En caso de aprobarse la entrega del activista australiano, su defensa ha anunciado que solicitará una orden cautelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para frenarla.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se enfrenta este lunes a una audiencia clave en su proceso de extradición a Estados Unidos: el Tribunal Superior de Londres valorará si autoriza su entrega o, en cambio, si le permite seguir recurriendo en el Reino Unido. Assange se encuentra desde abril de 2019 en prisión preventiva en la cárcel londinense de alta seguridad de Belmarsh, después de que EEUU reclamara su entrega.
Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson evaluarán si son satisfactorias las tres garantías ofrecidas por el Gobierno estadounidense sobre el tratamiento que recibirá en ese país, que la defensa argumentará que son insuficientes. Todavía se desconoce si Assange participará física o telemáticamente en esta vista.
Tras escuchar a las partes, el tribunal decidirá si acepta las garantías de Washington, que lo reclama por 18 presuntos delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal. Assange expuso en 2010 y 2011 los abusos cometidos por parte del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.
En caso de dar por válidas tales garantías, se podrá ejecutar su extradición, que el Gobierno británico ya aprobó en junio de 2022. La defensa prevé, en caso de que se lleve a cabo la entrega del activista australiano, pedir una orden cautelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para frenarla e iniciar un proceso en esa corte. Si, por contra, los jueces consideran defectuosas una o todas las garantías, Assange podrá recurrirlas en un nuevo juicio de apelación en Inglaterra.
Las garantías de EEUU
El pasado 26 de marzo, el Tribunal Superior dictó que Assange podría recurrir su entrega en base a tres de nueve argumentos presentados por su defensa si EEUU no ofrecía las mencionadas garantías. Estas debían asegurar que, de ser juzgado allí, el australiano de 52 años no será castigado con la pena de muerte, ya que ésta es ilegal en el Reino Unido. Tampoco podrá ser discriminado por su nacionalidad no estadounidense y podrá ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión.
En una comunicación diplomática a la corte en abril, el Gobierno de Washington aseguró que, si Assange es extraditado, “no se verá perjudicado por razón de su nacionalidad en relación a la defensa que elija plantear en el juicio o de cara a la sentencia”. No obstante, el Ejecutivo estadounidense matizó que la decisión sobre si ésta se le aplica “corresponde exclusivamente a los tribunales de EEUU”. Tampoco se le impondrá previsiblemente la pena de muerte, ya que el informático no está acusado de ningún delito castigado con la pena máxima.
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