En el Concejo de Bogotá, el martes 29 de julio, se dio el debate de control político: “Ejecución y contratación de guardianes del orden / guardianes del orden y su relación con los frentes de seguridad. Bogotá camina entre basura. Seguridad y espacio público. Seguridad en el espacio público”, en esta última proposición: “Frentes de Seguridad Local: negocio, discriminación y capital electoral”, publicado por el periódico desdeabajo, sirvió como insumo aportando fuentes expertas, teóricas, testimoniales y cifras.
El concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, del movimiento Colombia Humana – Pacto Histórico, lideró un intenso debate de control político a la administración de Carlos Fernando Galán, en el que se analizaron críticamente los llamados Frentes de Seguridad Urbana y la gestión en materia de seguridad en la ciudad.
El cabildante destacó que, a pesar de la gigantesca inversión aprobada en el Concejo de Bogotá para el cuatrienio para el área de seguridad, que asciende a 7,4 billones de pesos dentro del Plan de Desarrollo: “Bogotá Camina Segura”, los resultados han sido alarmantemente deficientes. El concejal denunció además que la política de seguridad de la administración de Galán es securitista y sustentada en un principio aporofóbico que parte de la idea errónea de que las personas pobres son sospechosas de generar inseguridad, estigmatizando y criminalizando a los sectores más vulnerables. Esta visión ha derivado en una política de “paloterapia” o “bolillo terapia”, aplicando mano dura exclusivamente contra los sectores pobres y marginados.
Cuesta Novoa señaló una clara desconexión entre la política de seguridad y la realidad social de Bogotá, marcada por un fenómeno de pobreza galopante en localidades como Usme (57,81% de pobreza monetaria), Ciudad Bolívar (57,37%), Bosa (53,18%), Rafael Uribe Uribe (49,95%), San Cristóbal (48,45%) y Santa Fe (47,69%). En estas zonas, el incremento en homicidios ha sido especialmente alarmante: 34,8% en Ciudad Bolívar, 69% en Rafael Uribe Uribe y 52,2% en San Cristóbal. El concejal señaló que no existe un adecuado reconocimiento por parte de la administración al cómo las estructuras de inequidad, exclusión, pobreza y desigualdad explican este fenómeno.
Una crítica nodal a la política de seguridad vigente en la capital del país, para la cual el cabildante aprovechó la investigación del periódico desdeabajo sobre, el papel de los Frentes de Seguridad Urbana, que actualmente agrupan a cerca de 46.000 ciudadanos en alrededor de 1.950 grupos, y que la administración de Galán planea aumentar en 500 más. El concejal alertó que esto podría derivar en una repetición de las polémicas “Convivir” y en una peligrosa paramilitarización de la ciudad. Además, denunció que estos frentes persiguen y hostigan a jóvenes por consumir marihuana, contraviniendo sentencias de la Corte Constitucional que garantizan el porte de la dosis personal, frentes que ejercen violencia y discriminación contra personas por su diversidad sexual, identidad de género, así como sobre habitantes de calle y personas en situación de exclusión y pobreza, evidenciando una actitud aporofóbica.
En su argumentación no dejó de lado la oportunidad para denunciar el reciente robo que afectó al proyecto comunicativo desdeabajo.
José Cuesta Novoa concluyó que la violencia social en Bogotá solo puede resolverse con oportunidades, derechos e inversión social, elementos que actualmente no están presentes en la política de seguridad de la administración distrital. En ese sentido, realizó un llamado urgente a replantear las estrategias de seguridad en la ciudad, priorizando un enfoque de derechos humanos, justicia social y prevención, frente a una política basada en el miedo, la represión y la exclusión.
Vea acá la intervención completa del concejal José Cuesta Novoa:
https://youtu.be/xL8GlGs–t8?si=j4OXT7Tm61KWuhrv
Seguridad en el espacio público Por otro lado, la concejala Ana Teresa Bernal, militante del Pacto Histórico, encendió las alarmas durante su debate de oposición en el Concejo de Bogotá, titulado “Nos engañaron: Bogotá camina en medio del miedo y la desesperanza” (Proposición 858 de 2025), en el cual denunció el grave deterioro de la seguridad en el espacio público y el incumplimiento de las promesas de la administración de Carlos Fernando Galán.
“En el modelo de ciudad soñada, aquella en la que todos tenemos lugar y gozamos de derechos, el espacio público es el territorio fundamental para el disfrute de la ciudadanía plena y el cuidado de la vida”, expresó la concejala. “Sin embargo, hoy Bogotá transita una dolorosa realidad: abandono institucional, inseguridad creciente y una ciudadanía que se siente sola, desprotegida y temerosa”.
Otro de los puntos críticos abordados en el debate fue la persecución a los vendedores informales, quienes además de enfrentar desalojos también son víctimas de sistemáticas extorsiones. La concejala denunció las llamadas “mafias del espacio público”, que exigen pagos a vendedores ambulantes a cambio de dejarlos trabajar. Solo en Bosa se han reportado casos en los que se exige hasta $4 millones en cuotas ilegales, acompañadas de amenazas y vigilancia diaria.
“Guardianes del Orden”: una duplicidad de otras tácticas de seguridad.
En el marco del debate de la oposición en el Concejo de Bogotá, el concejal étnico Taita Oscar Bastidas Jacanamijoy, del partido MAIS, en coalición con el Pacto Histórico, centró su intervención en la propuesta de Guardianes del Orden y su vínculo con los Frentes de Seguridad. Señaló que la existencia de múltiples figuras como gestores de convivencia, gestores locales y de diálogo social, sin una delimitación clara de funciones, ha generado una peligrosa duplicidad, dispersión de recursos y posibles riesgos de detrimento patrimonial. “Si no se definen responsabilidades específicas, se solapan funciones y se debilitan las capacidades de mediación”, advirtió.
El concejal también se refirió a declaraciones del Alcalde Mayor sobre la contratación de 170 guardianes a través de una planta temporal. Aunque en una respuesta oficial se informó de una prueba piloto con 40 gestores, no hay claridad sobre los criterios establecidos y definidos para ello. Un actuar que llevó a Bastidas a exigir públicamente a la Personería de Bogotá hacer seguimiento y garantizar la transparencia del proceso.
Además, Bastidas contrastó las declaraciones del Alcalde, quien aseguró que los guardianes “no portarán armas ni cumplirán funciones de choque”, con lo expuesto por la Secretaría de Seguridad que describió funciones más activas como establecer alertas tempranas y atender situaciones, como mal parqueo, residuos acumulados o exceso de ruido. Funciones, señaló el cabildante, que ya ejercen otros actores institucionales como los Gestores de Movilidad, los Gestores IVC o los Agentes de Tránsito. “¿Dónde está la articulación? ¿Cuál es la diferencia real entre todas estas figuras?”, cuestionó.
Es una motivación para el equipo humano que hace posible la existencia y publicación del periódico desdeabajo conocer que nuestros artículos traspasen las fronteras del papel y se conviertan en un instrumento para el debate deliberativo, teórico y argumentativo con miras a un sano debate político que aporte a la transformación social del país.
Elaborado a partir de información de prensa del Concejo de Bogotá.
Lea el artículo: “Frentes de Seguridad Local: negocio, discriminación y capital electoral”, aquí:
https://www.desdeabajo.info/ediciones/edicion-no324/item/frentes-de-seguridad-local-negocio-discriminacion-y-capital-electoral.html
Artículo sugerido: “¿Un tributo para la paz o un regreso al pasado paramilitar?”, aquí:
https://www.desdeabajo.info/ediciones/edicion-no325/item/un-tributo-para-la-paz-o-un-regreso-al-pasado-paramilitar.html
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