Ecuador: el giro bonapartista de Guillermo Lasso y la conciliación de la oposición

En la mañana de este miércoles el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso activó lo que se da en llamar “la muerte cruzada”, decretando la disolución de la Asamblea Nacional, alegando “grave crisis política y conmoción interna”. Lo hace un día después del que se había presentado en la Asamblea Nacional y ante su destitución casi segura por el órgano legislativo. Se convoca a elecciones presidenciales y de diputados a realizarse dentro de seis meses.

La crisis en Ecuador ha pegado un salto político con el giro bonapartista de Guillermo Lasso que, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, decreta la “muerte cruzada” pasando a gobernar por decreto desde ahora y hasta que se realicen las elecciones generales. No en vano ha dicho que “Ecuador no se para”, en total alusión a que avanzará con un conjunto de leyes que estaban paralizadas en la Asamblea Nacional al no contar con el apoyo parlamentario necesario.

Pero se trata de una crisis que ya se venía arrastrando y se había agudizado luego de la derrota política que había sufrido Guillermo Lasso en las últimas elecciones regionales y el referendo de febrero del año en curso. El presidente ecuatoriano venía en baja incluso antes de las elecciones, y de allí el llamado, además de las elecciones, a una consulta popular para recobrar iniciativa frente a un ya fragmentando Parlamento. Así, se infligió una autoderrota y el resultado electoral no vino más que a ratificar la decadencia y el desencanto con el gobierno de Lasso y sus medidas neoliberales.

De allí que sectores aprovecharon el momento político y apuntaron a un juicio político por presunto peculado buscando su destitución. La moción de juicio fue presentada por representantes de la bancada opositora que responde al ex presidente Rafael Correa, que fue uno de los sectores que salieron mejor posicionados en las elecciones regionales de conjunto, y que prefigura una vuelta de correísmo. El argumento era “enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, por la infracción constitucional de peculado (malversación de fondos públicos)”, y sacarlo de la presidencia.

La Asamblea Nacional de Ecuador está compuesta por 137 parlamentarios y, para la censura y destitución del presidente, según la norma constitucional, se requiere de 92 votos (dos tercios de la Cámara), que la oposición aseguraba haber alcanzado. Lasso vaticinó una derrota segura, donde no solo sería destituido, sino que ya fuera de la presidencia podría encarar juicios penales por corrupción y eventualidad de cárcel. De allí que recurriera a decretar la “muerte cruzada” buscando un manotazo que le pueda dar un respiro político y una sobrevida, al mismo tiempo que, ejerciendo vía decretos, podría hacer pasar medidas económicas y políticas aún pendientes, y tener una oportunidad en las venideras elecciones generales.

La muerte cruzada ya estaba en el tapete pues Lasso ya lo había amenazado, la espera se centraba en las negociaciones políticas y que no se llegara a los 2/3 de parlamentarios en la Asamblea Nacional. El propio secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, había afirmado que el Decreto para aplicarla estaba listo. Este mecanismo es la primera vez que se aplica y fue incorporado en la Constitución durante el período de Rafael Correa en la presidencia de la República.

Por eso Lasso, para evitar una eventual votación en su contra, en las tempranas horas del miércoles señaló que “he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea”. Además, puntualizaba que solicitaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos. A la firma del decreto, la Asamblea Nacional quedaba automáticamente disuelta.

La medida recibió el inmediato respaldo de las Fuerzas Armadas, que iniciaron un operativo de resguardo policial y militar del edificio de la Asamblea que impidió el ingreso de funcionarios legislativos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas consideró que la medida era constitucional y expresó su apoyo a través de un comunicado oficial.

Desde el bloque del expresidente Rafael Correa en el Parlamento (UNES) consideraron que no había motivos para la “muerte cruzada”, alegando que “no hay conmoción interna” pero que la respetarán, no apoyando ninguna demanda por inconstitucionalidad del decreto de Lasso. Es que las huestes de Rafael Correa sacan cuentas, y con un resultado tan caliente de las recientes elecciones regionales de febrero, donde se alzaron como la primera fuerza política, auguran que pueden volver en lo inmediato al Palacio de Carondelet, y no tener que esperar dos años, y de paso alcanzar una mejor representación en la Asamblea Nacional. Son cálculos políticos los que mueven a Rafael Correa y no cuestiones de “constitucionalidad o no constitucionalidad de la medida” ante el movimiento bonapartista de Lasso.

De inconstitucionalidad del decreto de Lasso es de lo que hablan los del Partido Social Cristiano, que cuenta con 12 diputados en el Parlamento, como también lo ha hecho el movimiento Pachakutik, que venía dividido siendo que un grupo de 11 parlamentarios habían anunciado que no votarían a favor de la censura y destitución de Guillermo Lasso. Ambos presentarán demandas ante la Corte Nacional de Justicia.

Por su parte, el presidente de la poderosa Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Leónidas Iza Salazar, consideró la medida un “autogolpe”, sin embargo, ya han declarado que descartan manifestaciones para enfrentar la “muerte cruzada”. “Nos reuniremos en un consejo ampliado con nuestras bases”, es lo único que ha afirmado Leónidas Iza, acotando que “Nosotros vamos a agotar hasta el último recurso. No queremos una reacción social, como muchos sectores nos han acusado, se imaginan en este momento una ebullición social, será catastrófico”.

Así, una vez más, la organización de la Conaie busca evitar que la bronca social por las deterioradas condiciones de vida de la población tome impulso con la resistencia al giro antidemocrático del gobierno, que ponga en jaque al régimen político ecuatoriano. Siguen con el papel pasivizador que juega hoy en forma preventiva, y que jugó también durante la rebelión popular de 2019 y los paros de 2022.

Como vemos, todos, de una manera u otra, sea aceptando la “muerte cruzada”. Unos, declarando “inconstitucional” la medida, otros, hasta catalogando de “autogolpe” como la Conaie, coinciden en no llamar a las masas a las calles ante la reaccionaria medida bonapartista de Lasso.

Lasso no ha perdido el tiempo, y junto al decreto de disolución de la Asamblea Nacional, firmó otro sobre reforma tributaria llamado “Decreto Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar” que fue enviado a la Corte Constitucional. Una ley que en verdad está más dirigida a las clases medias, pues incrementa el margen de gastos que las familias pueden deducir a la hora de hacer el cálculo de su impuesto sobre la renta. Eleva el techo de lo que pueden deducir, de un poco más de 5.000 dólares a más de 15.000 dólares. En Ecuador, millones de indígenas y pobres no hacen declaración de impuestos sobre la renta, y los trabajadores por lo general, por los bajísimos salarios ya de por sí están exentos. En otras palabras, busca consolidar su apoyo en la clase media y dividirla de los sectores populares.

La reforma laboral sería el segundo decreto-ley que firme el Presidente, así lo anunció el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, que de beneficio a los trabajadores no tiene nada. También está en fila el Decreto Ejecutivo 730 que declara al terrorismo como amenaza al Estado, así entran en vigencia algunas disposiciones en materia de seguridad con cierta inspiración en las medidas del presidente ultraderechista salvadoreño Bukele, que ya había sido enviada a la Asamblea Nacional la semana pasada.

Estados Unidos aseguró este miércoles 17 de mayo que su relación con el Gobierno de Ecuador permanece “fuerte” tras el decreto de la muerte cruzada por parte del presidente Guillermo Lasso, quien enfrentaba un juicio político. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, explicó que el Gobierno de Joe Biden está “al tanto” de la decisión de Lasso, ofreció su apoyo a “las instituciones y a los procesos democráticos de Ecuador”, y expresó su respeto “a la voluntad del Gobierno y del pueblo ecuatoriano”.

Para enfrentar el bonapartismo de Lasso, la conciliación y los pactos por arriba es necesario luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana

Lasso avanza con su giro bonapartista, y en estos seis meses aplicará por decreto gran parte de las medidas antipopulares, mientras todos apelan a que hay que mantener la “estabilidad constitucional” y “resolver” las “discordias” en el marco del régimen político, nada de una “ebullición social” como sostienen los dirigentes de la Conaie. En otras palabras, seguir encorsetando la fuerza del movimiento de masas y no aprovechar la crisis para luchar por una perspectiva independiente de los trabajadores, los pueblos originarios, las mujeres trabajadoras, la juventud y los grandes sectores populares.

En Ecuador, todas las revueltas que hubo en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años fueron poniendo sobre la mesa una serie de demandas muy sentidas por el pueblo ecuatoriano que tienen que ver con el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, la precarización del trabajo, la gran informalidad laboral de los trabajadores, y todos los problemas que trajo aparejado la dolarización de la economía del país desde inicios del 2000, que además de abandonar la soberanía monetaria dejándola en manos de la Reserva Federal estadounidense, acrecentó los niveles de pobreza y desigualdad social.

Pero para alcanzar una salida progresiva de la actual crisis política y al servicio de los intereses de las grandes mayorías de los explotados del país, es urgente recuperar la demanda de los levantamientos nacionales que ha venido protagonizando el pueblo ecuatoriano y que han puesto en jaque a los diversos gobiernos del momento, como fue el levantamiento de 2019 y el más reciente en junio de 2022. Desgraciadamente, las direcciones solo han buscado, en los momentos más cruciales, pactar y sacar a las masas de las calles.

Como parte de esta lucha es necesario luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para discutir de raíz qué país quieren las y los trabajadores, los indígenas y el pueblo pobre ecuatoriano. Pero no una condicionada como la que montara Rafael Correa y su “revolución ciudadana”. Para ello es urgente impulsar la más amplia organización y movilización de los trabajadores, de los pueblos originarios y de las grandes mayorías populares. Una Asamblea Constituyente no sujeta a ningún poder constituido y que tenga funciones legislativas y ejecutivas, sostenida y defendida por la movilización organizada de los trabajadores y el pueblo.

Una lucha por una Constituyente libre y soberana con estas características no solo puede abrir un horizonte para una salida progresiva a la crisis, sino que al facilitar la lucha por los derechos democráticos y el creciente bonapartismo, puede permitir que el movimiento de masas, que tantas luchas y levantamientos ha venido realizando, avance en la convicción de que solo un gobierno de los trabajadores, el pueblo pobre y las naciones indígena-campesinas, puede establecer una salida a los males que aquejan al pueblo ecuatoriano, terminar con la dolarización, expulsando al FMI y abriendo el camino para la resolución íntegra y efectiva de los problemas del trabajo, la salud, la educación, la tierra y el territorio al servicio de las grandes mayorías populares, y romper las cadenas que someten al país al imperialismo.

Por Milton D’LeónCaracas / @MiltonDLeon

Información adicional

“Muerte cruzada”.
Autor/a: Milton D'León
País: Ecuador
Región: Suramérica
Fuente: La Izquierda Diario

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