La izquierda colombiana debe trascender el marco de sentido hegemónico que reduce la corrupción a un problema moral. Disputar la narrativa de “gobierno corrupto” que empieza a posicionarse y corregir los problemas que originaron casos de corrupción durante el gobierno Petro pasan necesariamente por consolidar el proceso organizativo del Pacto Histórico.
Las ampliamente publicitadas denuncias por corrupción, hechas por exfuncionarios del gobierno Petro como Angie Rodríguez, parecen ubicar a la izquierda en un callejón sin salida. Sus activistas no disponen inmediatamente de la evidencia empírica necesaria para refutar las denuncias o minimizar su gravedad. Pero condenar invariablemente todo hecho de corrupción nunca será suficiente para evitar un golpe político.
Generalmente, la verdad empírica sobre la corrupción nunca termina de conocerse. Por el contrario, siempre es objeto de una disputa política que únicamente se salda posicionando un relato hegemónico sobre lo ocurrido. La verdad judicial, por su parte, puede tardar años e incluso décadas: solo llega cuando se ha consumado el hecho político de la denuncia, con todas sus consecuencias.
El problema se agudiza porque, una vez fuera del gobierno, la izquierda difícilmente contará con los recursos necesarios para disputar la narrativa. Mucho menos cuando el sistema mediático corporativo posiciona tales denuncias como principal ítem en la agenda pública, en medio de una discusión que difícilmente aprecia los matices. Hoy ese sistema incluye un despliegue digital capaz de arrinconar un gobierno cuya legitimidad en buena parte se construyó gracias al virtuosismo comunicativo del Presidente. Así pues, las condiciones parecen estar dadas para un aniquilamiento moral que reduzca a “corrupción generalizada” el único gobierno de izquierda en la historia de Colombia.
El derrotero seguido con posterioridad a gobiernos progresistas como los de Lula o Cristina Fernández, permite anticipar que tal aniquilamiento termina legitimando el “lawfare” contra líderes y movimientos políticos. Aún más grave, en nuestro contexto la negación de dignidad a quienes participaron o simpatizaron con el gobierno, reducidos a “corruptos” y, por ende, ubicados en el terreno de un “mal” absoluto, puede articularse con la promesa de “destripamiento” del presidente electo, como parte de la reconfiguración del consabido “enemigo interno”. No casualmente, la exfuncionaria mencionada se ha puesto a órdenes del nuevo gobierno para continuar con su labor de “denuncia”.
Moralina
Parte del problema se origina en el marco de sentido hegemónico sobre la corrupción. Se trata de una concepción basada fundamentalmente en el rechazo moral, que recuerda el discurso político del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Su capacidad para impregnar la cultura política se debe a su maniqueísmo. En un mundo donde la relevancia de los problemas sociales depende de la visibilidad, de devenir “tendencia” en sintonía con los algoritmos de las grandes plataformas digitales y, como respuesta, producir indignaciones fugaces, los marcos más eficaces para interpelar son aquellos que reducen toda cuestión a la díada bueno/malo.
A juzgar por las reacciones a las denuncias, en su mayoría la izquierda ha adoptado acríticamente ese mismo marco. Al menos en el “activismo digital”, el reflejo inicial fue el habitual “culpa de Petro”: el problema se resolvería retirando al Presidente del liderazgo que recientemente se le confió, a fin de evitar las alianzas non sanctas y la ligereza en que, inexplicablemente, suele incurrir a la hora de confiar responsabilidades, en particular a personas sin trayectoria en el progresismo y la izquierda. Por supuesto, buena parte de la responsabilidad política recae en Petro, especialmente por su obstinación en la defensa de funcionarios cuestionados cuando se ha contado con indicios e incluso pruebas que ameritarían apartarlos del gobierno.
Sin embargo, agotar la discusión en una condena moral impide comprender los mecanismos sociopolíticos que originan la corrupción y brinda oportunidades para el posicionamiento de la narrativa de “corrupción generalizada”, esto es, para el “destripamiento” moral de la izquierda. Esta posición, incluso, corre el riesgo de dinamitar el proceso organizativo del Pacto Histórico, puesto que las acusaciones de corrupción entre sus integrantes y potenciales candidatos pueden tornarse centrales en la competencia electoral que se avecina, particularmente en el terreno digital.
El enfoque moralista circunscribe la corrupción a una cuestión judicial e individual: el problema son los corruptos, no las instituciones, la cultura política o las estructuras sociales. De esa forma, se desconoce la corrupción legal que pulula en el Estado y la sociedad colombianos merced a su “santanderismo”. Políticamente, este marco de sentido implica arrancar la discusión con una “presunción de culpabilidad” en contra que, además, pierde de vista toda proporción: el ciudadano de a pie que se cuela en el transporte público resulta ser tan “corrupto” como Emilio Tapia, básicamente porque ambos infringen la ley. En realidad, en todo hecho de corrupción importan las circunstancias y el contexto estructural, de manera que, al contrario de las tajantes condenas morales, importa quién, cuánto, dónde, cuándo, para qué.
Por consiguiente, el reconocimiento de que hubo corrupción durante el gobierno Petro, debería evitar el error de hacerlo equivalente a los gobiernos antecedentes: no ha existido en la historia del país un gobierno más transparente, más vigilado y con más acciones contra la corrupción propia y ajena que éste. Las proporciones de la corrupción ni siquiera son comparables a las de los gobiernos inmediatamente anteriores, como tampoco lo fueron las respuestas. Para no ir más lejos, a diferencia del absoluto silencio que ha rodeado casos recientes como el de Odebrecht, el mismo presidente Petro, en su discurso ante el Congreso el 20 de julio de 2024, pidió perdón por la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, corrigiendo exitosamente el rumbo de la entidad.
Estructuras
Siempre que quiera ser gobierno, la izquierda tendrá que vérselas con la corrupción, pues se trata de un problema arraigado en las estructuras sociales, políticas y culturales del país. Todo movimiento de izquierda que arribe a cargos de gobierno tendrá que operar un Estado patrimonial en una sociedad en los que nunca arraigó del todo el concepto de lo público. Quizás este es el único aspecto en común entre el gobierno Petro y los gobiernos antecedentes en cuanto a la corrupción.
En efecto, la corrupción tiene unas raices que no cambiarán por el hecho de que la izquierda gane las elecciones y ocupe cargos gubernamentales, mucho menos si debe transar su gobernabilidad como sucedió bajo el gobierno de Petro. La corrupción depende de complejos sistemas de incentivos que empezaron a gestarse en el siglo XVI, con la formación de las élites y las estructuras de poder locales y regionales bajo la institución de la encomienda. En los tres siglos siguientes tales élites formarían el poder político real en la Nueva Granada, incluso por encima de la Corona.
Varias de las fracturas congénitas del Estado colombiano en la raíz de la corrupción se desprenden de la incapacidad para subordinar las estructuras y poderes fácticos, no solo en la escala local y regional, a los principios republicanos. Las estructuras sociales y culturales subyacentes a los poderes locales de la Colonia se acoplaron a las condiciones formales de la República y se nacionalizaron, pues fueron las mismas élites locales criollas, desde los cabildos, quienes agenciaron la Independencia. Así, mientras en Europa la democracia liberal se impuso desde abajo, por la alianza entre la burguesía y la plebe en contra del abslutismo característica de las “revoluciones burguesas”, en América Latina fueron caudillos como Simón Bolívar quienes desde arriba tuvieron que negociar con los poderes locales la instauración de la República.
Por consiguiente, dichas estructuras y poderes fácticos sobrevivieron y, en adelante, obstaculizarían la consolidación de un Estado funcional a la sociedad, inspirada en valores republicanos, que empezaba a desarrollarse. Así, por ejemplo, la cultura del incumplimiento de la ley arraiga en el “se obedece pero no se cumple”, con el que las élites locales, amparadas en la tradición pactista, condicionaban el cumplimiento de las normas en el Estado colonial. En la medida que su poder se mantuvo tras la Independencia, ese motivo se traduciría en “la justicia es pa`los de ruana” y el recíproco “usted no sabe quién soy yo”, indicadores ambos de que la obediencia a la ley depende del estatus social. Aquí los derechos modernos no erradicaron por completo los privilegios coloniales ni la figura del ciudadano logró desterrar del todo la del súbdito.
Igualmente, las “puertas giratorias”, el lobby o cabildeo y otros mecanismos legales de captura parcial del Estado, pueden interpretarse como traducciones contemporáneas del patrimonialismo. En la Colonia, el Estado se ponía al servicio de las élites locales, pues no existía una distinción tajante entre el dominio de lo público y el de lo privado: el cargo público podía usarse para beneficio particular. Incluso la venalidad, la compra y venta de los cargos, era aceptada. Por su parte, la captura estatal del presente traduce el poder económico en poder político efectivo. De esa forma, anula el pilar fundamental del Estado de derecho y el fundamento de la República: la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
De todo eso se desprende el sesgo de clase en las condenas morales y la persecusión judicial de la corrupción: la enorme distancia entre el trato que en todos los niveles se da a los “polémicos empresarios”, cuyos negocios solo salen a la luz pública cuando existen disputas entre grandes poderes políticos y económicos por el reparto de los recursos públicos, y el que recibe el resto de ciudadanos que infringen la ley. En Colombia, el principal “emprendimiento” de las élites, incluso las que hoy ostentan los mayores capitales, siempre fue instrumentalizar el Estado para beneficio propio. De hecho, como planteó Charles Bergquist, la disputa inter-élites por los recursos públicos es una variable explicativa de la endémica violencia.
Acción colectiva
Así las cosas, el Estado colombiano no va a cambiar mágicamente por el hecho de que al gobierno lleguen “buenas personas”. Por eso, más que un asunto moral, la corrupción es para la izquierda un problema de acción colectiva: es necesario generar los mecanismos organizativos que permitan navegar las contradicciones inherentes a la competencia electoral y al ejercicio del gobierno, disputando, al mismo tiempo, la narrativa que se empieza a posicionar.
En buena medida, los problemas del gobierno Petro se desprenden de una ironía histórica: la izquierda colombiana llegó al gobierno en uno de sus momentos de mayor debilidad política, ideológica y organizativa. La victoria electoral de 2022 no fue el resultado de un proceso de organización, sino básicamente la capitalización del descontento social, expresado en el “estallido” de 2021, gracias al liderazgo carismático de Petro.
La insurrección popular se originó, en parte, debido a la incapacidad de los actores políticos para representar la inconformidad producto de la crisis pandémica. Las organizaciones de izquierda, en coaliciones con los gobiernos de “centro” en Bogotá y Cali, llegaron tardíamente a los núcleos en donde se desarrolló mayoritariamente la protesta. En fin, la izquierda no pudo ofrecer un marco de sentido, un programa o un derrotero ideológico capaz de sintetizar la multiplicidad de demandas formuladas. En consecuencia, el gobierno no contó con el respaldo organizativo ni el control requerido por parte de sus bases. Colombia Humana, que respaldó la campaña de Petro en 2018, no pudo consolidarse debido a distintos desacuerdos entre sus liderazgos individuales. El Pacto Histórico, por su parte, al ganar las elecciones en 2022 no pasaba de ser una coalición electoral.
En esas circunstancias, la perspectiva organizativa del gobierno se redujo a las “ciudadanías libres”, eufemismo que en la práctica aludió a redes de lealtades personales y clientelares. Este déficit organizativo explica el amplio margen de maniobra del que disfrutó Petro para establecer alianzas con sectores del establecimiento, necesarias para construir gobernabilidad, y proveer los cargos del gobierno. Por eso mismo, el Presidente explica la corrupción como un problema de “deslealtad” que puede leerse como el anverso del discurso moralista sobre la corrupción.
La izquierda, sin embargo, no puede resignarse a esperar que todos sus activistas y simpatizantes sean “buenas personas” para disputar votos y ejercer el gobierno: la victoria moral es apenas autocomplacencia si no va acompañada de influencia política efectiva. La lealtad no es irrelevante, pero tampoco puede reducirse a las relaciones personales o a la fidelidad con un líder. El único antídoto efectivo contra la corrupción es la democracia, pero, más que de lealtad, depende de mecanismos organizativos que garanticen la participación de las bases en la elección y el control de sus líderes y representantes.
En definitiva, el problema fundamental de la izquierda es la consolidación del Pacto Histórico. Combatir la corrupción implica ir más allá de las comisiones y los comités de ética para construir una organización sólida y democrática, con mecanismos idóneos para el enrolamiento, la formación, la elección y el control efectivo de los cuadros desde abajo. Solo este tipo de organización permitiría enfrentar el “destripamiento”, moral y físico, generando acciones colectivas, marcos de sentido y estrategias comunicativas capaces de combatir el robusto sistema mediático de la derecha. Tal organización debería ser el gérmen, desde ya, sin esperar a ser gobierno para implementarla, de la democracia que la izquierda se propone construir en el país.
* Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia.
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