En llamas

11 septiembre, 2026

Las disputas dentro y alrededor del Supremo Tribunal Federal se roban la campaña en Brasil, a escasos días de la primera vuelta de unas elecciones cruciales para toda la región.

La discusión electoral está monopolizada por nuevos capítulos de la guerra abierta a la interna del Supremo Tribunal Federal (STF). El lunes 7, Día de la Independencia brasileña y desde hace algunos años día de movilización ultraderechista, el bolsonarismo fue a las calles a pedir una «limpieza» del tribunal, exigiendo la salida del juez Alexandre de Moraes, enfrentado en el STF al evangelista André Mendonça (véase «No se salva nadie», Brecha, 4-IX-26). De Moraes es el villano perfecto del bolsonarismo, que hace años se empeña en asociarlo directamente a Luiz Inácio Lula da Silva, con relativo éxito. «El que vota a Lula vota a Alexandre de Moraes», dijo el lunes en un acto en la avenida Paulista de San Pablo Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la ultraderecha.

GUERRA INTERNA

De Moraes y Mendonça protagonizan un enfrentamiento cada vez más encarnizado en el marco del escándalo del Banco Master –caso del cual Mendonça es relator en el STF–, protagonizado por el banquero Daniel Vorcaro, preso por fraudes multimillonarios y que tenía a medio sistema político y judicial del país en el bolsillo. Con el empujón de las calles del lunes, el martes 8 Mendonça dispuso la separación de Andrei Rodrigues del cargo de director general de la Policía Federal (PF) y del jefe de inteligencia, Leandro Almada. Según explicó, su decisión se debió a que la PF elaboró un informe utilizado por De Moraes para atacarlo a él y al fiscal general de la Nación, Jorge Messias, otro evangelista. Once integrantes de la cúpula de la PF salieron en defensa de su director y pusieron sus cargos a disposición. El miércoles 9 por la mañana, otro ministro del STF, Flávio Dino, revirtió la decisión de Mendonça, reintegrando a Rodrigues y Almada a sus cargos. Y por la tarde el presidente del STF, Edson Fachin, revocó las decisiones de Mendonça y Dino, retiró a Alexandre de Moraes de la investigación de un famoso caso de noticias falsas que estalló en 2020 (véase «Clan fake», Brecha, 5‑VI‑20) y agendó una sesión del pleno del tribunal para el martes 15 con el objetivo de analizar una denuncia de Mendonça contra De Moraes por vínculos con Vorcaro. «Más allá de cualquier consideración de fondo sobre la separación o no de las autoridades, la cual se realizará oportunamente, corresponde impedir una situación de conflictos y superposiciones procesales que, por sí mismas, configuran una lesión al orden público y a la integridad de este tribunal», escribió en su fallo.

Según dijo a Brecha Pedro Serrano, profesor de Derecho Constitucional de la PUC-SP –la universidad católica de San Pablo–, ambos jueces venían extrapolando sus funciones, pero Mendonça actuó de forma ilegal al mandar a investigar a De Moraes sin autorización del pleno. «No se puede exponer a un magistrado a una perspectiva pública de cuestionamiento de su conducta sin tener el mínimo de seguridad de que cometió actos ilícitos. No hay ningún magistrado en Brasil que sea sometido a una situación como la del ministro Alexandre de Moraes.» La decisión de Fachin fue la correcta, opinó Serrano: que decida el pleno del STF.

CRISIS DE LEGITIMIDAD

«Se trate de quien se trate, le duela a quien le duela, Brasil merece saber la verdad […]. El pueblo brasileño precisa explicaciones y medidas inmediatas para enfrentar la crisis institucional que se ha apoderado del Poder Judicial. Se necesita más transparencia y no filtraciones selectivas que afecten la disputa electoral», escribió el miércoles el presidente Lula da Silva. Lo hizo para pedir que salgan a luz de inmediato las investigaciones sobre el caso Master, al que definió como el mayor crimen financiero de la historia del país. También Serrano, que semanas atrás consideraba que todo debía ventilarse una vez realizada la primera vuelta de las elecciones, para no interferir en ellas, ahora piensa que dejarlo para después del 4 de octubre sería negativo. «Esta crisis afecta a la Justicia porque la involucra indebidamente en una disputa electoral, cuando no debería involucrarse en este tipo de disputa de poder, y afecta a la elección porque se deja de discutir lo que se debería discutir en el proceso electoral, que son los proyectos de país. Nadie está hablando de cuál es el proyecto económico de cada candidato, cuál es su proyecto político, y esto le hace daño a la democracia», dijo el jurista a Brecha. Y analizó el contexto: «Han transformado al Supremo en un territorio de disputa política. No es de ahora, viene de hace unos 20 años. Ya es un hábito de las fuerzas políticas resolver sus discrepancias en el Supremo. Además, los ministros se han vuelto más conocidos que cualquier político. La crisis que vivimos hoy es fruto de esta politización excesiva, inadecuada, y es importante solucionarla rápido para que no se convierta en una crisis de legitimidad».

OFENSIVA ULTRADERECHISTA

La guerra de la ultraderecha brasileña contra el STF se remonta a casi una década, a 2018, cuando Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro –preso por tentativa de golpe de Estado– y hermano de Flávio, dijo que eran necesarios «dos cabos y un soldado» para cerrar el tribunal. El 8 de enero de 2023 el bolsonarismo lo intentó al asaltar las instituciones en Brasilia para impedir la asunción de Lula, que unas semanas antes había derrotado a Jair Bolsonaro en las urnas. Las disputas actuales en torno a Mendonça y De Moraes han echado un manto de olvido sobre los probados vínculos políticos entre Daniel Vorcaro y el clan Bolsonaro. Fue el banquero quien, a pedido de Flávio Bolsonaro, financió una película hagiográfica sobre Jair Bolsonaro. Ya nadie parece recordar que Flávio le dijo a Vorcaro: «Estoy y estaré contigo siempre» y que lo llamó «irmãozão» (hermano mayor). O que primero negó que Vorcaro hubiera financiado la película sobre su padre.

En el acto del pasado lunes en San Pablo, Flávio Bolsonaro dejó claro que uno de sus objetivos en caso de ganar la elección será lograr una mayoría conservadora en el STF. Cuatro de sus actuales integrantes ya no estarán en 2030, y es prerrogativa del presidente designar a sus sucesores. «Voy a designar hombres y mujeres que estén contra el aborto, contra las drogas, contra la ideología de género en las escuelas […]. No podemos permitir que Lula designe otros cuatro Alexandre de Moraes en el Supremo», dijo.