«El mundo no necesita unas Naciones Unidas más débiles. Necesita unas Naciones Unidas con la fortaleza suficiente para afrontar el mundo como es y la determinación suficiente para construir el mundo como debería ser». Con esa frase, António Guterres abrió la actual Asamblea General de las Naciones Unidas. Al final de su mandato, el secretario general habló con una libertad poco habitual sobre un mundo que se aleja de los principios que dieron origen a la ONU y sobre instituciones que han perdido capacidad para prevenir conflictos, sostener acuerdos y responder a desafíos que no conocen fronteras. Guterres presenta un diagnóstico duro. Las guerras se multiplican y se prolongan. El cambio climático avanza. La desigualdad se profundiza. No se trata de crisis aisladas. Son capítulos de la historia del poder, de quién lo tiene, a quién se le niega, cómo se ejerce y cómo está cambiando. El poder ya no reside únicamente en los Estados, dice el secretario general. Un puñado de grandes empresas tecnológicas y financieras condiciona decisiones, información, mercados e incluso formas de convivencia, cosas que hasta hace poco parecían reservadas a los gobiernos. La inteligencia artificial, las plataformas digitales, la concentración financiera y el control de los datos han abierto nuevos espacios de poder que todavía no tienen regulación democrática suficiente.
El reclamo de Guterres no es solo una defensa de las Naciones Unidas. Es una advertencia política. Las instituciones nacidas después de la Segunda Guerra Mundial reflejan una relación de fuerzas que ya no existe. Persisten mecanismos de decisión que concentran privilegios en muy pocos países, mientras la mayor parte del mundo reclama voz, representación y capacidad efectiva de incidir en los asuntos que afectan su desarrollo y su seguridad. La multipolaridad es una realidad. La cuestión es qué tipo de multipolaridad se quiere. Puede ser una multipolaridad desordenada, de rivalidades permanentes, zonas de influencia y reglas aplicadas selectivamente. O puede ser una multipolaridad interconectada, en forma de red, con varios centros de poder, sometidos a un marco común de derecho internacional, reglas compartidas y cooperación efectiva. No hay ingenuidad en esta posición. El poder no desaparece porque se invoque al diálogo. Pero tampoco alcanza por sí solo para construir paz, estabilidad o seguridad. Las grandes potencias pueden imponer decisiones, bloquear acuerdos y definir prioridades, pero ninguna puede resolver por cuenta propia los desafíos que tiene la humanidad. Ni las guerras, ni el clima, ni las pandemias, ni la deuda, ni las migraciones ni la revolución tecnológica admiten soluciones nacionales o unilaterales. De allí que vuelvan a ponerse sobre la mesa reformas conocidas, aunque postergadas durante décadas: la representación de África y de otras regiones del llamado Sur global en el Consejo de Seguridad, la limitación del uso del veto, la reforma de la arquitectura financiera internacional, el alivio de la deuda, un acceso más justo al financiamiento para el desarrollo. No son asuntos técnicos ni reclamos sectoriales. Forman parte de una discusión sobre quién decide y en beneficio de quién se toman las decisiones. La desigualdad global no es solo un problema económico. Es, antes que nada, un problema de poder, afirma Guterres.
EL MULTILATERALISMO NO ES IDEALISMO
En esa misma dirección se inscribe la iniciativa presentada por Lula da Silva, António Costa, William Ruto y Mark Carney1 bajo el rótulo de Partners for Multilateralism: «El multilateralismo no es idealismo, es una necesidad». Son dirigentes que ejercen poder real cuya propuesta no parte de la idea de abandonar las reglas existentes ni de crear un orden alternativo al sistema de Naciones Unidas. Parten de algo más concreto: recuperar la capacidad de actuar juntos aun cuando existan diferencias importantes. Defender la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las instituciones multilaterales, reformarlas para que tengan mayor legitimidad, mayor representación y mejores resultados. Las potencias medias tienen allí una responsabilidad especial. No pueden sustituir a las grandes potencias, pero tienen razones evidentes para defender un mundo de reglas previsibles, instituciones abiertas y mecanismos que impidan que la fuerza sea la única forma de ordenar las relaciones internacionales. Es un desafío que puede indicar el camino a un nuevo orden.
77 = 134
Uruguay está ejerciendo ahora la presidencia pro tempore del Grupo de los 77. El nombre conserva la memoria de su origen, pero el G77 reúne hoy a 134 Estados miembros de las Naciones Unidas. Sigue siendo la principal coalición negociadora de los países del Sur dentro del sistema multilateral. Allí conviven países con trayectorias, intereses y capacidades muy distintas. Esa heterogeneidad hace difícil alcanzar posiciones comunes en todos los temas, pero explica también su importancia. Cuando el G77 logra construir una posición compartida, pone en el centro de la discusión internacional las preocupaciones de una parte sustantiva del mundo: desarrollo, financiamiento, deuda, comercio, transferencia de tecnología, cambio climático y reforma de la gobernanza global. Una presidencia útil no se mide por la cantidad de declaraciones, sino por su capacidad de abrir espacios de diálogo y de transformar coincidencias generales en iniciativas concretas. En esta etapa de cambios significativos puede haber oportunidades.
Esta Asamblea General muestra la profundidad de la crisis, la dificultad de alcanzar acuerdos y la normalización creciente de la fuerza como forma de resolver diferencias. Pero también deja ver que se empieza a organizar una respuesta política e intelectual a esa deriva.
En un mundo donde las grandes potencias vuelven a medir su fuerza, la tarea de los países que creen en la cooperación es insistir en algo elemental: ningún poder, por grande que sea, puede reemplazar la necesidad de construir acuerdos para enfrentar los problemas comunes.
25 septiembre, 2026
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