La tensión entre el gobierno entrante, como una derecha renovada, y el régimen de alianzas con los partidos de derecha, puede traducirse en una radicalización que afecta los procesos de concertación y negociación para la resolución de conflictos, que conlleva a la fractura y fracaso del mismo proyecto de gobierno.
Con el proceso de empalme, se observan los primeros compromisos ideológicos de un proyecto de gobierno que aún no termina de definirse. La campaña de De la Espriella, que recibió apoyos de todos los sectores tradicionales, tecnocráticos y radicales de la derecha, representó una amalgama de posturas aparentemente inconexas, unificadas bajo un argumento anticontinuista del gobierno Petro. Las líneas generales de la campaña, como la defensa constitucional y la reducción del instrumento burocrático estatal, señalan las contradicciones al interior de un entendimiento reactivo del Estado, cuyos marcos de política son transformados por un actor outsider del entendimiento tradicional de los partidos. En gran medida, la naturaleza de un actor “externo” al Estado ha provisto a De la Espriella con una capacidad discursiva para decir aquello que no se atreven los actores tradicionales, rotulándolos como actores débiles en el escenario de la confrontación. De ese modo, el gobierno entrante asimila una función rígida ante la solución de conflictos, lo cual puede devenir en un desconocimiento de los contextos en el que estos se originan o en las prácticas asumidas por la ciudadanía para su resolución. En particular, la debilidad que supone la imposibilidad de sostener una agenda coherente entre la práctica política y la administración pública representa la principal problemática ante el mantenimiento de un marco jurídico capaz de incidir sobre las problemáticas sociales de forma efectiva.
Arguyo, entonces, que la tensión entre el gobierno entrante, como una derecha renovada, y el régimen de alianzas con los partidos de derecha, puede traducirse en una radicalización que afecta los procesos de concertación y negociación para la resolución de conflictos, que conlleva a la fractura y fracaso del mismo proyecto de gobierno. En ese sentido, la radicalización comprende el desdibujamiento de los marcos jurídicos que orientan la respuesta institucional ante la ciudadanía, pues se desconocería los principios de diferenciación y proporcionalidad necesarios para negociar efectivamente con los sectores sociales; por el contrario, con el debilitamiento de la autoridad civil como forma de resolución de conflictos, se advierte la reaparición de un enfoque restrictivo que restringe la capacidad ciudadana de incidir en los procesos de toma de decisión, impactando a las funciones garantistas que propenden por la defensa de los derechos políticos de la ciudadanía movilizada. Con ello en mente, identifico como punto de partida la contradicción entre la práctica política y la administración pública en la composición del sujeto político que es construido en el proyecto de gobierno de De la Espriella, al representar la integración discursiva de la aglomeración de distintos sectores de derecha en un proceso de renovación; luego, expongo las diferencias entre los procesos de negociación para cada actor, reconociendo su alcance en la formación de un régimen que constituye la gobernabilidad como la capacidad de mediación de la autoridad; por último, determino el alcance de la radicalización provocada por la contradicción en el interior del gobierno, detallando sus impactos en los procesos de negociación con los demás actores a través del debilitamiento de los instrumentos de garantía a la protesta y movilización ciudadana.
De la derecha tradicional a la derecha renovada
En principio, la victoria de Abelardo de la Espriella sobre Paloma Valencia, durante la primera vuelta a finales de mayo, es la evidencia principal para comprender la configuración de la renovación interna de la derecha, que parte de la fagocitación de una base electoral desencantada y abstraída del debate político. La derecha tradicional, si bien se posicionó críticamente como anticontinuista del gobierno de Gustavo Petro, había perdido unos enclaves estratégicos en el electorado, particularmente en las ciudades medianas y pequeñas. Entre otras cosas, debió ello al debilitamiento discursivo de sus partidos, bien sea por el agotamiento de las estructuras que les llevaron al gobierno de Iván Duque o por la fractura interna en el proceso de respaldo a Paloma Valencia, a pesar de su intento por consolidar una posición de derecha tecnocrática (con un respaldo medido del centro político vía Juan Daniel Oviedo), la exclusión de un sector más tradicional significó un alejamiento de las bases electorales uribistas, a pesar de contar con el apoyo (por lo menos a nivel discursivo) de otros líderes del partido.
Al margen de ello, la campaña de Abelardo de la Espriella aglomeró inicialmente las propuestas radicales y alternativas de la derecha, en su mayoría en reacción a la elección interna que decantó en la escogencia de Valencia; entre estos, se encontraban tanto referentes de la derecha radical, como expresiones religiosas y libertarias, que poco a poco constituyeron la base del discurso reaccionario que agruparía al sector del uribismo más desencantado. De la Espriella, entonces, recoge aquellos elementos que ven en el uribismo una fuerza débil, pues, aunque parten de un análisis semejante del país, no propone una respuesta efectiva ante un nuevo escenario ideológico en el que el conflicto y la guerra suceden de forma “despolitizada”, para ser reemplazado por una imagen genérica del bandido (que no significa nada y, a su vez, puede ser empleado para definir todo). En efecto, si bien tanto la derecha tradicional como la derecha renovada han construido discursivamente al conflicto como la base principal de su interacción política, el proyecto de De la Espriella, por su naturaleza, reclama para sí el acceso a las herramientas legítimas de la fuerza, según una fuente moral de autoridad, lo cual resuena con el sector poblacional desapadrinado por los programas de inclusión gubernamentales y los partidos en oposición.
A través de ello, De la Espriella construye una imagen artificiosa del pueblo, como fuente de una autoridad moral sobre la que se juzga a los proyectos tradicionales de izquierda y derecha. En el fondo, esta es la misma estrategia de “la casta” empleada por Javier Milei en Argentina: tanto los partidos de izquierda como de derecha son compuestos por políticos tradicionales, cuyos fines e intereses son eminentemente distintos a aquellos del pueblo. La identificación de aquella clase media-baja (en ciudades medias como Villavicencio, Bucaramanga o Ibagué) proviene del hecho de no reconocerse a sí misma como parte de un proceso de movilidad social ni de consolidación de la clase media, pues los fenómenos de exclusión y precarización impiden su consideración colectiva; al no ser parte del proceso de discusión política, su aislamiento provoca una fuga hacia los sectores autónomos de liderazgo, que enarbolan un sentido popular como reivindicación central. Así, se vigoriza una noción popular del pueblo, sin una verdadera referencia a una caracterización social de alguna población: el pueblo es, por tanto, un símil para identificar todo aquello en contra de la política tradicional. El efecto de ello es el desdibujamiento de la política como una disciplina, pues se identifica únicamente como la herramienta por la cual los políticos tradicionales acceden al poder; en su reemplazo, la idea de la técnica se constituye ideológicamente como una posición neutral ante las instituciones, sin reparar en los alcances, limitaciones o intereses de la misma. Más allá de criticar la evidente contradicción entre la separación entre técnica y política, lo logrado por De la Espriella a través de este recurso es armonizar la inclusión de los sectores tecnocráticos (particularmente de aquellos exfuncionarios del gobierno de Iván Duque) con un discurso reaccionario y anti-mitológico: el orden constitucional, que debe ser regido por una moralidad del sentido popular anti-político, requiere de un conocimiento técnico para ser transformado en una nueva política, que lleve a las instituciones a su verdadera naturaleza por encima de las limitaciones de la política tradicional.
Ello tiene implicaciones sobre el sujeto político que es construido desde el gobierno: ¿cómo se resuelve la tensión entre los liderazgos más autónomos y los sectores tecnocráticos para la gobernabilidad? ¿qué sector será más representado en una eventual consolidación del partido de Salvación Nacional para las siguientes elecciones territoriales? ¿cómo representa el sentido popular artificioso a los cambios demográficos en el país? ¿cuál será el rumbo de transformación de la clase media-baja ante una eventual contrarreforma en materia laboral o pensional? ¿cómo el sentido popular y antipolítico evolucionará en el contexto de la incapacidad de la superación de la marginalidad o la emergencia de nuevos conflictos socioambientales?
En suma, estas preguntas señalan las fracturas entre la práctica política y la administración pública, que causa una insostenibilidad en la coherencia del sujeto político reivindicado por el gobierno; su reproducción, esto es, la identificación con una base electoral suficiente a partir de alianzas estratégicas, y una campaña centrada en la comunicación mediática se ve en juego una vez el peso de la estructura de concertación institucional requiera mayores acuerdos en la construcción del régimen entre los partidos de derecha y la clase tecnocrática, así como la relevancia hacia otros actores sociales consolidados, como los gremios financieros y comerciales (por encima de los gremios agroindustriales), lo cual puede ser interpretado como una “traición” por parte de una base electoral volátil.
De ese modo, la tensión entre la base electoral antipolítica y la constitución de un régimen de alianza con los actores políticos tradicionales puede significar una mayor presión, que se traduce en la asimilación de formas más restrictivas de negociación y mediación de conflictos. En esencia, esa tensión expresa la debilidad del gobierno entrante, el cual deberá negociar internamente el reparto necesario para la conformación de un régimen efectivo, más allá de la coordinación o correspondencia ideológica con los demás sectores políticos.
Exclusiones y presidencialismo reforzado
Esta debilidad implica, en concreto, un cambio en los procesos de negociación con los actores políticos que permiten al Estado la conformación de una capacidad de gobernabilidad suficiente. Durante el gobierno Petro, aquellos procesos de negociación se centraron en la concertación con los actores políticos de la sociedad civil, tanto aquellos pertenecientes a amplios sectores sociales de las comunidades étnicas y campesinas como a organizaciones y colectividades que inciden en la vida social. Al mismo tiempo, el régimen de alianzas del gobierno Petro permitió la consolidación de una bancada entre los partidos de centro-izquierda, con un apoyo estratégico de sectores de centro-derecha para la aprobación de las propuestas de reforma más ambiciosas. Ambas interacciones conllevaron al gobierno Petro a asumir una posición dinámica en la resolución de conflictos, con el fin de garantizar un apoyo relevante en todos los actores, que podían ser movilizados según el capital político del gobierno que construye la agenda pública. Si bien el alcance de las alianzas en el legislativo fue reduciéndose con el paso del tiempo, el respaldo de los actores de la sociedad civil fue esencial para el manejo de una gobernabilidad reducida, impactada por las crisis de gobierno en los sectores más relevantes. La concertación con aquellos sectores, entonces, estableció una hoja de ruta para la armonización entre la práctica política y la administración pública, en el marco de un discurso centrado en la reivindicación de las demandas históricas de los sectores sociales, en oposición al conservadurismo tradicional.
Al interior de aquellos sectores, la concertación con el Estado permitió tanto la consecución de demandas como la participación activa en la composición de la administración pública, principalmente en aquellas instancias en que podían impulsarse la agenda de demandas de los sectores sociales (como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Minas y Energía). Al mismo tiempo, a través de la interacción con el Estado, los movimientos de grandes sectores sociales, como el campesinado o las comunidades étnicas, lograron el avance de una agenda de demandas históricas, ligadas con la reconfiguración de las relaciones de propiedad rural y agraria en las zonas de expansión del país.
De esta manera, por medio de la consolidación de las estrategias enmarcadas en la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, se consiguió el respaldo hacia la concertación de grandes acuerdos como la expansión y legalización de las Zonas de Reserva Campesina o la reglamentación de las Entidades Territoriales Indígenas. De manera paralela, la concertación con estos sectores sociales conllevó a la profundización de la agenda de reforma adelantada por el gobierno, principalmente en el respaldo de la reforma laboral, como una estrategia de dignificación de las condiciones del trabajo formal. La movilización generada en torno a la defensa y concertación de la reforma no solo centró nuevamente una política clasista en el debate público, sino que organizó la función de la mediación política como una herramienta que devela la naturaleza de la intervención pública. En otras palabras, la reforma laboral causó una reorganización de los actores políticos en una mediación “en bloque”, en la cual participaban de forma amplia los sectores sociales.
Por otro lado, la propensión de un régimen que no requiera la articulación con los sectores sociales por parte del gobierno de De la Espriella puede significar la exclusión de los movimientos sociales y la restricción frente al disenso, a través de la sustracción de los procesos de negociación y la fragmentación consciente de los sectores sociales. Según los más recientes nombramientos en las carteras ministeriales, la composición del régimen entre el gobierno y los partidos de derecha puede consistir en una alianza que conlleve a la aprobación de las principales contrarreformas en materia laboral, económica y social, apoyándose en el uso excesivo de las herramientas excepcionales del presidencialismo para desvirtuar la función equilibrada de la administración pública. Bajo el argumento del recorte burocrático impulsado por el gobierno, se reduciría la capacidad de negociación de las demás entidades, debido a la concentración de funciones sobre las carteras estratégicas (como el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público), las cuales serían los principales engranajes para la negociación y la cooptación por parte de las agrupaciones que componen al gobierno. En consecuencia, la concentración de funciones facilita el proceso de mediación con el régimen, que se tensaría o se soltaría en la medida que se transforma la composición interna del gobierno. Adicionalmente, ello puede implicar el rechazo o la negligencia hacia los acuerdos alcanzados con los sectores sociales (por ejemplo, en el reconocimiento de los predios entregados por la Agencia Nacional de Tierras, como recientemente se ha observado) y la expulsión del servicio público que mayor relación tiene con los movimientos sociales. Entre esas vías, la fractura de la mediación puede consistir en que desde el Estado se impulse conscientemente a la fragmentación interna de los movimientos, por ejemplo, por medio de la negociación segregada, la cooptación de sus liderazgos, la amplificación de un discurso antipolítico que oponga al sujeto construido a la ciudadanía movilizada, o la reintroducción de prácticas de securitización e ilegalidad.
Radicalidad excluyente
Bajo el argumento de autoridad moral que es construido discursivamente por el gobierno, se genera un enfoque restrictivo que limita la capacidad del disenso, al signar aquellas expresiones que tensionan la relación entre régimen y renovación. Para la posición de gobierno, la construcción del bandidaje no representa una categoría precisa, sino un ligamiento entre una pulsión popular (el castigo, el uso excesivo de la fuerza, la intolerancia a la diferencia) y una supuesta aplicación para el cumplimiento total de la Constitución, que permite equiparar cualquier oposición como una amenaza directa. Aún más, el carácter ideológico que “despolitiza” la idea del conflicto al hacer de todos sus actores simples bandidos, reconvierte a los actores en verdaderos malignos que no cuentan con motivaciones ni ideologías, causando que el debate público sea un escenario de constante sospecha en que cualquier desviación es interpretada como un respaldo tácito. La radicalidad, entonces, encuentra justificación una vez se crea discursivamente una explicación ante la emergencia del disenso: no se trata de la consolidación de actores legítimos en oposición, sino que se oponen bien porque hacen parte de la matriz civil del bandidaje (un reflejo de la herencia de la sospecha instaurada por la política de inteligencia paramilitar) o porque han sido poseídos por la maldad anticonstitucional (otro reflejo del origen demonológico del derecho penal).
Por ello, la radicalidad supone la principal expresión de la tensión entre la renovación del sujeto político y el anclaje del régimen de partidos tradicionales. Ella tiene sentido una vez se fricciona la relación entre el régimen y la renovación, precisamente como una forma de incidir sobre la negociación interna del gobierno; no es de extrañar, entonces, que incluso las prácticas de vigilancia y veeduría ciudadana tan empleadas por la derecha renovada sean luego parte del bandidaje que generaliza cualquier disenso, una vez ese ejercicio interpele al acuerdo interno de las agrupaciones de gobierno. El efecto real de esta radicalidad, más allá de un enfoque restrictivo en la negociación con los actores de la sociedad civil, es el debilitamiento de los instrumentos normativos para la garantía de la protesta y la movilización ciudadana, que expresan el disenso en la configuración del orden político. Ello significa el retorno a un tratamiento policivo de la vida comunitaria, apoyado en una frontal utilización de la secturitización y vigilancia entendidas como únicas garantes del orden público. En la práctica, el efecto de la derogación resulta en la eliminación de los marcos de acción recomendados por organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos jurisdiccionales internacionales. Sin esos marcos, que orientan la atención del Estado para la configuración del orden político, se da vía libre al retorno violento de intervención y neutralización, mientras que se reducen las garantías que delimitan la función policial en la actualización de la fuerza pública. Al igual que un eventual escenario de desconocimiento de los acuerdos, la derogación de una normativa centrada en los derechos humanos para armonizar la radicalidad del gobierno generará un desconocimiento sobre la participación activa del Estado en la comisión de violaciones a los derechos humanos; aún más, ante la eventual asimilación de una postura restrictiva de la protesta y la capacidad política ciudadana, se reactivará un tratamiento anacrónico para la solución de conflictos y de mediación.
En suma, la radicalidad de la nueva derecha es un riesgo real que asemeja sus formas de negociación a aquellas de la vieja derecha. Una vez sea insostenible la tensión entre la renovación y el régimen, la radicalidad pone en el centro del debate público al sujeto político construido, como una herramienta para incidir en la negociación requerida para el gobierno; el efecto de ello, la confrontación, es respondido por la excepcionalidad misma del proyecto político. Irónicamente, el proyecto político que busca aplicar la Constitución se construye a sí mismo (como cualquier régimen excepcional) como la suspensión necesaria para la aplicación total del orden constitucional de la vieja política, sin alcanzar la renovación interna y claudicar ante su misma radicalidad.
* Politólogo, Magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia.
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