El criminólogo y exasesor de seguridad Diego Salamea, autor de libros técnicos sobre peritaje y criminología, disecciona la delicada situación de seguridad que atraviesa Ecuador, que, con 51 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, es el país más violento de América Latina tras Haití.
Como la mayoría de expertos, el criminólogo y exasesor de seguridad Diego Salamea insiste en que la solución a la ola de violencia que asola Ecuador pasa por los programas gubernamentales de prevención, rehabilitación y reinserción, por crear “una comisión integral con personal experto en salud, trabajo, educación y crimen”. Sin embargo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa solo contempla una política de mano dura que, según recoge Amnistía Internacional, está dejando un reguero de violaciones de los derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos.
De momento, con los militares controlando las calles bajo constantes estados de excepción, este modelo autoritario no está funcionando: con 9.216 homicidios, 2025 ha sido el año con más muertes violentas en la historia de Ecuador. “No considero efectivos los estados de excepción porque las políticas represivas solo generan más violencia. En el Ecuador, mueren diez pandilleros y al siguiente día hay veinte más”, apunta Salamea, abogado que, principalmente, trabaja en la región central del Austro.
Ecuador era uno de los países más seguros de Latinoamérica, por lo que escuece aún más la crisis en la que se ha sumido el país desde que en diciembre de 2020 asesinaron a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de Los Choneros. Desde la cárcel, Rasquiña había conseguido establecer una especie de federación mafiosa dirigida por él mismo. Su muerte provocó la fragmentación en grupos y una lucha violenta que dejó centenares de homicidios en las cárceles y ajustes de cuentas en las ciudades de la costa. Tras un periodo de alianzas y cambios de bando, quedaron dos grandes grupos: Los Choneros, aliados del cártel de Sinaloa y encabezados por Adolfo Macías, alias Fito, actualmente extraditado en Estados Unidos; y Los Lobos, considerado el principal grupo criminal de Ecuador, dirigidos por Wilmer Chavarría, alias Pipo, detenido en Málaga en 2025 y aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Estos dos grupos y sus bandas aliadas luchan de forma violenta por controlar el territorio, que permite beneficiarse económicamente de las actividades ilícitas. Por eso, el epicentro del conflicto está en la costa, en los puertos por los que sale el 70% de la cocaína que se consume en el mundo. Sin embargo, lo que empezó mirando al mar está extendiéndose al interior del país. “Estos políticos van a permitir que el crimen siga expandiéndose a otras regiones y empiece a ocupar espacios que nunca antes había ocupado. Y no le hablo solamente extorsión o microtráfico: estamos hablando de trata de personas, de tráfico de órganos”, advierte Salamea, cercano, amable, en una cafetería en la turística ciudad de Cuenca, que precisamente está en vilo ante el desplazamiento del crimen organizado.
Ecuador era un país seguro. ¿Cómo se ha llegado a la situación actual?
En la década de los 90 había robos rurales, cordeleros, robos domiciliarios, cosas pequeñas, pero, lamentablemente, luego se dio la inmersión del crimen transnacional en el país. Primero visto como un suelo de tránsito de la droga de Perú y Colombia, en el siglo XXI el crimen organizado empezó a estructurarse en busca de oportunidades. El problema se ha dejado crecer tanto que Ecuador es un país productor de droga y una especie de bodega del crimen organizado, que ha permeado en las estructuras políticas, militares y gubernamentales. De hecho, si algo hay organizado en Latinoamérica, y especialmente en el Ecuador, es el crimen organizado: está capacitado logística y económicamente, recluta especialistas en algoritmos y criminología, tiene influencia política, tanto que aquí han volado a candidatos a presidente como [Fernando] Villavicencio. El crimen organizado está en todos lados, y si la Administración de Rafael Correa frenó la violencia en algún sentido, fue porque las bandas estaban estructuradas en un solo grupo. Lamentablemente, se empezaron a fraccionar, se subdividieron en células y se produjo una mitosis delictiva. Entonces, de Los Choneros, el grupo que aparentemente tenía una gran estructura, hoy tenemos cerca de 50 bandas y minibandas compuestas por miles de miembros que despliegan estrategias para a dominar el territorio.
Y no está funcionando el enfoque del actual Gobierno, que es meramente represivo.
Lamentablemente, los programas de prevención o reinserción no dan votos y no se tienen en cuenta. Se tiene que ver la violencia desde todos los puntos de vista. Es un problema sistémico que no va tener una solución sin una comisión integral. Actualmente se forman comisiones políticas que apuntan únicamente a acciones mediáticas, es decir, a soluciones parche, a antibióticos momentáneos. No solucionan el problema de fondo. Entonces, ¿cuál es la política actual? Armar un show militar completo con tanquetas que entran, se dan la vuelta y se acaba. No hacen nada más. Por eso, a quienes dirigen la seguridad les defino como rambos de escritorio: nunca han pisado el territorio, no conocen el problema, no saben hacer un diagnóstico, un mapeo o una cartografía criminal; incluso no conocen la génesis de la violencia. Si no entiendes nada, das palos de ciego.
Como resultado de esta incompetencia, la estrategia errónea de los estados de excepción está provocando que la criminalidad se desplace de la costa a ciudades refugio como Cuenca, Chimborazo, Riobamba, Loja. Como ocurre con la prostitución, si pones a un policía a controlarla lo que hace es moverse a otro lado de la ciudad. Hace cinco años apuntaba que esa criminalidad de la costa, de Guayas, Manabí o Esmeraldas, iba a llegar a Cuenca, que ofrece grandes oportunidades para el lavado de activos. Cuenca estaba en un nivel dos de grado de violencia, si lo ponemos en una escala de diez, microtráfico, cosas pequeñas. Tenía dos o tres muertes por cada 100.000 habitantes, pero este año vamos camino de superar las cinco, lo que es alarmante. En el Ecuador, tenemos un promedio de entre 50 y 51 y estamos entre los países más violentos del mundo.
En algunas regiones del país parece tarde para implementar las medidas preventivas que usted propone.
Parece tarde porque la gente está empezando a ver el crimen organizado como un estado paralelo que le puede dar mayor protección que la Policía. ¿Quién tiene confianza en la Policía y el Gobierno? Estuve haciendo estudios en México y Colombia. En Medellín, había unos 40 homicidios por cada 100.000 habitantes y bajaron repentinamente a cinco o seis porque se trazaron líneas imaginarias entre los grupos, que se reparten sectores que nadie cruza. Que no haya violencia no quiere decir que no haya crimen organizado, al que no le interesa asesinar al vendedor de perros calientes que le provee económicamente con la extorsión. Va a llegar un momento en el que Ecuador esté igual, extorsionando al 60% o al 70%. A eso estamos llegando, incluso en Cuenca. Antes no se escuchaban secuestros o extorsiones, pero ahora empezamos a tener; por ejemplo, un amigo médico tiene que pagar 1.000 dólares al mes. Mucha gente está dándose cuenta de esta situación y, para vivir de forma tranquila, está empezando a salir a [los distritos periféricos de] Challuabamba o Narancay. Al no haber estrategias de política pública, este problema va a ir a peor. De momento, Cuenca es segura porque, de cierta manera, hay una hegemonía del crimen organizado, que te asegura la protección.
Habla de Los Lobos.
Cualquiera que sea el grupo dominante. Entonces, la pregunta es: ¿va a incrementar la violencia? Sí, cuando existan disputas por los territorios. Cuenca todavía no está viviendo esa fase, pero está entrando en una etapa de transición. Entonces, el futuro de Cuenca y del país es gris: se aplican políticas netamente represivas, y la violencia genera más violencia. La represión no ha funcionado en ningún país del mundo.
La sociedad apunta como exitoso al modelo autoritario de Bukele.
De Bukele tengo otra lectura. Si bien es cierto que todas las pandillas están enjauladas, tampoco hay duda de que esas pandillas tienen mandos intermedios y superiores que forman un triángulo. Entonces, al no haber reacción de las pandillas en El Salvador, hay cosas más arriba que en algún momento van a reventar, sobre todo cuando Bukele deje el poder. Entonces se verán cuáles son las verdaderas causas de la sumisión de las pandillas, que es el órgano más bajo en la escala criminal.
Desde las cárceles se ha controlado el crimen organizado en Ecuador. Los motines y los enfrentamientos carcelarios han dejado más de 1.200 fallecidos desde 2021. Aún son recurrentes las reyertas, y sigue sin existir un apoyo estatal a la reinserción. ¿Cómo es actualmente la situación carcelaria?
En Latinoamérica, las cárceles se han convertido en verdaderos centros de mando criminal. En Ecuador, el problema es que no hay programas de prevención, rehabilitación y reinserción. Quienes ingresan, se convierten en potenciales pandilleros. Está tan descompuesto el tejido social que esa cárcel viene a ser su familia, y si salen a delinquir, tienen un hogar al que regresar: la cárcel. El Estado no ha cubierto esa obligación de reinsertarles a la sociedad. Además, esa reinserción lleva una cruz, una estigmatización social que no le da ni una oportunidad. ¿Cuál es una de las soluciones? La intervención de las universidades: estructurar estudios técnicos y carreras intermedias tecnológicas. Si tienen oportunidades, si aprenden una profesión, podrían tener una salida. Sin embargo, a las universidades no les interesa. Tengo precisamente un libro que trata el tema: La mafia y el crimen organizado asedian la Universidad.
Ecuador, que incluso implementa el sistema de control social Palantir, colabora militarmente con Estados Unidos. Sin embargo, el crimen organizado sigue avanzando. ¿Esta realidad demuestra el fracaso de esta colaboración militar?
Estados Unidos está dominado por bandas mexicanas que lavan activos. Si no pueden vencer allá al narcotráfico, no pueden darnos lecciones a nosotros. Han venido asesores y técnicos estadounidenses y este problema ha ido creciendo tanto que estamos entre los países más violentos del mundo. Nos venden humo, son estrategias de intervención internacional.
Leave a Reply