En la calurosa Barranquilla, del 6 al 8 de mayo, el 2º Congreso Nacional de Restitución de Tierras: “Diversidad, Territorio y Futuro” organizado por el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), convocó a representantes del Gobierno Nacional, magistrados, organismos internacionales, ministerio público, organizaciones sociales, campesinado y pueblos étnicos que participaron en paneles, mesas de trabajo y conferencias para poner en debate los avances, desafíos y obstáculos que ha tenido la restitución de tierras en el país.

Una discusión necesaria, ya que la ley 1448 de 2011 tendrá vigencia hasta el 2031, norma que es conocida como ley de víctimas y considerada la primera en Colombia que reconoció explícitamente el conflicto armado interno y los derechos de las víctimas dentro de un modelo de justicia transicional, y que tiene como finalidad devolverle la tierra a quienes fueron despojados por la violencia. La restitución de tierras, finalizando el actual gobierno, se  consolida como una de las políticas públicas con mayor ejecución.

El primer día del Congreso, 6 de mayo, después de una bella presentación de 60 niños, niñas y adolescentes del barrio Las Flores de Barranquilla, que cantaron con alegría: “Música para la paz”, continuó el acto de instalación del evento. El director general de la URT, Giovani Yule, destacó la representación del movimiento indígena, campesino, afrodescendiente, defensores de derechos humanos y, especialmente, de las víctimas del conflicto armado en Colombia congregadas en organizaciones.

Yule en su intervención hizo énfasis en que la restitución de tierras busca sanar las heridas y armonizar el dolor que ha dejado el conflicto y la violencia en Colombia para: “Restituir los derechos fundamentales de quienes han sido despojados en el marco de este conflicto y esta violencia que tanta sangre y dolor nos ha causado al pueblo colombiano”.

Además, el funcionario, rescató la importancia de constituir, dentro de la URT, un Consejo de Mayores como representación fáctica de esa institución en los territorios. Yule explicó: “Los Mayores nos guían y orientan con su experiencia, capacidad y conocimiento. El Consejo es, simbólica y metafóricamente, el cordón umbilical entre la institucionalidad y el territorio porque se desarrollan distintos ejercicios organizativos juntados con la fuerza administrativa, jurídica y profesional de la institución”.

Minutos después tomó el micrófono Jose Luis Quiroga, viceministro del Ministerio de Agricultura, y dijo: “El mayor Yule, durante su saludo, nos mencionó la relevancia que tiene la restitución de tierras para la reforma agraria y su importancia en la redistribución de la tierra como una política que aporta al sistema nacional de reforma agraria que se reactivó en 2023 y que concentra toda la política pública del sector agropecuario. La tierra no es el único punto relevante en la reforma agraria, también lo es el desarrollo rural”.

Foto 2:  Director general de la URT, Giovani Yule. Cortesía: Yira Rojas Acosta

Las cifras que muestran el avance de la restitución 

El acto continúo y la palabra fue dada a Claudia Regina Expósito Vélez, Vicepresidenta -Consejo Superior de la Judicatura, que dijo: “La restitución de tierras no debe entenderse únicamente como la devolución de predios, sino como un mecanismo de reparación integral y restauración de derechos, orientado a reconstruir la dignidad de las víctimas y garantizar la no repetición”.

En términos de resultados, para dar la primera cifra, en el gobierno que encabeza Gustavo Petro, más de 8,5 millones de hectáreas han sido inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (Rtdaf) (1), lo que representa el 60,3% de lo tramitado en todos los gobiernos. La URT revirtió una tendencia negativa de negaciones heredada de anteriores administraciones, antes del 2022 se tenía un 65% de decisiones negativas de inscripción al Rtdaf y solo un 35% de conceptos favorables a las víctimas, hoy el 75% de decisiones positivas de inscripción frente a un 28% de decisiones negativas de inscripción, marcando un punto de inflexión en política de restitución de tierras.

Otros datos relevantes reportados hasta el 31 de marzo de 2026, la jurisdicción especializada había emitido aproximadamente 13.000 sentencias de restitución de tierras y logrado la restitución de más de 900.000 hectáreas mediante rutas individuales y colectivas. En la ruta individual se implementaron 8.345 proyectos productivos con una inversión superior a 11.380 millones de pesos en 28 departamentos del país.

Además, se cumplieron 11.371 órdenes de alivio de pasivos y 10.024 órdenes de priorización de subsidios de vivienda, evidenciando que la restitución incluye medidas económicas y sociales destinadas a garantizar el retorno y la permanencia digna en los territorios. En la ruta étnica, las decisiones judiciales beneficiaron a 27.314 familias, equivalentes a más de 100.000 personas.

A pesar de estos avances, Regina advirtió de desafíos estructurales en donde persisten dificultades en la materialización efectiva de las sentencias debido a problemas de seguridad en los territorios, conflictos jurídicos sobre la propiedad, demoras administrativas y limitaciones presupuestales. En especial, los procesos de restitución colectiva y étnica enfrentan mayores obstáculos por la complejidad técnica y la necesidad de coordinación entre múltiples instituciones. Como es el caso de la hacienda Bella Cruz, en el sur del Cesar, es presentado como evidencia de las limitaciones del proceso: después de casi 30 años del desplazamiento y 15 años de vigencia de la Ley 1448, muchas víctimas continúan sin soluciones definitivas.

“El éxito del proceso no depende únicamente de emitir sentencias, sino de garantizar su cumplimiento efectivo en los territorios. La prórroga de la Ley 1448 hasta 2031 convierte los próximos años en una etapa decisiva para consolidar avances, cerrar brechas institucionales y asegurar reparaciones integrales, sostenibles y transformadoras para las víctimas del conflicto armado” concluyó Expósito.

Foto 3: Mesa “Cambios en la administración pública frente a un modelo de garantías de derecho”. Al centro Magdalena Frías, moderadora. Cortesía: Yira Rojas Acosta

Transformar la institucionalidad desde las víctimas 

Finalizando la primera jornada en la mesa de trabajo: “Cambios en la administración pública frente a un modelo de garantías de derecho” permitió exponer las tensiones, avances y desafíos que ha enfrentado la URT durante los últimos años, especialmente desde la gestión de la Secretaría General encabezada por Jaqueline Campos.

El espacio reunió a funcionarios, lideresas sociales, víctimas del conflicto y representantes de organizaciones sociales para reflexionar sobre cómo transformar una institucionalidad históricamente distante y burocrática en una herramienta más cercana a las víctimas y orientada a la garantía efectiva de derechos.

Uno de los principales logros destacados fue la apuesta de la Secretaría General por transformar la entidad “desde adentro”, no solo a través de resultados administrativos, sino mediante cambios en la llamada cultura institucional. Jacqueline Campos insistió en que la transformación debía partir del reconocimiento del talento humano y de la construcción de una administración pública basada en el cuidado, la dignidad y los derechos. 

El conversatorio también mostró una fuerte reflexión crítica sobre las limitaciones estructurales del Estado que no dejan de tener resistencias culturales. Varios participantes señalaron que la institucionalidad colombiana fue construida históricamente para excluir a las víctimas y obstaculizar el acceso a derechos.

Por ejemplo, la lideresa Magnolia Belalcázar recordó que, antes de este gobierno, las víctimas llegaban a las oficinas de la URT y encontraban puertas cerradas, funcionarios ausentes y respuestas dilatorias. Según afirmó: “uno de los cambios más significativos de esta administración fue permitir que las comunidades ingresaran a esos espacios institucionales y participaran directamente en las decisiones sobre la restitución y la política pública”.

Para María Lobo Casado, campesina desplazada y víctima del despojo, existe hoy un trato más respetuoso hacia las comunidades dentro de la URT, pero cuestionó la lentitud de los procesos judiciales de restitución. Relató que lleva más de treinta años esperando recuperar su tierra en Pelaya (Cesar) y denunció que su caso permanece estancado en los juzgados.

Foto 4: Jaqueline Campos Rincón,  Secretaria General de la URT. Cortesía: Yira Rojas Acosta

“Raíces de Esperanza”: narrar el despojo desde las mujeres 

Para el segundo día, 7 de mayo, la jornada tuvo la presentación de un capítulo del documental “Raíces de Esperanza”. El cual nació de una pregunta incómoda, ¿qué ocurre cuando el Estado decide escuchar no en los términos del expediente sino en los propios términos de quien vivió el despojo?

“Desde los campos de Colombia aún resuena el eco del despojo, pero también el canto de las mujeres que se negaron a rendirse” rezaba esta cita, en una vaya publicitaria al ingreso del salón donde se efectuaba el Congreso, invitando a conocer esta realización audiovisual que contiene cinco capítulos filmados, por el momento, donde participan las mujeres: Ayinet Pérez Galán, Elizabeth Mejía Silva, Edilsa Barreto Torres, Marina Camacho Díaz y Lilibeth Torres quienes encarnan historias de búsqueda, retorno y liderazgo por su lucha a la reclamación de sus tierras.

“Son las voces de las mujeres que tienen aquí plasmada la geografía del dolor que no es otra cosa que el mapa de las emociones. Las historias de las mujeres develan la matriz del despojo en Colombia” sostuvo Jaqueline Campos quien también es líder del grupo de gestión documental, archivo y memoria histórica de la URT. 

En entrevista con desdeabajo, Ayinet Pérez Galán, quien participa en el documental que continúa en proceso de realización, y es líder social y comunitaria de la Asociación de Reclamantes de Tierra: ‘Tierra y Paz’ y le preguntamos: ¿Qué es la matriz del despojo? A lo que respondió: “Jaqueline no lo pudo haber dicho mejor, no solo nos despojaron de las tierras. A las mujeres las violaron, asesinaron los esposos e hijos y desaparecieron a la familia. Nos tocó salir, afrontar y salir adelante”.

Ayinet hace parte del movimiento de mujeres campesinas en Urabá, región Las Tulapas compuesta por 58 veredas del municipio de Turbo. No desconoce que el avance en restitución de tierras de este Gobierno ha sido el más importante pero exige que hayan más jueces que agilicen los procesos. En Las Tulupas el 80% de su población son reclamantes de tierras pero solo 17 familias han sido restituidas, algo cercano a el 15%.

“Hay reclamantes de tierras de 70, 80, 90 o 100 años, y algunos se mueren con la sentencia en las manos. Hace falta la entrega material del predio con las garantías. Nosotros le apostamos a la restitución colectiva para proteger a la comunidad” dijo con mirada carismática. 

Ayinet y otras 25 mujeres, todas hijas de víctimas reclamantes de tierras, les entregaron una tierra. Al preguntarle, ¿qué piensan hacer algo con la tierra? Ella, que tiene 60 años y “tira” machete junto con sus compañeras contestó que quieren cultivar orgánicamente café, cacao, plátano, yuca, ahuyama, papaya y arroz, vender los productos y tener un proyecto turístico. “Si nosotros no tenemos un apoyo, no lo podemos sacar adelante”, enfatizó preocupada. 

Foto: Ayinet Pérez Galán en presentación de un capítulo del documental “Raíces de Esperanza”. Cortesía equipo periódico desdeabajo 

Vea el trailer del documenta “Raíces de esperanza”, aquí:

El problema que plantea Ayinet no es menor y tanto las personas individuales o en representación colectiva que ya les hicieron entrega de sus predios por efectiva gestión de la URT y demás instituciones, durante el Congreso hablaron sobre la complejidad de lograr la efectividad de la reparación integral: congestión judicial, falta de mecanismos ágiles para resolver casos, la enorme brecha entre las hectáreas reclamadas y las efectivamente restituidas.

Otro obstáculo importante identificado es la dificultad política para aprobar la jurisdicción agraria, bloqueos legislativos, dilaciones en el Congreso y disputas políticas que han frenado proyectos considerados esenciales para agilizar la restitución y resolver problemas estructurales de acceso y formalización de la tierra.

Sin embargo, en materia de post-fallo, este Gobierno, ha invertido un total de 714.875 millones de pesos para el cumplimiento de 10.298 órdenes judiciales en favor de las víctimas, de esta cifra 111.380 millones de pesos se han desembolsado para implementar proyectos productivos rurales con el fin de impulsar la economía circular y popular en los territorios. La URT ha invertido 8.640 millones de pesos para el desarrollo de 247 proyectos productivos urbanos de víctimas de despojo que viven en cascos urbanos.

Preservar archivos, memoria y verdad sobre el despojo 

Para el tercer y último día, el panel“Memoria, justicia y restitución de tierras: archivos, voces y reparación transformadora” evidenció que la protección y recuperación de los archivos de la URT representa uno de los avances jurídicos y políticos más relevantes en el marco de la justicia transicional colombiana. Más allá de ser expedientes administrativos o judiciales, los documentos, testimonios orales, mapas, fotografías y registros comunitarios reunidos por la entidad constituyen hoy un patrimonio documental para comprender las dimensiones históricas del despojo de tierras en Colombia.

Uno de los principales hitos destacados durante el panel fue la declaratoria de parte de estos archivos como bien de interés cultural de carácter documental por parte del Archivo General de la Nación. Esta decisión surgió luego de un proceso impulsado por la Secretaría General de la URT, Jaqueline Campos, en respuesta al riesgo de pérdida y desaparición de documentos relacionados con el despojo.

En medio del panel, Marco Romero, Director La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), dijo: “la verdad siempre es la primera baja, no se sabe cuántas tierras fueron despojadas en la Guerra de los Mil Días porque los archivos desaparecieron. Por eso la importancia de dar su libre acceso al archivo que reposa en la URT”.

El consultor explicó que algunos expedientes que tenía la URT incluso alcanzaron a ser destruidos antes de que se adoptaran medidas cautelares de protección. El reconocimiento jurídico de estos archivos como patrimonio documental implica que el Estado asume la obligación de preservarlos, organizarlos y garantizar su acceso público, entendiendo que allí reposa una parte esencial de la memoria del conflicto armado colombiano.

Jacqueline Campos insistió en que el archivo no se limita a carpetas y expedientes, sino que incorpora voces, relatos, silencios, cartografías sociales y memorias afectivas de las comunidades. Reconocer estas narrativas implica dignificar a las víctimas y validar formas de memoria históricamente excluidas por las instituciones estatales. 

Foto 6: Marco Romero, Director Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Cortesía: Yira Rojas Acosta

A manera de conclusión, el 2do. Congreso Nacional de Restitución de Tierras: “Diversidad, Territorio y Futuro” organizado por el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) dejó en evidencia que la restitución se ha consolidado como uno de los ejes más activos de la política pública de reparación en Colombia, no solo por el aumento de hectáreas inscritas y sentencias emitidas sino también por el intento de transformar una institucionalidad históricamente distante de las víctimas.

Las cifras expuestas durante el encuentro muestran un avance significativo en comparación con gobiernos anteriores. Sin embargo, hay grandes retos por articular restitución, reforma agraria y reparación integral, ya que, las voces campesinas, indígenas y afrodescendientes que participaron en el Congreso manifestaron que el éxito del proceso no puede medirse únicamente en balances administrativos ni en estadísticas de gestión, sino en la capacidad real de garantizar retornos dignos, seguridad territorial, cumplimiento efectivo de las sentencias y apoyos económicos o en especie para los proyectos productivos que cada persona u organización tiene pensado desarrollar en la tierra entregada.

Además, la prórroga de la Ley 1448 hasta 2031 abre entonces un periodo decisivo: o el Estado logra convertir la restitución en una transformación efectiva de las condiciones de vida de las víctimas, o el proceso corre el riesgo de quedar atrapado entre sentencias simbólicas y promesas incumplidas.

Bibliografía:

1: Rupta: Registro Único de Predios y Territorios Abandonados. Es un mecanismo

de protección creado para identificar y registrar los predios de personas que se

vieron obligadas a abandonarlos de manera forzada como consecuencia del

conflicto armado, el desplazamiento, la violencia o las amenazas. Su finalidad

principal consiste en proteger jurídicamente dichos bienes, evitar ventas forzadas,

despojos o transferencias irregulares, dejar constancia oficial del abandono por

causa de la violencia y servir como elemento probatorio en los procesos de

restitución de tierras previstos en la Ley 1448 de 2011.