Los resultados electorales del 21 de junio, a contramano de las tendencias recientes en el país, “latinoamericanizaron” la política nacional. El gobierno entrante se alinea ideológica, política y aspiracionalmente con la reciente ola de gobiernos de la nueva derecha en la región, así como con facciones del bloque hegemónico Maga estadounidense, bien sea por alianza o por sumisión. ¿Qué esperar y cómo reorganizar los procesos democráticos ante estas transformaciones?
Son múltiples las preocupaciones que con razón se levantan desde diversos sectores sociales ante los probables retrocesos en derechos sociales, políticos, económicos, ambientales e incluso humanos que parecen ser las banderas de la administración entrante. Ante esas incertidumbres materiales, resulta difícil poner la atención en la declarada “contrarrevolución cultural”, principio político fundamental de la nueva administración.
Las nuevas derechas globales son ávidas lectoras de Gramsci. Para estas corrientes es importante entronar una nueva hegemonía cultural como parte de la reorganización de la sociedad, ya que su articulación impone no solo la pugna con los avances sociales de la izquierda, sino también con los pactos institucionales y culturales que la derecha tradicional y el liberalismo institucionalista construyeron. Requieren, así, destruir los relatos de solidaridad e inclusión de la izquierda, pero también los de ciudadanía y alternancia del liberalismo.
A esto hay que agregar que las derechas de Colombia, especialmente las derechas radicales, ven en eventos sociales como el “estallido social” de 2021 marcas que desean borrar de la memoria colectiva, de ahí el urgente afán de revivir los relatos sobre la “instrumentalización de la violencia” por parte de la izquierda, ya que en su comprensión del mundo, por un lado, les es imposible considerar la posibilidad de agencia política de la ciudadanía, pero por el otro, reconocen en tales eventos la ruptura de la hegemonía del establecimiento político tradicional nacional y el ascenso de las masas urbanas como actor político de peso.
Es por esto que es de esperar que el gobierno entrante atacará con una combinación de herramientas cualquier atisbo de reclamo social, de dignidad política de las masas sociales y de agencia política popular. La construcción de relatos como el “voto fusil”, el “empalme anticorrupción”, la “olla raspada” y demás son ventanas para la estrategia venidera: la negación y criminalización de todo sector que no se alinee de manera sumisa con el proyecto político entrante.
Esa estrategia de construcción hegemónica –que entrelaza los intereses de la nueva derecha emergente colombiana, compuesta como una amalgama de los sectores periféricos de las élites nacionales junto con capas ambiciosas de las clases medias interesadas en acceder a los recursos provenientes del control político– está atada también a los intereses de una nueva doctrina geopolítica de los EE. UU.: la Gran América del Norte.
Ante los cambios globales, los EE. UU. del movimiento Maga han decidido encerrarse en su zona de influencia, el continente americano, determinando dentro de este a Centroamérica, el Caribe y la Región Andina como una zona integrante de su seguridad. Esto cambia la relación tradicional Colombia-EE. UU., que pasa del “realismo periférico” del respice polum a una demanda completa de sumisión.
Esta sumisión pasa, por una parte, por el acompañamiento sin financiación de las agendas de seguridad del Shield of the Americas, entre las que destacan los bombardeos a probables narcolanchas en alta mar, el reciente uso de carros de guerra para el “control” de la minería ilegal en Ecuador o las operaciones contra líderes del Tren de Aragua por parte del ejército estadounidense en Venezuela. Pero también implica la dependencia de la compra de tecnología militar a los EE. UU. y a Israel como aliado natural. Esto puede poner en tensión los ejercicios de diversificación de las alianzas tecnológicas de la industria militar colombiana con Suecia o Turquía.
Asimismo, se observa un cambio en el eje de relacionamiento, pues ya no se trata de asegurar un mercado a la producción y recursos norteamericanos, sino de un estricto control en el acceso a recursos minero-energéticos, así como a la información necesaria para la industria de la inteligencia artificial, apuesta de los EE. UU. en su competencia con China. De allí que el “fracking a lo que marque”, traducción del Drill, baby, drill de Trump, en realidad será megaminería a lo que marque.
Atisbos de lo que será esta administración pueden verse en los regímenes pro-Trump de la región. Estudiar a fondo las experiencias de la administración Bukele –gobierno autoritario basado en el uso del espectáculo como cobertura para la acción represiva, primero hacia la oposición política y luego hacia la prensa– puede mostrar la expresión más radical de lo que cabe esperar en Colombia.
Más cerca, la administración Noboa ha usado intensamente el lawfare como herramienta para eliminar la oposición electoral, al tiempo que usa los recursos de transferencias focalizadas como herramienta de competencia electoral, activando “programas de transferencia” de corta duración durante los procesos electorales. También está la compleja administración de Venezuela, congelada en el paroxismo del simbolismo –y autoritarismo– del régimen chavista, pero sometida a la atención de la agenda de seguridad escrita desde EE. UU., concentrada en el control de la migración y la regularización de la minería y el petróleo.
Milei, tan admirado por el gobierno entrante, por medio de una terapia de choque fiscal ha degradado los ingresos de las clases populares y medias del país, mientras concentra una y otra vez el relato en el “ellos versus nosotros” (kukas vs. anti-kukas), división artificiosa que en la práctica consume a la oposición, la cual se debate internamente entre si apoyar o no a Cristina Kirchner –en prisión domiciliaria– más que en pensar cómo articular una nueva hegemonía en alianza con los sectores de izquierda y de centroderecha antimileístas.
Saber anticipar las acciones permitirá debatir los caminos de reorganización democrática de las oposiciones, así como tejer puentes entre sectores de izquierda, centro y derecha que se verán afectados por la nueva administración. Tener presente las experiencias internas es necesario, especialmente en la fuertemente articulada pero ya envejecida red de vigilancia de derechos humanos, o las experiencias positivas de acceso al poder local por parte de sectores alternativos.
Pero también será necesario explorar por fin una mayor articulación con los procesos democráticos de la región. Conocer las estrategias usadas por los gobiernos y partidos de gobierno en Brasil y México para contrarrestar los ejercicios de contrahegemonía de las nuevas derechas, pero también dialogar con los movimientos sociales y partidos políticos de Ecuador, El Salvador, Argentina, Chile e incluso de los Estados Unidos, para anticipar las réplicas de las estrategias de gobierno y denunciar los excesos que ocurran. Ante la incertidumbre, es momento de prestar atención a nuestro entorno.
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