Se legalizaron nuevos contratos de concesión minera en el sur del Tolima. Sucede en medio de una migración masiva organizada, asesinatos sistemáticos contra defensores del territorio y presencia de grupos irregulares. Cinco de los contratos están ubicados en la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de Chaparral: Tierra, Vida y Paz. ¿Ganará la protección o vencerá la depredación del territorio?
Durante todo el 2025 hubo asedio constante por parte de la minería ilegal y legal, en las zonas rurales de los municipios de Chaparral y Ataco, sur del Tolima. Estas tierras fueron invadidas por máquinas amarillas que se abren paso con sus rugidos de motores diésel, producen silbidos hidráulicos al mover sus brazos y al dar reversa espantan, con la ruidosa alarma, a todo lo que esté atrás. No se logra escuchar el martillar de un pájaro carpintero o el zumbido agudo de las chicharras. Excavadoras y bulldozers devastan y llegan cerca de las riberas de los ríos Saldaña, Amoyá, Tuluní y Atá, para extraer tierra en busca de oro y materiales de arrastre.
Algunas de estas máquinas están ahí porque tienen un título minero legal. Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), existe la fase precontractual antes de realizar la «Exploración», una etapa contractual que puede durar entre 0 – 3 años con posibilidad de prórroga de 8 años. Continúa la fase de «Construcción y montaje», con 3 a 4 años de duración. «Explotación», la última, con un tiempo de hasta 30 años. Pero, antes de vencerse este período, el titular puede solicitar una prórroga por otros 30 años.
«¿Quién se va a acordar, después de esos 60 años de explotación minera y devastación total del entorno y los recursos, que ese proyecto minero tiene que recuperar el territorio?», se pregunta Helio Fabio Jiménez, en entrevista para el periódico desdeabajo, líder de la región e integrante de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de Chaparral: Tierra, Vida y Paz.
¿Su pregunta también se la harán las personas que pueblan el Tolima y que sabrán que a julio de 2026, según la Anm, hay 245 títulos mineros, de esos 30 en exploración, 4 en construcción y montaje, 209 en explotación y 2 con autorizaciones temporales. Todos distribuidos en unas 65.302 hectáreas, que representa un 0,06% del territorio nacional y 2,77% del departamental?
Según información de la Anm reportada en el mes de abril, en el municipio de Chaparral existen 13 títulos mineros otorgados, 48 solicitudes vigentes (en proceso de evaluación técnico, ambiental, jurídico y económico) y 13 propuestas de contrato de concesión viabilizadas técnica, ambiental, jurídica y económicamente (fase precontractual). De estas últimas, cinco se traslapan en el polígono de la ZRC de Chaparral: Tierra, Vida y Paz, en las veredas: Aracamangas, Guanabano, Hato Viejo, Sector Tinjacá, Mendarco Carbonal, Copete Oriente y Violetas Totumo, para la explotación de materiales de construcción, oro y carbón. En la ZRC habitan unas 14.000 personas dispersas en un área de 72.315 hectáreas correspondientes a 83 veredas del municipio, y las cinco propuestas de concesión comprenden explotar, aproximadamente, 1.063 hectáreas en su área.
No obstante, con el apoyo de la organización Sin Olvido-Análisis de datos, se obtuvo el mapa de solicitudes y títulos mineros vigentes que se cruzan con la ZRC (Ver mapa). De acuerdo con la información consultada el 30 de agosto en la página web de la Anm, se identifica que el 11 de agosto del presente año, se otorgaron los títulos mineros a 7 de estas solicitudes, 5 de las cuales están dentro de la ZRC y suman 1.063 hectáreas.
De acuerdo con el procedimiento establecido, en su fase precontractual, estos proyectos deben avanzar a una Audiencia Pública Minera (APM), que funciona como requisito que necesita la institucionalidad para pasar a la fase contractual y otorgar las licencias de «Exploración» a los solicitantes. Esta audiencia tuvo lugar el 7 de julio de 2026 y contó con la participación de la Anm, la Alcaldía de Chaparral, Cortolima, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la comunidad y las empresas que se encuentran viabilizadas. Luego de la audiencia, según la Anm se otorgaron los siguientes títulos mineros dentro de la ZRC1:
• Ricardo Augusto Vargas Hernández (PG8-08011): 308,498 hectáreas, título para arenas (de río), gravas (de río). Fecha de solicitud: 8/07/14 y fecha de expedición: 11/08/26.
• Jesús Antonio Contecha Carrillo (OG2-082919): 13,5118 hectáreas, título para arenas (de río), gravas (de río), recebo. Fecha de solicitud: 2/07/13 y fecha de expedición: 11/08/26.
• Agregados Ingecol y Construcciones Sas (504776): 121,6603 hectáreas, título para recebo. Fecha de solicitud: 11/03/22 y fecha de expedición: 11/08/26.
• Cementos San Marcos S.A.S. Bic (505708): 475,645 hectáreas, título para recebo, roca o piedra caliza. Fecha de solicitud: 2/05/22 y fecha de expedición: 11/08/26.
• Hacienda Puravida Sas (511623): 143,8068 hectáreas, título para arenas (de río), gravas (de río), minerales de oro y sus concentrados. Fecha de solicitud: 9/09/25 y fecha de expedición: 11/08/26.
Conviene, incluso, preguntarse ¿por qué a la Hacienda Puravida SAS, cuya actividad principal es la cría y engorde de ganado bovino y bufalino, se le otorga un título para explorar materiales de río y minerales de oro?
El duro trasegar para consolidar la ZRC
La noticia fue desoladora. Después de consolidar la ZRC les informaron a sus habitantes sobre las propuestas de concesión minera. Helio Fabio Jiménez manifestó su oposición por considerar que desconocen el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) que sustentó la constitución de la ZRC, luego de más de 14 años de lucha, por el acuerdo 520 del 25 de septiembre de 2025 y que fue avalado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En dicho instrumento, la minería es identificada como una problemática ambiental del territorio y no se contempla su explotación como parte del modelo de desarrollo económico y social planificado por las comunidades.
La ZRC es una figura jurídica creada por la Ley 160 de 1994 para ordenar social, productiva y ambientalmente territorios rurales donde predominan las economías campesinas. Su propósito es promover y proteger la pequeña propiedad, evitar la concentración de la tierra y fortalecer las formas de producción y organización de las comunidades campesinas.
La figura también reconoce la importancia de la participación de las comunidades en la planificación de sus territorios y busca articular la producción campesina con la protección ambiental y el ordenamiento territorial. Por ello, una ZRC no es simplemente un mecanismo de acceso a la tierra, sino que es una herramienta para que las comunidades campesinas puedan participar en la construcción de un modelo de desarrollo acorde con las características sociales, económicas, culturales y ambientales de su territorio.
En este proceso, la ANT cumple un papel fundamental como entidad encargada de promover y ejecutar la política de acceso y formalización de la propiedad rural, así como de acompañar los procesos relacionados con las ZRC. En el caso de estas zonas, la ANT participa en su constitución, delimitación, fortalecimiento y acompaña a las comunidades campesinas en la formulación e implementación de sus planes de desarrollo. Su labor busca que la figura jurídica se traduzca en acciones concretas de ordenamiento social de la propiedad, acceso a la tierra, formalización y desarrollo rural, articulando las demandas de las organizaciones campesinas con las políticas y programas del Estado.
El entramado minero, ¿legal/ilegal?
Helio Fabio Jiménez, avezado líder que tiene en cuenta distintos factores internos y externos para el análisis y el contexto de la situación que atraviesan, contó que la ANM fue creada en 2011, específicamente para legalizar la minería del sur de Bolívar, en donde los poderes locales crearon organizaciones de barequeros para entrar al territorio y apropiárselo.
«La táctica que emplean los solicitantes de los títulos, a través de empresas fachadas, se hacen llamar “mineros artesanales” o “grupos de barequeros”, en realidad son las mismas multinacionales, que ponen la maquinaría en el territorio para generar presión a la institucionalidad, logran empatía con la comunidad, y esta les amortigua y genera resistencias cuando va la fuerza pública a desalojar, convirtiéndose en defensores de la maquinaria» expresó el líder.
Helio toma aire y con voz pausada cuenta que durante todo el 2025 aparecieron en Ataco y Chaparral cerca de 300 vehículos de maquinaria pesada y de construcción. Inexplicablemente, enfatiza, ni la Policía ni el Ejército detectan las maquinarías de 4 a 5 metros de alto que ingresan al territorio. Quienes operan, guían o auxilian estas máquinas no son nativos de la región. Según sus cálculos y los de la comunidad, llegó una migración masiva de unas 10.000 personas provenientes de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Santander, se les ve caminando con sus víveres al hombro por la carretera que conecta Ataco y Planadas. Hay sectores donde habitan, amontonadas, entre 10 a 15 personas en cambuches de plástico de unos 15 metros de largo por 5 de ancho.
La inesperada y planeada migración en la región generó varias tensiones. Por ejemplo, suelen confundirse con los casi 5.000 barequeros nativos, entre ocasionales y permanentes, los primeros, campesinos que acuden a esta labor sólo en épocas de sequía. Los segundos, al no tener parcelas, se dedican a este trabajo para asegurarse algún ingreso permanente. Los dos comparten en este oficio que sacan un cajón, al que llaman «laberinto», una batea, una pala y una barrita de acero para mover piedras, socavar material de río, ponerlo en la batea y extraer 5 o 6 décimas de oro que al precio actual serían alrededor de $200.000 pesos. El oficio dinamiza la economía, por la compra de insumos, mercado, combustible, paga algún jornal, y claro, sostiene familias.
El patrón aplicado desde el 2011 se repite. Para el caso de Chaparral, aparentemente, la empresa colombiana Mineros S.A. tiene diversas empresas fachadas que se disfrazan como procesos autónomos de barequeros tradicionales, estas hacen una avanzada para certificar, por sus propios medios de investigación, que el territorio tiene un potencial aurífero importante. Dentro del entramado, aparentemente, existen figuras notables de la región como Jesús Antonio Contecha, importante contratista de obras civiles a nivel nacional y que figura dentro de los 13 títulos en proceso de viabilización. Es solicitante en 4 contratos de concesión: OG2-084712 (02/07/2013), OG2-085813 (02/07/2013), OG2-082919 (02/07/2013) y 511623 (09/09/2025). Los últimos dos contratos están dentro de la ZRC y fueron otorgados por la ANM en agosto.
«A través de esas empresas se solicitan los títulos mineros en la Anm, y al tener el trámite cumplido van a los territorios a hacer las audiencias, un simple protocolo, para decir que se le comunicó a la comunidad y empezar la “Exploración y Explotación”», puntualizó Helio Fabio Jiménez.
El otro embate es la minería ilegal, según datos de la Gobernación del Tolima, para marzo de 2026 la minería ilegal de oro en este departamento le generó mensualmente $7 mil millones a grupos ilegales2. ¿En dónde terminan esos dineros? Una investigación del New York Times ofrece una pista, puesto que reveló cómo la Casa de la Moneda de EE.UU. terminó comprándolo oro ilegal al Clan del Golfo, en la mina La Mandinga, nordeste antioqueño, y para «legalizar» el oro en territorio nacional formaban empresas de «mineros artesanales».
Luego legalizados por la ANM y la permisividad de los poderes legales e ilegales de la zona, así los estadounidenses tenían el requisito para que el mineral entre «legalizado» a sus arcas3. Además, la situación se recrudeció cuando de manera frontal, Estados Unidos con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional conocida como Doctrina Donroe, en la que afirmó «[…] ampliar el acceso estadounidense a minerales y materiales críticos»4. ¿Se está repitiendo el mismo patrón de La Mandinga en el sur del Tolima?
Asesinatos contra personas defensoras
En paralelo a la depredación ambiental se han ejecutado varios asesinatos, además del despliegue de otras tácticas de terror en toda la región. Detrás de ello, según registros del Ejército Nacional5, en los municipios de Ataco y Chaparral uno de los grupos irregulares que tiene presencia es una de las disidencias de las Farc conocida como Estado Mayor Central (Emc) con su Bloque Central Isaías Pardo (Bcip) y más exactamente con los Frentes Jerónimo Galeano e Ismael Ruíz. Su accionar en el sur del Tolima es notorio.
La comunidad dice que conocen de otro grupo irregular, el cual no se ha podido identificar. Con armas cortas agreden e impiden la entrada al territorio donde permanece la maquinaria amarilla. «Somos los dueños del territorio, imponemos las reglas», es lo que dicen. La comunidad, por temor, no va a reuniones a donde les citan. Existe también presencia del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), que opera en la región con el Bloque Tolima6.
Estos grupos hacen parte del eslabón de la cadena. «Empezó un muerto por semana, aumentado a dos a tres» contó Helio, realidad que lo afectó de manera directa con el asesinato el 16 de diciembre de 2025 de su hijo Daniel Alfonso Jiménez, por causas todavía no claras. Daniel estaba haciendo un proyecto agrícola en la finca El Corralito en Copete Oriente, vereda rural del corregimiento de Amoyá, ubicada en el municipio de Chaparral, en donde asumió como bandera la defensa del territorio y la lucha contra la minería invasiva.
El periódico desdeabajo se comunicó con la oficina de prensa de la Defensoría del Pueblo preguntando sobre la situación de violencia en el sur del Tolima. En respuesta del 2 de junio de 2026 confirma que sí hay registro de homicidios asociados a control de economías ilícitas (minería y microtráfico). Sobre los homicidios en contra de personas defensoras de derechos humanos o líderes sociales, la entidad tiene registrado el de Julián Arenas, candidato al Concejo de Chaparral por el Pacto Histórico (en el año 2023), promotor de la ZRC, integrante de la Corporación Vivos en el Territorio y militante de la Unión Patriótica, asesinado el 17 de noviembre del 2025.
El calendario en esta zona del país transcurre y aumentan los sangrientos días en Chaparral y Ataco, hasta el punto que una misma máquina amarilla, en vez de encontrar oro o material de arrastre, removió varios cadáveres sepultados.
Perdiendo el pulso
Le preguntamos a Helio y Yexinober, coordinador de la ZRC: ¿Por qué no convocan a una consulta popular para definir el licenciamiento de los títulos mineros? Su respuesta es concreta: «Estamos en desventaja, al irnos por este camino, esas 10.000 personas migrantes, sin contar a las demás que trabajan para la minería, votarían a favor de la minería». (Ver recuadro propuestas). Para estos líderes, la Audiencia Pública Minera (APM) es un mecanismo que termina legitimando procesos de concesión que pueden generar contaminación de fuentes hídricas, deterioro del paisaje y desplazamiento de comunidades. Por ello se opusieron y lograron, con un buen sector de la comunidad, aplazar la primera audiencia.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la Apm finalmente se celebró el 7 de julio de 2026 y dejó constancia que las propuestas de contrato de concesión minera dentro de la ZRC: OG2-084712 y PG8-08011, no tuvieron acuerdos porque no hubo presencia de la comunidad. Mientras que las propuestas: 504776, 511623, 511188 y OG2-082919, llegaron a acuerdos con la comunidad como, entre otros, mantenimiento de vías, puentes, contratar obra de mano del territorio. Solo la solicitud 505708 se comprometió, entre otros, a respetar las áreas protegidas ambientalmente de conformidad con la legislación aplicable.
Chocan las visiones sobre el qué hacer con el territorio, entre el modelo de la ZRC con el modelo del Estado colombiano, este último excusa la explotación mineral legal con el artículo 332 de la Constitución que dice que es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, no obstante, esto no puede aislarse de las obligaciones constitucionales de protección del ambiente, ordenamiento territorial, desarrollo sostenible y derechos humanos.
La ZRC, en su Plan de Desarrollo Sostenible, por su parte, rechaza la minería y plantea un modelo territorial orientado a proteger y conservar los derechos del campesinado que habita ese territorio, la protección de las fuentes hídricas, la biodiversidad y la vocación agrícola y pecuaria, configurándose una disputa por el modelo de desarrollo. El pulso lo está ganando, por el momento, la depredación del territorio.
1 Agencia Nacional Minera (2026). Datos abiertos.
2 Gobernación del Tolima. (24/04/2026). “Mientras los grupos ilegales se embolsan más de $7.000 millones mensuales por la extracción ilegal de oro , el Tolima paga con pobreza y devastación ambiental”: gobernadora Adriana Matiz https://tolima.gov.co/noticias/9555-mientras-los-grupos-ilegales-se-embolsan-mas-de-7-000-millones-mensuales-por-la-extraccion-ilegal-de-oro-el-tolima-paga-con-pobreza-y-devastacion-ambiental-gobernadora-adriana-matiz
3 New York Times. (26/04/2026). “La Casa de la Moneda de EE. UU. compra oro de un cartel de Colombia y lo vende como ‘estadounidense’”
4 Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Noviembre de 2025. p. 13.
5 Ejército de Colombia. (sin fecha) Ejército Nacional desarticula estructura del Gao Comisión Gerónimo Galeano en Ataco Tolima. https://www.ejercito.mil.co/ejercito-nacional-desarticula-estructura-del-gao-r-comision-geronimo-galeano-en-ataco-tolima
6 Caracol Radio (17/07/2026). Confirman presencia del Clan del Golfo en el Tolima tras la captura de dos integrantes.
¿Cómo se creó la Zona de Reserva Campesina de Chaparral: Tierra, Vida y Paz?
El proceso de Zona de Reserva Campesina de Chaparral: Tierra, Vida y Paz se remonta a mediados de la década del año 2000, segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, bajo la imposición de la política energética extractiva y la excusa de combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc, se vivieron grandes problemas de derechos humanos dentro del municipio, los líderes eran amenazados, perseguidos y estigmatizados por oponerse especialmente a la minería y a las hidroeléctricas en el territorio. Yexinober Díaz Quimbayo, coordinador de la ZRC: Tierra, Vida y Paz en entrevista con desdeabajo contó que “se propuso en la vereda de Betania, corregimiento de Limón en una asamblea de que por qué no nos organizábamos en este territorio como zona de reserva campesina y utilizábamos pues esa figura para que pudiéramos proteger al territorio o unificar las comunidades y organizaciones.
Tras los Acuerdos de Paz de 2016, que redujeron la presencia de las Farc y las amenazas, en 2018 las organizaciones Astracatol, Asohermosas y Asoambeima presentaron ante la Agencia Nacional de Tierras la solicitud formal para constituir la Zrc. En 2022, ante el retiro de Astracatol, surgió Corviter, liderada por Yexinober Díaz, Mariela Ríos, Julián Arenas y otros, para continuar el proceso, que finalmente se ajustó a 72.315 hectáreas y 83 veredas de Chaparral, tras resolverse los traslapes con aspiraciones de resguardos indígenas y Zonas de Reserva Forestal. El acto administrativo de inicio se expidió el 25 de octubre de 2022, y entre 2023 y 2024 se construyó de forma participativa el Plan de Desarrollo Sostenible. El 9 de agosto de 2025 se realizó la audiencia pública, con 416 asistentes y el respaldo de más de 20 instituciones. El acuerdo de constitución se expidió el 25 de septiembre de 2025, y el 11 de febrero de 2026 el entonces presidente Petro hizo la entrega formal a la comunidad en Chaparral, jornada en la que también se recordó a Julián Arenas, líder de Corviter asesinado el 17 de noviembre de 2025 asesinato que sigue impune.
Propuestas urgentes para una difícil situación
Dada la preocupante situación que viven en la ZRC, Helio y Niyireth Cardozo, otra líder de la ZRC, publicaron un documento que tiene tres ejes de propuestas: economía, ambiente y seguridad. A nivel económico proponen la comercialización directa del oro con el Estado a través del Banco Agrario, con una regulación de precio muy cercano a la demanda internacional, de manera que genere renta para el territorio y bienestar a la comunidad.
A nivel ambiental insisten en establecer con los actores mineros presentes en el territorio, un compromiso de reparación con el entorno. Educación para la protección del ambiente y el cuidado de la paz, reforestación con flora apícola y frutícola de toda la cuenca hídrica afectada por la minería. Adaptación de los espacios depredados en infraestructura vital para desarrollar piscicultura aprovechando el nivel freático de los ríos. Repoblamiento piscícola de los ríos con especies nativas. Descontaminación de los ríos para minimizar el impacto del mercurio y la limpieza de estos para liberarlos de los residuos no biológicos causados por la interacción humana con las fuentes hídricas.
A nivel de seguridad consideran urgente la construcción de un acuerdo de convivencia sostenible que le garantice los mínimos vitales para los habitantes del territorio y la población migrante que se volverá permanente si las condiciones laborales, coexistenciales y de seguridad mejoran en la zona. Llaman a las guerrillas disidentes y paramilitares al servicio de la minería a acogerse al acuerdo, mientras se logren acuerdos de paz justos y duraderos con el Estado colombiano o la militarización de la zona se lleve a cabo. Insisten en la formalización del trabajador minero. Y, por último, llaman a la conformación y financiamiento de la Empresas Comunitarias (ley 135/1961 y decreto reglamentario 561/1989) para dinamizar la agricultura, transformación y mercadeo, aprovechando la migración regional e internacional.
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