El secretario de Estado, Marco Rubio, convocó a representantes de unos 60 países para este jueves a una reunión para agitar un plan contra el “terrorismo transnacional de extrema izquierda”.
14 de julio de 2026. Los vientos de un nuevo macartismo soplan con fuerza desde Washington. Este jueves tendrá su punto de partida el impulso a una estrategia de persecución ideológica y reconfiguración geopolítica en EE.UU. El secretario de Estado, Marco Rubio, convocó a representantes de unos sesenta países para analizar y legitimar con su presencia un plan de alcance planetario, aunque también con implicancias fronteras adentro.
Su objetivo es diseñar una política criminal ante “el resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”. Un emergente más de los enemigos que Estados Unidos suele crear mientras el régimen que lidera Donald Trump, en alianza con un grupo de magnates tecnológicos, sigue descomponiéndose camino a las elecciones de medio término en noviembre.
Ya lo dijo a fines de junio el presidente condenado por abuso sexual que ayer le pagó la indemnización a su víctima, Jean Carroll, por un delito cometido en 1996: “Tenemos que frenar esta amenaza horrible del cáncer permeando nuestro país llamado comunismo”. Una amenaza con buenas dosis de paranoia que oculta otra. La de Trump y su política que ahora enfila hacia el neomacartismo.
La búsqueda de un otro al cual estigmatizar que se maquilla con ciertas distracciones. Lo mismo da si se trata de inmigrantes deportables o militantes antifa (el apócope de antifascistas), el “peligro” que atenta contra la invocada “seguridad nacional”.
El doctor en filosofía Fernando Buen Abad, un especialista en la guerra cognitiva que lleva adelante EE.UU., es un referente para el tema. Sobre el encuentro convocado por Rubio —el agitador principal de estas políticas nacidas en la Guerra Fría—, escribió el 13 de julio: “Cada nueva categoría criminal amplía presupuestos, multiplica licitaciones, justifica desarrollos tecnológicos y fortalece complejos industriales especializados en vigilancia, ciberseguridad, armamento y administración penitenciaria”.
Es una nueva economía de la vigilancia que determina otro ángulo para analizar. ¿Por qué Estados Unidos intenta reflotar su doctrina que ya tiene en desarrollo un Plan Cóndor 2.0? Pero también, una fórmula represiva para la oposición política a Trump. Lo explicó un funcionario del Departamento de Estado citado por Reuters: “Nuestro sistema de operación contraterrorista necesita una actualización para abordar la realidad de tales amenazas, para proteger a ciudadanos estadunidenses y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”. La retórica es la de siempre.
Lo que tal vez no aparezca con nitidez en este neomacartismo –al menos por ahora– es que además apunta contra las disidencias internas. Un fallo draconiano sentenció en Texas a ocho militantes de Antifa, en conjunto, a 450 años de cárcel. La condena más larga fue para el joven Benjamín Hanil Song, a quien un tribunal del estado le aplicó una pena de cien años de prisión por liderar un grupo que intentó asaltar un centro de detención de migrantes para liberarlos.
Otros siete integrantes de Antifa recibieron condenas durísimas de entre 70 y 30 años. “Las sentencias dictadas demuestran que el FBI mantiene su compromiso de identificar, localizar y desmantelar a Antifa y sus redes de financiación en todo el país”, declaró el día del juicio el director del FBI, Kash Patel.
A todos se los consideró “culpables de provocar disturbios, uso de armas y explosivos, apoyo material a terroristas, obstrucción a la justicia e intento de asesinato de un agente de policía de Alvarado en el Centro de Detención de Prairieland el 4 de julio de 2025. Esta es la primera sentencia impuesta a acusados afiliados a Antifa tras la orden ejecutiva del presidente Donald J. Trump que designó al grupo como organización terrorista nacional en septiembre de 2025”, informó el Departamento de Justicia en su página oficial el 23 de junio pasado.
El abogado de Song, Philip Hayes, declaró que el problema con los cargos levantados a los condenados “siempre ha sido que no se trata de un grupo de terroristas. Se trata de un grupo de jóvenes con un gran corazón que realmente querían que se escuchara su voz”. Y agregó: “Song, salvo por este día, ha tenido una vida intachable. Fue infante de marina. Un buen estudiante. Tenía muchas cualidades que simplemente se ignoraron. El juez procedió a darle todo lo que pudo”.
Las condenas fueron defendidas por un alto funcionario del ICE, el organismo que secuestra, encarcela y asesina a inmigrantes, con un récord notorio de casos en 2025. “Las sentencias dictadas envían un mensaje inequívoco: los ataques contra agentes e instalaciones federales no serán tolerados. Los hombres y mujeres de ICE sirven con integridad y valentía, a menudo en entornos difíciles y peligrosos. La violencia premeditada perpetrada por estos miembros de la célula Antifa en Prairieland fue un ataque contra las fuerzas del orden y contra el Estado de derecho mismo”, declaró el director interino de ICE, David J. Venturella.
Muy distinto ha sido el papel de la Justicia en los crímenes del ICE contra migrantes, bajo custodia de sus miembros, durante operativos en la calle o en domicilios violentados. Incluso contra ciudadanos estadounidenses. La situación procesal de los integrantes de esa fuerza que mataron a Renee Good y Alex Pretty en Mineápolis lo confirma. Todavía no fueron llevados a juicio y en su momento el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el asesino de la mujer gozaba de “inmunidad absoluta”.
El investigador mexicano Buen Abad definió la convocatoria a reunión contra el “terrorismo de izquierda” del halcón Rubio como “hija de la anorexia intelectual de las derechas”. Simplemente porque no tiene solidez conceptual ni demostración empírica verificable. A no ser por los fantasmas de Trump y su gobierno.
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