En un ataque sin precedentes, miles de seguidores del ultraderechista asaltan el Congreso, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo en Brasilia. Lula, desde São Paulo, ordena la intervención de la secretaría de Seguridad local y acusa a Bolsonaro, que permanece en EEUU, de estimular la invasión.
El libreto ya había sido escrito e interpretado en Estados Unidos en enero de 2021. Solo había que replicarlo y los simpatizantes del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro lo hicieron este domingo, una semana después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil. La invasión del Congreso, el Palacio del Planalto y la sede del Tribunal Supremo en Brasilia por parte de miles de fanáticos bolsonaristas, un ataque sin precedentes en Brasil, es un fiel reflejo de lo que ocurrió en Washington hace dos años cuando los seguidores de Donald Trump tomaron el Capitolio. Lula se encontraba de viaje oficial en el estado de São Paulo, desde donde calificó de “vándalos fascistas” a los atacantes y acusó a Bolsonaro, quien permanece en Florida, de estimular el asalto.
Armados con palos y enfundados en banderas brasileñas, los bolsonaristas invadieron la Explanada de los Ministerios de Brasilia a media tarde del domingo e irrumpieron en los edificios públicos sin demasiados problemas pese a la presencia policial. Una vez adentro grabaron en vídeos sus propios destrozos, tal y como hicieron los fanáticos trumpistas en el Capitolio. Los manifestantes habían acampado previamente junto al principal cuartel militar de Brasilia y reclamaban la intervención del Ejército para derrocar al líder progresista, algo que no se ha producido.
Cuando la situación parecía ya controlada por las fuerzas del orden y se realizaban las primeras detenciones, Lula comparecía desde el estado de São Paulo para dejar claro que seguía al mando. El presidente brasileño leyó un decreto por el que su gobierno interviene hasta final de mes las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal de Brasilia, a cuyo frente estaba Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro hasta hace ocho días. Lula se mostró tajante: “Han actuado como verdaderos vándalos fascistas. Todas las personas que han intervenido [en el asalto] serán castigadas. Hicieron lo que nunca se ha hecho en la historia de este país”.
Tras el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado, el gobernador de Brasilia, el derechista Ibaneis Rocha, ha cesado fulminantemente a Anderson Torres, quien según la prensa brasileña se encuentra en Estados Unidos. Aunque Torres se había apresurado a condenar el ataque en su cuenta de Twitter, lo cierto es que el despliegue de policías en torno a la plaza de los Tres Poderes dejaba mucho que desear, así como la actitud de algunos agentes, a los que se les vio haciéndose fotos con los bolsonaristas. Torres se ha mostrado siempre complaciente con los sectores más ultras del bolsonarismo y tendrá que responder ahora por su posicionamiento. También ha querido desmarcarse del asalto el Partido Liberal (PL) con el que Bolsonaro se presentó a las elecciones. El PL es la principal fuerza política en un Congreso dominado por formaciones de derecha y centroderecha.
La acción violenta de los seguidores de Bolsonaro se produce nueve días después de que el expresidente brasileño abandonara el país (justo antes de la toma de posesión de Lula el 1 de enero) para evitar entregar la banda presidencial a su sucesor. Voló a Florida y allí permanece. Desde que perdió las elecciones en la segunda vuelta electoral a finales de octubre, ha permanecido en silencio la mayor parte del tiempo. Pero antes de las elecciones había insinuado en varias ocasiones que no reconocería un hipotético triunfo de Lula en las urnas.
Durante toda la campaña electoral sobrevoló en Brasil el fantasma de un intento de golpe de Estado o trama involucionista en el caso de que Bolsonaro perdiera las elecciones. El líder ultraderechista había intentando sin éxito eliminar el sistema de votación electrónica que rige en el país desde hace años. Incluso llegó a proponer que un comité de altos mandos militares realizase una auditoría paralela del escrutinio.
El apoyo social a Bolsonaro se ha demostrado más fuerte de lo que preveían en su día las encuestas. Forzó una segunda vuelta electoral con Lula y se quedó a solo dos puntos de distancia del exsindicalista el 30 de octubre pasado. Los 58 millones de votos que logró entonces (el 49%) eran la prueba palpable de que el bolsonarismo no iba a desaparecer de la noche a la mañana.
Discurso del odio
Bolsonaro fue propagando durante cuatro años un discurso del odio que ha calado en un sector nada despreciable de la población. Esa violencia política que ha presidido su mandato ha tenido este domingo su máxima expresión en Brasilia con la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado. Aunque la extrema derecha tiene en cada país de América sus propias características, los paralelismos de lo ocurrido en Brasil con la toma del Capitolio en enero de 2021 son evidentes. Trump, presidente saliente entonces, no había aceptado la victoria del demócrata Joe Biden y hablaba de fraude electoral una y otra vez.
Pese a que Bolsonaro es un excapitán del Ejército y colocó a cientos de militares en puestos de su Administración (desde ministros a cargos medios), las Fuerzas Armadas no atenderán las exigencias de los bolsonaristas para derrocar a Lula. Brasil es el país más grande e influyente de América Latina y un golpe militar no sería tolerado por sus vecinos ni por la Casa Blanca. Varios mandatarios de la región han expresado enseguida su solidaridad con Lula y su rechazo contundente a las acciones involucionistas de los seguidores de Bolsonaro. Gustavo Petro (Colombia), Alberto Fernández (Argentina), Andrés Manuel López Obrador (México) y Gabriel Boric (Chile), entre otros, han cerrado filas con el líder progresista brasileño.
El fanatismo bolsonarista ya había dejado algunas pistas de cómo recibiría el tercer mandato presidencial de Lula. En los días previos al 1 de enero, cuando Lula asumió su cargo, se había detenido a un simpatizante ultra que pretendía poner una bomba en Brasilia. Y se habían organizado ya acampadas junto a cuarteles militares en varios puntos del país exigiendo la intervención de las Fuerzas Armadas.
La invasión del Congreso, el Palacio del Planalto y la sede del Tribunal Supremo protagonizada por los bolsonaristas cambia radicalmente el escenario político en Brasil. Lula acaba de formar un gobierno muy transversal, con miembros destacados del progresista Partido de los Trabajadores junto a representantes del centroderecha, ecologistas y activistas de Derechos Humanos. Su máxima prioridad era hasta ahora el combate a la pobreza, una lacra que sigue afectando a millones de brasileños. El acto terrorista de los bolsonaristas y sus reclamos golpistas obligarán a Lula a centrarse ahora en erradicar de forma contundente la violencia política instalada por Bolsonaro.
Brasil: un día de terror golpista
El ultraderechista Jair Bolsonaro logró lo que su ídolo y mentor, Donald Trump, no había logrado: un claro intento de un golpe.
Si Trump logró invadir el Congreso, los seguidores de su discípulo invadieron y destrozaron mucho más.
Además del Congreso, los seguidores más radicales del ultraderechista brasileño invadieron el Palacio del Planalto, sede de la presidencia, y el Supremo Tribunal Federal, donde todo fue revirado, con papeles esparcidos por el suelo y obras destrozadas, de cuadros y esculturas a piezas de cerámica y de mármol.
Hubo destrucción en el Palacio del Planalto, en el Congreso, pero principalmente en el Supremo Tribunal Federal.
Hasta la puerta del despacho del juez Alexandre de Moraes, el más odiado integrante de la Corte Suprema por los seguidores de Bolsonaro, ha sido derrumbada. Toda esa violencia fue algo inédito en la historia brasileña.
En el Palacio del Planalto, obras de arte fueron destrozadas, además de muebles, entre otros desastres provocados por los ultraderechistas seguidores de Bolsonaro y por él incentivados.
Brasil jamás había vivido semejante jornada de destrucción y terror, frente a la inercia de las fuerzas de seguridad de la capital, cuyo gobernador, Ibaneis Rocha, es plenamente identificado con el ultraderechista expresidente Bolsonaro.
En los últimos tres días innumerables ómnibus llegaron a Brasilia trasladando centenares de manifestantes que luego se revelaron terroristas.
No hubo ninguna iniciativa tanto de las fuerzas de seguridad de la capital como del gobierno recién asumido de Lula para identificar y vigilar a los viajeros. Tal vigilancia, a propósito, sería responsabilidad del gobierno de Brasilia.
Fue un movimiento que reunió entre seis y diez mil manifestantes, trasladados de varios estados brasileños con todos los gastos cubiertos por empresarios que, cuando sean identificados, serán castigados, acorde a lo que anunció Lula da Silva, y que actuaron frente a la inmovilidad de las fuerzas de seguridad del gobierno de Brasilia, la capital.
El pronunciamiento de Lula, a eso de las seis y media de la tarde, cuando los movilizados empezaban a recluirse, ha sido especialmente duro. Anunció una intervención en las fuerzas de seguridad de Brasilia, e insinuó con fuerza que tal intervención podría expandirse hasta el mismo gobierno de la capital brasileña.
No dejó de culpar directamente, ni siquiera por un segundo, a Jair Bolsonaro por los actos de terrorismo de este domingo.
La Policía Militar de la capital fue sorprendida sacando fotos unos a otros, entre sonrisas, mientras a su lado pasaban multitudes dirigiéndose a la Esplanada de los Ministerios, donde serían transformados en invasores.
Terminados los actos terroristas, hubo detenciones. Alrededor de las siete y cuarto de la noche se informó que al menos 150 manifestantes violentos habían sido detenidos. Una cantidad mínima, comparada al total de los que participaron de los actos de violencia explícita.
La movilización de los terroristas empezó alrededor de las dos de la tarde y se extendió hasta casi las ocho de la noche, cuando los manifestantes empezaron a ser disueltos por la policía pero seguían marchando por las anchas avenidas de la capital.
El controvertido ministro de Defensa de Lula, José Mucio Monteiro, había definido a los manifestantes como demócratas en pleno derecho de manifestación. Ya su colega de Justicia, Flavio Dino, advirtió que eran puros terroristas reunidos.
Luego de la violenta movilización, quedó clara la división entre ministros del nuevo gobierno, resaltando otro de los problemas del gobierno de Lula.
Vale reiterar: no hay antecedentes de manifestaciones de semejante violencia en la historia de la República brasileña.
Otro obstáculo que Lula da Silva tendrá de superar. Bolsonaro está ausente, fugitivo en Orlando, Florida, pero sigue activo. Y muy activo.
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