El apoyo explícito del gobierno norteamericano al oscuro, cuestionable y patético candidato de la extrema derecha, Abelardo De La Espriella, ha generado reacciones de todo tipo, que van desde quejas por la “interferencia extranjera en el proceso democrático” hasta muestras de incomprensión de la actitud de ese gobierno que dice combatir las drogas ilícitas y, a la vez, apoya al personaje en mención que ha estado relacionado con narcotraficantes confesos como Salvatore Mancuso, Úber Enrique Bánquez Martínez (alias Juancho Dique) y Jorge Luis Hernández Villazón (alias Boliche), entre los más conocidos. Este último tipo de reacciones ignoran o esquivan que la llamada guerra contra las drogas tuvo entre sus objetivos principales, criminalizar las prácticas de los llamados grupos de la contracultura, adicionar al conjunto de herramientas de intervención un instrumento desinstitucionalizador, de gran efecto, en los países productores y comercializadores de narcóticos y, quizá lo más importante, poder contar con una fuente de recursos clandestina para el financiamiento de las instituciones norteamericanas encargadas de eliminar el “comunismo”. En otras palabras, “combatir” las drogas no es independiente de usar los resortes de ese mercado con fines políticos.
El caso icónico de esto último sigue siendo el famoso caso Irán-Contras, en el que confluyeron dos hechos aparentemente desconectados: 1) El financiamiento de la central de inteligencia norteamericana (CIA) a un grupo armado nicaragüense de extrema derecha conocido como La Contra, que luchaba contra la primera etapa del gobierno sandinista, que llegó al poder luego del triunfo militar de la guerrilla inspirada en la revolución cubana, y 2) la venta de armas a la república de Irán. Tanto el financiamiento de La Contra, que por sus acciones de terror contra la población civil había sido limitado por el congreso norteamericano, como la venta de armas a Irán, que estaba prohibida, fueron objeto de una triangulación en la que el dinero de los narcóticos jugó los papeles de lubricante y vaso comunicante, pues sirvió para comprar las armas de forma clandestina mientras que las ganancias del negocio acabaron como recursos de La Contra.
El periodista Gary Webb denunció el entramado en el periódico Mercury News de San José, California, en una serie de artículos, que luego compiló en un libro que tituló Dark Alliance, inicialmente perseguido, pero honrado posteriormente, cuando la verdad de los hechos pudo ser comprobada. El periodista apareció “suicidado” con dos tiros en la cabeza en 2004. En archivos desclasificados, tiempo después, pudo verificarse que el cartel de Medellín (Pablo Escobar y Rodríguez Gacha) y el cartel de Guadalajara (Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Felix Gallardo) financiaron permanentemente a La Contra con anuencia de la CIA y la DEA.
Por eso sorprende la extrañeza que muestran curtidos políticos como Gustavo Petro, presidente de los colombianos, por la supuesta contradicción que representaría que mientras en el discurso Donald Trump sostiene ser un implacable luchador contra las drogas, a su vez, apoye a De La Espriella que ha tenido permanentemente contacto, no solamente como abogado defensor, con un variopinto colectivo de personajes de la mafia. Y más sorpresivo aún, es que el presidente de los colombianos sostenga que “Si bien el presidente Trump y yo no siempre coincidimos en todos los temas, me enorgullece trabajar con él en nuestro esfuerzo conjunto por erradicar el narcotráfico y traer paz, salud y seguridad a nuestros países. Los resultados que hemos logrado hasta ahora son sólo el comienzo, con una colaboración continua entre EE.UU y Colombia podemos hacer que las Américas vuelvan a ser grandes de nuevo.” ¿Ingenuidad o diplomacia?
¿Puede creerse, realmente, que bombardeando pequeñas lanchas está combatiéndose el tráfico de narcóticos? ¿O que sean muestras de “buscar hacer grande de nuevo a las Américas” indultar un narcotraficante, condenado por la misma justicia gringa, como fue el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández? Si miramos las últimas actuaciones de este personaje y sumamos los nombres de Alex Saab y Abelardo De La Espriella, podemos encontrar puntos de conexión que nos muestran que el asunto no es de hacer nuevamente grande a Nuestra América, sino, por lo contrario, desestructurarla.
El Diario Red, medio de difusión español del movimiento Podemos, publicó las grabaciones de unas charlas entre Juan Orlando Hernández y el actual presidente hondureño Nasry “Tito” Asfura, en las que Hernández le exigía a Asfura la consecución de 150.000 dólares para activar un medio digital cuya misión será atacar los gobiernos “progresistas” de la región como los de México, Brasil y Colombia. Así mismo, Hernández le comentaba a Asfura que el presidente argentino Javier Milei ofrecía 350.000 dólares con el mismo propósito.
El proyecto del candidato de la ultraderecha colombiana ha indicado que su programa económico es el mismo que ha desarrollado Milei en la argentina. Política que mirada de cerca ha buscado claramente deshacer lo poco que quedaba de regulación social, eliminar los mecanismos de redistribución y arremeter contra la producción industrial, en un claro ataque a la viabilidad del país. Fueron desaparecidos los ministerios de infraestructura; Mujeres, Géneros y Diversidad; Educación; Trabajo; Ambiente y Ciencia; la oficina de Coordinación y Fortalecimiento de la Economía Social y Popular, el área de Coordinación de Adaptación al Cambio Climático y la Dirección de Políticas de Promoción y Protección de Derechos, entre otras instituciones. Entre 2023 y 2025, el país sufrió una debacle industrial —tan sólo solo superada por el mal desempeño de Hungría (donde reinaba Viktor orbán, otra enseña del populismo de derecha)—, el empleo cayó 6,1%, (72.731 puestos de trabajo perdidos) y el trabajo asalariado disminuyó en 241.368 trabajadores. Las industrias de textiles, cuero y calzado, cayeron 18,4%; la metalmecánica retrocedió 8% y los automotores 7,8%. De 2.692 obras públicas heredadas de gobiernos anteriores 2.284 no han sido culminadas en el tiempo estipulado y alrededor de 1.500 no han tenido ningún avance. El desfinanciamiento de las universidades, de hospitales emblemáticos como el Garrahan —especializado en la niñez y la adolescencia—, así como la eliminación de una buena parte de las instituciones culturales y la reducción, en términos reales, del salario y la pensiones, no dejan duda que lo buscado es un proceso consciente de demolición de la nación.
Geopolítica y absolutismo
¿Qué da luz al favorecimiento y la elección de personajes bufonescos como Milei, Trump y De La Espriella, más allá del cansancio de las sociedades que no ven mejora alguna en sus condiciones con gobiernos de signo aparentemente distinto? Sin lugar a dudas qué buena parte del éxito mediático de estos personajes es su extrema simplificación de las causalidades de las problemáticas (sin contar con la manipulación comunicacional y las esperanzas puestas en lo exótico): Trump promete regresar a USA al esplendor de mediados del siglo XX, imponiendo aranceles y expulsando la población migrante a la que achaca todos los males, y Milei expresa, sin ruborizarse, que si elimina el déficit fiscal convertirá a su país en la primera potencial mundial. De La Espriella promete, también como el argentino, como medida salvadora del país, reducir la nómina estatal en 750.000 empleos amparado, incluso en la lógica de economistas “progresistas” que consideran que esas medidas sacarán al país de la pobreza, porque ese gasto, considerado improductivo, será trasladado a la inversión, sin que sean especificados la importancia relativa de los montos respecto del PIB, de que forma y en qué tendría lugar el gasto productivo. Esa simplificación de la realidad les permite anestesiar a una población sitiada por la incertidumbre, con el argumento que las soluciones radicales maduran lentamente y que el sacrificio diario es el pago por disfrutar más adelante de un lejano cielo futuro. La promesa cristiana del más allá llevada a la política.
La presencia de mandatarios en Suramérica como el señalado Milei, José Antonio Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia, Daniel Noboa en Ecuador, Santiago Peña en Paraguay, incluso del uruguayo Yamandú Orsi —miembro del progresista Frente Amplio—, y el tutelaje absoluto sobre Venezuela, así como el apoyo incondicional a candidatos como Flavio Bolsonaro en Brasil y Keiko Fujimori en Perú no son asuntos independientes de la declaración del secretario de Guerra de USA de que no serán permitidos gobiernos en el continente que no profesen los “principios americanos” (supremacismo blanco, tradición, familia monogámica heterosexual y propiedad privada altamente concentrada). La agrupación de esos personajes bajo la batuta gringa, denominada Escudo de las Américas constituye, entonces, la formalización del instrumento que busca “argentinizar” totalmente Latinoamérica, es decir, implementar demoliciones integrales controladas de los países. La exigencia, a punta de pistola, de profesar los “principios americanos” no es otra que la búsqueda de reconquistar el “patio trasero” que ha visto cómo la presencia China ha desalojado al Imperio del norte como mercado principal. Hoy, el gigante asiático es el principal socio comercial de los países suramericanos. No debe olvidarse que la geopolítica es un determinante cada vez más importante, aunque no único de las condiciones internas en razón de que, por primera vez, el imperio ve amenazado su predominio y no quiere dejar resquicios a la más pequeña amenaza, menos si viene de Oriente.
El sábado 24 de mayo de 2025, en el discurso de graduación de los cadetes de la Academia Militar de West Point, Donald Trump declaró: “El trabajo de las Fuerzas Armadas estadounidenses no consiste en organizar espectáculos de drags, transformar culturas extranjeras o extender la democracia a todo el mundo a punta de pistola. El trabajo de los militares es dominar a cualquier enemigo y aniquilar cualquier amenaza para Estados Unidos en cualquier momento y en cualquier lugar.” Con lo que no decía nada nuevo, si recordamos que el ex comandante de la OTAN, general Wesley Clark, comentó que después de los ataques del 11 de septiembre, un funcionario del Pentágono le mostró un memorando que enumeraba siete países que deberían ser convertidos en Estados fallidos: Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. El resultado de las intervenciones en esos países es una muestra de lo buscado con las campañas militares, pero también con los gobiernos de “libertarios” que llegan al poder mediante elecciones: sociedades políticamente desestructuradas, tasas de desempleo e informalidad elevadas, con una infraestructura destruida y altos niveles de endeudamiento es el desenlace de las nuevas políticas del Centro dominante del capital. No son teorías de la conspiración, el sueño de llevar la modernidad capitalista a las periferias es un ideal del pasado, lo importante ahora es el grado de sujeción y los Estados fallidos son la estructura más propicia para ese fin.
Los personajes delegados para efectuar la tarea no surgen del azar o la espontaneidad, son elegidos y dimensionados con toda la parafernalia de las técnicas mediáticas de la era de la política-espectáculo. En el caso de De La Espriella, su elección no debe sorprender y ahí entran en juego los otros dos nombres señalados arriba: Alex Saab y alias Boliche. Saab, como es sabido, es un empresario colombiano que hizo parte del gobierno venezolano y es acusado por USA de lavado de activos, recientemente fue extraditado a los Estados Unidos con el claro propósito que declare en el juicio contra el secuestrado presidente venezolano Nicolás Maduro. De paso, el gobierno norteamericano busca saber quienes estuvieron con Saab en el lavado de activos. Alias Boliche, narcotraficante y paramilitar cercano a Vicente Castaño, terminó de colaborador de la DEA y el FBI, y actualmente enfrenta un juicio en Tampa, Florida, por estafar y extorsionar a otros narcotraficantes a los que prometía tratos preferenciales con las autoridades gringas que no tenían ningún sustento, y luego lavar los dólares recogidos en el ilícito. Ambos personajes no son simples clientes son amigos y, al parecer, socios “informales” de De La Espriella en negocios que van más allá de las labores profesionales de abogado.
Si a eso sumamos el juramento que hizo De La Espriella, al asumir la ciudadanía norteamericana: “Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio y abjuro absoluta y completamente de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de la cual o del cual haya sido hasta ahora súbdito o ciudadano; (…)”, encontramos que es un individuo que no tiene ningún grado de libertad para oponerse a cualquier solicitud de su patria adoptiva, por chocante que sea. Las declaraciones de Sabb y boliche, o, incluso, una acusación de traición a la patria —que puede ser castigada hasta con la pena de muerte— derivada del juramento señalado, sitúan al sujeto permanentemente con la amenaza de quedar entre rejas en una prisión imperial. ¿Puede existir alguien más propicio para cumplir tareas delegadas?
El indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, convicto por narcotráfico, fue solicitado por Roger Stone y apoyado por los magnates de Silicon Valley Peter Thiel y Marc Andreessen, debido a las inversiones de los tres en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que son territorios con leyes, impuestos y marcos regulatorios establecidos por sus dueños y que Hernández impulsó sin tener en cuenta consideraciones de soberanía nacional. Andreessen y Thiel fundaron en la isla de Roaten la ciudad startup Próspera, como un espacio totalmente independiente de Honduras, que usa el bitcoin como moneda y donde fue instalada una clínica experimental que busca nuevos fármacos y prácticas médicas sin que medie regulación alguna. El sueño revivido del médico nazi Josef Mengele. Y no sólo es en Honduras, Peter Thiel ya se pasea por Argentina como por tierra colonizada, adquiere propiedades y busca instalar en la Antártida sus centros de datos para aprovechar la refrigeración natural.
Los medios de comunicación resaltaban recientemente que la fortuna personal de Elon Musk —amigo y socio político e ideológico de Thiel—, sobrepasó el valor de un millón de millones de dólares y que varios de sus compinches megamillonarios lo harán en breve. ¿Puede creerse que quienes concentran un poder económico tan exorbitante aboguen por sostener un sistema como la democracia liberal? ¿Es esta sostenible, además, bajo las nuevas condiciones? Los delegados actuales de los poderes económicos en las presidencias gobiernan a través de las famosas órdenes ejecutivas, los congresos son marionetas que actúan por prebendas y los jueces dependen, a su vez, de ejecutivos y legislativos tutelados. La independencia de poderes, si alguna vez tuvo algún sentido, hoy carece de él. A poder económico ultraconcentrado corresponde un sistema político de la misma naturaleza. Es ingenuo pensar que las formas gubernamentales pueden mantenerse cuando la creación y apropiación de la riqueza sufre transformaciones cualitativas de ruptura, en las que muy pocos son dueños de casi todo. De ahí el planteamiento de los teóricos de la llamada Ilustración Oscura de un regreso al absolutismo.
Las repúblicas virtuales o tecno-repúblicas abogan por formas de administración territorial que funcionen como empresas, y los cultores de la Ilustración Oscura plantean que la dirección de esas unidades político-administrativas del futuro deben estar a cargo de emperadores-gerentes, tal como lo exponen algunos de sus gurús, tal el caso de Curtis Yarvin. La expresión postdemocracia ha sustituido en las discusiones y las proyecciones a las de postcapitalismo y postmodernidad, como expresión del terreno ganado por el postulado “libertario” que considera que la democracia es enemiga de la libertad y la prosperidad, tal como ellos las entienden.
También tienen claro, que para llegar a una plena plutocracia, el gobierno pleno de los ricos, donde queda diluido lo político en lo económico, es necesario pasar primero por una caquistocracia, el gobierno de los peores. ¿Colombia inicia el camino?
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