Con la condena y el juicio televisado del expresidente Álvaro Uribe, y con la reciente aprobación de la reforma laboral –tras el apasionado debate público sobre una eventual consulta popular–, se abren grietas en el relato tradicional acerca del poder en Colombia. Grietas fértiles. A través de ellas parece filtrarse una intuición poderosa: que el país, después de más de dos siglos de vida republicana formal, está empezando a tomarse en serio su espíritu democrático.
Después de dos siglos, hasta ahora parece volverse parte del sentido común la idea de que nadie se encuentra por encima de la ley, que las instituciones deben estar al servicio de un pueblo plural, y que las leyes deben originarse en la deliberación y la negociación, no ser actos de imposición en beneficio de unos pocos.
Sin embargo, si lo que deseamos es vislumbrar un horizonte posible más allá de lo que se entrevé en la superficie, probablemente aquello que está en juego no es necesariamente una república moderna al estilo liberal, sino algo más radical, a saber, el resurgimiento de una promesa republicana que roza con la promesa anarquista.
No es casual. Los primeros anarquistas, como Bakunin, fueron también republicanos. En sus orígenes, las repúblicas no coincidían con el Estado, o por lo menos no tal como lo conocemos hoy. Podían organizar la vida colectiva sin enormes aparatos burocráticos, ni jerarquías permanentes. La esencia del republicanismo democrático y popular fue siempre el autogobierno.
Y es justamente ahí donde el anarquismo converge con el republicanismo popular, en la idea de que toda comunidad debe estar siempre abierta a los sectores excluidos, lo cual no solo significa que el pueblo, entendido como el conjunto de sectores históricamente subordinados, marginados y explotados, debe poder participar, sino, sobre todo, ser capaz de redefinir la estructura misma de la comunidad política. En suma, se trata de reconocer a un pueblo competente para darse a sí mismo sus propias normas y, de ese modo, transformar sus condiciones de vida.
Ahora bien, Maquiavelo, otro vehemente republicano –como decía Spinoza, “amante de la libertad” –, sostenía que los “tumultos” en Roma fueron necesarios para que la plebe, el pueblo, encontrara un lugar en la estructura política. Es decir, la democracia, el empoderamiento popular, no avanza en silencio ni por concesión de las élites, sino mediante el conflicto, la presión, por irrupción. Y esto no debería asustarnos, es una señal de vida activa, otro rasgo republicano.
El republicanismo popular –como ciertas corrientes del anarquismo, el socialismo y algunas apuestas comunitarias– no conciben a la política como mera administración de lo existente, sino como un espacio de autogobierno, de acción colectiva, donde nadie domina y nadie obedece ciegamente. Donde las y los ciudadanos no son siervos ni esclavos, sino protagonistas de su destino común.
¿Está Colombia lista para ese tipo de res pública o bien común? Tal vez no del todo. Pero estos signos –una justicia que toca a los poderosos, una reforma impulsada desde la deliberación y la negociación popular–, nos invitan a imaginar una comunidad política diferente. Quizás no se trata solo de recuperar la promesa republicana, sino de atreverse a radicalizarla. Porque donde hay pueblo activo, donde hay desobediencia justa, donde los sectores históricamente marginados se hacen presentes, ahí también empieza la libertad real, esa que se define como la posibilidad siempre abierta que tiene una comunidad para darse a sí misma sus propias normas.
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