Este último miércoles se recordó el asesinato de alrededor de 1200 personas, ocurrido el 7 de octubre de 2023 en el marco de una acción terrorista ejecutada contra la población civil israelí (foto). Además de los asesinados, las milicias de Hamás y la Yihad Islámica secuestraron a 251 personas, de las cuales dos decenas murieron durante su cautiverio. La respuesta israelí implicó 74 mil muertos, alrededor de 175 mil heridos, la destrucción de la infraestructura gazatí y el desplazamiento forzado del 90 por ciento de su población. Desde el alto el fuego, vigente desde el 10 de octubre de 2025, los bombardeos y las ejecuciones contra los palestinos sumaron otros 1460 muertos.
Hamás sigue controlando la seguridad interna de la Franja e Israel se niega a abandonar el 45 por ciento del territorio gazatí, razón por la cual el Plan de los 20 puntos, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, sigue estancado. El esquema propuesto por Donald Trump incluía el desarme de las milicias gazatíes, el retiro israelí de la Franja, la instauración de un “gobierno técnico” y el posterior despliegue de una fuerza de seguridad internacional. En este marco, el tercer aniversario del atentado terrorista se instituye en el debate público como la expresión de una lógica binaria de suma cero.
Quienes recuerdan a las víctimas israelíes pasan a ser sospechosos de justificar la devastación de Gaza. Y quienes toman la fecha del 7 de octubre para visibilizar el inicio de los crímenes de guerra y de lesa humanidad —caratulados como posibles actos genocidas por la Corte Penal Internacional— son denunciados como cómplices de Hamás. La ANP, liderada por Mahmud Abás, ha sido clara respecto de su repudio al gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y a los líderes de Hamás. El 15 de enero de 2025 exigió la devolución de los rehenes israelíes y catalogó a los miembros y líderes de Hamás como unos “hijos de puta”. Abás no tuvo que citar a Pierre Bourdieu para aludirlo: “Sometido a tener que elegir entre dos males, elijo ninguno”.
La lógica maniquea, que suele apelar a la cuantificación luctuosa, presenta grandes dificultades para compatibilizar perspectivas y es funcional a la cultura de la muerte. El 8 de agosto de 1945, el mismo día en que Estados Unidos lanzara la bomba sobre Hiroshima, Albert Camus publicó un editorial urgente en el periódico francés Combat, en el que denunciaba este error conceptual: el hecho de que las fuerzas japonesas habían sido sin dudas responsables de horribles matanzas en la región china de Manchuria entre 1931 y 1945, que sus militares imperiales hubieran hundido parte de la flota estadounidense en Pearl Harbor, y que sus uniformados hubieran sido capaces de llevar a cabo espeluznantes experimentos biológicos con prisioneros de guerra no habilitaba a Washington a asesinar a 200 mil personas con bombas nucleares.
De forma análoga, más cerca en la historia, los deleznables crímenes del imperialismo estadounidense en Libia, Afganistán e Irak no pueden justificar el monstruoso atentado contra las Torres Gemelas de septiembre de 2001. El crimen de uno no es el salvoconducto para el otro. Esa regla vale tanto para Harry Truman, que ordenó tirar las bombas sobre las dos ciudades japonesas; para Osama bin Laden, que impulsó el secuestro de los aviones de 2001; para Yahya Sinwar que lideró el ataque terrorista de 2023; y para Bibi Netanyahu, que concretó la venganza genocida sobre la población civil.
Condenar el terrorismo como forma de lucha no implica eludir la causa estructural sobre la que se inscribe: Por ejemplo (a) el expansionismo criminal japonés de principios del siglo XX; (b) el imperialismo de la Casa Blanca —máximo generador de guerras, invasiones y bloqueos genocidas—; y (c) el colonialismo israelí. A la inversa, la repudiable ocupación ilegal de tierras, el apartheid y la persecución de los líderes palestinos no autorizan a los descendientes de los Hermanos Musulmanes a ejecutar a la población civil ni a secuestrar a 251 personas, incluidos niños. Que el agresor sea culpable no vuelve legítima cualquier réplica. Sobre ese principio descansa el derecho internacional humanitario: la proporcionalidad y la distinción entre combatientes y civiles. Estas normas rigen para todas las partes y no se suspenden por la gravedad del agravio anterior.
Repudiar las acciones de Hamás —como lo hace la ANP— no equivale a negar los derechos del pueblo palestino: su justa lucha no es propiedad de ninguna facción ni depende, para ser legítima, de la conducta de quienes dicen representarlo. Afirmar, como aquí se señala, que Hamás es responsable de los crímenes no autoriza a demonizar a los seis millones de palestinos. A su vez, defender la absoluta legitimidad de un Estado palestino libre y soberano no implica justificar el terrorismo ni avalar la destrucción de Israel.
La solución de dos Estados, que en 2025 sumó el reconocimiento de países como Francia y el Reino Unido, presupone la existencia de ambos. Quienes cuestionan esos reconocimientos de Palestina y los utilizan como argumento para sugerir que implican una convocatoria a la desaparición de Israel instalan una burda confusión que impide la solución pacífica. El 22 de noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 242, que exigía a Tel Aviv el inmediato abandono de los territorios ocupados luego de la Guerra de los Seis Días. Seis décadas después, Washington sostiene la posición israelí, que consiste en apropiarse de tierras palestinas y respaldar la presencia de colonos israelíes neofascistas.
El derecho de la ciudadanía israelí a vivir con seguridad es incuestionable. Pero ese derecho no autoriza los desplazamientos forzados ni el apartheid interno contra dos millones de árabes islámicos de nacionalidad israelí. Los datos de Naciones Unidas son elocuentes: hasta el 10 de agosto de este año, 76 palestinos habían muerto allí a manos de fuerzas israelíes o colonos, frente a tres israelíes fallecidos en enfrentamientos. La Corte Internacional de Justicia ya había dictaminado en 2024 que la ocupación es ilegal.
La seguridad no se construye sobre la expropiación. Criticar las políticas del gobierno de Israel tampoco supone un ataque judeofóbico. Cuando se rotula de “antisemita” el repudio a los actos del gobierno israelí, se banaliza el término y se debilita la lucha contra el antisemitismo real, que sin duda existe y se ha agravado desde el 7 de octubre de 2023. Dicha ola judeofóbica opera de forma similar a la islamofobia que el presidente Javier Milei pretende instaurar en Argentina mediante la demonización de la comunidad musulmana. Frente a las diferentes ofensivas discriminatorias, se impone repetir que Netanyahu no expresa la judeidad global ni Yahya Sinwar representan a los 1800 millones de personas islámicas que habitan el planeta. Los discursos de odio no son las mejores vacunas para superar entuertos. Pero el fascismo siempre siente un particular regocijo por instaurarlos.
10 de octubre de 2026
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