El jueves y viernes, los magistrados de la Corte Internacional de Justicia celebran las primeras audiencias en torno a un caso sin precedentes para el Estado hebreo.
“Los actos y omisiones de Israel de los que se queja Sudáfrica son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino en la Franja de Gaza. Los actos en cuestión incluyen matar a palestinos en Gaza, causarles graves daños físicos y mentales e infligirles condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física”. Así arranca la denuncia que Sudáfrica presentó el 29 de diciembre ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de la ONU, con sede en La Haya. El jueves y viernes, los magistrados de La Haya celebrarán las primeras audiencias en torno a un caso sin precedentes para el Estado hebreo.
Un panel de 15 jueces, además de uno designado por Sudáfrica y otro por Israel, serán los encargados de dirimir en torno a la acusación de genocidio que pesa sobre el Estado hebreo por su brutal respuesta en Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre. Será la primera vez que un tribunal independiente analice si Tel Aviv ha violado la Convención contra el Genocidio de 1948, nacida tras el Holocausto contra el pueblo judío, y si, por lo tanto, existe una responsabilidad estatal. “El caso de Sudáfrica tiene que ver con las obligaciones de Israel en virtud de la Convención contra el Genocidio y pone su conducta en Gaza en el punto de mira ante el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas”, afirma Balkees Jarrah, director asociado de justicia internacional de Human Rights Watch.
A lo largo de sus 84 páginas, el demandante describe con cifras, pruebas y detalles los presuntos crímenes y vulneraciones del Derecho Internacional llevados a cabo por las filas de Benjamín Netanyahu. Para fundamentarlo, la demanda recoge las declaraciones de numerosos miembros del Ejecutivo llamando a una expulsión total de los palestinos, los desplazamientos forzosos masivos de más del 85% de la población, la privación de atención médica o el bloqueo de ayuda humanitaria, especialmente agua, medicinas o alimentos.
“Los actos en cuestión incluyen matar a palestinos en Gaza, causarles graves daños físicos y mentales e infligirles condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física”, reza el texto. Además, estima que los actos de genocidio deben remontarse no solo al presente, sino a un pasado marcado por “75 años de apartheid de Israel hacia los palestinos, 56 de ocupación beligerante del territorio palestino y 16 de bloqueo en Gaza”. En los tres meses de invasión, han perdido la vida más de 23.000 gazatíes, con una media de 100 niños diarios. “Todos los actos son atribuibles a Israel, que no ha impedido el genocidio y lo está cometiendo en violación manifiesta de la Convención sobre el Genocidio”, recoge la demanda.
El proceso en el tribunal de La Haya, máxima autoridad de la ONU para resolver disputas entre Estados, se prevé largo y espinoso. Los expertos inciden en las dificultades y las reticencias a la hora de establecer las intenciones genocidas de un Estado. Lo más lejos que la corte ha ido en su historia es en la asunción de que Serbia no evitó ni previno el genocidio en Sbrenica, pero no quedó probado que fuera responsable último de la masacre. Como Palestina no es un estado soberano con fronteras claras, la demanda ha tenido que ser cursada por otro país, al igual que ocurrió con la denuncia de Nambia contra la matanza del pueblo rohynga por parte de Bangladés en 2017, que todavía continúa su sendero judicial.
Si se acepta el caso, la sentencia definitiva tardará años en llegar. Por ello, una de las peticiones sudafricanas a La Haya es la exigencia de que se decreten medidas provisionales y cautelares con “carácter de extrema urgencia” para frenar la catastrófica situación humanitaria en el enclave. Ello se podría traducir en la exigencia a Israel para que frene sus actividades militares en la Franja y en un embargo de armas. Este dictamen podría llegar en semanas y sería vinculante, ya que la corte mundial tiene jurisprudencia sobre Israel, signatario desde 1951. Sin embargo, son muchas las dudas que brotan en torno a cómo podría obligarse al propio Israel y a países terceros a cumplir con el veredicto. En 2022, una sentencia de La Haya obligaba a Rusia a detener su invasión en Ucrania. Dos años después continúa siendo ignorada.
El Gobierno israelí, que ha descrito la demanda como “difamación sangrienta” y carente de “base fáctica y jurídica”, elaborará su defensa durante la última sesión del viernes. El portavoz del Gobierno israelí, Eylon Levy, ha acusado a Petroria de ser “cómplice criminal de la campaña de genocidio de Hamás”.
Durante estos últimos días, la maquinaria diplomática israelí ha ejercido presión sobre sus aliados más cercanos para evitar que se sumen. Estados Unidos, su gran valedor, ha cerrado filas con él. Altos cargos del Gobierno que pilota Joe Biden han calificado en numerosas ocasiones y desde diferentes formatos la solicitud sudafricana de “contraproductiva” e “infundada”. “No vemos que estos actos constituyan un genocidio”, ha afirmado recientemente el portavoz Matthew Miller. El Centre for Constitutional Rights ha presentado una demanda contra el Gobierno norteamericano al que acusa de ser cómplice “al genocidio del pueblo palestino” con su inquebrantable apoyo militar y diplomático.
Por su parte, la Unión Europea, dividida en el conflicto de Oriente Próximo, guarda silencio escudándose en el respeto a los tribunales. Bélgica ha sido el primer y único país en pronunciarse con más firmeza. La viceprimera ministra, Petra De Sutter, ha propuesto a su Gobierno que se una a la demanda del país africano. “Bélgica no puede quedarse impasible observando el inmenso sufrimiento humano en Gaza. Debemos actuar contra la amenaza de genocidio”, ha aseverado.
El Sur Global se posiciona
Fuera de los consortes del bautizado como Occidente, el respaldo a la iniciativa de Sudáfrica, país que durante décadas fue víctima del apartheid, ha sido mucho más notorio. Países como Bolivia, Jordania, Pakistán, Venezuela, Nicaragua o Turquía han mostrado su apoyo. En paralelo, cerca de un millar de organizaciones, formaciones políticas y movimientos de la sociedad civil han suscrito un comunicado pidiendo a los estados de todo el globo que lo respalden también de forma pública e inequívoca.
Se espera que los países occidentales mantengan un perfil bajo en todo el proceso, y está por ver las reacciones de los árabes. En cualquier caso, la imagen de Israel sentado en los tribunales por acusaciones del mayor delito posible, el de genocidio, tiene un efecto simbólico brutal y ejerce más presión internacional no solo sobre el Estado hebreo, sino en torno a sus aliados.
Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha reconocido en multitud de ocasiones que el hecho de que parte del mundo perciba la reacción dispar de la UE en Ucrania y Gaza como una doble moral puede hacer pasar mucha factura a la credibilidad del proyecto comunitario. “Es probable que la forma en que el conflicto de Gaza sea percibido por lo que ahora se conoce como el «Sur Global» debilite el apoyo de muchos de estos países a Ucrania frente a la agresión rusa”, escribía el diplomático recientemente en una tribuna publicada por Le Grand Continent.
María G. Zornoza@MariaGZornoza
Colombia y Brasil se suman a la demanda sudafricana contra Israel
Comienza el juicio en la Corte Internacional de Justicia para obligar a Israel a declarar un alto el fuego ante las evidencias de que hay un genocidio en marcha
El juicio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia comenzó este 11 de enero en La Haya. La demanda interpuesta por Sudáfrica y apoyada por Colombia, Brasil, Bolivia, Turquía y Malasia, pretende obligar al Gobierno de Benjamín Netanyahu a suspender los ataques ante los indicios de que se puede estar cometiendo un genocidio.
Los gobiernos de Lula de Silva y Gustavo Petro se sumaron este 11 de enero a la pequeña lista de países que apoyan la demanda sudafricana interpuesta el pasado 29 de diciembre. Según el Ministerio de Exteriores colombiano, “las acciones y medidas adoptadas por el Gobierno de Israel configuran actos de genocidio”, una afirmación coherente con anteriores declaraciones de Petro.
Por su parte, el Gobierno de Lula mostró su apoyo a la demanda sudafricana “a la luz de las flagrantes violaciones del Derecho Internacional Humanitario”. El Gobierno español ha decidido no respaldar la demanda pese a la presión realizada por 250 juristas que firmaron una carta pidiendo que presente una declaración de intervención, tal como hizo con una demanda similar de Ucrania contra Rusia.
La diplomacia estadounidense ha intentado desacreditar el caso en las vísperas del juicio. El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, declaró que la demanda “distrae al mundo de todos los esfuerzo importantes y, además, el cargo de genocidio no tiene fundamento”.
Mientras, los gobiernos de Israel y Sudáfrica han cruzado acusaciones. El presidente sudafricano se ha situado a sí mismo en “el lado correcto de la historia”, como un pueblo “que probó los amargos frutos de la desposesión, la discriminación, el racismo y la violencia patrocinada por el Estado”.
El portavoz del Gobierno israelí, Eylon Levy, respondía que su país respondería en La Haya “para disipar el absurdo libelo de sangre de Sudáfrica, mientras Pretoria da cobertura política y legal al régimen violador de Hamás”.
La demanda pretende activar un mecanismo urgente para obligar a Israel a detener los ataques, como mecanismo cautelar mientras continúa un juicio que puede llegar a durar años. El juicio que se desarrollará este 11 y 12 de enero contará con un panel de 17 jueces, uno de ellos sudafricano y otro israelí, y fallará sobre las medidas cautelares antes de fin de mes.
Mientras, 77 organizaciones de todo el mundo, entre ellas la catalana Observatorio Desca han presentado otra demanda contra el Gobierno de Joe Biden por su “complicidad en el genocidio sionista” en Palestina. Esta coalición de organizaciones jurídicas, colegios de abogados y grupos de la sociedad civil se ha unido a una demanda del Centre for Constitutional Rights de Nueva York en nombre de víctimas y organizaciones palestinas contra el presidente de EEUU y el Gobierno por violar sus obligaciones, estipuladas en la Convención sobre el Genocidio aporobado por la ONU, al “no prevenir y además ser cómplice del genocidio por parte de Israel contra el pueblo palestino de Gaza”.
Redacción El Salto
Leave a Reply