Durante el primer año de la administración Santos, la reducción del desempleo es insignificante, con apenas 0,8 por ciento. Las tasas de pobreza por ingresos continúan una leve tendencia descendente en las estadísticas históricas durante las dos últimas dos décadas (ver Gráfico 1). Sin embargo, el nivel de pobreza en Colombia, 46 por ciento en 2011, es aún el más alto en comparación con el conjunto de países de América Latina.
Al contrario de reorientar el rumbo de la economía, la administración Santos profundiza la inconveniente variación estructural de las dos últimas décadas. Pasa que los sectores agropecuario e industrial participaban con el 43,3 por ciento del PIB en 1991, pero ahora su importancia es de sólo un 21,6 por ciento. En contraste, los ganadores son la construcción y las obras públicas, el comercio, los restaurantes y los hoteles, los servicios sociales y personales, y, sobre todo, la minería, que crece cerca del 12 por ciento anual –y el sector financiero.
En un 45 por ciento, los colombianos mayores de 18 años consideran que el principal problema que los afecta es el desempleo, por encima de la inseguridad ciudadana, que indica un 31 por ciento, la corrupción un 22 y el alto costo de vida un 21. Con las cifras de este primer año, en materia económica únicamente cabe mención de las reformas que aprobó el Congreso sin abordar una arquitectura institucional de justicia social: regalías, sostenibilidad fiscal, regla fiscal, tierras, tributación, formalización laboral, primer empleo, salud y estructura arancelaria.
Discursos hubo para unas leyes de aplicación incierta, dudosa, por el predominio de los sectores de extrema derecha en los ámbitos político y económico, y cuyo interés va en contra de cualquier avance social y democrático en Colombia. Con Santos y su prioridad por la estabilidad fiscal y el financiamiento de la guerra (7 por ciento del PIB), que es mayor en cantidad a la del gasto social, continúa y socava más las bases con carácter constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho. Aunque tiene mucha prensa y genera esperanza, con respecto a la “Ley de víctimas y tierras” (un peldaño en la búsqueda de la paz) no hay por ahora condiciones materiales para que tenga realidad.
No, dado el desmantelamiento institucional y la corrupción que dejó la era Uribe (2002-2010), con consecuencias en el conjunto de nuestra estructura económica. Sin adoptar un viraje que el país requiere, en cuanto a la Ley del primer empleo, su resultado no es otro que institucionalizar la precarización del empleo juvenil, y afectar y reducir los ingresos parafiscales con destino al SENA y el ICBF, con perjuicio para quienes viven con mayor necesidad.
En la misma línea, la política de otorgamiento de zonas francas continuará durante el actual gobierno, de manera similar a la gestión de Uribe, sin considerar que generan poco empleo, que casi no pagan impuestos, y que violan la legislación laboral y ambiental, con el fin y el favor de constituir enclaves económicos de beneficio para el gran comercio.
Más concentración del ingreso
El modelo económico hegemónico explica el comportamiento estructural del desempleo y los altos niveles de pobreza y concentración del ingreso. La economía colombiana tiene como característica su mineralización, financiarización, transnacionalización, concentración y recurso a la violencia como fuerza productiva y como recurso de la reproducción del poder.
En este marco, el boom minero deforma el aparato productivo: las regiones con inversiones mineras crecen sus ingresos a costa de la destrucción conjunta del ambiente, las comunidades rurales y el empleo tradicional. Al tiempo que se abaratan las importaciones (el buen precio de las materias primas y la afluencia de capitales en apariencia benéfica en el corto plazo, pero negativa en el largo por la sobrevaluación de la moneda), hay destrucción de los sectores reales de la economía: la agricultura y la industria. Además, es un boom que no ahorra ni se traduce en modernización económica vía inversión en ciencia y tecnología. Los recursos de las regalías y los Fondos de estabilización son saqueados por la corrupción y la guerra.
El propio Gobierno admite en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” que “actualmente el 46 por ciento de la población colombiana se encuentra en condición de pobreza y el 16 por ciento en condición de pobreza extrema. Sumado, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos de los países, es de alrededor de 0,57, y es hoy día uno de los más altos del mundo. Asimismo, Colombia cuenta con una de las tasas de desempleo más altas de la región latinoamericana”.
* Economista y máster en teoría económica. Filósofo y especialista en análisis existencial. Catedrático de las maestrías en Derechos Humanos de la UPTC y Economía ambiental de la U. Santo Tomas. Integrante de los comité editorial de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.
Sin graduarse, el liberalismo compró diploma ‘socialdemócrata’
De la conservatización con Uribe a una vaga ‘tercera vía’
Por Omar Roberto Rodríguez
Tarde y sin al menos “aumentar el gasto social” de manera ostensible ni “aplicar políticas de compensación social”, llega el presidente Santos a su nuevo vestido teórico. Un esquema a favor del eurocentrismo, cuyos dueños de última generación fueron los presidentes Tony Blair (“Nuevo laborismo”), Gerhard Schröder (“Nuevo Centro”) y Bill Clinton (“Nuevos Demócratas”), a partir de 1999, luego de su reunión en Florencia (Italia)*.
Aterriza a deshora, cuando la socialdemocracia –por no diferenciarse de las recetas económicas de la derecha neoliberal ante la crisis en curso– ya no es opción válida ante el neoliberalismo, para terminar resignada, postrada, ante la extinción de su máxima creación, el Estado de Bienestar, caso patético en toda Europa, pero de manera muy especial en Grecia y España (dos de los tres países donde sobrevive en el viejo continente, además de Hungría), donde copian sin pudor las recetas del Fondo Monetario Internacional.
Pero, además, aterriza sin los aliados –o concertación– indispensables de la socialdemocracia europea en su mejor época: los trabajadores sindicalizados, que en Colombia, por su ínfimo porcentaje y su difícil existencia ante todo tipo de persecusiones, ataques criminales y tropiezos legales, son casi piezas de museo.
Llega cuando la disputa entre capitalismo y comunismo ya no tiene la vitalidad de otra época ni la bipolaridad tensiona, y, por tanto, la opción del medio ya no es necesaria. Es decir, cuando la ‘tercera vía’ ya no es indispensable. Ahora, cuando el capitalismo en su fase cognitiva, como algunos la llaman, o de imperialismo neoliberal, como la denominan otros, exige un pensamiento alternativo a la crisis sistémica que lo sacude y que se pregunte por objeto de la política, de la economía, del gobierno y del Estado, es decir, el ser humano y no, como ahora sucede, las finanzas.
Sin duda, como en otros temas y épocas, en Colombia también llegamos a un “capitalismo de rostro humano” que, en medio de las profundas tensiones que enfrentan a los máximos poderes que controlan el mundo, ya no es posible.
Cabe recordar que el partido liberal jugó a tal denominación sin consecuencias prácticas para las mayorías nacionales, ni siquiera para propiciar su corte histórico con los terratenientes y los poderes gamonales –locales– que más bien llevaron hasta el “máximo imposible”. Aliado de la guerra y de los poderes tradicionales, el liberalismo criollo no logró trascender su doctrina histórica.
En este marco entre historia y presente, Juan Manuel Sanos quiere actuar como reformista y, fiel a su apellido, sin afectar a fondo ningún poder tradicional, un malabar imposible de llevar a cabo en alguna sociedad, y menos en Colombia, donde como premisa se requiere resolver el conflicto que la cruza.
* Sin acuerdo, también asistieron Fernando Enrique Cardoso, Máximo d’Alema y Lionel Jospin.
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