El Gobierno acaba de presentar el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2026. El valor total es de $556,9 billones, equivalentes al 28,9 por ciento del PIB. El crecimiento entre 2025 y 2026 sería de 5,9 por ciento. Los hechos más relevantes son:
El gasto público representa el 28,9 por ciento del PIB. Aunque el gasto público ha ido creciendo, su participación en el PIB es muy inferior a la de los países desarrollados del norte de Europa. Allí el porcentaje está alrededor del 40 por ciento del PIB.
El gasto tiene que continuar subiendo para satisfacer las enormes necesidades del país. Pero este crecimiento debe cumplir dos condiciones. La primera, tiene que ser eficiente. Si el dinero se desperdicia no se logran los propósitos del Estado Social de Derecho. Y, segunda, el mayor gasto tiene que estar respaldado por un crecimiento comparable de los ingresos. La tributación tiene que subir con un criterio de progresividad, de tal forma que pague más quien tiene más.
El servicio de la deuda ha alcanzado niveles sin precedentes. En el 2025 el pago será de $112,6 billones, y en el 2026 de $102,4 b. Ambas cifras son significativas, y es notorio el monto que se debe pagar en intereses, $70,7 b. en el 2026.
La reducción entre el 2025 y el 2026 no es clara. El Ministerio de Hacienda presenta una explicación vaga, dice que la menor deuda es el “[…] resultado de un menor pago de intereses, producto de operaciones de manejo de deuda en los mercados financieros”. Se han mencionado operaciones de crédito, que cambiarían deuda de largo plazo por créditos de corto plazo, gracias a que se contrataría un préstamo más barato en francos suizos. La tasa de interés que paga el gobierno colombiano a los tenedores de TES a 10 años es cercana al 11 por ciento, mientras que el préstamo en francos suizos se contrataría a una tasa cercana al 1,75 por ciento.
No hay suficiente claridad sobre las características de esta operación, pero llama la atención que en el Marco Fiscal que se presentó en junio, el servicio de la deuda del 2026 se había estimado en $118,6 billones*. La diferencia con los $102,4 b. es significativa y debería explicarse en detalle.
La inversión es baja. Los compromisos del pago de deuda restringen la inversión que, finalmente, es la variable de ajuste. La inversión pública tiene un gran impacto en la actividad privada. Por cada peso de inversión del Estado se potencian 4 pesos de inversión privada. Una de las consecuencias perversas del aumento del servicio de la deuda es el deterioro de la inversión. De nuevo, como sucede con las cifras de la deuda, la información es imprecisa y tampoco es compatible con la presentada en el Marco Fiscal.
El gasto en funcionamiento crece a un ritmo mayor que la inversión. Es usual que se considere el gasto en funcionamiento de menor impacto que el de inversión. Pero depende del tipo de gasto, y de la forma como se ejecute. De todas maneras, preocupa que la dinámica de la inversión sea menor. Entre el 2025 y el 2026, la inversión aumenta 5,7 por ciento, mientras que el funcionamiento crece 11,1 por ciento.
El presupuesto del 2026 debe reflejar plenamente las prioridades del gobierno. En la discusión en el Congreso habría que examinar de forma detallada los rubros que más crecen, porque son la expresión de los objetivos finales del Gobierno. Durante el primer año los gobiernos se quejan, con razón, porque tienen que ejecutar las decisiones del gobierno anterior. Pero en el último año, el gobierno saliente tiene la posibilidad de expresar sus metas en términos presupuestales.
Las dificultades fiscales son evidentes. La expresión más clara de los problemas fiscales es el monto del servicio de la deuda. Sin duda, el país enfrenta una situación fiscal complicada. El proyecto de presupuesto estaría respaldado, en palabras de Hacienda, por una “reforma tributaria estructural que aumenta la capacidad recaudatoria y la progresividad del sistema impositivo”. En el Congreso no hay ningún ambiente para aprobar una nueva tributaria. Y, además, la próxima tributaria para que sea estructural tendría que contemplar, junto con los tributos nacionales, los territoriales (municipios y departamentos). Esta será tarea del próximo gobierno.
La administración pública tiene que mejorar la capacidad de ejecución. En el 2024 la ejecución fue baja, alrededor del 80 por ciento. Algunos ministerios, como el de Agricultura, a duras penas gastó la mitad del presupuesto. De $9 billones asignados apenas ejecutó $5 b. Además, es necesario vigilar la eficiencia en el gasto.
La presentación del presupuesto es confusa y no facilita el diálogo con la ciudadanía. La lectura de las cifras es difícil. No hay claridad sobre las jerarquías de gasto. Y, peor aún, en un período cortísimo, de dos meses (junio-agosto), los datos del Marco Fiscal no son compatibles con las del presupuesto.
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