El nuevo gobierno inicia su mandato reactivando las viejas constantes de la seguridad: reanuda los bombardeos a grupos armados, prioriza la neutralización de Objetivos de Alto Valor (OAV) y desmantela los espacios de diálogo heredados del periodo anterior. De esta forma, arranca el último quinquenio del Plan Marco de Implementación del Acuerdo con las Farc decretando su epílogo. Bajo las premisas de la defensa de la patria, la protección prioritaria de la fuerza pública y la exigencia de resultados operacionales, el Ejecutivo no oculta su intención de erradicar cualquier salida negociada al conflicto, trazando una hoja de ruta centrada en restablecer el orden público «por la razón o por la fuerza».
Este panorama marca el retorno del militarismo propio de la derecha, tras cuatro años caracterizados por una agenda de paz multilateral y simultánea que halló rápidamente sus límites ante la imposibilidad de culminar con éxito un proceso de paz con la guerrilla más antigua del continente, la fragmentación y multiplicación de las disidencias de las Farc, el fortalecimiento de organizaciones herederas del paramilitarismo vinculadas al narcotráfico y el aumento sostenido de la producción de drogas, el reclutamiento forzado de menores, los desplazamientos y el confinamiento de comunidades. Estos resultados han oxigenado el discurso de «guerra total» de la actual presidencia, que busca emular el escenario que a finales de los noventa dio origen al Plan Colombia y al Plan Patriota.
Sin embargo, un cuarto de siglo después –y gracias al Acuerdo de Paz de 2016 y las luchas por la memoria histórica– la sociedad conoce las consecuencias de una política de seguridad basada en el militarismo ciego y en la exigencia de resultados sin mínimos éticos. Cuando el poder político abandera su cruzada bélica bajo el lema ¡Viva Cristo Rey!, los territorios y sus poblaciones pagan el precio: quedan atrapados entre la confrontación de los actores armados, mientras crece la incertidumbre sobre las negociaciones de paz iniciadas por el gobierno saliente. En este contexto, el interrogante ético planteado en el Informe Final de la Comisión de la Verdad –«¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe?»– resuena como una advertencia urgente para proteger a estas comunidades que resisten pacíficamente al embate de las armas, vengan de donde vengan.
La necropolítica del milagro
En un video difundido en redes sociales el pasado 3 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella apareció caminando entre los cuerpos de 23 combatientes abatidos –entre ellos dos menores de edad– pertenecientes al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, para presentar el balance de la Operación Azarías en Miraflores (Guaviare). Esta puesta en escena, que evoca los métodos de la política de Seguridad Democrática, marca una clara ruptura con las formas convencionales de comunicar los resultados militares. Más allá del cuestionamiento por sus implicaciones frente al Derecho Internacional Humanitario, el mensaje busca reafirmar –en palabras de Achille Mbembe1– una concepción del poder soberano donde la autoridad se define por la capacidad de decidir quién vive y quién muere.
Esta noción de soberanía coincide con el horizonte político del actual gobierno, el cual busca –siguiendo el análisis de Zavaleta Mercado2– consolidar una hegemonía autoritaria. Dicha hegemonía instrumentaliza el miedo y las demandas de justicia de amplios sectores sociales para imponer un orden cimentado en la fuerza y la neutralización del «otro», más allá de un proyecto común basado en la esperanza transformadora de la sociedad. Bajo la perspectiva de Mbembe3, esta gestión del temor se apoya en una visión colonial sobre la humanidad y las periferias del país: más allá del discurso descentralizador, las afectaciones a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en los territorios donde operan las fuerzas militares y los grupos armados –así como la imbricación entre economías lícitas e ilícitas– demuestran que, en el actual accionar bélico del Estado, se suspenden las garantías constitucionales para ejercer el poder de decidir quién muere y con quién es imposible negociar la paz.
En este mismo sentido opera la estrategia de neutralización de Objetivos de Alto Valor (OAV), ampliamente desarrollada en gobiernos anteriores y retomada hoy como pilar de un plan de choque para los primeros tres meses de mandato. En teoría, esta estrategia asume que la eliminación o captura de las cabezas de las estructuras armadas facilita su desactivación y desarticulación. Sin embargo, en la práctica no ha generado los resultados esperados: las organizaciones armadas han demostrado una rápida recomposición de mandos, además de provocar vacíos de poder y cruentos enfrentamientos internos4 (FIP, 2026). En esta dinámica, la decisión sobre la muerte y su posterior mediatización para afianzar un sentido común autoritario develan la tensión entre las nociones de justicia y venganza, así como la pasión que estas despiertan en sectores populares, tal como evidenció la reciente operación contra «Bendito Menor» en Riohacha (Guajira).
El milagro neocolonial
Abundan las evidencias sobre las consecuencias sociales del triunfo de la extrema derecha, encarnada en esta ocasión por un empresario con notorios vínculos con los sectores más oscuros de la economía y la política nacional. Este proyecto político –apalancado en el autoritarismo, el resurgimiento de viejas dinastías conservadoras y la proyección de un outsider político– no es más que la revancha de la derecha continental tras el primer gobierno progresista en la historia reciente del país. Su elección se enmarca en un giro regional alineado con la doctrina Donroe y el retorno de la injerencia estadounidense en las dinámicas políticas de América Latina.
Bajo este panorama resulta clave retomar la noción de «determinación dependiente»5, la cual explica cómo la política de seguridad interna termina supeditada a la influencia de Estados Unidos y sus aliados en función de intereses geopolíticos y económicos concretos. Este fenómeno es patente en escenarios como Honduras o Venezuela, donde el involucramiento de Estados Unidos e Israel se ha manifestado tanto en las revelaciones del Hondurasgate como en las operaciones militares de principios de año que derivaron en la detención de Nicolás Maduro. Ya en las semanas previas a la primera vuelta presidencial, Marco Rubio categorizaba públicamente a los gobiernos latinoamericanos bajo la dicotomía amigo-enemigo, trazando la hoja de ruta de Washington para lo que califica como «nuestro hemisferio».
Así, en la elección de Abelardo de la Espriella no solo se disputó la conducción del Ejecutivo para el próximo cuatrienio, sino la consolidación de un proyecto regional tutorado desde Estados Unidos e Israel. Un modelo orientado a configurar un orden internacional basado en un neoliberalismo autoritario, el disciplinamiento social mediante la guerra, el extractivismo voraz y la reducción de los derechos sociales bajo el pretexto del ajuste fiscal. Un libreto bien conocido en el país, que nunca ha dejado buenos resultados.
¡Retrocedimos treinta años!
Bajo esta perspectiva, la frase difundida en medios tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay («Retrocedimos treinta años»), más que el resultado de una reflexión ponderada sobre la seguridad del país, terminó siendo una profecía autocumplida impulsada por la derecha colombiana. La eventual implementación de un «Plan Colombia II», la narrativa de una crisis generalizada atribuida al gobierno de Gustavo Petro y el recrudecimiento de la confrontación armada sugieren un panorama similar al de finales de los noventa. Sin embargo, la Colombia actual difiere sustancialmente de la que presenció el fracaso del Caguán con una insurgencia fortalecida, la peor crisis económica de su historia contemporánea y el giro de la política exterior estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre.
Hoy, gracias al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la sociedad conoce las consecuencias de una doctrina militar basada en el conteo de bajas y en la noción del «enemigo interno». Asimismo, las investigaciones sobre el impacto del conflicto en la población civil y las violaciones a los Derechos Humanos durante el periodo de la Seguridad Democrática han fortalecido la memoria histórica y los procesos de verdad, justicia y reparación. A ello se suma que, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, el país alcanzó los mínimos históricos en indicadores de violencia armada, lo que demostró la viabilidad de enfocar las prioridades del Estado y de la sociedad en las demandas sociales y no en el mantenimiento de la guerra.
Por esta razón, la actual batalla cultural desarrollada en Colombia ha enfilado sus baterías contra el pluralismo político, la garantía de derechos sociales, la memoria colectiva de los pueblos y la paz negociada. No es casualidad que el mapa electoral de los recientes comicios guarde una abrumadora semejanza con el del plebiscito de 2016. Esta coincidencia pone de manifiesto la dificultad para transformar el sentido común de un amplio sector del país, aún supeditado a los dogmas y al embrujo autoritario instaurados a comienzos de siglo.
Ética para la paz
Hace poco más de una década, el padre Francisco de Roux6 relataba una anécdota en la que un comandante del Eln, tras liberar a un ingeniero canadiense secuestrado, le pedía perdón por la crudeza del conflicto con una frase tajante: «Perdónenos hermano, pero es que todos estamos atrapados en esta guerra hijueputa». Hoy, al entrar en el tramo final de la implementación del Plan Marco del Acuerdo de Paz –cuatro de cuyos años transcurrirán bajo un gobierno volcado a imponer la paz por la vía armada–, la trampa que advertía aquel guerrillero vuelve a cerrarse. El horizonte de la seguridad estatal opaca cualquier opción de retornar a las mesas de diálogo, mientras el conflicto armado, mutado y fragmentado tras 2016, mantiene su escalada.
A estas alturas es evidente que la estrategia de la «paz total» resultó insuficiente e ineficaz para consolidar acuerdos definitivos. Diálogos extendidos sin un norte claro, agendas maximalistas imposibles de cumplir en tiempos razonables y la falta de marcos jurídicos precisos –sumados a la rápida mutación de la guerra por el rearme de disidencias, la expansión de nuevas estructuras, el fortalecimiento clandestino bajo la sombra de las negociaciones y las disputas territoriales– impidieron la consolidación de procesos sólidos. Estos factores terminaron por apretar de nuevo el nudo ciego de la guerra, el mismo que apenas logró aflojarse tras la firma entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
Ante el naufragio de la paz total y el cariz autoritario que ya exhibe el actual Ejecutivo, cobra urgencia el dilema ético planteado por de Roux al presentar el Informe Final de la Comisión de la Verdad: «¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe?». Una revisión rigurosa del conflicto desde abajo demuestra que las respuestas siempre han provenido de las comunidades golpeadas por la violencia. Son esas mismas poblaciones las que, tanto en el plebiscito de 2016 como en los comicios recientes, apostaron por defender un proyecto de país asentado en la democracia y la salida negociada al conflicto social.
No obstante, el reconocimiento institucional a estos esfuerzos ha sido marginal y, bajo el actual gobierno, corre el riesgo de ser criminalizado por desmarcarse de la doctrina oficial de seguridad. Aunque esta estigmatización no es nueva en la historia de las iniciativas comunitarias, la Colombia que hoy resiste a la retórica de la derecha no es la misma de hace tres décadas. Hoy más que nunca urge una ética para la paz construida desde los territorios: una postura firme en defensa de la vida frente a esta nueva cruzada que pretende justificar la violencia en nombre de Cristo.
1 Mbembe, A. (2011). Necropolítica. Editorial Melusina.
2 Zavaleta Mercado, R. (2021). Horizontes de visibilidad: Aportes latinoamericanos marxistas. Traficantes de Sueños.
3 Mbembe, A. Necropolítica…, op. cit.
4 Fundación Ideas para la Paz. (25 de agosto de 2026). Objetivos de alto valor: la estrategia de golpear a las cúpulas de los grupos armados debe ir más allá. https://ideaspaz.org/publicaciones/noticias/2026-08/objetivos-de-alto-valor-la-estrategia-de-golpear-a-las-cupulas-de-los-grupos-armados-debe-ir-mas-alla
5 Zavaleta Mercado, R. Horizonte…, op. cit.
6 De Roux, F. (2015). Liberación para la paz. En: De Currea-Lugo, V. (Ed.). (2015). Y sin embargo se mueve. Negociación Gobierno-ELN. Víctor de Currea-Lugo. victordecurrealugo.com
* Analista político.
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