacándose el sector pecuario y agroindustrial–, es indicativo el hecho que, por ejemplo, cerca del 71% del crédito de fomento agropecuario ha estado concentrado en los grandes productores rurales, y el resto se distribuya en medianos productores (14%), pequeños productores con bajos ingresos (el 8,7 %) y en pequeños productores ( 6,2%)9.
Las potencialidades del conflicto redistributivo
Este es el contexto en el que se sitúa el conflicto redistributivo entorno a la reforma agraria en Colombia, donde, por primera vez un gobierno progresista ha pretendido reorientar la política agraria con el propósito de revertir las asimetrías de poder existentes entre el bloque de poder dominante y los sujetos populares del campo. Sin embargo, aun los resultados siguen siendo tímidos, ya que, si varios de los indicadores productivos rurales han mantenido una tendencia positiva en los últimos años –particularmente en aspectos como las áreas sembradas, los usos del suelo y la predominancia de determinados sistemas productivos–, ¿qué es lo que diferencia entonces la reforma agraria de este gobierno de otras políticas de desarrollo rural?
La diferencia radica en que durante estos cuatro años se inició la reconstrucción de la casa: esa casa entendida como la institucionalidad agraria necesaria para conciliar la correlación de fuerzas en la ruralidad entre estos dos actores. No obstante, al avanzar en la garantía de derechos para los sujetos populares, pero sin contar con una ruptura concreta en el conflicto redistributivo del campo en favor de esos sujetos, las condiciones estructurales de concentración, producción y distribución del excedente han quedado casi intactas.
Finalmente, en el segundo tiempo de la reforma agraria del progresismo tardío, la apuesta política debe ser un horizonte transformador, acompañado de un verdadero cambio del modelo económico, centrado en la redistribución de la tierra, de los activos productivos rurales y en construir un proyecto hegemónico capaz de articular durablemente al bloque popular del campo. Sin esa disputa, el cambio en curso será reabsorbido por la modernización capitalista que ya está organizando, desde adentro, los efectos productivos del actual ciclo. ¡Vamos por más!
1 Jiménez, C., (2024). “Progresismos de segunda generación: entre el gatopardismo y las reformas sociales como cimientos de la transformación. Miradas a los gobiernos de México, Argentina y Colombia”. Papel Político, 29.
2 IGAC. (2024). Fragmentación y distribución de la propiedad rural en Colombia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, p. 33.
3 Centro de Pensamiento Vida. (2026). El modelo económico está cambiando. Avances y resistencias bajo el gobierno Petro. Informe del Centro de Pensamiento Vida.
4 Ibíd., p. 66.
5 Dane (2025). “Encuesta Nacional Agropecuaria. Cifras provisionales, actualización publicada el 30 de julio de 2025”. Departamento Nacional de Estadística. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena
6 Instituto Colombiano Agropecuario. (2025). Estimaciones Poblacionales del Sector Pecuario. Obtenido de https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018
7 Dane, op.cit.
8 Upra. (2025). Exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales Octubre de 2025. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Obtenido de https://upra.gov.co/sites/default/files/2026-02/Exportaciones%20de%20productos%20agropecuarios%20y%20agroindustriales%20octubre%20de%202025.pdf
9 DNP. (2026). CONPES 4184. Política de reforma agraria: redistribución de tierras y aguas para la producción y el cuidado de la vida. Departamento Nacional de Planeación. Obtenido de https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb//AccesoPublico/Documento/RG1md8j9lxs, p. 54.
* Respectivamente: Politólogo con estudios superiores en políticas públicas perteneciente al grupo de investigación Theseus de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador independiente. Profesional en Ciencia Política con maestría en Desarrollo Rural. Experiencia en investigación sobre temas de política pública de desarrollo rural, con énfasis en régimen agrario
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