La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advierte de que la retirada masiva de escombros en Gaza podría borrar pruebas de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio. El FLP ha asegurado que Israel ya lo está haciendo.
También ha advertido a las empresas implicadas en las labores de desescombro de que «al destruir pruebas de crímenes internacionales pueden incurrir en una responsabilidad penal». Según Albanese, las demoliciones y nivelaciones de edificios han continuado en áreas de Gaza bajo control israelí incluso tras el alto el fuego de octubre de 2025. En esas labores se habría utilizado maquinaria pesada de multinacionales como Caterpillar, HD Hyundai, Doosan o Volvo.
Más denuncias
El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) ha advertido también de que la retirada de escombros en Gaza por parte de Israel pone en peligro los restos de miles de palestinos sepultados y puede eliminar pruebas forenses de crímenes cometidos durante la guerra.
La Oficina de Mártires, Prisioneros y Heridos del FPLP ha alertado sobre el traslado continuo de cascotes desde edificios destruidos hacia lo que denomina «zonas militares». Según la organización, esos materiales contienen en numerosos casos cuerpos y restos fragmentados de palestinos ejecutados y desaparecidos que aún no han sido recuperados.
Al igual que en el caso de Albanese, el comunicado advierte de que triturar, procesar o desplazar los escombros antes de que equipos especializados e independientes examinen los lugares puede destruir, mezclar o dispersar restos humanos, hasta hacer imposible identificar a las víctimas.
El FPLP afirma además que los escombros preservan indicios materiales y forenses esenciales para documentar las circunstancias de las muertes, localizar los puntos atacados y determinar el armamento empleado. Su retirada de la ubicación original, ha denunciado, podría borrar pruebas relevantes para futuras investigaciones y obstaculizar la exigencia de responsabilidades. «Los escombros en Gaza no son simples restos de guerra», señala la organización, que los considera también lugares de enterramiento y escenarios de posibles crímenes contra la población palestina.
La organización exige, al igual que Albanese, suspender de inmediato las operaciones en las áreas donde aún pueda haber cadáveres, permitir la entrada de equipos forenses y garantizar una supervisión internacional independiente. También reclama una investigación sobre el traslado de los materiales y el destino de los restos y evidencias que contienen.
La advertencia se produce en plena campaña de demolición en la Franja, en la que participan contratistas civiles con bulldozers y excavadoras junto a unidades militares israelíes. Una investigación de ‘Le Monde’ publicada en 2025 localizó ofertas de empleo para operadores de maquinaria pesada destinados a tareas de demolición en Gaza.
Ataques en Gaza y en Líbano
Mientras, el ejercito israelí continúa perpetrando ataques en Gaza, también en Líbano. En el centro y el sur del enclave palestino, ha matado a seis personas, entre las que se encuentra un niño de 6 años. El menor estaba refugiado en la escuela Jawla Bint Al Azraq en Deir al Balah y ha fallecido tras impactar un misil contra el centro educativo.
En Líbano, al menos doce personas han fallecido, entre las que hay dos niños y un paramédico, y otras diez han resultado heridas, en ataques israelíes contra un edificio y un vehículo civil en la ciudad de Kfar Ruman, en la región de Nabatieh, ha informado el Ministerio de Salud libanés.
De acuerdo al recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 1.330 gazatíes han muerto en ataques israelíes durante el alto el fuego, en la práctica violado a diario por Israel. Desde el 7 de octubre de 2023, la cifra supera las 73.470 víctimas mortales.
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