La derecha en el gobierno argumenta que su iniciativa busca combatir la violencia del crimen organizado, aunque el correísmo sostiene que la medida implica la pérdida irreversible de la soberanía del país.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó los ejes de una nueva consulta popular con las que planea reformar la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras, entre otras medidas. Esta es la segunda consulta que el mandatario plantea desde que en noviembre de 2023 tomó las riendas del país.
Noboa precisó en una publicación en la red social X que el referéndum consta de siete preguntas, de las cuales la primera está relacionada con eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones con propósitos militares en el territorio nacional, así como la de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.
Reforma constitucional
En 2009, las tropas estadounidenses salieron de la base militar de Manta, localizada en Manabí, por la prohibición que rige en la Constitución de 2008 aprobada en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Con ello se puso fin al convenio entre Ecuador y Estados Unidos –firmado en 1999– que permitía al país norteamericano combatir a los cárteles de la droga desde esa base.
De hecho, el artículo 5 de la Constitución dice: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
En junio pasado, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de reforma de la Constitución que permitirá el retorno de las bases militares extranjeras al país. La medida contó con 82 votos a favor, 60 en contra y seis abstenciones. Así se dio paso para lograr que esta pregunta sea parte de la consulta popular cuya fecha tentativa sería el 14 de diciembre próximo, informó el medio El Telégrafo.
Pérdida de soberanía
El argumento del oficialismo para establecer bases militares extranjeras es que permitirá fortalecer las capacidades operativas del Estado ecuatoriano en su lucha contra el crimen organizado trasnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas. Entre otras razones los legisladores oficialistas defienden que durante la operación de la Base de Manta, las incautaciones de cocaína aumentaron en un 498 por ciento, según dice el escrito que se votó.
La legisladora Nuria Butiñá, del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por Correa, advirtió el día de la votación que la reforma constitucional podría dejar abierta la posibilidad de que decisiones políticas coyunturales comprometan de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado.
Dos meses antes de ello, el correísmo publicó un comunicado en redes sociales en el que señalaban: “La experiencia internacional y la nuestra, demuestran que la presencia de bases militares extranjeras no erradica el crimen, lo encubre, lo transforma, lo protege“. Y remarcaron: “Ojalá algún día, soberanamente entendamos que: ¡La patria no es moneda de cambio ni tapete para los serviles!
Las otras seis preguntas del referéndum propuesto por el gobierno de Noboa tienen que ver con el financiamiento estatal de las organizaciones políticas, la reducción del número de asambleístas y la contratación por horas en el sector del turismo. Además plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado de la designación de autoridades como la de la Fiscalía o Contraloría, o que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser juzgados políticamente.
Presidente de Ecuador pondrá a consulta juicio a miembros de la Corte y quitar dinero a partidos
Permitir bases militares extranjeras y reducir cifra de legisladores, otros temas
Orlando Pérez. Especial para La Jornada
Quito. Tras la decisión de la Corte Constitucional de Ecuador de suspender la aplicación de tres leyes, el presidente Daniel Noboa lanzó este martes una propuesta para una consulta popular, que en lo medular plantea al pueblo que los integrantes de esa instancia judicial sean objeto de juicio político, eliminar el Consejo de Participación, acabar con el financiamiento público a los partidos políticos, reducir el número de legisladores en la Asamblea Nacional y permitir la instalación de bases militares extranjeras, entre lo más importante de las siete preguntas a dirimirse el próximo 14 de diciembre.
Esta sería la segunda consulta popular planteada por Noboa. El 21 de abril de 2024, se hizo una con 11 preguntas enfocadas a seguridad, justicia y empleo. El Sí
ganó en nueve de ellas, incluida la extradición de ecuatorianos, el control militar en cárceles y el endurecimiento de penas por delitos graves. El no
se impuso en dos preguntas clave: el contrato por horas y el arbitraje internacional.
Desde hace dos meses, la Corte Constitucional recibió más de dos docenas de demandas para impedir la aplicación de las leyes de inteligencia, integridad pública y solidaridad, ya que se considera que violan principios fundamentales de la Constitución y de convenios internacionales de defensa a los derechos humanos.
Incluso, la ley de integridad pública obligaba que algunas cooperativas de ahorro y crédito se transformen en bancos. En la propuesta de inteligencia se permitía la intervención de llamadas telefónicas y de datos de cualquier persona sin necesidad de orden judicial.
Frente a todo ello, Noboa y sus medios aliados, iniciaron una campaña de desprestigio contra la Corte Constitucional, cuyos vocales gozan de inmunidad y no son sujetos de juicio político en la Asamblea Nacional. La respuesta de una consulta popular para eliminar ese supuesto privilegio
sacudió el ambiente político y en las redes sociales, porque se considera que con ello el presidente ecuatoriano quisiera destituir a los constitucionalistas con la actual mayoría legislativa que siempre vota a su favor.
Sin embargo, según ordena la legislación ecuatoriana, la misma Corte Constitucional debe calificar las preguntas de la consulta y de hacerlo Noboa tendría vía libre para la campaña sobre estos temas. Pero ya hay una resolución de ese mismo órgano judicial que impide que cambios en la estructura general del Estado se hagan vía consulta popular, sino que debe efectuarse un pronunciamiento constitucional de la Asamblea Nacional.
Vieja demanda
Casi tres años después de haber dicho no
en una consulta propuesta por el entonces presidente Guillermo Lasso, los ecuatorianos deberían pronunciarse otra vez sobre la posibilidad de reducir el número de asambleístas.
Para Lasso lo ideal era contar con 100 asambleístas y con ello evitar el gasto en sueldos, no sólo de los legisladores, sino también de asesores y asistentes.
En 2007, el Congreso estaba conformado por 100 diputados. En 2009, ya con el nombre de Asamblea, la cifra pasó a 124 asambleístas. En 2013 ese número subió a 137, con los datos del censo de población de 2010. En mayo pasado se incrementó a 151, por el resultado del censo de 2022.
Lo que no ha dicho Noboa ni sus voceros es cuántos asambleístas quedaría en la conformación legislativa. Sí ha explicado en varias entrevistas y discursos la eliminación del financiamiento público a partidos, bajo el argumento de que el Estado no puede destinar recursos para fines políticos de organizaciones que no ganan elecciones.
Leave a Reply