El Reino Unido ha respaldado económica y políticamente las maniobras de desestabilización de Venezuela que impulsó Donald Trump desde su primera presidencia.
Desde Londres, 12 de enero de 2026
En 2022, el entonces líder de la oposición, Keir Starmer tardó menos de 24 horas en calificar la invasión rusa de Ucrania como una “agresión bélica”. Desde el sábado tres de enero, cuando Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro hasta el cierre de este artículo (y seguramente de otros futuros), el ahora primer ministro británico señaló que está “analizando los hechos concretos” porque no “tiene suficiente información” para declarar que se violó el derecho internacional.
Ni las sucesivas declaraciones de Trump que convierten a Venezuela en un virtual protectorado, ni la entrevista concedida al New York Times en la que Trump dijo que el único límite para su conducta política no era el derecho internacional sino “mi mente, mi moral”, han modificado esa postura. Como buen británico en este clima endiablado, Starmer ha abierto el paraguas ante posibles tormentas reafirmando que la política exterior del Reino Unido se basa en el “derecho internacional” y dejando en claro que el Reino Unido no había participado en el operativo Absolute Resolve (Resolución absoluta) estadounidense.
Miembros del gobierno reiteraron esta posición sea en el parlamento como la canciller Yvette Cooper o en los medios a través de ministros y secretarios de estado que, en algunos casos, sudaron la gota gorda para explicar qué significaba todo este trabalenguas. El sábado el procurador general de la nación, Richard Hermer, máxima autoridad sobre la legalidad de los actos gubernamentales, contribuyó a la polémica y la confusión en una entrevista con el matutino The Guardian dando a entender que la adhesión al derecho internacional era optativa. “En el arte de gobernar de todo líder hay una serie de factores que determinan cuando se dice que se ha violado el derecho internacional. Siempre hay argumentos a favor y en contra”, dijo Hermer al matutino inglés.
La realidad es que lejos de “estar analizando los hechos” y recabando información para pronunciarse sobre lo sucedido, Starmer ha continuado con la política de sus predecesores conservadores de impulsar un cambio de régimen en Venezuela. Según el histórico Declassified UK, uno de los escasos medios en el Reino Unido que van más allá de la superficie, el Reino Unido ha apoyado económica y políticamente las maniobras de desestabilización de Venezuela que impulsó Donald Trump desde su primera presidencia.
“El gobierno sabe perfectamente que la política de Trump viola el derecho internacional. Cada ministerio tiene un departamento legal que le informa sobre este tema. De hecho en los últimos meses el gobierno suspendió la colaboración con los servicios secretos de Estados Unidos en reacción a los ataques contra las lanchas en aguas venezolanas. Lo hizo porque sabía que esos ataques eran ilegales. También sabemos que los marinos británicos que estaban en las naves estadounidenses recibieron claras instrucciones para no participar en ningún acto militar estadounidense contra Venezuela por el mismo motivo. Desde 2019 el Reino Unido ha impulsado silenciosamente el cambio de gobierno en Venezuela. Pero lo hizo discretamente. El mismo Starmer lo reconoció cuando dijo que el Reino Unido ha estado apoyando la transición en Venezuela desde hace varios años”, señaló el analista de Declassified UK, John Mc Evoy.
La “transición” del petróleo y oro de Venezuela
Desde 2019 el Reino Unido ha dejado claro que está tan interesado en el petróleo y otros activos venezolanos como Estados Unidos. En ese año, con los conservadores en el poder, el Reino Unido congeló más de dos mil millones de dólares en oro venezolano depositados en el Banco de Inglaterra, fomentó iniciativas contra el gobierno de Maduro, reconoció a Juan Guaidó como el presidente legítimo del país y hasta creó una operación secreta, la “Unidad de Reconstrucción de Venezuela” para planificar el futuro post-chavista.
El 23 de enero de 2019 el entonces presidente de la Asamblea Legislativa Juan Guaidó se tomó juramento a sí mismo para proclamarse presidente de Venezuela. Estados Unidos y el Reino Unido se apuraron en aceptar esta payasada jurídica de la que hoy ni el mismo Donald Trump parece acordarse. Los británicos usaron a Guaidó como justificación para algo más jugoso: el congelamiento del oro que Venezuela había depositado en las arcas del Banco Central de Inglaterra, unos dos mil millones de dólares. La demanda judicial que inició el gobierno de Maduro en 2020 sigue en el limbo de las cortes británicas.
En 2021, en el marco de la pandemia, la confiscación fue duramente criticada por la enviada especial de la ONU Alena Douhan. Douhan calificó de injustificable la “negativa del Banco de Inglaterra de liberar estos activos venezolanos esenciales para la adquisición de medicamentos, vacunas y Equipos de Protección Individuales”. En aquel momento ni la Corte, ni el Banco de Inglaterra, ni el gobierno consideraron que la situación humanitaria planteada por la pandemia justificaba la devolución del oro que desde entonces ha subido enormemente su cotización.
Nada cambió desde que el laborista Keir Starmer asumió el gobierno el 4 de julio de 2024. El oro sigue en las bóvedas del Banco Central, el gobierno sigue usando en las cortes la ilegitimidad del gobierno venezolano como argumento mientras busca como meterse en la explotación del petróleo venezolano a través de las multinacionales británicas Shell y British Petroleum.
Es parte de una virtual política de estado británica más allá de que haya un conservador o laborista en 10 Downing Street. Esta política se fundamenta en la supuesta “relación especial” con los Estados Unidos, que se basa en la historia en común, la lengua y la cultura, y distingue al Reino Unido de otros países europeos. Al igual que los conservadores, el laborista Starmer se ha guiado por este principio. Entre otras cosas, el presidente Trump ha gozado de una inusual segunda visita de estado con cena en el Palacio de Buckingham en septiembre del año pasado. Al presidente estadounidense le encanta la parafernalia de la realeza y Starmer no tiene mucho más que ofrecerle a cambio. ¿Sorprende que siga dudando sobre la violación del derecho internacional después del bombardeo a un país y el secuestro de su presidente?
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