Un cable que deja colgando a sus pobladores

La renovación urbana expulsa gente. En el centro de Bogotá desaparece el barrio San Bernardo, por el interés de oferta de vivienda en propiedad horizontal, para clase media y baja. Al suroriente, en la localidad de San Cristóbal, el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU– acelera la construcción de un cable aéreo. La comunidad, simple espectadora, padece la falta de claridad legal sobre predios, sucesiones, litigios, valorizaciones, es decir, sufre o goza el impacto de lo decidido por otros. desdeabajo entrevistó a Cindy Miraflores del grupo Terrantes, organización cultural que acompaña a algunas de las familias afectadas.

San Cristóbal, ubicada en el suroriente de la ciudad, es la cuarta de las veinte localidades en que está organizada administrativamente Bogotá. En su extenso territorio viven cerca de 500.000 personas. Por las características geográficas, su mayor extensión es zona forestal y es parte de los cerros tutelares bogotanos. En su perímetro urbano, dos terceras partes están ubicadas en colinas, montañas y lomas. La movilidad es la más clara expresión de la complejidad urbana, el mayor martirio diario para sus pobladores. Bien sea al salir y calcular tiempos o rutas para poder llegar al portal, o tras jornada laboral volver y esperar rutas alimentadoras y vivir el embotellamiento entre semáforos y angostas calles. Por ello, el proyecto Transmicable es una necesidad. Replicar lo realizado en Ciudad Bolívar, que en sus 163 cabinas moviliza a más de 20.000 personas cada día. El cable en San Cristóbal avanza con la idea de renovación, pero lo que no se difunde es el proceso de desplazamiento interno que ello implica, con insuficientes indemnizaciones de las familias afectadas de manera directa por las obras en construcción.

En los barrios donde se comenzó a demoler, sus pobladores miran con buenos ojos la materialización de la promesa de desarrollo, a pesar de la decena de vecinos obligados por el IDU a buscar para dónde irse, algunos de los cuales ya ubicaron una casa o un mejor lote, pero otros hacen de tripas corazón y aceptan lo que les dan. Entre ese drama de historias de desplazamiento intraurbano la organización cultural Terrantes, dedicada a las artes escénicas, surge como un actor clave para tratar de orientar a los vecinos. Con ellos conversamos:

E.G. ¿Cuál es la problemática que sufren los habitantes de los barrios de la localidad de San Cristóbal por la construcción del cable aéreo?

C.M. La problemática la podemos dividir en dos: la gente que se fue y aquellos se quedan. Quienes se fueron, es por la negociación de los predios con las entidades. Eso tiene varias dimensiones, una es que en el proceso jurídico las personas deben sacar plata si tienen problemas de linderos, licencias de construcción e incluso proceso de posesión, plata que la gente no tiene ahorrada ni presupuestada. La segunda es el tema hipotecario, la gente que vive en el barrio no tiene “chan con chan” para pagar, tienen que hipotecar su casa para pagar a cuotas, o conseguir préstamos en bancos. Tenemos el caso particular de una profesora que posee una casa de dos pisos, en el primero funciona un jardín infantil y vive en el segundo, casa avaluada en 410 millones, pero aún tiene una hipoteca por 150 millones. La política del IDU –para evitar problemas con terceros, como créditos que tengas los propietarios con bancos–, es descontar la deuda y dar el saldo a favor, dinero que no le alcanza a quien obligaron a vender para adquirir otra casa, con iguales o similares condiciones a la que tenía en el barrio Altamira, parte media de la localidad.

Ahora mismo Terrantes está acompañando dos casos que tienen que ver con posesiones. Hay casas o predios cuyos propietarios no tienen escrituras y sacarlas a esta hora es algo muy difícil, eso es demasiado largo. Así tenemos una vecina con la posibilidad de recibir en octubre las escrituras y así poder negociar algo; pero hay otra vecina que hasta ahora se enteró de la situación legal de su casa. Entonces, el avalúo es menor a lo que realmente vale su casa, porque no es dueña del predio como suelo, sino de la construcción. Ahí no se está haciendo un avalúo de forma justa.

E.G. ¿El Distrito utiliza el avalúo catastral para reconocer un valor comercial inferior de las propiedades, sin reconocer modificaciones y mejoras?

C.M. Eso varía, según los problemas de los predios. Volvamos al caso de la señora que sin escrituras solo le pagan la construcción del primer piso, y no los varios que tiene su casa, según se lamenta. Nosotros como organización acompañante decimos que eso no está bien. Además, que la administración no utiliza el lenguaje de compra y venta sino que utiliza el lenguaje de indemnización. He preguntado a funcionarios del IDU sobre el protocolo por medio del cual se guían para no pagarle lo justo a quienes no tienen escritura de su propiedad, un dinero que les permita comprar vivienda en otra parte de la ciudad, sin verse desmejorados en sus condiciones de habitabilidad, pero me han dejado en visto.

Demoliciones de viviendas para dar paso al cable aéreo.

E.G. ¿A cuántas familias afecta el proyecto del cable aéreo en San Cristóbal?

C.M. El proyecto interviene en cinco manzanas y afecta 75 predios. Pero digamos que el cable aéreo y los nodos son proyectos diferentes, o así lo han presentado: mientras uno es la construcción del cable como transporte, el otro lo refieren alrededor del bienestar social producto de traer entidades para que acompañen a la población, ‘vendiéndole’ a la vecindad la idea del beneficio por tener cerca de sus sitios de vivienda bancos, oficinas de Prosperidad Social, de Recreación y Deporte, Casa de la Igualdad, todo ello dentro de un pequeño Cade –Centro de Atención Distrital Especializada– que abrirán en el barrio Altamira, además de algunos lugares de esparcimiento –como teatro y biblioteca. Hasta creo que abrirán un gimnasio en los nodos de equipamiento.

E.G. ¿Qué tanta presión existe por parte de la Administración hacia las familias en aras de acelerar la compra y desocupación de las casas?

C.M. Se estuvo acelerando la construcción de la estación del cable aéreo. Con los nodos, por ejemplo con un vecino que tiene en el primer piso de su casa una ferretería, hizo una negociación y al parecer logró que le aumentaran con respecto a la oferta inicial. Pero hay algunas personas que no les han negociado bien la casa, un perito de Catastro vino y miró las casas pero nunca más les volvieron a decir algo. Y los vecinos tienen miedo de acercarse a Catastro para no acelerar el proceso, temen que lo saquen pronto de la casa. Eso en cuanto a casas que tienen que ver con los nodos de equipamiento, porque respecto a la estación del cable, eso ya empezó.

E.G. ¿Ha existido algún tipo de asociación y organización entre la población afectada para mejorar la negociación?

C.M. Eso ha sido difícil, como organizaciones sociales –y es también autocrítica–, esperamos responder a la coyuntura, pero resulta que debemos estar un paso adelante para poder proponer cómo queremos este cable y si en efecto sirve o no para la comunidad. Eso no logramos hacer, dialogar con las entidad sobre cómo queríamos el cable, estar en esas reuniones; hay que decir que las reuniones sí se hicieron pero las organizaciones no estuvimos ahí para hacer preguntas. Porque la gente siempre está de acuerdo frente a la idea de un desarrollo y así han presentado este proyecto. Y es alta la expectativa de la comunidad.

La gente ha sido difícil de relacionar, unos por desconocimiento o indiferencia pues lo que quiere es hacer un buen negocio con el IDU y no les importa los demás, que es la actitud de los vecinos y vecinas de algunos barrios. En otros lugares, como en el barrio La Victoria, hay un señor que está pendiente de las reuniones, para convocar, transmitirlas, reunirse con medios de comunicación para exponer las problemáticas de los predios.

E.G. ¿Ves alguna conexión entre la intervención del Zuque –espacios ecoturísticos– y el cable aéreo como proyecto de movilidad?

C.M. No es solo el Zuque, este tema del ecoturismo, como algo estratégico para la ciudad, está ocurriendo en la antigua vía al Llano, también en los Cerezos en el barrio Fátima –Localidad Tunjuelito– y en el centro afectando al barrio Egipto. Para el ecoturismo acuden a bellezas connaturales de la ciudad, como los páramos, que son hermosos, y ellos lo saben y así se lo ‘venden’ a los extranjeros, pero también a las constructoras. Incluso funcionarios ‘vendiendo’ la idea de futuras constructoras que invertirán en el territorio, y ese es el desarrollo para los vecinos. Debemos proteger los manantiales cercanos, porque cuando se sequen nos vamos a quedar sin agua, pero la gente está como dormida.

E.G. ¿Qué pasa con la población que se va? ¿Sale de la localidad?

C.M. Ha pasado de todo. Hay gente que tiene su forma y consiguen sus lotes o compran predios en el mismo barrio. Digamos que esa gente se queda, pero hay otros que no tienen y les toca conseguir un apartamento en la periferia. La pelea es que le den las mismas garantías. Terrantes hizo una caracterización el día de sancocho, en forma de encuesta, cuánta gente que vive y trabaja en su casa. Porque son satélites que venden en San Victorino, tienen sus jardines en sus casas y tienen su actividad comercial ahí. Muchos no son pensionados, porque trabajaron en la informalidad toda la vida. Hay otros que son pensionados y que tienen incluso el acompañamiento de sus hijos, que son profesionales.

E.G. ¿Y con los que se quedan?

C.M. Es que sigue una desinformación generalizada. El Plan de Ordenamiento Territorial tiene en letras pequeñas, cómo cambian y se valorizan los predios. Tener un cable aéreo y unos nodos de equipamiento hace que los predios se valoricen, a pesar de lo que dicen los arquitectos del Distrito, pero es claro que se van a valorizar. Y eso es uno de los problemas con las entidades, que hablan muy romántico promocionando una idea, pero no han sido claros, ahí es importante el papel de las organizaciones para aportar una mirada crítica a esas promesas. Ahora viene la intervención sobre la antigua vía al Llano, que la van a ampliar, por lo que vendrán más compras y más desplazamiento intraurbano.

E.G. ¿Esta forma de intervención institucional de manera individual, es decir vivienda por vivienda, le es favorable con desinformación para lograr una mejor negociación para la entidad?

C.M. El IDU no da la cara en atención pública, ellos sí tienen un mecanismo de atención particular. Hay agentes sociales que van a las casas, por lo que cada predio tiene una particularidad. Pero qué pasa, muchas personas son mayores de edad y les toca valerse de alguien para orientarse. La gente se comunica con el funcionario y medio entiende sobre el proceso de indemnización, cosa diferente a si fueran acompañadas por un abogado. Las conversaciones cambian, en términos de reconocimiento. No hay claridad sobre los términos de negociación.

Si una entidad no quiere hacer una reunión y estar abierta a las comunidades, a sus preguntas, creando contradicciones entre unos y otros, lo que nos eso nos quiere decir es que dividiendo es más fácil para ellos engañar y “negociar”.

Problemas comunes, como la reubicación, la gente no sabe a dónde irse. Entonces le dicen que averigüe con las inmobiliarias, pero ellas cobran y, entonces, la gente termina por resignarse, negocia a menos precio y desocupa, para que no la vayan a desalojar a la fuerza. Entonces acepta que la institución organice eso. Y esta no está pensando en la comunidad, en las familias afectadas, sino en el megaproyecto, en implementarlo rápido y cumplir los términos.

E.G. ¿Cuál es el llamado para las organizaciones sociales?

C.M. Ahora estamos más pendientes de lo que sucede en la agenda nacional, tras cada escándalo, y al margen quedan los asuntos más locales, los que afectan de frente a la gente. Nos unen algunas tradiciones, como el Primero de Mayo, pero es necesario que las organizaciones sociales nos preocupemos por una integración del trabajo con nuestros pares. Si no nos unimos más con otras organizaciones de la localidad, como Huertopia y Terrantes, será muy difícil que solos acompañemos y potenciemos a las comunidades, para que defiendan lo suyo. Hemos soltado el timón del trabajo comunitario, algunos más centrados en la administración pública. Algunos son funcionarios del Estado y ahora se dedican a hacer acciones desde allí, que no está mal, pero siento que es necesario articularlos de una manera más precisa.

También siento que la postura de las organizaciones tiene que centrarse en cómo se está organizando la ciudad, para acompañar a las comunidades desde una perspectiva jurídica, urbanística y ambiental. No podemos negociar con las entidades si las organizaciones populares en los barrios no tenemos análisis de esos ordenamientos, para organizarnos y acompañarnos ante futuros desalojos y reubicación de comunidades. Ahí está quizás el núcleo del trabajo comunitario.


Maquillando el centro de la ciudad: Del Cartucho, el Bronx y el Sanber

Otro caso ejemplar sobre cómo se relacionan los procesos de deterioro urbano y el negocio de renovación puede rastrearse en la extinción del barrio San Bernardo. Ubicado de manera estratégica, por ser parte del centro histórico y contar con facilidades en la movilidad, fue deteriorado poco a poco por las mismas medidas de planeación, obligando así a sus pobladores a desplazarse a otra parte de la ciudad, seguramente su periferia, para hoy poder ofertar entre 3.000 y 4.000 unidades habitacionales en propiedad horizontal que comercializará la constructora Las Galias, ganadora de la licitación en 2018. Se trata de un proyecto urbanístico vendido durante la segunda alcaldía Peñalosa como Plan Parcial de Renovación Urbano “San Bernardo Tercer Milenio”,

Este proceso ha sido lento, por las condiciones de indemnización y trámites de compra que han tenido múltiples plazos, dadas las dificultades de legalidad de muchos predios y la condición de propiedad de sus residentes, lo que reduce los costos para el Distrito pero demora los procesos judiciales. La gente se ilusiona con el pago, pero no saben que por efecto de la ley 338 de 1997 se contempla un pago inicial entre el 40 al 60 por ciento del valor al momento de la adquisición voluntaria y el restante en cinco (5) pagos anuales sucesivos o iguales, algo que puede afectar la capacidad de compra para expropiados. En muchos casos los dueños originales y propietarios formales se comenzaron a ir desde tiempos que se puso fin al Cartucho, una de las primeras zonas para el expendio de drogas y territorio de paso o vivienda permanente para cientos o miles de ‘leprosos’ modernos.

El Cartucho, con su constante y prolongado deterioro, acabará con el barrio Santa Inés, comenzando por su plaza e iglesia. El otrora barrio que fue la antigua residencia de la elite capitalina, en cuyos jardines abundaba la flor de su mismo nombre, vio partir a los ricos de entonces como coletazo del 9 de abril de 1948. Sus nuevos habitantes, desplazados intraurbanos por efecto de la misma insurrección vivida por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, son familias de clase media, muchas de ellas llegadas a pobres décadas después. El barrio ve así pasar por sus cuadras familias de distintos estratos sociales, hasta llegar, producto del proyecto estratégico de reorganización del centro de la ciudad, a su crisis total con la nula inversión urbanística por parte de numerosas alcaldías. Que allí se ubicaran los negados de todo, los leprosos de estos tiempos, no fue casual.

Luego de todo este proceso de desgaste, desplazamiento interno, empobrecimiento de miles de personas y de entornos físicos, desde hace varios años todo está listo para la especulación y reorganización urbana del centro histórico de la ciudad, y con ello para un mejor control de los entornos de los edificios desde donde administran al país: La Casa de Nariño, el Capitolio nacional y otros.

Suscríbase

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Información adicional

Cuando la renovación urbana se hace sobre los habitantes
Autor/a: Edwin Guzmán
País: Colombia
Región: Suramérica
Fuente: Periódico desdeabajo N°306, 18 de septiembre-18 de octubre de 2023

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