Las consecuencias de los poderosos sismos del pasado 24 de junio en Caracas y La Guaira proyecta un impacto sociopolítico incalculable en múltiples direcciones, poniendo en riesgo variables críticas de la vida política y social del país.
3 jul 2026. Cuando pensamos que no podían ocurrir nuevos hechos extraordinarios por un largo tiempo en Venezuela, que ya era suficiente con la cadena de acontecimientos que han puesto en vilo la tranquilidad nacional desde hace una década, llega un inimaginable doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 respectivamente. Desde hace menos de un año, el país caribeño ha visto cómo se posiciona un bloqueo naval y financiero de Washington en su contra, que llegó a su máximo nivel el pasado 3 de enero cuando una intervención militar y un bombardeo sirvieron para que capturaran al presidente Nicolás Maduro.
El 17 de marzo, el país vivió una histórica fiesta total con su victoria frente a Estados Unidos en la infartante final del mundial de béisbol, el deporte nacional. Con un nuevo gobierno interino en la palestra y el robo descarado de su producción energética por parte de la potencia del norte, nos imaginamos que la situación, mal que bien, comenzaría a resolverse al menos en la esfera económica. Pero justo en ese momento llega la tragedia natural más cruenta vivida en la historia del país caribeño: éramos muchos y la abuela paría como si nada.
El incomparable evento sísmico que sacudió a Venezuela el 24 de junio, en plena celebración afrodescendiente de San Juan, proyecta un impacto sociopolítico incalculable en múltiples direcciones, poniendo en riesgo variables críticas de la vida política y social del país. Más allá de las imágenes apocalípticas divulgadas durante la emergencia, resulta indispensable contextualizar y delimitar la magnitud real del desastre.
La Guaira: zona cero de la tragedia, otra vez
Para comprender la dimensión de la catástrofe, es necesario precisar cuáles fueron los puntos álgidos flagelados por el sismo. La ciudad de Caracas, en relación con la magnitud de la sacudida, no sufrió una devastación generalizada. Las consecuencias estructurales graves se concentraron de forma muy localizada en algunos sectores y urbanizaciones de clase media. En esas zonas, la mayoría de las viviendas sobrevivió —algunas con afectaciones menores y otras con daños bajo evaluación—, pero los colapsos de edificaciones no se generalizaron.
No se registraron daños severos en puentes, autopistas, centros comerciales o en la red del Metro. Por supuesto, dada la liberación de energía del evento sísmico, numerosos inmuebles resultaron afectados, pero las inspecciones de ingeniería civil bajo una comisión presidencial concentrada en esto, aún avanzan para determinar el daño estructural efectivo. Es posible que a escala nacional los daños sean muy numerosos pero no hay una devastación severa en la mayoría de estados. Muchos damnificados a la espera de estas evaluaciones continúan pernoctando en avenidas y parques, lo que da una idea de perturbación de la cotidianidad que podría irse superando con cierta velocidad en la medida que se dictamina que no ha habido daño estructural, mientras se abren refugios temporales.
Pero donde sí podemos hablar de una catástrofe apocalíptica, con absoluta propiedad, es en el estado La Guaira, la entidad federal con menor superficie del territorio nacional, donde las pérdidas materiales y humanas son de dimensiones desmesuradas. Amplias zonas de altos edificios residenciales, con alta concentración demográfica, fueron arrasadas de manera general, quedando casi ningún edificio sin afectación. Al drama colectivo se añade el agravante de ser un territorio marcado por adversidades socioambientales previas, como la tragedia de Vargas en diciembre de 1999 (un evento de flujos de lodo) y las agudas vaguadas del año 2006.
A su favor, los barrios populares no tuvieron afectaciones de magnitud, lo que quiere decir que cientos de comunidades populares han sobrevivido sin muchas afectaciones, lo que quiere decir que están y estarán dispuestas a reconstruir su estado.
No obstante, el suceso actual se erige como el peor revés que ha experimentado no solo este estado costero, sino la nación entera en toda su historia, debido al efecto demoledor sobre decenas de edificaciones de gran altura y la densa concentración residencial en urbanizaciones de perfil masivo, un cuadro que se vio agravado por el día feriado y la naturaleza turística de la región.
Radiografía del entramado social y el rol del Estado actual
A todas luces, el primer gran revés se percibe en las comunidades. El considerable saldo de víctimas humanas ocurre en un marco socioeconómico ya debilitado, lo que obstaculiza no solo la capacidad de recuperación de los sectores damnificados —muchos de ellos receptores de programas públicos de vivienda tras contingencias anteriores—, sino también la acción de las autoridades venezolanas, que históricamente funcionaron como el principal motor de protección civil ante las emergencias naturales de antaño.
La suficiencia logística actual de las instituciones es incompatible con la de los años 1999, 2006 o 2010, periodos en los que ocurrieron deslaves masivos causados por precipitaciones extremas, pero en los que el país no experimentaba el ahogo financiero ni las restricciones internacionales que enfrenta hoy en día. En aquellos momentos la respuesta estatal se medía en cientos de miles de refugiados atendidos de manera integral y decenas de miles de nuevas viviendas. Hoy no sabemos cómo podrá medirse.
En la actualidad, la población venezolana —una vez que decante la fase inicial de conmoción y se formalice el recuento de fallecidos, heridos y refugiados— se verá forzada a reconstruirse sin el soporte de la desaparecida abundancia petrolera, hoy secuestrada por Washington. En su lugar, se topa con un aparato público presupuestaria y diplomáticamente cercado, que todavía arrastra los efectos de la galopante hiperinflación del lustro pasado y posee reservas financieras profundamente disminuidas.
Este panorama impone una exigencia mayúscula que sobrepasa la que suelen resistir otras naciones ante eventos de la naturaleza de este nivel. Regularmente, las administraciones experimentan un deterioro marcado en su imagen pública y en la valoración de su manejo de crisis debido al descontento generalizado y a las demandas ilimitadas de los colectivos perjudicados. Un reflejo reciente fue el desastre de la dana en Valencia, donde el saldo de decesos no alcanza el 3% de las víctimas proyectadas este 24 de junio en Venezuela, y aun así desató una fricción institucional notoria que, después de año y medio, todavía genera debates en la política regional valenciana y española, como solemos decir en Venezuela: “no han visto rostro”.
El tablero geopolítico tras el sismo
Bajo estas premisas, Venezuela no será la excepción respecto a la multiplicación de cuestionamientos frontales contra un mando acorralado por la escasez de fondos y la inmensidad de la tragedia. A esto se suma la singularidad de una administración provisional nacida de una acción militar estadounidense el pasado 3 de enero, la cual no cuenta con la validación que proporcionan los procesos electorales y coexiste con las presiones de una persistente injerencia extranjera en sus mandos militares, políticos y sociales. Se trata, por ende, de una gestión que debe maniobrar con una tensión extrema empleando las escasas herramientas reales a su alcance. A su favor opera el amplio bagaje institucional acumulado en eventos parecidos, en los cuales las autoridades precedentes de corte chavista supieron sortear los reveses e incluso emerger fortalecidas políticamente gracias a una atención directa y masiva a los afectados.
En consecuencia, en medio del letargo ocasionado por la catástrofe natural, las autoridades provisionales poseen, a diferencia de sus detractores, una ventana estratégica para cosechar una relegitimación práctica mediante el manejo de la contingencia. Aunque también, una defectuosa conducción de la crisis puede acarrear un colapso definitivo, como la de una edificación más en la zona cero.
Otro punto a favor del país es la masiva solidaridad con la que los venezolanos se han volcado a apoyar a sus connacionales.
No obstante, el Ejecutivo venezolano no es el único que se halla en un dilema, Washington también ocupa el centro de atención. Por un lado, la administración norteamericana aprovecha el momento para consolidar su despliegue territorial, en la zona de desastre. Asimismo, ha ofrecido una ayuda humanitaria de 300 millones de dólares, un monto que los observadores catalogan como exiguo si se contrasta con los ingentes recursos petroleros que Estados Unidos extrae del subsuelo venezolano, según afirmaciones del propio Donald Trump. Por otra parte, aunque Washington flexibilizó ciertos permisos puntuales para facilitar las tareas de socorro, el andamiaje restrictivo general de las sanciones económicas se mantiene inalterado.
De este modo, el escenario perfecto con el que Trump suele describir el estatus de Venezuela tras su intervención podría perder viabilidad si las variables económicas empeoran aceleradamente y los sectores damnificados no reciben respuestas eficientes de unas instituciones asfixiadas financieramente por la potencia del norte. ¿Mantendrá la Casa Blanca el régimen de sanciones económicas en medio de una catástrofe humanitaria de este calibre? ¿Permitirá que el colapso de un país con estructuras institucionales debilitadas derive en una crisis militar, social y política de gran magnitud que termine entorpeciendo el flujo, la producción y la comercialización segura de los hidrocarburos? Estas son las interrogantes cruciales que deberá responder el gobierno de EE.UU. los próximos días o semanas.
Algo similar ocurre con Europa. Mientras venezolanos buscan con las uñas los cadáveres de sus familiares, el Banco de Inglaterra retiene 5 mil millones de dólares en oro de las reservas internacionales y otros países como Portugal hacen otro tanto, mientras la Unión Europea deja intacta las sanciones.
La oposición exterior ante la coyuntura de la emergencia
Por su parte, María Corina Machado, la figura de la oposición en el exterior, se trasladó a Panamá y manifestó su propósito de regresar próximamente a Venezuela. Desde ese espacio emitió un pronunciamiento de tinte rupturista, intentando capitalizar políticamente la situación crítica en la que el Gobierno concentra la totalidad de sus esfuerzos en la mitigación del desastre, buscando asestar un golpe definitivo.
De acuerdo con despachos de agencias internacionales, Washington habría impedido su arribo a la isla de Aruba —situada a escasos 30 kilómetros al norte del litoral venezolano—, por lo que Machado se encontraría a la espera del aval político de la administración de Trump para concretar su retorno.
Tras este movimiento infructuoso, la líder opositora también queda en una posición sumamente frágil. De no conseguir el ingreso al territorio nacional, quedaría en evidencia su repliegue político y su falta de respaldos internacionales reales, situándose transitoriamente como una alternativa inviable en el tablero político. Mientras tanto, el Gobierno continúa operando sobre el terreno y proveyendo soluciones logísticas, alcanzando incluso a sectores del espectro tradicional de la oposición que resultaron perjudicados en las zonas residenciales de clase media del este de Caracas, logrando de este modo disputar y ganar espacio político en sectores que lo que menos necesitan es el retorno de la polarización agobiante.
Así las cosas, Venezuela ha vivido nuevamente un parto, justo cuando no esperábamos nuevos nacimientos. Éste era imprevisible, como una carta bajo la manga que tenía guardada la naturaleza para poner a prueba nuevamente al pueblo venezolano. En medio de la tragedia, la solidaridad hace tantos estragos como el doble terremoto. Y se percibe una alta moral para reconstruir el país, nuevamente.
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