En los últimos años hemos asistido a una mutación radical en la forma de hacer política. Ya no se trata de posicionar programas de gobierno complejos, figuras tecnocráticas o liderazgos tradicionales, sino de fabricar showmen. Desde el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos hasta figuras como Javier Milei en Argentina o Abelardo de la Espriella en nuestro contexto, la extrema derecha ha perfeccionado una receta donde la política se reduce por completo al espectáculo, la provocación y el artificio digital. Este giro representa una transformación estructural de la esfera pública que se asocia directamente con lo que Edwin Cruz Rodríguez conceptualiza como pornopolítica: un régimen escópico donde los asuntos sustanciales de la vida en común son devorados por una economía de la atención hiperacelerada. Al convertir la contienda en un reality show permanente, estos personajes instrumentalizan el descontento social frente a las crisis institucionales, pero desvían sistemáticamente el foco de sus causas estructurales.
Lo grave de esta dinámica es que operan bajo el principio de una impugnación ficticia. Logran canalizar la legítima rabia ciudadana frente a los abusos del establecimiento y la precariedad cotidiana, pero en lugar de cuestionar las bases del despojo económico y la desigualdad material, desvían el enojo hacia chivos expiatorios, odios sectarios o batallas culturales superficiales. De este modo, la confrontación deja de darse entre proyectos de sociedad antagónicos para convertirse en una disputa de marcas de entretenimiento digital. La farsa consiste en presentarse como “antisistema” mientras, en el fondo, se preservan intactos los privilegios de las élites económicas que sostienen el orden de la dominación.
Frente a esto, el mayor peligro no es solo lo que hace la extrema derecha, sino la tentación de la izquierda y de los proyectos emancipadores de mimetizarse con su estrategia. Competir en el terreno de los influencers, de la polarización superficial y del algoritmo equivaldría a jugar el partido en la cancha que el adversario domina a la perfección. Para disputar este orden, es imperativo replantearnos profundamente la comprensión del Estado y de la estrategia política. Uno de los errores más recurrentes de las fuerzas progresistas ha sido caer en una concepción instrumentalista, creyendo que el Estado es un aparato neutral o un simple trofeo que se captura en las urnas para administrar beneficios particulares. Como advierte Nicos Poulantzas (2005), el Estado no es una cosa ni un apéndice exterior a las clases, sino la condensación material y específica de una correlación de fuerzas entre las clases sociales. Su armazón institucional está profundamente atravesado por la división social del trabajo y por la impronta histórica del capitalismo, pretender gobernarlo sin transformar su materialidad institucional es una ilusión peligrosa que le pasó facturas al gobierno saliente de Gustavo Petro.
A esto se suma una trampa interna fundamental: el liberalismo identitario (o progresismo neoliberal), que ha tendido a fragmentar e individualizar las luchas, preocupándose más por la corrección estética, el purismo del lenguaje y los egos de representación formal que por las condiciones materiales de existencia de las grandes mayorías. En lugar de articular un proyecto emancipador anclado en la transformación radical de las relaciones de explotación y dominación, este sector redujo la política a un reconocimiento simbólico desligado de la redistribución económica, social y política. Esto atomizó el tejido social en luchas aisladas donde el objetivo principal pasó a ser la inclusión cosmética de élites diversas en los puestos de poder corporativo o institucional, mientras la clase trabajadora seguía hundiéndose en la precariedad sistémica. Esta desconexión tiene un costo político devastador, ya que al vaciar la política transformadora de su horizonte material y de clase, el progresismo liberal le regaló a la extrema derecha el monopolio del discurso de la “rebeldía”. Millones de trabajadores, al sentirse culturalmente marginados por un discurso elitista que prioriza la corrección estética sobre el pan y el trabajo digno, terminaron sintonizando con los showmen reaccionarios.
Para superar esta trampa, la alternativa transformadora exige un giro básico: volver a poner en el centro los problemas concretos de la vida en común. Como bien subraya Franco Berardi (2007) al analizar el semiocapitalismo, el ritmo frenético de la conectividad digital y la precarización atomizan los vínculos sociales, sustituyendo la construcción política colectiva por reacciones individuales y pasajeras. Contra esta lógica, la política emancipadora no puede construirse desde la inmediatez digital, sino desde la paciencia y la construcción colectiva a ras de suelo. Aquí cobra plena vigencia la mirada de James C. Scott (2000), quien demuestra que por debajo del discurso público oficial –donde los subordinados simulan conformidad por prudencia o supervivencia– siempre late un “discurso oculto” y una infrapolítica tejida en los espacios autónomos de resistencia cotidiana. La oposición a la dominación no nace de la nada, sino de las tácticas cotidianas y de las subculturas disidentes que desafían la opresión material y simbólica.
Este dilema estratégico nos sitúa en el núcleo de la transformación política: la relación dialéctica entre la irrupción callejera y la construcción de poder orgánico. Como apunta Franklin Ramírez Gallegos (2005) al analizar los ciclos de rebelión popular, la “forma insurrección” y la protesta radical emergen como respuestas legítimas, intempestivas y necesarias frente a la degradación institucional, estableciendo un modo democrático de control desde abajo sobre las élites cuando los canales tradicionales del sistema han sido secuestrados por el autismo tecnocrático y el lucro privado. Cuando la política institucional se aleja de las mayorías, la calle se convierte en el territorio de la soberanía escindida, rompiendo la ficción del consenso neoliberal y desnudando la fragilidad del orden establecido.
Sin embargo, como advierte la propia experiencia histórica y el análisis de Ramírez Gallegos (2005), la transformación estructural no se agota en la revuelta callejera. La insurrección es un momento destituyente de gran valor democrático y un freno de emergencia frente al autoritarismo, pero si se queda en la espontaneidad festiva o en la purga electoral efímera, corre el riesgo de disolverse o ser neutralizada por las inercias del sistema. Para evitar que la rabia social se desvanezca en la frustración o sea cooptada por nuevos rostros del mismo orden, es imperativo consolidar lo que Antonio Gramsci (2003) denominaba el “Moderno Príncipe”: un organismo político colectivo –entendido como un partido o movimiento popular de masas de carácter orgánico– capaz de unificar a las clases subalternas, dotarlas de conciencia histórica y transformar la protesta en un bloque histórico alternativo. Este “Moderno Príncipe” impulsa una profunda reforma intelectual y moral que desmonte la hegemonía cultural de las élites y reconstruya el tejido de la solidaridad y autonomía colectiva.
La política emancipadora debe recuperar su vocación más profunda: la capacidad crítica e incómoda de incomodar al poder. La verdadera transformación social no busca el aplauso fácil del algoritmo ni el guiño cómplice de los grandes centros de influencia mediática o financiera. Su tarea histórica no es encajar en los moldes estériles de lo políticamente correcto –donde la rebeldía es domesticada, esterilizada y convertida en una mercancía más del mercado cultural–, sino erigirse como un vector de fricción permanente contra las estructuras de dominación.
Esto implica un cambio radical en las formas de actuar. Es urgente trascender la trampa de la catarsis digital, el desahogo efímero en las redes sociales y la dependencia de los ciclos de atención hiperacelerados. El reto político central consiste en canalizar la rabia social acumulada hacia procesos de organización paciente, profunda y capilar a ras de suelo, transformando el descontento disperso en propuestas colectivas sólidas. No se trata de administrar con un rostro supuestamente más amable el desastre heredado, sino de desmontar, pieza por pieza, un orden social perverso basado en la mercantilización de la existencia, la desigualdad estructural y la destrucción del planeta.
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