Durante sus primeros meses de gobierno, Abelardo de la Espriella ha presentado públicamente cuerpos de personas abatidas en operaciones militares y policiales. El 2 de septiembre de 2026 difundió un video sobre la Operación Azarías, realizada en Miraflores, Guaviare, en el que caminaba entre al menos 23 cuerpos introducidos en bolsas blancas, acompañados por armas y municiones incautadas. Dos días después apareció nuevamente ante los medios de comunicación junto a otros cuatro cuerpos cubiertos de blanco, resultado de una operación desarrollada en Riohacha. Las imágenes circularon ampliamente por plataformas digitales y medios de comunicación y llegaron a ser objeto de una acción de tutela.
El hecho merece atención porque los cuerpos fueron incorporados activamente a la comunicación política del Gobierno. De la Espriella caminó entre ellos, habló frente a ellos y permitió que las cámaras registraran su presencia al lado de los muertos. El cadáver adquirió así una función política específica, pues se convirtió en evidencia sensible de la eficacia de la “política de seguridad” y de la capacidad del Estado para producir la muerte de quienes identifica como amenazas.
En este punto, un detalle aparentemente secundario adquiere especial relevancia. Los cuerpos aparecen dentro de bolsas mortuorias blancas. Estas bolsas no son las tradicionales mortajas, es decir, las telas o vestimentas con las que diferentes sociedades han envuelto los cuerpos como parte de sus prácticas funerarias. La mortaja se encuentra estrechamente vinculada con el ritual, el duelo y la protección de la dignidad del fallecido. La bolsa mortuoria pertenece principalmente al ámbito sanitario y forense. Es un contenedor fabricado con materiales resistentes e impermeables que facilita el transporte de los restos humanos, contiene sangre y otros fluidos corporales y disminuye la exposición de quienes manipulan el cadáver. Su función se relaciona, por ende, con la higiene y la administración técnica del cuerpo muerto.
El color blanco refuerza involuntariamente dicha dimensión. Desde finales del siglo XIX, la consolidación de la medicina moderna, la microbiología, la antisepsia y la asepsia estuvo acompañada por una creciente utilización del blanco en hospitales, laboratorios y prendas médicas. Existían razones prácticas para esto. El blanco permite observar fácilmente la suciedad. La sangre, la tierra y diferentes tipos de secreciones contrastan inmediatamente con una superficie blanca. De allí que algunos estudios históricos hayan interpretado el blanco hospitalario como una suerte de tecnología de la visión, pues facilita la inspección y permite reconocer aquello que altera el orden.
Pero esta dimensión práctica estuvo acompañada por otra de carácter moral. La blancura ha estado asociada históricamente con la pureza, la inocencia, la limpieza y la luz, significados que la medicina moderna incorporó parcialmente. El blanco terminó condensando higiene, ciencia, orden y virtud. La suciedad aparece allí como una alteración que, por contraste, debe hacerse visible y ser eliminada.
Esta relación resulta sugerente para interpretar las imágenes difundidas por el Gobierno. No existe evidencia de que la Presidencia haya escogido deliberadamente bolsas blancas para producir este significado político. Sin embargo, los objetos movilizan sentidos históricos que exceden las intenciones conscientes de quienes los utilizan. Las bolsas blancas pertenecen a un universo sanitario donde observar, identificar, separar, contener y limpiar constituyen operaciones estrechamente relacionadas.
Algo similar acontece con el lenguaje empleado por De la Espriella. El 2 de octubre de 2026 afirmó que los integrantes del Clan del Golfo serían “cazados como las alimañas que son” y caracterizó al narcotráfico como un “cáncer” que envenena al país y al mundo. Ambas expresiones forman parte de un repertorio en el que determinados grupos humanos comienzan a ser representados mediante metáforas zoológicas y médicas. Una alimaña puede ser cazada y un cáncer debe ser extirpado para conservar la salud del organismo.
Michel Foucault denominó “racismo de Estado” al procedimiento mediante el cual se introducen cesuras dentro del continuum vital de la especie humana y determinados grupos empiezan a ser representados como amenazas para el resto de la población. La biopolítica moderna, orientada hacia la administración y protección de la vida, encuentra así un mecanismo que permite incorporar la muerte dentro de su funcionamiento. La desaparición del otro puede llegar a presentarse como condición para conservar o fortalecer la propia vida.
El nacionalsocialismo constituye para Foucault el desarrollo paroxístico de esta racionalidad. Una sociedad transita un terreno peligroso cuando ciertos individuos dejan de ser percibidos principalmente como personas responsables de acciones jurídicamente reprochables y comienzan a adquirir la condición de agentes patológicos cuya eliminación favorecería la salud colectiva. El delincuente pertenece todavía al lenguaje jurídico. Puede ser investigado, capturado, juzgado y condenado, pero continúa siendo sujeto de derechos. La alimaña pertenece a otra gramática, pues se la caza. Algo similar sucede con el cáncer, cuya presencia justifica su extirpación. La seguridad adquiere aquí los rasgos de una operación higiénica y el Estado aparece como responsable de identificar y eliminar aquello que contamina el cuerpo social.
Las bolsas mortuorias blancas resultan especialmente expresivas dentro de este contexto. Los cuerpos aparecen separados, contenidos, alineados y dispuestos para la observación. Aquello que constituía una amenaza se encuentra ahora inmovilizado dentro de un contenedor impermeable. La operación militar produce un resultado que puede observarse, contabilizarse y difundirse. La tecnología de la visión asociada históricamente con el espacio hospitalario es puesta a funcionar en el mediatizado espacio de la política. El orden se afirma haciendo visible aquello que lo amenaza y exhibiendo posteriormente su neutralización.
Asimismo, dicha mutación afecta nuestra relación ritual con la muerte. La mortaja pertenece al universo del ritual mediante el cual el cadáver es preparado para la despedida y el duelo, mientras que la bolsa mortuoria responde a una racionalidad técnica orientada a la administración de cadáveres anónimos. Más aún, el cuerpo administrado se convierte en contenido visual destinado a la circulación y el consumo masivos. El cuerpo se transforma, gracias a su disposición técnica, en imagen reificada. El ritual íntimo o comunitario de la muerte es suplantado por un espectáculo necropolítico donde el cadáver expresa la capacidad del poder soberano para perseguir y eliminar a quienes considera amenazas existenciales.
Ahora bien, las plataformas digitales posibilitan y potencian ese efecto. El pueblo ya no necesita reunirse físicamente alrededor de sus muertos, pues las imágenes circulan por redes sociales y reciben comentarios, likes y republicaciones. Estas interacciones no involucran necesariamente aprobación, pero permiten que una parte de la población manifieste públicamente su satisfacción. Todo ocurre como si la vieja aclamación que requería el poder soberano para obtener legitimación popular al momento de aplicar la pena capital ahora se manifestara de manera digital. Nuevamente, el nacionalsocialismo fue pionero al hallar vías de reactualización de la aclamación mortífera en los, para ese entonces, nuevos medios de comunicación de masas. ¿Deseamos volver a recorrer la misma senda?
Lo paradójico es que todo acontece con el beneplácito de un sector que dice defender el orden constitucional. No obstante, la Constitución de 1991 sitúa la dignidad humana entre los fundamentos del Estado, prohíbe la pena de muerte y establece garantías incluso para quienes han cometido delitos. Por supuesto, una muerte producida durante una operación legítima de la fuerza pública no constituye automáticamente una ejecución o una pena capital. El problema reside en el significado político otorgado posteriormente a los cuerpos y en la transformación de la muerte en un recurso de comunicación gubernamental, lo cual, para el grueso de la población, es indistinguible de aplicar, en la práctica, una suerte de pena de muerte recubierta de elementos simbólicos de carácter biopolítico.
El círculo se cierra. Así como el blanco hospitalario permite inspeccionar el espacio y detectar cualquier mancha o anormalidad, el régimen autoritario que De la Espriella busca establecer posee una aspiración parecida respecto al territorio y la población. Nada debería escapar a la mirada estatal. Las amenazas existenciales deben tornarse visibles y ser neutralizadas rápidamente. La imagen de las bolsas blancas condensa visualmente ese proyecto, pues el elemento considerado contaminante aparece localizado, contenido y separado del cuerpo social.
La blancura de las bolsas adquiere, por consiguiente, un sentido inquietantemente preciso. Sobre el blanco resaltan la sangre, la tierra y la suciedad, pero dentro de esas mismas bolsas yace aquello sobre lo cual previamente el poder soberano fijó su mirada, a la manera de un blanco. El blanco termina siendo, al mismo tiempo, el color de la bolsa y aquella existencia reducida a objetivo militar.
* Doctor en filosofía. Magíster en filosofía y en estudios culturales. Politólogo. Docente e investigador universitario.



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