La Corte Suprema ha condenado a seis años de cárcel e inhabilitación permanente a la expresidenta por un delito de administración fraudulenta.
11/06/2025. El peronismo ya tiene un nuevo mártir político. El fallo de la Corte Suprema argentina que ratifica una condena de seis años de cárcel a Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación perpetua para ejercer cargo público supone el fin de las aspiraciones electorales de la expresidenta. “Es un cepo al voto popular”, se lamentó Kirchner ante sus seguidores al conocer el fallo.
Los tres jueces de la Corte Suprema ratificaron ayer la condena emitida en diciembre de 2022 por un tribunal federal contra Kirchner por un delito de administración fraudulenta relacionado con la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa, Cristina Fernández (2007-2015). Hubo medio centenar de contratos adjudicados al empresario Lázaro Báez, condenado a seis años de cárcel y en cuyo fulgurante ascenso como hombre de negocios exitoso participó decididamente su amigo Néstor Kirchner (fallecido en 2010). Sin embargo, los fiscales y jueces encargados del caso no encontraron ni una sola prueba de que los ex presidentes se lucraran gracias a esas adjudicaciones.
La denominada “causa Vialidad” ya había sido sobreseída por un juzgado de la sureña provincia de Santa Cruz, donde se habían adjudicado los contratos públicos con fondos aprobados por el Congreso, pero eso no fue impedimento para que la justicia retomara el caso. Dos años después de esa sentencia, en noviembre de 2024, otra instancia judicial, la Cámara de Casación, confirmó la condena al considerar probado el delito de administración fraudulenta.
Kirchner podría cumplir, si así lo decide, prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años (tiene 72) y ya no podrá ejercer ningún cargo público. La decisión del máximo tribunal del país se produce sólo unos días después de que la dirigente peronista anunciara su disposición a presentarse a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se celebrarán el 7 septiembre. De manera inaudita, la Corte Suprema aceleró el paso para emitir su fallo antes de que se cerrara el plazo de inscripción para esos comicios (el 19 de julio). La justicia argentina tiene por costumbre no emitir resoluciones en tiempos preelectorales. Pero no fue el caso en esta ocasión. Cristina iba a ser candidata por la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, bastión inexpugnable del kirchnerismo. Tenía el acta de diputada provincial casi en la mano y, con ello, un aforamiento de cuatro años. Ya estuvo aforada durante su mandato presidencial y cuando ejerció como vicepresidenta en el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023).
La prisión y proscripción de Cristina es un hecho político de una enorme trascendencia. Kirchner representa desde hace dos décadas la cara visible del peronismo argentino y su carisma arrastra multitudes. Aunque ya no cuenta con tanta popularidad como durante su paso por la Casa Rosada (en 2011 ganó las elecciones con el 54% de los votos en primera vuelta), a la ex presidenta todavía le respalda en torno al 30% de la población, según reflejan los resultados de los últimos procesos electorales. Otro tanto, o más, la detesta. Su figura causa tanta admiración como rechazo en una Argentina muy polarizada entre peronismo y antiperonismo.
“Si estoy tan acorralada o acabada políticamente, ¿por qué no me dejan competir y me ganan en las urnas?”, se preguntó Kirchner en un acto público celebrado en la provincia de Corrientes hace unos días. Su comentario no iba dirigido al Gobierno de Javier Milei sino a los poderes económicos y mediáticos que, en su opinión, están detrás de su persecución judicial. Al mandatario ultraderechista no le conviene la inhabilitación de Cristina. Su partido -La Libertad Avanza- pretende arrebatarle al kirchnerismo la hegemonía en la provincia de Buenos Aires (donde se ganan y se pierden las elecciones nacionales, pues allí vota casi el 40% de la población). Aunque Kirchner fuera, como era probable, la más votada en su sección, Milei se ha propuesto derrotar al kirchenrismo en la región. Para ello, ha unido fuerzas con la derecha tradicional del ex presidente Mauricio Macri, cuyo caudal político ha sido absorbido por la ultraderecha. Juega a favor de Milei que el peronismo anda desnortado y dividido. Pero las tensiones entre Kirchner y el líder ascendente del movimiento, Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, quedaron aparcadas justo hace unos días, ante la inminencia del fallo de la Corte Suprema. A Kicillof se le vio ayer en la sede del partido arropando a su antigua mentora política. Ahora se le allana el camino para ser el principal referente del peronismo de cara a las elecciones generales de 2027.
La decisión de la Corte Suprema siembra de incertidumbre el panorama político en Argentina al proscribir de manera exprés a la principal figura de la oposición. Mientras tanto, sigue sin resolverse quién estuvo detrás del atentado fallido que sufrió Cristina en la puerta de su casa el 1 de septiembre de 2022.
La ex mandataria siempre alegó que las acusaciones contra ella eran parte de una campaña del “partido judicial”, como denomina a los sectores politizados de la justicia. El entramado que denuncia Kirchner tendría varias patas: económico, judicial y mediático. Son grupos poderosos que llevan dos décadas obsesionados con ver a Cristina entre rejas. La causa que le ha llevado a la proscripción se inició durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), y en ella han participado fiscales y magistrados afines al ex presidente conservador. Algunos de ellos no esconden su amistad con Macri, con quien compartían asado y partidos de fútbol tanto en la quinta presidencial de Olivos como en la finca particular del dirigente conservador, a las afueras de Buenos Aires.
Un caso de lawfare, según Kirchner
Para Kirchner, su condena es un caso palmario de lawfare (persecución judicial con fines políticos). Pocos días antes del juicio celebrado en 2022, una investigación del diario Página 12 desvelaba que el juez instructor del caso, Julián Ercolini, había participado en octubre de ese año en un encuentro privado organizado por el magnate británico Joe Lewis, dueño de media Patagonia y amigo de Macri. Junto a Ercolini viajaron hasta la mansión de Lewis en Lago Escondido, con todos los gastos pagados, varios magistrados, políticos y empresarios cercanos al ex presidente. Los abogados de Kirchner se quejan además de que la Corte Suprema ha emitido su fallo sin atender sus recursos y alegaciones.
En la etapa del kirchernismo en el poder hubo casos de corrupción, como los hubo también en el menemismo, en el macrismo y en casi todos los gobiernos argentinos desde el retorno de la democracia hace 40 años. Varios altos cargos del kirchnerismo purgan prisión por prácticas fraudulentas. Pero la justicia parece tener varias varas de medir según sea el color político del partido en el poder. El lawfare es tan real en América Latina como la corrupción. Lo han padecido el ecuatoriano Rafael Correa o el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros. Con el mandatario brasileño estuvo hablando Kirchner recientemente acerca del hostigamiento judicial al que se vio sometido Lula, quien fue condenado sin pruebas a 12 años de prisión y pasó 580 días entre rejas por el empeño de un alumno aventajado del lawfare, el juez Sergio Moro, quien luego sería ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro. El Tribunal Supremo acabaría anulando la sentencia contra Lula pero el daño ya estaba hecho. A Cristina le queda sólo el recurso ante alguna instancia internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Todavía es pronto para saber qué consecuencias políticas tendrá la condena de Kirchner. Dentro de unos días se cumplen 70 años del bombardeo de la Plaza de Mayo (16 de junio de 1955) que precipitaría la caída y exilio de Juan Domingo Perón, proscrito durante los siguientes 18 años. El movimiento sobrevivió a la denominada Revolución Libertadora (eufemismo de la dictadura cívico-militar que tomó el poder) y el general regresó definitivamente a Argentina en 1973. Volvió a la presidencia fugazmente antes de morir a mediados de 1974. Si es cierta aquella frase suya de que el justicialismo está por encima de sus líderes (“no es un hombre, es una doctrina”), los peronistas tienen ahora una oportunidad histórica para olvidar sus rencillas internas y resucitar como organización hegemónica en Argentina. A Perón iban a verlo a su destierro madrileño de Puerta de Hierro todas las familias políticas de su partido, de los ultras a los montoneros. Cristina podrá conducir la oposición a Milei desde el balcón de su casa y allí le rendirán pleitesía los que tomen el relevo en su partido en las próximas citas electorales. Los tres jueces de la Corte Suprema (“monigotes que responden a mandos muy por arriba de ellos”, en palabras de la ex presidenta) acaban de otorgarle con su fallo una centralidad política muy superior a la que tendría como una mera diputada provincial.
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